La llegada de menores migrantes procedentes de otros puntos del país ha llevado al sistema de protección de Castilla-La Mancha a una situación que el Gobierno regional califica ya de «un poco tensionada» . La directora general de Infancia y Familia, Inma Tello, defiende que la comunidad autónoma ha cumplido con los traslados que le han sido asignados y mantiene su «postura de colaboración y humanitaria», pero reclama que esa acogida vaya acompañada de financiación suficiente y de unos plazos que permitan garantizar la atención de los menores.La cuestión volverá este jueves a la mesa de la Comisión Sectorial de Infancia, en la que se reúnen representantes de las comunidades autónomas. Según explica Tello, el orden del día no contempla un nuevo reparto de menores, sino la aprobación de «un nuevo crédito para Ceuta, para ayudar a que puedan salir adelante». Castilla-La Mancha, subraya, «nunca se ha negado» a que se conceda presupuesto a las comunidades y ciudades autónomas incluidas en el Plan de Contingencia, pero considera que también debe financiarse adecuadamente a los territorios de destino .«Si les dan a estas comunidades autónomas y ciudades autónomas un dinero, pero resulta que luego hacemos el traslado y son las comunidades autónomas de destino las que estamos dándole la alimentación, la educación, la sanidad, todo esto, pues claro, tendremos que tener una financiación acorde», sostiene la directora general.Tello explica a ABC que Castilla-La Mancha ha colaborado con los traslados que se le han asignado, pero reconoce que las llegadas han generado una presión adicional sobre un sistema de protección que no esperaba esta situación. «El sistema de protección lo tenemos un poquito tensionado por esas llegadas que no esperábamos», afirma. Pese a ello, insiste en que la posición del Ejecutivo autonómico continúa siendo la de colaborar con la acogida, siempre que existan condiciones que permitan hacerlo con garantías.En este sentido, Castilla-La Mancha reclama «una financiación acorde con estos acogimientos» y unos plazos que permitan a las comunidades autónomas de destino realizar una acogida «con la calidad suficiente».La directora general evita ofrecer cifras actualizadas sobre el número de menores migrantes que se encuentran en la región. No se trata, explica, de una negativa a facilitar información, sino de una decisión vinculada a la protección de los propios menores, en un contexto en el que, a su juicio, existe «una imagen un poco distorsionada» de esta realidad.Tello sí confirma, no obstante, que la comunidad está realizando los acogimientos que se le plantean desde el Ministerio de Juventud e Infancia y desde las comunidades y ciudades autónomas incluidas en el Plan de Contingencia.Exigencia de más recursosUno de los principales argumentos del Gobierno regional es que la financiación recibida hasta ahora no se corresponde con el tiempo durante el que los menores permanecen en el sistema de protección autonómico.Castilla-La Mancha, según explica Tello, sí ha recibido fondos del Gobierno de España. Sin embargo, ese presupuesto cubría «tres meses de manutención» y los gastos asociados a cuestiones como la educación.El problema, señala, es que la permanencia de los menores no se limita a esos tres meses, de octubre a diciembre de 2025, que es el periodo del ingreso recibido. «Estos chicos pues no vienen y a los tres meses se van», apunta. Algunos pueden llegar próximos a la mayoría de edad, pero otros tienen 15 o 16 años y permanecen en el sistema durante mucho más tiempo .Los primeros menores llegaron a Castilla-La Mancha «a finales de septiembre», según precisa Tello. Muchos de ellos continúan hoy en la comunidad, por lo que la administración autonómica asume su atención.«Les estamos dando un apoyo, les estamos dando educación y una orientación profesional para que puedan trabajar y tener una vida digna cuando cumplan los 18 años», explica. Y para mantener esa atención durante el tiempo necesario, insiste, «se necesita más financiación».La presión de Ceuta genera dudasLa situación de Ceuta introduce, además, un elemento de incertidumbre ante la posibilidad de que las comunidades de destino tengan que asumir nuevos acogimientos mientras todavía están completando los traslados comprometidos.Tello señala que Castilla-La Mancha está realizando actualmente los traslados que tenía comprometidos en virtud del Real Decreto. Por eso, advierte de que un eventual nuevo reparto podría «solaparse» con el proceso que ya está en marcha.La directora general reitera que la capacidad de respuesta está condicionada por dos cuestiones: financiación suficiente y tiempos adecuados para las comunidades receptoras. «Si se lleva a cabo con una financiación adecuada y unos tiempos adecuados para las comunidades autónomas, pues todo va a funcionar mejor», sostiene.«Si se lleva a cabo con una financiación adecuada y unos tiempos adecuados para las comunidades autónomas, pues todo va a funcionar mejor» Inma Tello Directora General de Infancia y FamiliaLa alternativa, advierte, sería trasladar la presión de un territorio a otros sin resolver el problema de fondo. «Si no, lo que vamos a hacer es trasladar el problema de Ceuta a otras comunidades autónomas, y no sería la solución tampoco», afirma.De esta forma, Castilla-La Mancha acudirá a la cita de este jueves con una posición que, según la directora general de Infancia y Familia, mantiene dos ideas centrales, como son la voluntad de seguir colaborando en la acogida de menores y la exigencia de que esa colaboración esté respaldada por una financiación suficiente y por plazos que permitan atenderlos con garantías.La comunidad no cuestiona, por tanto, que se destinen recursos a Ceuta ante su situación actual. Lo que reclama es que esos recursos tengan también en cuenta a quienes, una vez efectuados los traslados, deben asumir durante meses o incluso años la alimentación, la educación, la sanidad y el acompañamiento de los menores. La llegada de menores migrantes procedentes de otros puntos del país ha llevado al sistema de protección de Castilla-La Mancha a una situación que el Gobierno regional califica ya de «un poco tensionada» . La directora general de Infancia y Familia, Inma Tello, defiende que la comunidad autónoma ha cumplido con los traslados que le han sido asignados y mantiene su «postura de colaboración y humanitaria», pero reclama que esa acogida vaya acompañada de financiación suficiente y de unos plazos que permitan garantizar la atención de los menores.La cuestión volverá este jueves a la mesa de la Comisión Sectorial de Infancia, en la que se reúnen representantes de las comunidades autónomas. Según explica Tello, el orden del día no contempla un nuevo reparto de menores, sino la aprobación de «un nuevo crédito para Ceuta, para ayudar a que puedan salir adelante». Castilla-La Mancha, subraya, «nunca se ha negado» a que se conceda presupuesto a las comunidades y ciudades autónomas incluidas en el Plan de Contingencia, pero considera que también debe financiarse adecuadamente a los territorios de destino .«Si les dan a estas comunidades autónomas y ciudades autónomas un dinero, pero resulta que luego hacemos el traslado y son las comunidades autónomas de destino las que estamos dándole la alimentación, la educación, la sanidad, todo esto, pues claro, tendremos que tener una financiación acorde», sostiene la directora general.Tello explica a ABC que Castilla-La Mancha ha colaborado con los traslados que se le han asignado, pero reconoce que las llegadas han generado una presión adicional sobre un sistema de protección que no esperaba esta situación. «El sistema de protección lo tenemos un poquito tensionado por esas llegadas que no esperábamos», afirma. Pese a ello, insiste en que la posición del Ejecutivo autonómico continúa siendo la de colaborar con la acogida, siempre que existan condiciones que permitan hacerlo con garantías.En este sentido, Castilla-La Mancha reclama «una financiación acorde con estos acogimientos» y unos plazos que permitan a las comunidades autónomas de destino realizar una acogida «con la calidad suficiente».La directora general evita ofrecer cifras actualizadas sobre el número de menores migrantes que se encuentran en la región. No se trata, explica, de una negativa a facilitar información, sino de una decisión vinculada a la protección de los propios menores, en un contexto en el que, a su juicio, existe «una imagen un poco distorsionada» de esta realidad.Tello sí confirma, no obstante, que la comunidad está realizando los acogimientos que se le plantean desde el Ministerio de Juventud e Infancia y desde las comunidades y ciudades autónomas incluidas en el Plan de Contingencia.Exigencia de más recursosUno de los principales argumentos del Gobierno regional es que la financiación recibida hasta ahora no se corresponde con el tiempo durante el que los menores permanecen en el sistema de protección autonómico.Castilla-La Mancha, según explica Tello, sí ha recibido fondos del Gobierno de España. Sin embargo, ese presupuesto cubría «tres meses de manutención» y los gastos asociados a cuestiones como la educación.El problema, señala, es que la permanencia de los menores no se limita a esos tres meses, de octubre a diciembre de 2025, que es el periodo del ingreso recibido. «Estos chicos pues no vienen y a los tres meses se van», apunta. Algunos pueden llegar próximos a la mayoría de edad, pero otros tienen 15 o 16 años y permanecen en el sistema durante mucho más tiempo .Los primeros menores llegaron a Castilla-La Mancha «a finales de septiembre», según precisa Tello. Muchos de ellos continúan hoy en la comunidad, por lo que la administración autonómica asume su atención.«Les estamos dando un apoyo, les estamos dando educación y una orientación profesional para que puedan trabajar y tener una vida digna cuando cumplan los 18 años», explica. Y para mantener esa atención durante el tiempo necesario, insiste, «se necesita más financiación».La presión de Ceuta genera dudasLa situación de Ceuta introduce, además, un elemento de incertidumbre ante la posibilidad de que las comunidades de destino tengan que asumir nuevos acogimientos mientras todavía están completando los traslados comprometidos.Tello señala que Castilla-La Mancha está realizando actualmente los traslados que tenía comprometidos en virtud del Real Decreto. Por eso, advierte de que un eventual nuevo reparto podría «solaparse» con el proceso que ya está en marcha.La directora general reitera que la capacidad de respuesta está condicionada por dos cuestiones: financiación suficiente y tiempos adecuados para las comunidades receptoras. «Si se lleva a cabo con una financiación adecuada y unos tiempos adecuados para las comunidades autónomas, pues todo va a funcionar mejor», sostiene.«Si se lleva a cabo con una financiación adecuada y unos tiempos adecuados para las comunidades autónomas, pues todo va a funcionar mejor» Inma Tello Directora General de Infancia y FamiliaLa alternativa, advierte, sería trasladar la presión de un territorio a otros sin resolver el problema de fondo. «Si no, lo que vamos a hacer es trasladar el problema de Ceuta a otras comunidades autónomas, y no sería la solución tampoco», afirma.De esta forma, Castilla-La Mancha acudirá a la cita de este jueves con una posición que, según la directora general de Infancia y Familia, mantiene dos ideas centrales, como son la voluntad de seguir colaborando en la acogida de menores y la exigencia de que esa colaboración esté respaldada por una financiación suficiente y por plazos que permitan atenderlos con garantías.La comunidad no cuestiona, por tanto, que se destinen recursos a Ceuta ante su situación actual. Lo que reclama es que esos recursos tengan también en cuenta a quienes, una vez efectuados los traslados, deben asumir durante meses o incluso años la alimentación, la educación, la sanidad y el acompañamiento de los menores. La llegada de menores migrantes procedentes de otros puntos del país ha llevado al sistema de protección de Castilla-La Mancha a una situación que el Gobierno regional califica ya de «un poco tensionada» . La directora general de Infancia y Familia, Inma Tello, defiende que la comunidad autónoma ha cumplido con los traslados que le han sido asignados y mantiene su «postura de colaboración y humanitaria», pero reclama que esa acogida vaya acompañada de financiación suficiente y de unos plazos que permitan garantizar la atención de los menores.La cuestión volverá este jueves a la mesa de la Comisión Sectorial de Infancia, en la que se reúnen representantes de las comunidades autónomas. Según explica Tello, el orden del día no contempla un nuevo reparto de menores, sino la aprobación de «un nuevo crédito para Ceuta, para ayudar a que puedan salir adelante». Castilla-La Mancha, subraya, «nunca se ha negado» a que se conceda presupuesto a las comunidades y ciudades autónomas incluidas en el Plan de Contingencia, pero considera que también debe financiarse adecuadamente a los territorios de destino .«Si les dan a estas comunidades autónomas y ciudades autónomas un dinero, pero resulta que luego hacemos el traslado y son las comunidades autónomas de destino las que estamos dándole la alimentación, la educación, la sanidad, todo esto, pues claro, tendremos que tener una financiación acorde», sostiene la directora general.Tello explica a ABC que Castilla-La Mancha ha colaborado con los traslados que se le han asignado, pero reconoce que las llegadas han generado una presión adicional sobre un sistema de protección que no esperaba esta situación. «El sistema de protección lo tenemos un poquito tensionado por esas llegadas que no esperábamos», afirma. Pese a ello, insiste en que la posición del Ejecutivo autonómico continúa siendo la de colaborar con la acogida, siempre que existan condiciones que permitan hacerlo con garantías.En este sentido, Castilla-La Mancha reclama «una financiación acorde con estos acogimientos» y unos plazos que permitan a las comunidades autónomas de destino realizar una acogida «con la calidad suficiente».La directora general evita ofrecer cifras actualizadas sobre el número de menores migrantes que se encuentran en la región. No se trata, explica, de una negativa a facilitar información, sino de una decisión vinculada a la protección de los propios menores, en un contexto en el que, a su juicio, existe «una imagen un poco distorsionada» de esta realidad.Tello sí confirma, no obstante, que la comunidad está realizando los acogimientos que se le plantean desde el Ministerio de Juventud e Infancia y desde las comunidades y ciudades autónomas incluidas en el Plan de Contingencia.Exigencia de más recursosUno de los principales argumentos del Gobierno regional es que la financiación recibida hasta ahora no se corresponde con el tiempo durante el que los menores permanecen en el sistema de protección autonómico.Castilla-La Mancha, según explica Tello, sí ha recibido fondos del Gobierno de España. Sin embargo, ese presupuesto cubría «tres meses de manutención» y los gastos asociados a cuestiones como la educación.El problema, señala, es que la permanencia de los menores no se limita a esos tres meses, de octubre a diciembre de 2025, que es el periodo del ingreso recibido. «Estos chicos pues no vienen y a los tres meses se van», apunta. Algunos pueden llegar próximos a la mayoría de edad, pero otros tienen 15 o 16 años y permanecen en el sistema durante mucho más tiempo .Los primeros menores llegaron a Castilla-La Mancha «a finales de septiembre», según precisa Tello. Muchos de ellos continúan hoy en la comunidad, por lo que la administración autonómica asume su atención.«Les estamos dando un apoyo, les estamos dando educación y una orientación profesional para que puedan trabajar y tener una vida digna cuando cumplan los 18 años», explica. Y para mantener esa atención durante el tiempo necesario, insiste, «se necesita más financiación».La presión de Ceuta genera dudasLa situación de Ceuta introduce, además, un elemento de incertidumbre ante la posibilidad de que las comunidades de destino tengan que asumir nuevos acogimientos mientras todavía están completando los traslados comprometidos.Tello señala que Castilla-La Mancha está realizando actualmente los traslados que tenía comprometidos en virtud del Real Decreto. Por eso, advierte de que un eventual nuevo reparto podría «solaparse» con el proceso que ya está en marcha.La directora general reitera que la capacidad de respuesta está condicionada por dos cuestiones: financiación suficiente y tiempos adecuados para las comunidades receptoras. «Si se lleva a cabo con una financiación adecuada y unos tiempos adecuados para las comunidades autónomas, pues todo va a funcionar mejor», sostiene.«Si se lleva a cabo con una financiación adecuada y unos tiempos adecuados para las comunidades autónomas, pues todo va a funcionar mejor» Inma Tello Directora General de Infancia y FamiliaLa alternativa, advierte, sería trasladar la presión de un territorio a otros sin resolver el problema de fondo. «Si no, lo que vamos a hacer es trasladar el problema de Ceuta a otras comunidades autónomas, y no sería la solución tampoco», afirma.De esta forma, Castilla-La Mancha acudirá a la cita de este jueves con una posición que, según la directora general de Infancia y Familia, mantiene dos ideas centrales, como son la voluntad de seguir colaborando en la acogida de menores y la exigencia de que esa colaboración esté respaldada por una financiación suficiente y por plazos que permitan atenderlos con garantías.La comunidad no cuestiona, por tanto, que se destinen recursos a Ceuta ante su situación actual. Lo que reclama es que esos recursos tengan también en cuenta a quienes, una vez efectuados los traslados, deben asumir durante meses o incluso años la alimentación, la educación, la sanidad y el acompañamiento de los menores. RSS de noticias de espana
Noticias Similares
