La investigación sobre las «andanzas» (Pedro Sánchez, dixit) de Leire Díez se saldó hace una semana con la imputación de 25 personas, entre ellas, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, que asume la condición procesal que ya ostentan sus dos predecesores en el cargo. El pasado jueves, el juez Pedraz —que instruye el caso de las ‘cloacas’ del PSOE— imputaba a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Mientras, el Gobierno aprobaba la prórroga del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y daba otro paso más para el diseño de unas nuevas cuentas públicas. El presidente lleva días tratando de recuperar el control de la agenda y consolidando un legado que le sobreviva, como el apalancamiento de una inyección millonaria para políticas de dependencia o una regularización extraordinaria de migrantes que ha logrado aflorar a más de 1,2 millones de personas que vivían, hasta ahora, en la exclusión administrativa. Sin embargo, la opinión pública —o «publicada», como la ha renombrado con cierto aire de desprecio el presidente— sigue enfocada en el tsunami de escándalos y casos de corrupción sobre el que el Ejecutivo a duras penas consigue mantenerse a flote. Sin embargo, la vocación es clara y en Moncloa han ideado un plan de supervivencia para llegar al verano que pasa por tratar de jalonar el calendario de negociaciones y debates alternativos que les permitan escapar de los tribunales y recuperar la iniciativa política. No será fácil. Con un horizonte inabarcable en las investigaciones, durante el mes de julio, al menos, veremos desfilar tanto a Mercedes Gonzáles como a Julio ‘Julito’ Martínez ante el juez. Ambos frentes, el de las ‘cloacas’ y el relativo a José Luis Rodríguez Zapatero son los que tienen un potencial más desestabilizador para el PSOE y el Gobierno en este momento.Sin embargo, para esquivar estas «piedras en el camino», el Gobierno tiene previsto desplegar una estrategia para tratar de minimizar el impacto de las polémicas y enfocarlo hacia la agenda legislativa. Pese a estar fuera del periodo ordinario de sesiones, hay previstos dos plenos en el Congreso durante el presente mes. La previsión es que se celebren el 14 y el 23 de julio y en ellos el Gobierno someterá a convalidación el real decreto ley que prorroga el escudo de respuesta contra la guerra en Irán. También se llevará a votación la senda de estabilidad, aunque con ninguna esperanza de poder sacarla adelante y con la aspiración, si los plazos lo permiten, de que se puedan llegar a formalizar las dos votaciones requeridas en las Cortes. Hacienda ha puesto ya la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado a funcionar y este lunes el ministro Arcadi España convoca a las comunidades al Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar la senda de estabilidad y para abordar también la financiación autonómica, como paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros y su posterior tramitación en el Congreso.Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazSin mayoría parlamentaria suficiente para aprobar ninguna de estas iniciativas, el Gobierno también ha decidido reabrir otro melón que lleva aparejado un importante elemento de frustración: la vivienda. En el último Consejo de Ministros, se anunció la intención de aprobar este mes un macrodecreto con la prórroga de contratos, el alquiler de temporada o la subida del IVA a los pisos turísticos. La vocación es recuperar, de nuevo, y en un texto «extenso y transversal» algunas de las propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, «con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados». En Moncloa son conscientes de la dificultad de compatibilizar los intereses de socios tan diversos como Junts o Podemos, pero vuelve a retomar un proyecto que, hasta ahora, solo ha servido para visualizar la precariedad de su mayoría. Fuentes gubernamentales ya descartan que el IVA franquiciado que pedían los independentistas vaya a estar incluido.También está previsto que este mismo mes de julio el Consejo de Ministros apruebe el plan anticorrupción que Sánchez impulsó hace un año, presionado por el escándalo de la detención de su entonces mano derecha, Santos Cerdán. 12 meses después y mientras siguen arreciando las causas judiciales el avance de la apuesta regeneradora es escaso y la presión por parte de los aliados ha crecido ante la falta de explicaciones de un presidente que no hace ningún tipo de autocrítica. En este punto, el Gobierno prevé dar luz verde definitiva al proyecto de ley de Integridad Pública que sirve de paraguas para el grueso de las medidas que comprometió el presidente.Otro de los hitos del mes y para Moncloa el hecho más relevante de 2026 es la decisión sobre la amnistía. El próximo día 16, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia para determinar si los gastos del ‘procés’ pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias. El fallo marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser fundamental para su regreso a España. En el Ejecutivo esperan una decisión positiva —en la línea del aval del abogado general Dean Spielmann— y consideran que este hecho puede ser decisivo para el devenir de la legislatura, porque permitiría volver a construir la relación con Junts. La investigación sobre las «andanzas» (Pedro Sánchez, dixit) de Leire Díez se saldó hace una semana con la imputación de 25 personas, entre ellas, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, que asume la condición procesal que ya ostentan sus dos predecesores en el cargo. El pasado jueves, el juez Pedraz —que instruye el caso de las ‘cloacas’ del PSOE— imputaba a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Mientras, el Gobierno aprobaba la prórroga del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y daba otro paso más para el diseño de unas nuevas cuentas públicas. El presidente lleva días tratando de recuperar el control de la agenda y consolidando un legado que le sobreviva, como el apalancamiento de una inyección millonaria para políticas de dependencia o una regularización extraordinaria de migrantes que ha logrado aflorar a más de 1,2 millones de personas que vivían, hasta ahora, en la exclusión administrativa. Sin embargo, la opinión pública —o «publicada», como la ha renombrado con cierto aire de desprecio el presidente— sigue enfocada en el tsunami de escándalos y casos de corrupción sobre el que el Ejecutivo a duras penas consigue mantenerse a flote. Sin embargo, la vocación es clara y en Moncloa han ideado un plan de supervivencia para llegar al verano que pasa por tratar de jalonar el calendario de negociaciones y debates alternativos que les permitan escapar de los tribunales y recuperar la iniciativa política. No será fácil. Con un horizonte inabarcable en las investigaciones, durante el mes de julio, al menos, veremos desfilar tanto a Mercedes Gonzáles como a Julio ‘Julito’ Martínez ante el juez. Ambos frentes, el de las ‘cloacas’ y el relativo a José Luis Rodríguez Zapatero son los que tienen un potencial más desestabilizador para el PSOE y el Gobierno en este momento.Sin embargo, para esquivar estas «piedras en el camino», el Gobierno tiene previsto desplegar una estrategia para tratar de minimizar el impacto de las polémicas y enfocarlo hacia la agenda legislativa. Pese a estar fuera del periodo ordinario de sesiones, hay previstos dos plenos en el Congreso durante el presente mes. La previsión es que se celebren el 14 y el 23 de julio y en ellos el Gobierno someterá a convalidación el real decreto ley que prorroga el escudo de respuesta contra la guerra en Irán. También se llevará a votación la senda de estabilidad, aunque con ninguna esperanza de poder sacarla adelante y con la aspiración, si los plazos lo permiten, de que se puedan llegar a formalizar las dos votaciones requeridas en las Cortes. Hacienda ha puesto ya la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado a funcionar y este lunes el ministro Arcadi España convoca a las comunidades al Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar la senda de estabilidad y para abordar también la financiación autonómica, como paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros y su posterior tramitación en el Congreso.Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazSin mayoría parlamentaria suficiente para aprobar ninguna de estas iniciativas, el Gobierno también ha decidido reabrir otro melón que lleva aparejado un importante elemento de frustración: la vivienda. En el último Consejo de Ministros, se anunció la intención de aprobar este mes un macrodecreto con la prórroga de contratos, el alquiler de temporada o la subida del IVA a los pisos turísticos. La vocación es recuperar, de nuevo, y en un texto «extenso y transversal» algunas de las propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, «con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados». En Moncloa son conscientes de la dificultad de compatibilizar los intereses de socios tan diversos como Junts o Podemos, pero vuelve a retomar un proyecto que, hasta ahora, solo ha servido para visualizar la precariedad de su mayoría. Fuentes gubernamentales ya descartan que el IVA franquiciado que pedían los independentistas vaya a estar incluido.También está previsto que este mismo mes de julio el Consejo de Ministros apruebe el plan anticorrupción que Sánchez impulsó hace un año, presionado por el escándalo de la detención de su entonces mano derecha, Santos Cerdán. 12 meses después y mientras siguen arreciando las causas judiciales el avance de la apuesta regeneradora es escaso y la presión por parte de los aliados ha crecido ante la falta de explicaciones de un presidente que no hace ningún tipo de autocrítica. En este punto, el Gobierno prevé dar luz verde definitiva al proyecto de ley de Integridad Pública que sirve de paraguas para el grueso de las medidas que comprometió el presidente.Otro de los hitos del mes y para Moncloa el hecho más relevante de 2026 es la decisión sobre la amnistía. El próximo día 16, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia para determinar si los gastos del ‘procés’ pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias. El fallo marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser fundamental para su regreso a España. En el Ejecutivo esperan una decisión positiva —en la línea del aval del abogado general Dean Spielmann— y consideran que este hecho puede ser decisivo para el devenir de la legislatura, porque permitiría volver a construir la relación con Junts. La investigación sobre las «andanzas» (Pedro Sánchez, dixit) de Leire Díez se saldó hace una semana con la imputación de 25 personas, entre ellas, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, que asume la condición procesal que ya ostentan sus dos predecesores en el cargo. El pasado jueves, el juez Pedraz —que instruye el caso de las ‘cloacas’ del PSOE— imputaba a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Mientras, el Gobierno aprobaba la prórroga del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y daba otro paso más para el diseño de unas nuevas cuentas públicas. El presidente lleva días tratando de recuperar el control de la agenda y consolidando un legado que le sobreviva, como el apalancamiento de una inyección millonaria para políticas de dependencia o una regularización extraordinaria de migrantes que ha logrado aflorar a más de 1,2 millones de personas que vivían, hasta ahora, en la exclusión administrativa. Sin embargo, la opinión pública —o «publicada», como la ha renombrado con cierto aire de desprecio el presidente— sigue enfocada en el tsunami de escándalos y casos de corrupción sobre el que el Ejecutivo a duras penas consigue mantenerse a flote. Sin embargo, la vocación es clara y en Moncloa han ideado un plan de supervivencia para llegar al verano que pasa por tratar de jalonar el calendario de negociaciones y debates alternativos que les permitan escapar de los tribunales y recuperar la iniciativa política. No será fácil. Con un horizonte inabarcable en las investigaciones, durante el mes de julio, al menos, veremos desfilar tanto a Mercedes Gonzáles como a Julio ‘Julito’ Martínez ante el juez. Ambos frentes, el de las ‘cloacas’ y el relativo a José Luis Rodríguez Zapatero son los que tienen un potencial más desestabilizador para el PSOE y el Gobierno en este momento.Sin embargo, para esquivar estas «piedras en el camino», el Gobierno tiene previsto desplegar una estrategia para tratar de minimizar el impacto de las polémicas y enfocarlo hacia la agenda legislativa. Pese a estar fuera del periodo ordinario de sesiones, hay previstos dos plenos en el Congreso durante el presente mes. La previsión es que se celebren el 14 y el 23 de julio y en ellos el Gobierno someterá a convalidación el real decreto ley que prorroga el escudo de respuesta contra la guerra en Irán. También se llevará a votación la senda de estabilidad, aunque con ninguna esperanza de poder sacarla adelante y con la aspiración, si los plazos lo permiten, de que se puedan llegar a formalizar las dos votaciones requeridas en las Cortes. Hacienda ha puesto ya la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado a funcionar y este lunes el ministro Arcadi España convoca a las comunidades al Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar la senda de estabilidad y para abordar también la financiación autonómica, como paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros y su posterior tramitación en el Congreso.Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazSin mayoría parlamentaria suficiente para aprobar ninguna de estas iniciativas, el Gobierno también ha decidido reabrir otro melón que lleva aparejado un importante elemento de frustración: la vivienda. En el último Consejo de Ministros, se anunció la intención de aprobar este mes un macrodecreto con la prórroga de contratos, el alquiler de temporada o la subida del IVA a los pisos turísticos. La vocación es recuperar, de nuevo, y en un texto «extenso y transversal» algunas de las propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, «con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados». En Moncloa son conscientes de la dificultad de compatibilizar los intereses de socios tan diversos como Junts o Podemos, pero vuelve a retomar un proyecto que, hasta ahora, solo ha servido para visualizar la precariedad de su mayoría. Fuentes gubernamentales ya descartan que el IVA franquiciado que pedían los independentistas vaya a estar incluido.También está previsto que este mismo mes de julio el Consejo de Ministros apruebe el plan anticorrupción que Sánchez impulsó hace un año, presionado por el escándalo de la detención de su entonces mano derecha, Santos Cerdán. 12 meses después y mientras siguen arreciando las causas judiciales el avance de la apuesta regeneradora es escaso y la presión por parte de los aliados ha crecido ante la falta de explicaciones de un presidente que no hace ningún tipo de autocrítica. En este punto, el Gobierno prevé dar luz verde definitiva al proyecto de ley de Integridad Pública que sirve de paraguas para el grueso de las medidas que comprometió el presidente.Otro de los hitos del mes y para Moncloa el hecho más relevante de 2026 es la decisión sobre la amnistía. El próximo día 16, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia para determinar si los gastos del ‘procés’ pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias. El fallo marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser fundamental para su regreso a España. En el Ejecutivo esperan una decisión positiva —en la línea del aval del abogado general Dean Spielmann— y consideran que este hecho puede ser decisivo para el devenir de la legislatura, porque permitiría volver a construir la relación con Junts. RSS de noticias de espana
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