A 215 años de la independencia, estudiantes y familiares de presos políticos encendieron velas en la Universidad Central de Venezuela. La concentración, nacida para recordar a las víctimas del terremoto, se convirtió en un reclamo directo por la libertad de quienes siguen bajo los escombros del sistema penitenciario. La Plaza del Rectorado huele a cera derretida. Es cinco de julio, pero aquí nadie celebra. Cientos de personas se congregan alrededor del reloj de sol con velas blancas . No es un acto oficial. Es una vigilia llamada «Una Luz por Venezuela».En el centro de la plaza opera el mayor centro de acopio de ayuda humanitaria del país. No lo administra el gobierno ni las fuerzas armadas. Lo operan estudiantes que llevan más de una semana durmiendo sobre cartones, clasificando medicinas, agua y comida . Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, toma el micrófono.Noticia relacionada general No No De los corrimientos de tierra de 1999 al terremoto, víctimas por partida doble en Venezuela Jorge Benezra«La universidad tomó la iniciativa ante la falta de asignación de recursos de manera rápida por parte del Estado», dice Suárez frente a la multitud. «Las facultades mantendrán sus puertas abiertas de manera indefinida. No callaremos por temor a expresar lo que pensamos».El discurso de Suárez no es solo un balance logístico. Hace apenas seis días, el movimiento estudiantil denunció que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana retuvieron siete camiones con ayuda humanitaria provenientes del Estado Bolívar. El destino era esta misma plaza. La retención, calificada como un secuestro por los estudiantes, evidenció la fricción entre una sociedad civil que se organiza para sobrevivir y un Estado que busca controlar hasta la caridad mientras continúa aumentado la cifra de muertos y ya se contabilizan 3.342 y la de heridos a 16.740.Recuerdo a los familiares de los presosPero la vigilia tiene un doble fondo. Entre los estudiantes que cargan cajas hay mujeres mayores que sostienen fotografías impresas en papel brillante . Son los familiares de los presos políticos. Para ellos, el terremoto del veinticuatro de junio no solo destruyó edificios; también sacudió las prisiones donde sus hijos, esposos y hermanos llevan años encerrados sin juicio.Diego Casanova, coordinador del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, camina entre la gente. Conoce los nombres y los expedientes de memoria. «La gestión de la crisis demostró la misma actitud que han mantenido estas personas durante todo este tiempo», explica Casanova. «No les ha importado el dolor de las víctimas. Las personas injustamente detenidas necesitan una medida humanitaria para salir. Si de verdad se quiere avanzar hacia la reconstrucción, una de las cosas fundamentales es acabar con esa tragedia».El caso de Adrián de Gouveia ilustra la crueldad del momento. Gouveia es un preso político militar encerrado en Ramo Verde desde dos mil dieciocho. Cuando la tierra tembló, el quinto piso de esa prisión sufrió daños severos. Mientras él sobrevivía al sismo dentro de su celda, afuera, en La Guaira, el colapso de un edificio mataba a su familiar directa, Jessica Gimón de Gouveia. Solo después de la tragedia, las autoridades le otorgaron medidas cautelares para que pudiera salir a enterrar a su muerta.«Como él, hay otras familias en la misma situación», advierte Casanova. «Han quedado damnificadas, perdieron sus casas y además tienen a su familiar preso». Los familiares de los detenidos son ahora damnificados sin techo que deben seguir llevando comida a las cárceles mientras duermen en refugios. Sobre los siete camiones retenidos, el Estado calló. Ningún ministerio, ninguna autoridad militar, ningún vocero oficial dijo nada. La ayuda llegó a destino solo después de que la presión mediática hizo insostenible el silencio. La Guardia Nacional pretendía desviar la carga hacia la gobernación de Vargas.«El Estado llegó tarde»A pocos metros de las velas, el padre Arturo Peraza observa la escena. Es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello y sacerdote jesuita. Su lectura conecta la tragedia geológica con la ruina institucional. «El Estado llegó tarde», sentencia Peraza. «Al principio fue la sociedad venezolana la que se motorizó. Uno hubiera deseado ver más la presencia del Estado, de los funcionarios militares poniéndose hombro a hombro con la gente».Peraza compara la respuesta actual con la tragedia de Vargas en mil novecientos noventa y nueve. «En ese entonces, el sector militar se movilizó muy rápidamente. Hubo una fuerte presencia rescatando personas. Uno sentía que la Fuerza Armada estaba mucho más cerca de las necesidades de la población. En este momento, esa no ha sido la sensación». Para el rector jesuita, el colapso de los edificios es solo el síntoma visible de un derrumbe mayor. «El dato de que construyas donde no debes manifiesta cosas mucho más hondas. Las columnas de la institucionalidad del Estado están quebradas. La gran pregunta es qué nuevo pacto político tenemos que construir que nos devuelva una sociedad democrática».«Al principio fue la sociedad venezolana la que se motorizó. Uno hubiera deseado ver más la presencia del Estado»La noche avanza sobre la Universidad Central. Suárez lanza una advertencia final. Recuerda que el movimiento dio un ultimátum formal al gobierno para abrir canales de diálogo sobre las liberaciones. «No toleraremos un solo fallecimiento más dentro de los centros de detención», asegura.En esta plaza, rodeada de cajas de donaciones y sombras, la crisis humanitaria y la crisis política se han fundido en una sola. Los estudiantes que clasifican medicinas son los mismos que exigen democracia. Las madres que perdieron sus casas son las mismas que piden la libertad de sus hijos. A 215 años de la independencia, estudiantes y familiares de presos políticos encendieron velas en la Universidad Central de Venezuela. La concentración, nacida para recordar a las víctimas del terremoto, se convirtió en un reclamo directo por la libertad de quienes siguen bajo los escombros del sistema penitenciario. La Plaza del Rectorado huele a cera derretida. Es cinco de julio, pero aquí nadie celebra. Cientos de personas se congregan alrededor del reloj de sol con velas blancas . No es un acto oficial. Es una vigilia llamada «Una Luz por Venezuela».En el centro de la plaza opera el mayor centro de acopio de ayuda humanitaria del país. No lo administra el gobierno ni las fuerzas armadas. Lo operan estudiantes que llevan más de una semana durmiendo sobre cartones, clasificando medicinas, agua y comida . Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, toma el micrófono.Noticia relacionada general No No De los corrimientos de tierra de 1999 al terremoto, víctimas por partida doble en Venezuela Jorge Benezra«La universidad tomó la iniciativa ante la falta de asignación de recursos de manera rápida por parte del Estado», dice Suárez frente a la multitud. «Las facultades mantendrán sus puertas abiertas de manera indefinida. No callaremos por temor a expresar lo que pensamos».El discurso de Suárez no es solo un balance logístico. Hace apenas seis días, el movimiento estudiantil denunció que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana retuvieron siete camiones con ayuda humanitaria provenientes del Estado Bolívar. El destino era esta misma plaza. La retención, calificada como un secuestro por los estudiantes, evidenció la fricción entre una sociedad civil que se organiza para sobrevivir y un Estado que busca controlar hasta la caridad mientras continúa aumentado la cifra de muertos y ya se contabilizan 3.342 y la de heridos a 16.740.Recuerdo a los familiares de los presosPero la vigilia tiene un doble fondo. Entre los estudiantes que cargan cajas hay mujeres mayores que sostienen fotografías impresas en papel brillante . Son los familiares de los presos políticos. Para ellos, el terremoto del veinticuatro de junio no solo destruyó edificios; también sacudió las prisiones donde sus hijos, esposos y hermanos llevan años encerrados sin juicio.Diego Casanova, coordinador del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, camina entre la gente. Conoce los nombres y los expedientes de memoria. «La gestión de la crisis demostró la misma actitud que han mantenido estas personas durante todo este tiempo», explica Casanova. «No les ha importado el dolor de las víctimas. Las personas injustamente detenidas necesitan una medida humanitaria para salir. Si de verdad se quiere avanzar hacia la reconstrucción, una de las cosas fundamentales es acabar con esa tragedia».El caso de Adrián de Gouveia ilustra la crueldad del momento. Gouveia es un preso político militar encerrado en Ramo Verde desde dos mil dieciocho. Cuando la tierra tembló, el quinto piso de esa prisión sufrió daños severos. Mientras él sobrevivía al sismo dentro de su celda, afuera, en La Guaira, el colapso de un edificio mataba a su familiar directa, Jessica Gimón de Gouveia. Solo después de la tragedia, las autoridades le otorgaron medidas cautelares para que pudiera salir a enterrar a su muerta.«Como él, hay otras familias en la misma situación», advierte Casanova. «Han quedado damnificadas, perdieron sus casas y además tienen a su familiar preso». Los familiares de los detenidos son ahora damnificados sin techo que deben seguir llevando comida a las cárceles mientras duermen en refugios. Sobre los siete camiones retenidos, el Estado calló. Ningún ministerio, ninguna autoridad militar, ningún vocero oficial dijo nada. La ayuda llegó a destino solo después de que la presión mediática hizo insostenible el silencio. La Guardia Nacional pretendía desviar la carga hacia la gobernación de Vargas.«El Estado llegó tarde»A pocos metros de las velas, el padre Arturo Peraza observa la escena. Es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello y sacerdote jesuita. Su lectura conecta la tragedia geológica con la ruina institucional. «El Estado llegó tarde», sentencia Peraza. «Al principio fue la sociedad venezolana la que se motorizó. Uno hubiera deseado ver más la presencia del Estado, de los funcionarios militares poniéndose hombro a hombro con la gente».Peraza compara la respuesta actual con la tragedia de Vargas en mil novecientos noventa y nueve. «En ese entonces, el sector militar se movilizó muy rápidamente. Hubo una fuerte presencia rescatando personas. Uno sentía que la Fuerza Armada estaba mucho más cerca de las necesidades de la población. En este momento, esa no ha sido la sensación». Para el rector jesuita, el colapso de los edificios es solo el síntoma visible de un derrumbe mayor. «El dato de que construyas donde no debes manifiesta cosas mucho más hondas. Las columnas de la institucionalidad del Estado están quebradas. La gran pregunta es qué nuevo pacto político tenemos que construir que nos devuelva una sociedad democrática».«Al principio fue la sociedad venezolana la que se motorizó. Uno hubiera deseado ver más la presencia del Estado»La noche avanza sobre la Universidad Central. Suárez lanza una advertencia final. Recuerda que el movimiento dio un ultimátum formal al gobierno para abrir canales de diálogo sobre las liberaciones. «No toleraremos un solo fallecimiento más dentro de los centros de detención», asegura.En esta plaza, rodeada de cajas de donaciones y sombras, la crisis humanitaria y la crisis política se han fundido en una sola. Los estudiantes que clasifican medicinas son los mismos que exigen democracia. Las madres que perdieron sus casas son las mismas que piden la libertad de sus hijos. A 215 años de la independencia, estudiantes y familiares de presos políticos encendieron velas en la Universidad Central de Venezuela. La concentración, nacida para recordar a las víctimas del terremoto, se convirtió en un reclamo directo por la libertad de quienes siguen bajo los escombros del sistema penitenciario. La Plaza del Rectorado huele a cera derretida. Es cinco de julio, pero aquí nadie celebra. Cientos de personas se congregan alrededor del reloj de sol con velas blancas . No es un acto oficial. Es una vigilia llamada «Una Luz por Venezuela».En el centro de la plaza opera el mayor centro de acopio de ayuda humanitaria del país. No lo administra el gobierno ni las fuerzas armadas. Lo operan estudiantes que llevan más de una semana durmiendo sobre cartones, clasificando medicinas, agua y comida . Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, toma el micrófono.Noticia relacionada general No No De los corrimientos de tierra de 1999 al terremoto, víctimas por partida doble en Venezuela Jorge Benezra«La universidad tomó la iniciativa ante la falta de asignación de recursos de manera rápida por parte del Estado», dice Suárez frente a la multitud. «Las facultades mantendrán sus puertas abiertas de manera indefinida. No callaremos por temor a expresar lo que pensamos».El discurso de Suárez no es solo un balance logístico. Hace apenas seis días, el movimiento estudiantil denunció que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana retuvieron siete camiones con ayuda humanitaria provenientes del Estado Bolívar. El destino era esta misma plaza. La retención, calificada como un secuestro por los estudiantes, evidenció la fricción entre una sociedad civil que se organiza para sobrevivir y un Estado que busca controlar hasta la caridad mientras continúa aumentado la cifra de muertos y ya se contabilizan 3.342 y la de heridos a 16.740.Recuerdo a los familiares de los presosPero la vigilia tiene un doble fondo. Entre los estudiantes que cargan cajas hay mujeres mayores que sostienen fotografías impresas en papel brillante . Son los familiares de los presos políticos. Para ellos, el terremoto del veinticuatro de junio no solo destruyó edificios; también sacudió las prisiones donde sus hijos, esposos y hermanos llevan años encerrados sin juicio.Diego Casanova, coordinador del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, camina entre la gente. Conoce los nombres y los expedientes de memoria. «La gestión de la crisis demostró la misma actitud que han mantenido estas personas durante todo este tiempo», explica Casanova. «No les ha importado el dolor de las víctimas. Las personas injustamente detenidas necesitan una medida humanitaria para salir. Si de verdad se quiere avanzar hacia la reconstrucción, una de las cosas fundamentales es acabar con esa tragedia».El caso de Adrián de Gouveia ilustra la crueldad del momento. Gouveia es un preso político militar encerrado en Ramo Verde desde dos mil dieciocho. Cuando la tierra tembló, el quinto piso de esa prisión sufrió daños severos. Mientras él sobrevivía al sismo dentro de su celda, afuera, en La Guaira, el colapso de un edificio mataba a su familiar directa, Jessica Gimón de Gouveia. Solo después de la tragedia, las autoridades le otorgaron medidas cautelares para que pudiera salir a enterrar a su muerta.«Como él, hay otras familias en la misma situación», advierte Casanova. «Han quedado damnificadas, perdieron sus casas y además tienen a su familiar preso». Los familiares de los detenidos son ahora damnificados sin techo que deben seguir llevando comida a las cárceles mientras duermen en refugios. Sobre los siete camiones retenidos, el Estado calló. Ningún ministerio, ninguna autoridad militar, ningún vocero oficial dijo nada. La ayuda llegó a destino solo después de que la presión mediática hizo insostenible el silencio. La Guardia Nacional pretendía desviar la carga hacia la gobernación de Vargas.«El Estado llegó tarde»A pocos metros de las velas, el padre Arturo Peraza observa la escena. Es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello y sacerdote jesuita. Su lectura conecta la tragedia geológica con la ruina institucional. «El Estado llegó tarde», sentencia Peraza. «Al principio fue la sociedad venezolana la que se motorizó. Uno hubiera deseado ver más la presencia del Estado, de los funcionarios militares poniéndose hombro a hombro con la gente».Peraza compara la respuesta actual con la tragedia de Vargas en mil novecientos noventa y nueve. «En ese entonces, el sector militar se movilizó muy rápidamente. Hubo una fuerte presencia rescatando personas. Uno sentía que la Fuerza Armada estaba mucho más cerca de las necesidades de la población. En este momento, esa no ha sido la sensación». Para el rector jesuita, el colapso de los edificios es solo el síntoma visible de un derrumbe mayor. «El dato de que construyas donde no debes manifiesta cosas mucho más hondas. Las columnas de la institucionalidad del Estado están quebradas. La gran pregunta es qué nuevo pacto político tenemos que construir que nos devuelva una sociedad democrática».«Al principio fue la sociedad venezolana la que se motorizó. Uno hubiera deseado ver más la presencia del Estado»La noche avanza sobre la Universidad Central. Suárez lanza una advertencia final. Recuerda que el movimiento dio un ultimátum formal al gobierno para abrir canales de diálogo sobre las liberaciones. «No toleraremos un solo fallecimiento más dentro de los centros de detención», asegura.En esta plaza, rodeada de cajas de donaciones y sombras, la crisis humanitaria y la crisis política se han fundido en una sola. Los estudiantes que clasifican medicinas son los mismos que exigen democracia. Las madres que perdieron sus casas son las mismas que piden la libertad de sus hijos. RSS de noticias de internacional
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