Con grandes extensiones de terreno, Castilla y León comienza a abrirse paso y se postula como buen aspirante para acoger los denominados centros de datos , que empiezan a despegar en España. Se trata de infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones de dimensiones considerables en las que alojar servidores y máquinas que sean capaces de salvaguardar gran cantidad de información y hacerlo, también, de forma segura. En una sociedad eminentemente digital, se hace cada vez más necesario tener un lugar en el que custodiar esos miles y miles de archivos y velar por las comunicaciones. De ahí la importancia de estos ‘data center’, que asoman ya en la Comunidad como una oportunidad económica y de desarrollo en la España vaciada para algunos, pero no exento de críticas y polémica. El gasto de energía y de reservas hídricas son la principal baza de sus detractores -colectivos vecinales, ecologistas y formaciones de izquierda-, en unas instalaciones, que según dicen, no generan tantos puestos de trabajo como para ser un paso adelante para el medio rural. Y es que es precisamente en pueblos de pequeño tamaño donde se han proyectado las primeras propuestas en Castilla y León. Por el momento, encima de la mesa están las ubicaciones de Torrelobatón (Valladolid) y Monfarracinos (Zamora).Entre las voces a favor, está la de la CEOE autonómica, que destaca que Castilla y León «reúne las condiciones favorables» para acoger estos centros y valora estos proyectos como «una oportunidad estratégica», compartiendo la «necesidad» de que cumplan con las «exigencias ambientales». La Comunidad «cuenta con una elevada capacidad de generación de energía renovable y disponibilidad de suelo y recursos», consideran. Sin embargo, reclama al Gobierno y a Red Eléctrica «planificación» y «reforzar las infraestructuras eléctricas» para «garantizar una capacidad real de acceso y conexión a la red». «El problema no es que Castilla y León carezca de energía o de proyectos interesados en instalarse, sino que la planificación estatal y el desarrollo de la red deben acompañar esas oportunidades. No podemos generar energía renovable en nuestro territorio y, al mismo tiempo, impedir que nuevas inversiones puedan utilizarla por falta de capacidad de conexión«, insiste su secretario David Esteban. En el municipio vallisoletano, que no llega a los 400 habitantes y está situado a casi cuarenta kilómetros de Valladolid, se plantea uno de los mayores centros de datos que existen en España. De la mano de la empresa DC Mudarra S. L. U, con sede en Madrid, el Centro de Datos ‘San Lorenzo’ prevé instalarse en una de las parcelas próximas a los parques eólicos del municipio, aunque no estaría dentro del «radio de afección». El proyecto ha sido sometido a información pública – el periodo de alegaciones finalizó el pasado 2 de septiembre – y está a la espera del visto bueno ambiental. La inversión prevista ronda los 1.600 millones de euros y, de conseguir todas las autorizaciones, instalará un macrocentro de procesamiento de datos en un parcela de más de 100 hectáreas que, según el proyecto sometido a exposición, podría prestar servicio a entidades públicas y privadas. Estaría operativo de forma permanente y compuesto por dos edificios. Así, se prevé la construcción de ocho salas que podrían alcanzar una capacidad máxima de 160 megavatios -80 en cada uno de los edificios- y otros espacios necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura. Entre ellas, una subestación eléctrica propia y cercana a la que existe en La Mudarra para garantizar que a la infraestructura no le falte el suministro energético. Según el texto, el proyecto se abastecerá de energía renovable y bajo la filosofía de «sostenibilidad ambiental», algo para lo que juega con la baza a favor de tener cerca parques eólicos. El empleoEn el apartado de empleo, uno de los que más interesa a ambas partes, la previsión es que se puedan crear un total de 140 puestos de trabajo, 70 por cada una de las construcciones que albergará el centro. Siempre y cuando el centro llegue a su capacidad máxima, algo que dependerá de su nivel de actividad. A los que habría que sumar como indirectos todos los que suponga la construcción. Y entre los elementos de discordia estaría el gasto de energía que esta instalación generaría. Según los cálculos recogidos en la documentación, estaría en torno a los 2.025 gigavatios al año de electricidad , que requerirán, además, miles de metros cúbicos de agua anuales -casi 6.000- para su refrigeración y garantizar la seguridad de que los sistemas funcionan en cualquier escenario. El municipio vallisoletano de Torrelobatón, en una imagen de archivo Diputación de ValladolidMientras, entre los vecinos hay opiniones a favor y en contra, reconoce el alcalde de la localidad, Alfredo Luengo. Pocos detalles, más allá de los publicados por los medios, conocen en el Ayuntamiento. Y es que los permisos iniciales debe aportarlos la Junta de Castilla y León y más adelante, con esos vistos buenos, será el consistorio de Torrelobatón el que tenga que aprobar otros, como, por ejemplo, las licencias de obras. La instalación se proyecta a unos ocho kilómetros del municipio, próximo a unos parques eólicos que pertenecen al mismo promotor y en unos terrenos que, según el regidor, hace como tres décadas que pertenecen a ese propietario. El colectivo vecinal SOS Montes Torozos ya se ha movilizado para oponerse a esta iniciativa. Más de mil firmas llevan recogidas en la plataforma Change.org. Desde la asociación, consideran que será «enorme el volumen de recursos que consumirá», mientras que «el retorno social y laboral» no se generará «más que durante la construcción de la planta». Tanto por su «elevada demanda energética», como por «el consumo de recursos que requiere», especialmente los hídricos, consideran que causará «graves consecuencias para el medio, que no es donde se verán los beneficios».Inteligencia Artificial Por otra parte, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba a mediados de este mes una resolución el Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio por la que iniciaba el procedimiento para declarar como Proyecto Regional un centro de datos de inteligencia artificial en el polígono industrial Zamora norte, en Monfarracinos. El proyecto lo promueve la sociedades Edison Next Spain y, según figura en la documentación, estará orientado a inteligencia artificial y concebido para «ofrecer alta disponibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental». La instalación tendría una capacidad IT total de 200 megavatios distribuidos en cinco edificios -40 en cada uno- de dos plantas en todos ellos.El centro contempla también la instalación de una planta de generación de energía asociada, que sería de solar fotovoltaica -ubicada a 14 kilómetros-, además de motores y baterías. Una de las características singulares de esta instalación es que no estará conectada a la red eléctrica, sino que, operará bajo la modalidad «off-grid». Es decir, se autoabastecerá.Plano de las instalaciones del centro de datos proyectado en Monfarracinos (Zamora) ABCA unos tres kilómetros de Monfarracinos y a ocho de la capital, seis municipios en total estarán incluidos en el proyecto de una u otra forma con más de 1.300 hectáreas afectadas. La energía consumida será un 70 por ciento de carácter renovable y la estimación es que la demanda eléctrica anual del complejo sea de 2.255 kWh al año , explican los promotores en el documento mediante el que se solicita la autorización ambiental. En cuanto al empleo, contempla un total de 372 puestos de trabajo, de los que 69 serían para la planta fotovoltaica. Sobre esta iniciativa ya se ha manifestado en contra la organización Ecologistas en Acción, para quien entraña importantes riesgos. Entre ellos, cita el «expolio hídrico» con «peligro de desabastecimiento para la población» en momentos de sequía, el «riesgo de incendio» por el almacenamiento de baterías o el «ruido continuo» e impacto lumínico de unas instalaciones que tendrán 24 chimeneas de 30 metros de altura, denuncian. En ese escenario, el Gobierno central prepara un decreto en el que marca los nuevos requisitos para estos edificios. Un texto ante el que la Junta ya ha presentado alegaciones al considerar que la norma puede « frenar inversiones futuras en el territorio» e, incluso, pone «en riesgo proyectos ya en marcha». El Ejecutivo regional plantea que la normativa sea «equilibrada y coherente», ya que muchas de las condiciones son «inasumibles» e impiden en la práctica la instalación de «nuevos centros» o amenazan los ya existentes. «Regular no debe significar bloquear», resumía la Junta en un comunicado. Entre quienes componen la firme oposición a estas instalaciones está Izquierda Unida, que, según anunció, presentaría alegaciones a los proyectos. A su juicio, estos macrocentros dan «continuidad a la lógica de exprimir al medio rural para dar servicio a zonas urbanas e industrializadas, sin ofrecer contrapartidas reales a la población». Entre las exigencias, «gravar el consumo de electricidad y agua asociado a estas instalaciones» para que las empresas que se instalan contribuyan «a compensar el impacto que generan». Con grandes extensiones de terreno, Castilla y León comienza a abrirse paso y se postula como buen aspirante para acoger los denominados centros de datos , que empiezan a despegar en España. Se trata de infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones de dimensiones considerables en las que alojar servidores y máquinas que sean capaces de salvaguardar gran cantidad de información y hacerlo, también, de forma segura. En una sociedad eminentemente digital, se hace cada vez más necesario tener un lugar en el que custodiar esos miles y miles de archivos y velar por las comunicaciones. De ahí la importancia de estos ‘data center’, que asoman ya en la Comunidad como una oportunidad económica y de desarrollo en la España vaciada para algunos, pero no exento de críticas y polémica. El gasto de energía y de reservas hídricas son la principal baza de sus detractores -colectivos vecinales, ecologistas y formaciones de izquierda-, en unas instalaciones, que según dicen, no generan tantos puestos de trabajo como para ser un paso adelante para el medio rural. Y es que es precisamente en pueblos de pequeño tamaño donde se han proyectado las primeras propuestas en Castilla y León. Por el momento, encima de la mesa están las ubicaciones de Torrelobatón (Valladolid) y Monfarracinos (Zamora).Entre las voces a favor, está la de la CEOE autonómica, que destaca que Castilla y León «reúne las condiciones favorables» para acoger estos centros y valora estos proyectos como «una oportunidad estratégica», compartiendo la «necesidad» de que cumplan con las «exigencias ambientales». La Comunidad «cuenta con una elevada capacidad de generación de energía renovable y disponibilidad de suelo y recursos», consideran. Sin embargo, reclama al Gobierno y a Red Eléctrica «planificación» y «reforzar las infraestructuras eléctricas» para «garantizar una capacidad real de acceso y conexión a la red». «El problema no es que Castilla y León carezca de energía o de proyectos interesados en instalarse, sino que la planificación estatal y el desarrollo de la red deben acompañar esas oportunidades. No podemos generar energía renovable en nuestro territorio y, al mismo tiempo, impedir que nuevas inversiones puedan utilizarla por falta de capacidad de conexión«, insiste su secretario David Esteban. En el municipio vallisoletano, que no llega a los 400 habitantes y está situado a casi cuarenta kilómetros de Valladolid, se plantea uno de los mayores centros de datos que existen en España. De la mano de la empresa DC Mudarra S. L. U, con sede en Madrid, el Centro de Datos ‘San Lorenzo’ prevé instalarse en una de las parcelas próximas a los parques eólicos del municipio, aunque no estaría dentro del «radio de afección». El proyecto ha sido sometido a información pública – el periodo de alegaciones finalizó el pasado 2 de septiembre – y está a la espera del visto bueno ambiental. La inversión prevista ronda los 1.600 millones de euros y, de conseguir todas las autorizaciones, instalará un macrocentro de procesamiento de datos en un parcela de más de 100 hectáreas que, según el proyecto sometido a exposición, podría prestar servicio a entidades públicas y privadas. Estaría operativo de forma permanente y compuesto por dos edificios. Así, se prevé la construcción de ocho salas que podrían alcanzar una capacidad máxima de 160 megavatios -80 en cada uno de los edificios- y otros espacios necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura. Entre ellas, una subestación eléctrica propia y cercana a la que existe en La Mudarra para garantizar que a la infraestructura no le falte el suministro energético. Según el texto, el proyecto se abastecerá de energía renovable y bajo la filosofía de «sostenibilidad ambiental», algo para lo que juega con la baza a favor de tener cerca parques eólicos. El empleoEn el apartado de empleo, uno de los que más interesa a ambas partes, la previsión es que se puedan crear un total de 140 puestos de trabajo, 70 por cada una de las construcciones que albergará el centro. Siempre y cuando el centro llegue a su capacidad máxima, algo que dependerá de su nivel de actividad. A los que habría que sumar como indirectos todos los que suponga la construcción. Y entre los elementos de discordia estaría el gasto de energía que esta instalación generaría. Según los cálculos recogidos en la documentación, estaría en torno a los 2.025 gigavatios al año de electricidad , que requerirán, además, miles de metros cúbicos de agua anuales -casi 6.000- para su refrigeración y garantizar la seguridad de que los sistemas funcionan en cualquier escenario. El municipio vallisoletano de Torrelobatón, en una imagen de archivo Diputación de ValladolidMientras, entre los vecinos hay opiniones a favor y en contra, reconoce el alcalde de la localidad, Alfredo Luengo. Pocos detalles, más allá de los publicados por los medios, conocen en el Ayuntamiento. Y es que los permisos iniciales debe aportarlos la Junta de Castilla y León y más adelante, con esos vistos buenos, será el consistorio de Torrelobatón el que tenga que aprobar otros, como, por ejemplo, las licencias de obras. La instalación se proyecta a unos ocho kilómetros del municipio, próximo a unos parques eólicos que pertenecen al mismo promotor y en unos terrenos que, según el regidor, hace como tres décadas que pertenecen a ese propietario. El colectivo vecinal SOS Montes Torozos ya se ha movilizado para oponerse a esta iniciativa. Más de mil firmas llevan recogidas en la plataforma Change.org. Desde la asociación, consideran que será «enorme el volumen de recursos que consumirá», mientras que «el retorno social y laboral» no se generará «más que durante la construcción de la planta». Tanto por su «elevada demanda energética», como por «el consumo de recursos que requiere», especialmente los hídricos, consideran que causará «graves consecuencias para el medio, que no es donde se verán los beneficios».Inteligencia Artificial Por otra parte, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba a mediados de este mes una resolución el Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio por la que iniciaba el procedimiento para declarar como Proyecto Regional un centro de datos de inteligencia artificial en el polígono industrial Zamora norte, en Monfarracinos. El proyecto lo promueve la sociedades Edison Next Spain y, según figura en la documentación, estará orientado a inteligencia artificial y concebido para «ofrecer alta disponibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental». La instalación tendría una capacidad IT total de 200 megavatios distribuidos en cinco edificios -40 en cada uno- de dos plantas en todos ellos.El centro contempla también la instalación de una planta de generación de energía asociada, que sería de solar fotovoltaica -ubicada a 14 kilómetros-, además de motores y baterías. Una de las características singulares de esta instalación es que no estará conectada a la red eléctrica, sino que, operará bajo la modalidad «off-grid». Es decir, se autoabastecerá.Plano de las instalaciones del centro de datos proyectado en Monfarracinos (Zamora) ABCA unos tres kilómetros de Monfarracinos y a ocho de la capital, seis municipios en total estarán incluidos en el proyecto de una u otra forma con más de 1.300 hectáreas afectadas. La energía consumida será un 70 por ciento de carácter renovable y la estimación es que la demanda eléctrica anual del complejo sea de 2.255 kWh al año , explican los promotores en el documento mediante el que se solicita la autorización ambiental. En cuanto al empleo, contempla un total de 372 puestos de trabajo, de los que 69 serían para la planta fotovoltaica. Sobre esta iniciativa ya se ha manifestado en contra la organización Ecologistas en Acción, para quien entraña importantes riesgos. Entre ellos, cita el «expolio hídrico» con «peligro de desabastecimiento para la población» en momentos de sequía, el «riesgo de incendio» por el almacenamiento de baterías o el «ruido continuo» e impacto lumínico de unas instalaciones que tendrán 24 chimeneas de 30 metros de altura, denuncian. En ese escenario, el Gobierno central prepara un decreto en el que marca los nuevos requisitos para estos edificios. Un texto ante el que la Junta ya ha presentado alegaciones al considerar que la norma puede « frenar inversiones futuras en el territorio» e, incluso, pone «en riesgo proyectos ya en marcha». El Ejecutivo regional plantea que la normativa sea «equilibrada y coherente», ya que muchas de las condiciones son «inasumibles» e impiden en la práctica la instalación de «nuevos centros» o amenazan los ya existentes. «Regular no debe significar bloquear», resumía la Junta en un comunicado. Entre quienes componen la firme oposición a estas instalaciones está Izquierda Unida, que, según anunció, presentaría alegaciones a los proyectos. A su juicio, estos macrocentros dan «continuidad a la lógica de exprimir al medio rural para dar servicio a zonas urbanas e industrializadas, sin ofrecer contrapartidas reales a la población». Entre las exigencias, «gravar el consumo de electricidad y agua asociado a estas instalaciones» para que las empresas que se instalan contribuyan «a compensar el impacto que generan». Con grandes extensiones de terreno, Castilla y León comienza a abrirse paso y se postula como buen aspirante para acoger los denominados centros de datos , que empiezan a despegar en España. Se trata de infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones de dimensiones considerables en las que alojar servidores y máquinas que sean capaces de salvaguardar gran cantidad de información y hacerlo, también, de forma segura. En una sociedad eminentemente digital, se hace cada vez más necesario tener un lugar en el que custodiar esos miles y miles de archivos y velar por las comunicaciones. De ahí la importancia de estos ‘data center’, que asoman ya en la Comunidad como una oportunidad económica y de desarrollo en la España vaciada para algunos, pero no exento de críticas y polémica. El gasto de energía y de reservas hídricas son la principal baza de sus detractores -colectivos vecinales, ecologistas y formaciones de izquierda-, en unas instalaciones, que según dicen, no generan tantos puestos de trabajo como para ser un paso adelante para el medio rural. Y es que es precisamente en pueblos de pequeño tamaño donde se han proyectado las primeras propuestas en Castilla y León. Por el momento, encima de la mesa están las ubicaciones de Torrelobatón (Valladolid) y Monfarracinos (Zamora).Entre las voces a favor, está la de la CEOE autonómica, que destaca que Castilla y León «reúne las condiciones favorables» para acoger estos centros y valora estos proyectos como «una oportunidad estratégica», compartiendo la «necesidad» de que cumplan con las «exigencias ambientales». La Comunidad «cuenta con una elevada capacidad de generación de energía renovable y disponibilidad de suelo y recursos», consideran. Sin embargo, reclama al Gobierno y a Red Eléctrica «planificación» y «reforzar las infraestructuras eléctricas» para «garantizar una capacidad real de acceso y conexión a la red». «El problema no es que Castilla y León carezca de energía o de proyectos interesados en instalarse, sino que la planificación estatal y el desarrollo de la red deben acompañar esas oportunidades. No podemos generar energía renovable en nuestro territorio y, al mismo tiempo, impedir que nuevas inversiones puedan utilizarla por falta de capacidad de conexión«, insiste su secretario David Esteban. En el municipio vallisoletano, que no llega a los 400 habitantes y está situado a casi cuarenta kilómetros de Valladolid, se plantea uno de los mayores centros de datos que existen en España. De la mano de la empresa DC Mudarra S. L. U, con sede en Madrid, el Centro de Datos ‘San Lorenzo’ prevé instalarse en una de las parcelas próximas a los parques eólicos del municipio, aunque no estaría dentro del «radio de afección». El proyecto ha sido sometido a información pública – el periodo de alegaciones finalizó el pasado 2 de septiembre – y está a la espera del visto bueno ambiental. La inversión prevista ronda los 1.600 millones de euros y, de conseguir todas las autorizaciones, instalará un macrocentro de procesamiento de datos en un parcela de más de 100 hectáreas que, según el proyecto sometido a exposición, podría prestar servicio a entidades públicas y privadas. Estaría operativo de forma permanente y compuesto por dos edificios. Así, se prevé la construcción de ocho salas que podrían alcanzar una capacidad máxima de 160 megavatios -80 en cada uno de los edificios- y otros espacios necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura. Entre ellas, una subestación eléctrica propia y cercana a la que existe en La Mudarra para garantizar que a la infraestructura no le falte el suministro energético. Según el texto, el proyecto se abastecerá de energía renovable y bajo la filosofía de «sostenibilidad ambiental», algo para lo que juega con la baza a favor de tener cerca parques eólicos. El empleoEn el apartado de empleo, uno de los que más interesa a ambas partes, la previsión es que se puedan crear un total de 140 puestos de trabajo, 70 por cada una de las construcciones que albergará el centro. Siempre y cuando el centro llegue a su capacidad máxima, algo que dependerá de su nivel de actividad. A los que habría que sumar como indirectos todos los que suponga la construcción. Y entre los elementos de discordia estaría el gasto de energía que esta instalación generaría. Según los cálculos recogidos en la documentación, estaría en torno a los 2.025 gigavatios al año de electricidad , que requerirán, además, miles de metros cúbicos de agua anuales -casi 6.000- para su refrigeración y garantizar la seguridad de que los sistemas funcionan en cualquier escenario. El municipio vallisoletano de Torrelobatón, en una imagen de archivo Diputación de ValladolidMientras, entre los vecinos hay opiniones a favor y en contra, reconoce el alcalde de la localidad, Alfredo Luengo. Pocos detalles, más allá de los publicados por los medios, conocen en el Ayuntamiento. Y es que los permisos iniciales debe aportarlos la Junta de Castilla y León y más adelante, con esos vistos buenos, será el consistorio de Torrelobatón el que tenga que aprobar otros, como, por ejemplo, las licencias de obras. La instalación se proyecta a unos ocho kilómetros del municipio, próximo a unos parques eólicos que pertenecen al mismo promotor y en unos terrenos que, según el regidor, hace como tres décadas que pertenecen a ese propietario. El colectivo vecinal SOS Montes Torozos ya se ha movilizado para oponerse a esta iniciativa. Más de mil firmas llevan recogidas en la plataforma Change.org. Desde la asociación, consideran que será «enorme el volumen de recursos que consumirá», mientras que «el retorno social y laboral» no se generará «más que durante la construcción de la planta». Tanto por su «elevada demanda energética», como por «el consumo de recursos que requiere», especialmente los hídricos, consideran que causará «graves consecuencias para el medio, que no es donde se verán los beneficios».Inteligencia Artificial Por otra parte, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba a mediados de este mes una resolución el Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio por la que iniciaba el procedimiento para declarar como Proyecto Regional un centro de datos de inteligencia artificial en el polígono industrial Zamora norte, en Monfarracinos. El proyecto lo promueve la sociedades Edison Next Spain y, según figura en la documentación, estará orientado a inteligencia artificial y concebido para «ofrecer alta disponibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental». La instalación tendría una capacidad IT total de 200 megavatios distribuidos en cinco edificios -40 en cada uno- de dos plantas en todos ellos.El centro contempla también la instalación de una planta de generación de energía asociada, que sería de solar fotovoltaica -ubicada a 14 kilómetros-, además de motores y baterías. Una de las características singulares de esta instalación es que no estará conectada a la red eléctrica, sino que, operará bajo la modalidad «off-grid». Es decir, se autoabastecerá.Plano de las instalaciones del centro de datos proyectado en Monfarracinos (Zamora) ABCA unos tres kilómetros de Monfarracinos y a ocho de la capital, seis municipios en total estarán incluidos en el proyecto de una u otra forma con más de 1.300 hectáreas afectadas. La energía consumida será un 70 por ciento de carácter renovable y la estimación es que la demanda eléctrica anual del complejo sea de 2.255 kWh al año , explican los promotores en el documento mediante el que se solicita la autorización ambiental. En cuanto al empleo, contempla un total de 372 puestos de trabajo, de los que 69 serían para la planta fotovoltaica. Sobre esta iniciativa ya se ha manifestado en contra la organización Ecologistas en Acción, para quien entraña importantes riesgos. Entre ellos, cita el «expolio hídrico» con «peligro de desabastecimiento para la población» en momentos de sequía, el «riesgo de incendio» por el almacenamiento de baterías o el «ruido continuo» e impacto lumínico de unas instalaciones que tendrán 24 chimeneas de 30 metros de altura, denuncian. En ese escenario, el Gobierno central prepara un decreto en el que marca los nuevos requisitos para estos edificios. Un texto ante el que la Junta ya ha presentado alegaciones al considerar que la norma puede « frenar inversiones futuras en el territorio» e, incluso, pone «en riesgo proyectos ya en marcha». El Ejecutivo regional plantea que la normativa sea «equilibrada y coherente», ya que muchas de las condiciones son «inasumibles» e impiden en la práctica la instalación de «nuevos centros» o amenazan los ya existentes. «Regular no debe significar bloquear», resumía la Junta en un comunicado. Entre quienes componen la firme oposición a estas instalaciones está Izquierda Unida, que, según anunció, presentaría alegaciones a los proyectos. A su juicio, estos macrocentros dan «continuidad a la lógica de exprimir al medio rural para dar servicio a zonas urbanas e industrializadas, sin ofrecer contrapartidas reales a la población». Entre las exigencias, «gravar el consumo de electricidad y agua asociado a estas instalaciones» para que las empresas que se instalan contribuyan «a compensar el impacto que generan». RSS de noticias de espana
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