Andalucía, que es la región líder en producción minera de España y una de las principales de Europa con 479 explotaciones activas en 283 municipios andaluces, intenta relanzar el sector con la declaración de reservas mineras en antiguas explotaciones y con la creación de una red de municipios mineros. Sin embargo, este nuevo enfoque productivo no cuenta aún con el consenso social, ya que hay grupos políticos y ecologistas que han alertado sobre el impacto de estos proyectos, recelos que se hacen más patentes en torno a la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) 28 años después de la que fue la mayor catástrofe ambiental de Andalucía.
Rechazo a la reapertura de Aznalcóllar
En abril se han cumplido 28 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía, provocada por la rotura en 1998 de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó la cuenca del río Guadiamar y puso en riesgo extremo al Parque de Doñana. Casi tres décadas después, el yacimiento está muy cerca de reabrirse, después de que el nuevo proyecto de explotación, en manos de la entidad minera Los Frailes, cuente ya con el preceptivo dictamen ambiental favorable que le concedió la Junta de Andalucía en octubre de 2023. Sin embargo, grupos ecologistas y asociaciones ciudadanas han iniciado una ofensiva para evitar que el proceso de apertura concluya con éxito por entender que, de acuerdo con estudios científicos, los vertidos autorizados contaminarán de manera irreversible el estuario del Guadalquivir, una ofensiva que también apoyan los grupos políticos Adelante Andalucía y Por Andalucía.
Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción aseguran que el aval de la Junta implica verter más de 85.500 millones de litros de agua “contaminada” al Guadalquivir, pero el Gobierno autónomo defiende que el proyecto cuenta con todas las garantías “Exigimos a la Junta de Andalucía que no otorgue la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto que envenenará el río”, señaló durante la presentación de las alegaciones Luis Reina, de Greenpeace. “Deberíamos haber aprendido. No se puede jugar a la ruleta rusa”, añadió Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción. También la diputada de Adelante, Begoña Iza, advirtió sobre la amenaza de un posible vertido tóxico al Guadalquivir y señaló que el proyecto podría desembocar en “otro desastre”.
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Andalucía, que es la región líder en producción minera de España y una de las principales de Europa con 479 explotaciones activas en 283 municipios andaluces, intenta relanzar el sector con la declaración de reservas mineras en antiguas explotaciones y con la creación de una red de municipios mineros. Sin embargo, este nuevo enfoque productivo no cuenta aún con el consenso social, ya que hay grupos políticos y ecologistas que han alertado sobre el impacto de estos proyectos, recelos que se hacen más patentes en torno a la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) 28 años después de la que fue la mayor catástrofe ambiental de Andalucía.
Rechazo a la reapertura de Aznalcóllar
En abril se han cumplido 28 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía, provocada por la rotura en 1998 de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó la cuenca del río Guadiamar y puso en riesgo extremo al Parque de Doñana. Casi tres décadas después, el yacimiento está muy cerca de reabrirse, después de que el nuevo proyecto de explotación, en manos de la entidad minera Los Frailes, cuente ya con el preceptivo dictamen ambiental favorable que le concedió la Junta de Andalucía en octubre de 2023. Sin embargo, grupos ecologistas y asociaciones ciudadanas han iniciado una ofensiva para evitar que el proceso de apertura concluya con éxito por entender que, de acuerdo con estudios científicos, los vertidos autorizados contaminarán de manera irreversible el estuario del Guadalquivir, una ofensiva que también apoyan los grupos políticos Adelante Andalucía y Por Andalucía.
Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción aseguran que el aval de la Junta implica verter más de 85.500 millones de litros de agua “contaminada” al Guadalquivir, pero el Gobierno autónomo defiende que el proyecto cuenta con todas las garantías “Exigimos a la Junta de Andalucía que no otorgue la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto que envenenará el río”, señaló durante la presentación de las alegaciones Luis Reina, de Greenpeace. “Deberíamos haber aprendido. No se puede jugar a la ruleta rusa”, añadió Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción. También la diputada de Adelante, Begoña Iza, advirtió sobre la amenaza de un posible vertido tóxico al Guadalquivir y señaló que el proyecto podría desembocar en “otro desastre”.
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