No había que ser un lince para deducir que una empresa rescatada a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no debe contratar al mismo ex presidente de este grupo público para asuntos relacionados con la ayuda estatal, pero nadie alzó la voz. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el consejo de administración de toda una sociedad cotizada como es Tubos Reunidos validó en 2024 contratar a Vicente Fernández para «obtener una reducción de los intereses» fijados por la propia Sepi tres años atrás. Ya es infumable que Fernández, considerado el líder de la trama de la ‘fontanera’ Leire Díez y Antxón Alonso -a las órdenes todos ellos de Santos Cerdán-, se preste a suscribir tal contrato de comisionista, pero si él no tenía escrúpulos, alguien debió tenerlos en la empresa cotizada. No los tuvo tampoco el consejero delegado, Carlos de las Heras, investigado en la causa, que estaba convencido de que la trama representada por Fernández había funcionado con su antecesor, Francisco Irazusta, para arrancar el rescate de 112,8 millones de euros a la Sepi y el Gobierno en 2021 y que, por tanto, podía ser eficaz otra vez, en este caso, para aliviar la deuda contraída entonces.
La disparatada contratación del ex jefe de la Sepi en una empresa que dependía del rescate estatal muestra las vías de agua de ‘compliance’ incluso en grupos cotizados.
No había que ser un lince para deducir que una empresa rescatada a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no debe contratar al mismo ex presidente de este grupo público para asuntos relacionados con la ayuda estatal, pero nadie alzó la voz. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el consejo de administración de toda una sociedad cotizada como es Tubos Reunidos validó en 2024 contratar a Vicente Fernández para «obtener una reducción de los intereses» fijados por la propia Sepi tres años atrás. Ya es infumable que Fernández, considerado el líder de la trama de la ‘fontanera’ Leire Díez y Antxón Alonso -a las órdenes todos ellos de Santos Cerdán-, se preste a suscribir tal contrato de comisionista, pero si él no tenía escrúpulos, alguien debió tenerlos en la empresa cotizada. No los tuvo tampoco el consejero delegado, Carlos de las Heras, investigado en la causa, que estaba convencido de que la trama representada por Fernández había funcionado con su antecesor, Francisco Irazusta, para arrancar el rescate de 112,8 millones de euros a la Sepi y el Gobierno en 2021 y que, por tanto, podía ser eficaz otra vez, en este caso, para aliviar la deuda contraída entonces.
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