Se busca gestor para el número que salva vidas en Andalucía. La Junta ha abierto la carrera por uno de los contratos más importantes para la seguridad civil de la comunidad autónoma: la gestión integral de las salas operativas del 112 Andalucía, una licitación valorada en un total de 62.766.496 euros para los próximos 24 meses. El pliego que fija las bases del concurso se publicó el pasado 23 de junio y el plazo de presentación de ofertas vencerá el próximo lunes 13 de julio . La actual empresa adjudicataria del servicio es Ilunion Emergencias. La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha marcado como objetivo mejorar el control, la agilidad y el músculo operativo del servicio al que recurren millones de ciudadanos cuando se enfrentan a algún incidente o crisis.El nuevo contrato del servicio 112 no da margen a la improvisación ni al descuido. Para asegurar una ágil respuesta, la Administración ha diseñado un régimen sancionador que castigará con severas multas económicas las demora del servicio, fallos de cobertura en las salas o vulneraciones de los derechos laborales de la plantilla.El control del reloj será uno de los aspectos que se valorarán: cada segundo cuenta ante una situación de peligro. Por ello, si el tiempo medio de respuesta supera los cinco segundos durante diez o más días en un mismo mes, la empresa adjudicataria se enfrentará a una penalización de 800 euros mensuales por cada segundo de exceso. De igual modo, las llamadas que queden desatendidas se pagarán caras: se enfrentaría a multas diarias de 600 euros por cada décima que el volumen de atención caiga por debajo del 98,5% tras doce segundos de espera, o del 93% pasados los diez segundos.La administración justifica la externalización por falta de personal propio, mientras que el sindicato CSIF impugna los horarios fijados en el pliegoLa falta de reflejos ante situaciones críticas o el vacío en los puestos de coordinación también penalizarán. No activar los recursos extraordinarios ante una emergencia grave supondrá una sanción fija de 7.000 euros , mientras que las ausencias imprevistas del personal costarán entre 200 y 250 euros por hora y la demora en cubrir vacantes se multará con 1.200 euros diarios a partir del sexto día hábil. Finalmente, la Administración protegerá el bienestar laboral y castigará cualquier vulneración a los descansos, las vacaciones o el derecho a la desconexión digital con una severa multa de 4.000 euros por cada trabajador afectado.Prestación del servicio durante dos añosEl contrato contempla la prestación del servicio durante un plazo de 24 meses a contar desde el 1 de febrero de 2027, con la posibilidad de sumar dos prórrogas anuales. Para estimar el presupuesto base de 34,52 millones al año, la Junta ha estimado el gasto en nóminas de la plantilla en 25,58 millones de euros anuales, a los que se suman 1,4 millones en gastos generales —como portátiles, licencias, plataformas de traducción o papelería— y un beneficio industrial para la firma adjudicataria de 1,53 millones de euros, equivalente al 6% del contrato. La agencia autonómica competente en esta materia justifica la externalización en la memoria del contrato alegando que la Junta no dispone en su relación de puestos de trabajo de personal técnico suficiente ni con la especialización requerida para asumir directamente la atención del número único europeo 112. La naturaleza ininterrumpida del servicio (24 horas al día, los 365 días del año) y la necesidad de responder ante picos de demanda extraordinarios obligan, según la Junta, a recurrir a una contratación externa.Implantación de «centros inteligentes»El servicio encara cambios importantes, como el despliegue de la Plataforma de Integración en la Gestión de las Emergencias (PIGEA). Esta herramienta unificará la respuesta en las ocho sedes provinciales bajo un modelo de Centro Único de Coordinación descentralizado, lo que situará a Andalucía en la línea de los «centros inteligentes» europeos al permitir una visión global de los recursos en tiempo real. Para garantizar el funcionamiento de las salas, el pliego establece una plantilla base compuesta por tres jefes de gestión, cinco responsables de área funcional, 49 profesionales técnicos y 5 administrativos . El personal operativo a jornada completa realizará un máximo de 1.500 horas operativas efectivas al año, sumando el contrato un total de 821.280 horas en sus dos años de vigencia (410.640 horas anuales) para las tareas de coordinación, enlace, atención y seguimiento. Aparte, la adjudicataria deberá mantener una bolsa de empleo cualificada con actualizaciones mínimas semestrales y garantizar guardias localizadas para responder a incidencias en menos de 60 minutos, respetando rigurosamente el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Asimismo, se exigen 170 horas de formación inicial para las nuevas incorporaciones y 32 horas de formación continua anual para la plantilla activa.Impugnación de CSIFEl sindicato CSIF ha impugnado el pliego de prescripciones técnicas al considerar que la Administración excede sus competencias al incorporar disposiciones que afectan directamente a las condiciones laborales del personal. En concreto, la organización sindical rechaza la cláusula que impone que «l os turnos se distribuirán en jornadas de ocho horas comenzando a las 7:00 horas de la mañana». El sindicato señala que la distribución de la jornada de la plantilla responde a un sistema organizativo diferente y advierte de que el pliego de la Junta no puede convertirse en el instrumento legal para modificar las condiciones de trabajo. Se busca gestor para el número que salva vidas en Andalucía. La Junta ha abierto la carrera por uno de los contratos más importantes para la seguridad civil de la comunidad autónoma: la gestión integral de las salas operativas del 112 Andalucía, una licitación valorada en un total de 62.766.496 euros para los próximos 24 meses. El pliego que fija las bases del concurso se publicó el pasado 23 de junio y el plazo de presentación de ofertas vencerá el próximo lunes 13 de julio . La actual empresa adjudicataria del servicio es Ilunion Emergencias. La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha marcado como objetivo mejorar el control, la agilidad y el músculo operativo del servicio al que recurren millones de ciudadanos cuando se enfrentan a algún incidente o crisis.El nuevo contrato del servicio 112 no da margen a la improvisación ni al descuido. Para asegurar una ágil respuesta, la Administración ha diseñado un régimen sancionador que castigará con severas multas económicas las demora del servicio, fallos de cobertura en las salas o vulneraciones de los derechos laborales de la plantilla.El control del reloj será uno de los aspectos que se valorarán: cada segundo cuenta ante una situación de peligro. Por ello, si el tiempo medio de respuesta supera los cinco segundos durante diez o más días en un mismo mes, la empresa adjudicataria se enfrentará a una penalización de 800 euros mensuales por cada segundo de exceso. De igual modo, las llamadas que queden desatendidas se pagarán caras: se enfrentaría a multas diarias de 600 euros por cada décima que el volumen de atención caiga por debajo del 98,5% tras doce segundos de espera, o del 93% pasados los diez segundos.La administración justifica la externalización por falta de personal propio, mientras que el sindicato CSIF impugna los horarios fijados en el pliegoLa falta de reflejos ante situaciones críticas o el vacío en los puestos de coordinación también penalizarán. No activar los recursos extraordinarios ante una emergencia grave supondrá una sanción fija de 7.000 euros , mientras que las ausencias imprevistas del personal costarán entre 200 y 250 euros por hora y la demora en cubrir vacantes se multará con 1.200 euros diarios a partir del sexto día hábil. Finalmente, la Administración protegerá el bienestar laboral y castigará cualquier vulneración a los descansos, las vacaciones o el derecho a la desconexión digital con una severa multa de 4.000 euros por cada trabajador afectado.Prestación del servicio durante dos añosEl contrato contempla la prestación del servicio durante un plazo de 24 meses a contar desde el 1 de febrero de 2027, con la posibilidad de sumar dos prórrogas anuales. Para estimar el presupuesto base de 34,52 millones al año, la Junta ha estimado el gasto en nóminas de la plantilla en 25,58 millones de euros anuales, a los que se suman 1,4 millones en gastos generales —como portátiles, licencias, plataformas de traducción o papelería— y un beneficio industrial para la firma adjudicataria de 1,53 millones de euros, equivalente al 6% del contrato. La agencia autonómica competente en esta materia justifica la externalización en la memoria del contrato alegando que la Junta no dispone en su relación de puestos de trabajo de personal técnico suficiente ni con la especialización requerida para asumir directamente la atención del número único europeo 112. La naturaleza ininterrumpida del servicio (24 horas al día, los 365 días del año) y la necesidad de responder ante picos de demanda extraordinarios obligan, según la Junta, a recurrir a una contratación externa.Implantación de «centros inteligentes»El servicio encara cambios importantes, como el despliegue de la Plataforma de Integración en la Gestión de las Emergencias (PIGEA). Esta herramienta unificará la respuesta en las ocho sedes provinciales bajo un modelo de Centro Único de Coordinación descentralizado, lo que situará a Andalucía en la línea de los «centros inteligentes» europeos al permitir una visión global de los recursos en tiempo real. Para garantizar el funcionamiento de las salas, el pliego establece una plantilla base compuesta por tres jefes de gestión, cinco responsables de área funcional, 49 profesionales técnicos y 5 administrativos . El personal operativo a jornada completa realizará un máximo de 1.500 horas operativas efectivas al año, sumando el contrato un total de 821.280 horas en sus dos años de vigencia (410.640 horas anuales) para las tareas de coordinación, enlace, atención y seguimiento. Aparte, la adjudicataria deberá mantener una bolsa de empleo cualificada con actualizaciones mínimas semestrales y garantizar guardias localizadas para responder a incidencias en menos de 60 minutos, respetando rigurosamente el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Asimismo, se exigen 170 horas de formación inicial para las nuevas incorporaciones y 32 horas de formación continua anual para la plantilla activa.Impugnación de CSIFEl sindicato CSIF ha impugnado el pliego de prescripciones técnicas al considerar que la Administración excede sus competencias al incorporar disposiciones que afectan directamente a las condiciones laborales del personal. En concreto, la organización sindical rechaza la cláusula que impone que «l os turnos se distribuirán en jornadas de ocho horas comenzando a las 7:00 horas de la mañana». El sindicato señala que la distribución de la jornada de la plantilla responde a un sistema organizativo diferente y advierte de que el pliego de la Junta no puede convertirse en el instrumento legal para modificar las condiciones de trabajo. Se busca gestor para el número que salva vidas en Andalucía. La Junta ha abierto la carrera por uno de los contratos más importantes para la seguridad civil de la comunidad autónoma: la gestión integral de las salas operativas del 112 Andalucía, una licitación valorada en un total de 62.766.496 euros para los próximos 24 meses. El pliego que fija las bases del concurso se publicó el pasado 23 de junio y el plazo de presentación de ofertas vencerá el próximo lunes 13 de julio . La actual empresa adjudicataria del servicio es Ilunion Emergencias. La Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha marcado como objetivo mejorar el control, la agilidad y el músculo operativo del servicio al que recurren millones de ciudadanos cuando se enfrentan a algún incidente o crisis.El nuevo contrato del servicio 112 no da margen a la improvisación ni al descuido. Para asegurar una ágil respuesta, la Administración ha diseñado un régimen sancionador que castigará con severas multas económicas las demora del servicio, fallos de cobertura en las salas o vulneraciones de los derechos laborales de la plantilla.El control del reloj será uno de los aspectos que se valorarán: cada segundo cuenta ante una situación de peligro. Por ello, si el tiempo medio de respuesta supera los cinco segundos durante diez o más días en un mismo mes, la empresa adjudicataria se enfrentará a una penalización de 800 euros mensuales por cada segundo de exceso. De igual modo, las llamadas que queden desatendidas se pagarán caras: se enfrentaría a multas diarias de 600 euros por cada décima que el volumen de atención caiga por debajo del 98,5% tras doce segundos de espera, o del 93% pasados los diez segundos.La administración justifica la externalización por falta de personal propio, mientras que el sindicato CSIF impugna los horarios fijados en el pliegoLa falta de reflejos ante situaciones críticas o el vacío en los puestos de coordinación también penalizarán. No activar los recursos extraordinarios ante una emergencia grave supondrá una sanción fija de 7.000 euros , mientras que las ausencias imprevistas del personal costarán entre 200 y 250 euros por hora y la demora en cubrir vacantes se multará con 1.200 euros diarios a partir del sexto día hábil. Finalmente, la Administración protegerá el bienestar laboral y castigará cualquier vulneración a los descansos, las vacaciones o el derecho a la desconexión digital con una severa multa de 4.000 euros por cada trabajador afectado.Prestación del servicio durante dos añosEl contrato contempla la prestación del servicio durante un plazo de 24 meses a contar desde el 1 de febrero de 2027, con la posibilidad de sumar dos prórrogas anuales. Para estimar el presupuesto base de 34,52 millones al año, la Junta ha estimado el gasto en nóminas de la plantilla en 25,58 millones de euros anuales, a los que se suman 1,4 millones en gastos generales —como portátiles, licencias, plataformas de traducción o papelería— y un beneficio industrial para la firma adjudicataria de 1,53 millones de euros, equivalente al 6% del contrato. La agencia autonómica competente en esta materia justifica la externalización en la memoria del contrato alegando que la Junta no dispone en su relación de puestos de trabajo de personal técnico suficiente ni con la especialización requerida para asumir directamente la atención del número único europeo 112. La naturaleza ininterrumpida del servicio (24 horas al día, los 365 días del año) y la necesidad de responder ante picos de demanda extraordinarios obligan, según la Junta, a recurrir a una contratación externa.Implantación de «centros inteligentes»El servicio encara cambios importantes, como el despliegue de la Plataforma de Integración en la Gestión de las Emergencias (PIGEA). Esta herramienta unificará la respuesta en las ocho sedes provinciales bajo un modelo de Centro Único de Coordinación descentralizado, lo que situará a Andalucía en la línea de los «centros inteligentes» europeos al permitir una visión global de los recursos en tiempo real. Para garantizar el funcionamiento de las salas, el pliego establece una plantilla base compuesta por tres jefes de gestión, cinco responsables de área funcional, 49 profesionales técnicos y 5 administrativos . El personal operativo a jornada completa realizará un máximo de 1.500 horas operativas efectivas al año, sumando el contrato un total de 821.280 horas en sus dos años de vigencia (410.640 horas anuales) para las tareas de coordinación, enlace, atención y seguimiento. Aparte, la adjudicataria deberá mantener una bolsa de empleo cualificada con actualizaciones mínimas semestrales y garantizar guardias localizadas para responder a incidencias en menos de 60 minutos, respetando rigurosamente el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Asimismo, se exigen 170 horas de formación inicial para las nuevas incorporaciones y 32 horas de formación continua anual para la plantilla activa.Impugnación de CSIFEl sindicato CSIF ha impugnado el pliego de prescripciones técnicas al considerar que la Administración excede sus competencias al incorporar disposiciones que afectan directamente a las condiciones laborales del personal. En concreto, la organización sindical rechaza la cláusula que impone que «l os turnos se distribuirán en jornadas de ocho horas comenzando a las 7:00 horas de la mañana». El sindicato señala que la distribución de la jornada de la plantilla responde a un sistema organizativo diferente y advierte de que el pliego de la Junta no puede convertirse en el instrumento legal para modificar las condiciones de trabajo. RSS de noticias de espana/andalucia
Más Noticias
