Poco más de un año después de que el País Vasco empezara a aplicar el tope de precios del alquiler previsto en la Ley de Vivienda de 2023, empiezan a aflorar los datos que avalan algo que en todo caso ya se sabía por la experiencia de Cataluña: que la medida contiene el avance de precios, pero lo hace a costa de crear otra barrera para los nuevos inquilinos en forma de un desplome de la oferta. El resultado es que alquilar en Guipúzcoa -por ejemplo- sigue costando casi 1.500 euros, que es más de la cuota hipotecaria media en España (cercana a los 800 euros, según el Colegio de Registradores) o un SMI completo (1.184 euros brutos), mientras la presión sobre el mercado se ha incrementado un 78% en un año si se mide en términos de número de interesados; es decir, que si en marzo de 2025, por cada anuncio que se publicaba en la provincia vasca aparecían 87 inquilinos potenciales en un plazo de diez días, ahora son 155. Así se desprende de la última edición del Observatorio del Alquiler -correspondiente al primer trimestre de 2026-, un estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que, una vez más, ha sacado a relucir los efectos lesivos de una norma que supuestamente debía facilitar el acceso a la vivienda. Si de contener los precios se trata, la ley funciona, pero no es este el único factor que puede actuar como una barrera de acceso a los arrendamientos. El precio sigue alto 1.644 euros Menos oferta, ¿a cambio de qué? El coste medio de los arrendamientos en la provincia de Barcelona ha caído apenas un 0,3% en un año, mientras la oferta se desploma hasta el punto de que hay 453 interesados por pisoEn Guipúzcoa, un propietario puede elegir entre 155 inquilinos distintos, así que necesariamente se va a inclinar por los que tengan rentas más altas, más en un contexto en el que la suspensión de los desahucios ha incrementado la inseguridad jurídica frente a los impagos. Como ya denunció Fedea en un reciente informe, las familias de ingresos bajos, los jóvenes o los inmigrantes quedan así expulsados del mercado por una ley que -decía el ‘think tank’ ligado al Banco de España- responde a una demanda política «miope». Noticia relacionada general No No Ayuso impulsa una ley urgente para construir 18.000 viviendas protegidas en cuatro años Mariano CallejaComo ya se ha avanzado, Cataluña fue el canario en la mina. En marzo de 2024, esa región se convirtió en la primera en aplicar la declaración de zona tensionada dispuesta en la Ley de Vivienda de 2023, primero en 140 municipios, a los que se sumaron otros 131 a partir de octubre de ese año. Merced a esto, la Generalitat pudo topar los precios de los arrendamientos en esos lugares en función de los criterios dispuestos por el Gobierno central; básicamente, un límite a las actualizaciones de renta distinto al IPC y prórrogas forzosas de los contratos en algunos casos. El caso es que, en estos dos años (desde el primer trimestre de 2024), y según datos del Barómetro del Alquiler, la presión de la demanda en la región ha pasado de los 80 interesados por anuncio a 355 . Lógicamente esto responde a la retirada de arrendamientos del mercado y no al crecimiento poblacional, tanto es así que los inmuebles disponibles para arrendar en esa comunidad autónoma han pasado de 154.663 en 2023 a 114.878 en 2024 y 102.816 en 2025. Por su parte, la previsión de la Fundación Alquiler Seguro es que a finales de este año Cataluña tocará un mínimo con 96.742 pisos disponibles. Y todo esto a costa de una relajación de precios de apenas el 0,3% en un año en el caso de la provincia de Barcelona (hasta los 1.644 euros al mes de media), que no ha impedido que siga en la parte alta del ránking. Solo la superan las Islas Baleares ( 1.676€ ), seguida de Madrid (1.606€), Guipúzcoa (1.494€), Vizcaya (1.311€), Málaga (1.279€), Valencia (1.159€) y Las Palmas (1.158€). Cae la oferta 66 interesados Sube la presión en La Coruña, la nueva ciudad ‘tensionada’ En la urbe gallega, el número de inquilinos potenciales por cada anuncio se ha más que doblado en un año, desde los 25 de 2025En términos de proyección, el peor dato es para el País Vasco, que al terminar 2026 habrá perdido un 11,1% de su oferta, un descenso que será especialmente acusado en Vizcaya (-9,3%) y Guipúzcoa (-14,5%). Todas las capitales vascas están en la lista de municipios con declaración de zona tensionada, cuyo primer miembro fue Errenteria a partir de enero de 2025 y luego se fue ampliando hasta sumar 14 localidades. Pasados unos meses, el balance es que esa región ya registra 168 inquilinos potenciales por arrendamiento, frente a los 53 de hace dos años.Las capitales que topan precios… eliminan ofertaCompletan la lista de CC.AA. con tope de precios Navarra, donde se aplica en 21 municipios desde junio de 2025, y Galicia, donde solo está en vigor en La Coruña. Con este límite encima de la mesa, en la comunidad foral el número de candidatos por anuncio ha pasado de 30 a 42 en un año, sin que el avance de precios se haya contenido, al pasar de 1.011 euros en enero-marzo de 2025 a 1.027 euros en el mismo período de 2026. En La Coruña, por su parte, el número de interesados se ha doblado (de 25 a 66) y el precio medio ha sufrido un alza de más del 2%, hasta los 775 euros. De hecho, el ránking de provincias en las que más aumenta la presión de la demanda -medida en interesados por piso- está copado en su parte alta por provincias ‘tensionadas’: lo encabeza Barcelona, con un aumento de 112 en un año, seguida de Vizcaya (+78) , Guipúzcoa (+68), Zaragoza (+61) y Álava (+47), mientras que mercados muy tensionados como Málaga (-22), Las Palmas (-19) o Valencia (-15) han experimentado ligeros retrocesos. Con todo, Barcelona se mantiene como la provincia con la cifra más alta del país, con 453 potenciales inquilinos por inmueble, seguida de Vizcaya (191), Guipúzcoa (155), Baleares (147), Zaragoza (127), Álava (122), Madrid (118), Las Palmas (115), Gerona (109) y Santa Cruz de Tenerife (101). Poco más de un año después de que el País Vasco empezara a aplicar el tope de precios del alquiler previsto en la Ley de Vivienda de 2023, empiezan a aflorar los datos que avalan algo que en todo caso ya se sabía por la experiencia de Cataluña: que la medida contiene el avance de precios, pero lo hace a costa de crear otra barrera para los nuevos inquilinos en forma de un desplome de la oferta. El resultado es que alquilar en Guipúzcoa -por ejemplo- sigue costando casi 1.500 euros, que es más de la cuota hipotecaria media en España (cercana a los 800 euros, según el Colegio de Registradores) o un SMI completo (1.184 euros brutos), mientras la presión sobre el mercado se ha incrementado un 78% en un año si se mide en términos de número de interesados; es decir, que si en marzo de 2025, por cada anuncio que se publicaba en la provincia vasca aparecían 87 inquilinos potenciales en un plazo de diez días, ahora son 155. Así se desprende de la última edición del Observatorio del Alquiler -correspondiente al primer trimestre de 2026-, un estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que, una vez más, ha sacado a relucir los efectos lesivos de una norma que supuestamente debía facilitar el acceso a la vivienda. Si de contener los precios se trata, la ley funciona, pero no es este el único factor que puede actuar como una barrera de acceso a los arrendamientos. El precio sigue alto 1.644 euros Menos oferta, ¿a cambio de qué? El coste medio de los arrendamientos en la provincia de Barcelona ha caído apenas un 0,3% en un año, mientras la oferta se desploma hasta el punto de que hay 453 interesados por pisoEn Guipúzcoa, un propietario puede elegir entre 155 inquilinos distintos, así que necesariamente se va a inclinar por los que tengan rentas más altas, más en un contexto en el que la suspensión de los desahucios ha incrementado la inseguridad jurídica frente a los impagos. Como ya denunció Fedea en un reciente informe, las familias de ingresos bajos, los jóvenes o los inmigrantes quedan así expulsados del mercado por una ley que -decía el ‘think tank’ ligado al Banco de España- responde a una demanda política «miope». Noticia relacionada general No No Ayuso impulsa una ley urgente para construir 18.000 viviendas protegidas en cuatro años Mariano CallejaComo ya se ha avanzado, Cataluña fue el canario en la mina. En marzo de 2024, esa región se convirtió en la primera en aplicar la declaración de zona tensionada dispuesta en la Ley de Vivienda de 2023, primero en 140 municipios, a los que se sumaron otros 131 a partir de octubre de ese año. Merced a esto, la Generalitat pudo topar los precios de los arrendamientos en esos lugares en función de los criterios dispuestos por el Gobierno central; básicamente, un límite a las actualizaciones de renta distinto al IPC y prórrogas forzosas de los contratos en algunos casos. El caso es que, en estos dos años (desde el primer trimestre de 2024), y según datos del Barómetro del Alquiler, la presión de la demanda en la región ha pasado de los 80 interesados por anuncio a 355 . Lógicamente esto responde a la retirada de arrendamientos del mercado y no al crecimiento poblacional, tanto es así que los inmuebles disponibles para arrendar en esa comunidad autónoma han pasado de 154.663 en 2023 a 114.878 en 2024 y 102.816 en 2025. Por su parte, la previsión de la Fundación Alquiler Seguro es que a finales de este año Cataluña tocará un mínimo con 96.742 pisos disponibles. Y todo esto a costa de una relajación de precios de apenas el 0,3% en un año en el caso de la provincia de Barcelona (hasta los 1.644 euros al mes de media), que no ha impedido que siga en la parte alta del ránking. Solo la superan las Islas Baleares ( 1.676€ ), seguida de Madrid (1.606€), Guipúzcoa (1.494€), Vizcaya (1.311€), Málaga (1.279€), Valencia (1.159€) y Las Palmas (1.158€). Cae la oferta 66 interesados Sube la presión en La Coruña, la nueva ciudad ‘tensionada’ En la urbe gallega, el número de inquilinos potenciales por cada anuncio se ha más que doblado en un año, desde los 25 de 2025En términos de proyección, el peor dato es para el País Vasco, que al terminar 2026 habrá perdido un 11,1% de su oferta, un descenso que será especialmente acusado en Vizcaya (-9,3%) y Guipúzcoa (-14,5%). Todas las capitales vascas están en la lista de municipios con declaración de zona tensionada, cuyo primer miembro fue Errenteria a partir de enero de 2025 y luego se fue ampliando hasta sumar 14 localidades. Pasados unos meses, el balance es que esa región ya registra 168 inquilinos potenciales por arrendamiento, frente a los 53 de hace dos años.Las capitales que topan precios… eliminan ofertaCompletan la lista de CC.AA. con tope de precios Navarra, donde se aplica en 21 municipios desde junio de 2025, y Galicia, donde solo está en vigor en La Coruña. Con este límite encima de la mesa, en la comunidad foral el número de candidatos por anuncio ha pasado de 30 a 42 en un año, sin que el avance de precios se haya contenido, al pasar de 1.011 euros en enero-marzo de 2025 a 1.027 euros en el mismo período de 2026. En La Coruña, por su parte, el número de interesados se ha doblado (de 25 a 66) y el precio medio ha sufrido un alza de más del 2%, hasta los 775 euros. De hecho, el ránking de provincias en las que más aumenta la presión de la demanda -medida en interesados por piso- está copado en su parte alta por provincias ‘tensionadas’: lo encabeza Barcelona, con un aumento de 112 en un año, seguida de Vizcaya (+78) , Guipúzcoa (+68), Zaragoza (+61) y Álava (+47), mientras que mercados muy tensionados como Málaga (-22), Las Palmas (-19) o Valencia (-15) han experimentado ligeros retrocesos. Con todo, Barcelona se mantiene como la provincia con la cifra más alta del país, con 453 potenciales inquilinos por inmueble, seguida de Vizcaya (191), Guipúzcoa (155), Baleares (147), Zaragoza (127), Álava (122), Madrid (118), Las Palmas (115), Gerona (109) y Santa Cruz de Tenerife (101). Poco más de un año después de que el País Vasco empezara a aplicar el tope de precios del alquiler previsto en la Ley de Vivienda de 2023, empiezan a aflorar los datos que avalan algo que en todo caso ya se sabía por la experiencia de Cataluña: que la medida contiene el avance de precios, pero lo hace a costa de crear otra barrera para los nuevos inquilinos en forma de un desplome de la oferta. El resultado es que alquilar en Guipúzcoa -por ejemplo- sigue costando casi 1.500 euros, que es más de la cuota hipotecaria media en España (cercana a los 800 euros, según el Colegio de Registradores) o un SMI completo (1.184 euros brutos), mientras la presión sobre el mercado se ha incrementado un 78% en un año si se mide en términos de número de interesados; es decir, que si en marzo de 2025, por cada anuncio que se publicaba en la provincia vasca aparecían 87 inquilinos potenciales en un plazo de diez días, ahora son 155. Así se desprende de la última edición del Observatorio del Alquiler -correspondiente al primer trimestre de 2026-, un estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que, una vez más, ha sacado a relucir los efectos lesivos de una norma que supuestamente debía facilitar el acceso a la vivienda. Si de contener los precios se trata, la ley funciona, pero no es este el único factor que puede actuar como una barrera de acceso a los arrendamientos. El precio sigue alto 1.644 euros Menos oferta, ¿a cambio de qué? El coste medio de los arrendamientos en la provincia de Barcelona ha caído apenas un 0,3% en un año, mientras la oferta se desploma hasta el punto de que hay 453 interesados por pisoEn Guipúzcoa, un propietario puede elegir entre 155 inquilinos distintos, así que necesariamente se va a inclinar por los que tengan rentas más altas, más en un contexto en el que la suspensión de los desahucios ha incrementado la inseguridad jurídica frente a los impagos. Como ya denunció Fedea en un reciente informe, las familias de ingresos bajos, los jóvenes o los inmigrantes quedan así expulsados del mercado por una ley que -decía el ‘think tank’ ligado al Banco de España- responde a una demanda política «miope». Noticia relacionada general No No Ayuso impulsa una ley urgente para construir 18.000 viviendas protegidas en cuatro años Mariano CallejaComo ya se ha avanzado, Cataluña fue el canario en la mina. En marzo de 2024, esa región se convirtió en la primera en aplicar la declaración de zona tensionada dispuesta en la Ley de Vivienda de 2023, primero en 140 municipios, a los que se sumaron otros 131 a partir de octubre de ese año. Merced a esto, la Generalitat pudo topar los precios de los arrendamientos en esos lugares en función de los criterios dispuestos por el Gobierno central; básicamente, un límite a las actualizaciones de renta distinto al IPC y prórrogas forzosas de los contratos en algunos casos. El caso es que, en estos dos años (desde el primer trimestre de 2024), y según datos del Barómetro del Alquiler, la presión de la demanda en la región ha pasado de los 80 interesados por anuncio a 355 . Lógicamente esto responde a la retirada de arrendamientos del mercado y no al crecimiento poblacional, tanto es así que los inmuebles disponibles para arrendar en esa comunidad autónoma han pasado de 154.663 en 2023 a 114.878 en 2024 y 102.816 en 2025. Por su parte, la previsión de la Fundación Alquiler Seguro es que a finales de este año Cataluña tocará un mínimo con 96.742 pisos disponibles. Y todo esto a costa de una relajación de precios de apenas el 0,3% en un año en el caso de la provincia de Barcelona (hasta los 1.644 euros al mes de media), que no ha impedido que siga en la parte alta del ránking. Solo la superan las Islas Baleares ( 1.676€ ), seguida de Madrid (1.606€), Guipúzcoa (1.494€), Vizcaya (1.311€), Málaga (1.279€), Valencia (1.159€) y Las Palmas (1.158€). Cae la oferta 66 interesados Sube la presión en La Coruña, la nueva ciudad ‘tensionada’ En la urbe gallega, el número de inquilinos potenciales por cada anuncio se ha más que doblado en un año, desde los 25 de 2025En términos de proyección, el peor dato es para el País Vasco, que al terminar 2026 habrá perdido un 11,1% de su oferta, un descenso que será especialmente acusado en Vizcaya (-9,3%) y Guipúzcoa (-14,5%). Todas las capitales vascas están en la lista de municipios con declaración de zona tensionada, cuyo primer miembro fue Errenteria a partir de enero de 2025 y luego se fue ampliando hasta sumar 14 localidades. Pasados unos meses, el balance es que esa región ya registra 168 inquilinos potenciales por arrendamiento, frente a los 53 de hace dos años.Las capitales que topan precios… eliminan ofertaCompletan la lista de CC.AA. con tope de precios Navarra, donde se aplica en 21 municipios desde junio de 2025, y Galicia, donde solo está en vigor en La Coruña. Con este límite encima de la mesa, en la comunidad foral el número de candidatos por anuncio ha pasado de 30 a 42 en un año, sin que el avance de precios se haya contenido, al pasar de 1.011 euros en enero-marzo de 2025 a 1.027 euros en el mismo período de 2026. En La Coruña, por su parte, el número de interesados se ha doblado (de 25 a 66) y el precio medio ha sufrido un alza de más del 2%, hasta los 775 euros. De hecho, el ránking de provincias en las que más aumenta la presión de la demanda -medida en interesados por piso- está copado en su parte alta por provincias ‘tensionadas’: lo encabeza Barcelona, con un aumento de 112 en un año, seguida de Vizcaya (+78) , Guipúzcoa (+68), Zaragoza (+61) y Álava (+47), mientras que mercados muy tensionados como Málaga (-22), Las Palmas (-19) o Valencia (-15) han experimentado ligeros retrocesos. Con todo, Barcelona se mantiene como la provincia con la cifra más alta del país, con 453 potenciales inquilinos por inmueble, seguida de Vizcaya (191), Guipúzcoa (155), Baleares (147), Zaragoza (127), Álava (122), Madrid (118), Las Palmas (115), Gerona (109) y Santa Cruz de Tenerife (101). RSS de noticias de economia
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