La orden fue clara: «No hacer nada, dejarlos acampar». Así lo afirman fuentes policiales del dispositivo que la noche de este sábado estaba desplegado por el centro de Madrid c on motivo de la manifestación del Sindicato de Inquilinas , en protesta por el deshaucio, el miércoles, de Maricarmen , una anciana de 87 años, del piso de renta antigua donde llevaba siete décadas viviendo. La situación recuerda mucho a la vivida hace 15 años, en mayo de 2015, cuando se produjo un campamento similar en el mismo lugar y en vísperas de unas elecciones municipales, autonómicas y generales. Aquello duró dos meses, hasta julio, cuando fueron desalojados los integrantes del movimiento 15-M, y, en noviembre, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue desalojado de La Moncloa por Mariano Rajoy (PP).Las fuentes de toda solvencia consultadas por ABC precisan que la orden de servicio para la manifestación y concentración no incluía ningún apunte sobre una posible ocupación ilegal del espacio público; pero tanto la Policía Nacional como varios periodistas manejaban datos de que esa posibilidad estaba encima de la mesa desde, al menos, el viernes. Los servicios de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid así lo habían trasladado a las instancias correspondientes. Es más, muchos de los concentrados ya tenían preparadas sus tiendas y elementos para pasar días allí. En Sol, además del Sindicato de Inquilinas, hay gente vinculada a Podemos, anarquistas, okupas y las Coordinadoras de Anticapitalistas y Antifascistas, gente que ya participó en el 15-M, informan fuentes del caso.Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, conocía estos extremos. Pero, cuando se dio por finalizada la manifestación comunicada, desde Sol a Cibeles y con fin en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso de los Diputados, decenas de personas anunciaron lo que se sabía: que iban a acampar en la Puerta del Sol, justo delante de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Aunque las reclamaciones del sindicato van dirigidas a los tres estamentos de la administración pública, bien es cierto que se señala con especial interés a la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, a la que culpan de la eclosión de los fondos de inversión con intereses inmobiliarios; y aprovechan la polémica por la adquisición del ático de lujo en Chamberí para vilipendiarla.Y lo hicieron en total calma porque no los esperaban los antidisturbios: «El despliegue de las Unidades de Intervención Policial (UIP) era de cuatro grupos, unos 120 agentes, porque la plantilla no está al 100% (lo que hubiese elevado la cifra a unos dos centenares); pero con esta cantidad estábamos más que habilitados para evitar la acampada o echarlos de allí; sin embargo, la orden fue no hacer nada contra ellos, dejarlos quedarse, dejarlos acampar», añaden las fuentes consultadas, que lo achacan, sin ningún género de dudas, a una decisión política del Gobierno central.Es cierto que el protocolo para una actuación sobre masas cuando se está cometiendo una ilegalidad requiere de los criterios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia; pero, insisten, en este caso se daban. Es más, lo lógico hubiese sido haber evitado el inicio del asentamiento, más que actuar sobre él cuando ya estaba desplegado. Malestar policial internoTanto es así, que hoy domingo, por la mañana, hay muchas más tiendas puestas en medio de la plaza. Ayer, cuando comenzaron a llegar, apenas había tres coches patrulla rotulados de la Policía Municipal de Madrid (los que siempre están de vigilancia estática en la plaza, que los sábados por la noche se llena aún más de viandantes) y un solo furgón de las UIP. Pero nadie hizo nada.A esto se suma el malestar interno en la Policía Nacional por el requerimiento del propio Francisco Martín al jefe superior, tanto en público como en privado, de un informe exhaustivo sobre la actuación durante el desahucio de Maricarmen y de los miembros del Sindicato de Inquilinas en la calle del Alcalde Sainz de Baranda (Retiro), el miércoles pasado. Dijo que las imágenes que había visto del operativo no le habían gustado, tras las quejas de los activistas. Horas antes, había manifestado en X que la orden de desalojo era de una juez y que Delegación del Gobierno no tenía nada que ver con el dispositivo. Los sindicatos del ramo han denunciado el uso político que, a su juicio, se está haciendo con ellos. Así, a mediodía de este miércoles, tampoco consta que haya una orden oficial para echar a los campistas del centro de Madrid. El martes está previsto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe el decreto que endurecerá este tipo de lanzamientos y las compras de inmuebles por parte de fondos de inversión como el que ha desalojado a Maricarmen. Quizá entonces, si los manifestantes lo consideran suficiente para sus reclamanciones, el campamento se levante. La orden fue clara: «No hacer nada, dejarlos acampar». Así lo afirman fuentes policiales del dispositivo que la noche de este sábado estaba desplegado por el centro de Madrid c on motivo de la manifestación del Sindicato de Inquilinas , en protesta por el deshaucio, el miércoles, de Maricarmen , una anciana de 87 años, del piso de renta antigua donde llevaba siete décadas viviendo. La situación recuerda mucho a la vivida hace 15 años, en mayo de 2015, cuando se produjo un campamento similar en el mismo lugar y en vísperas de unas elecciones municipales, autonómicas y generales. Aquello duró dos meses, hasta julio, cuando fueron desalojados los integrantes del movimiento 15-M, y, en noviembre, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue desalojado de La Moncloa por Mariano Rajoy (PP).Las fuentes de toda solvencia consultadas por ABC precisan que la orden de servicio para la manifestación y concentración no incluía ningún apunte sobre una posible ocupación ilegal del espacio público; pero tanto la Policía Nacional como varios periodistas manejaban datos de que esa posibilidad estaba encima de la mesa desde, al menos, el viernes. Los servicios de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid así lo habían trasladado a las instancias correspondientes. Es más, muchos de los concentrados ya tenían preparadas sus tiendas y elementos para pasar días allí. En Sol, además del Sindicato de Inquilinas, hay gente vinculada a Podemos, anarquistas, okupas y las Coordinadoras de Anticapitalistas y Antifascistas, gente que ya participó en el 15-M, informan fuentes del caso.Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, conocía estos extremos. Pero, cuando se dio por finalizada la manifestación comunicada, desde Sol a Cibeles y con fin en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso de los Diputados, decenas de personas anunciaron lo que se sabía: que iban a acampar en la Puerta del Sol, justo delante de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Aunque las reclamaciones del sindicato van dirigidas a los tres estamentos de la administración pública, bien es cierto que se señala con especial interés a la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, a la que culpan de la eclosión de los fondos de inversión con intereses inmobiliarios; y aprovechan la polémica por la adquisición del ático de lujo en Chamberí para vilipendiarla.Y lo hicieron en total calma porque no los esperaban los antidisturbios: «El despliegue de las Unidades de Intervención Policial (UIP) era de cuatro grupos, unos 120 agentes, porque la plantilla no está al 100% (lo que hubiese elevado la cifra a unos dos centenares); pero con esta cantidad estábamos más que habilitados para evitar la acampada o echarlos de allí; sin embargo, la orden fue no hacer nada contra ellos, dejarlos quedarse, dejarlos acampar», añaden las fuentes consultadas, que lo achacan, sin ningún género de dudas, a una decisión política del Gobierno central.Es cierto que el protocolo para una actuación sobre masas cuando se está cometiendo una ilegalidad requiere de los criterios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia; pero, insisten, en este caso se daban. Es más, lo lógico hubiese sido haber evitado el inicio del asentamiento, más que actuar sobre él cuando ya estaba desplegado. Malestar policial internoTanto es así, que hoy domingo, por la mañana, hay muchas más tiendas puestas en medio de la plaza. Ayer, cuando comenzaron a llegar, apenas había tres coches patrulla rotulados de la Policía Municipal de Madrid (los que siempre están de vigilancia estática en la plaza, que los sábados por la noche se llena aún más de viandantes) y un solo furgón de las UIP. Pero nadie hizo nada.A esto se suma el malestar interno en la Policía Nacional por el requerimiento del propio Francisco Martín al jefe superior, tanto en público como en privado, de un informe exhaustivo sobre la actuación durante el desahucio de Maricarmen y de los miembros del Sindicato de Inquilinas en la calle del Alcalde Sainz de Baranda (Retiro), el miércoles pasado. Dijo que las imágenes que había visto del operativo no le habían gustado, tras las quejas de los activistas. Horas antes, había manifestado en X que la orden de desalojo era de una juez y que Delegación del Gobierno no tenía nada que ver con el dispositivo. Los sindicatos del ramo han denunciado el uso político que, a su juicio, se está haciendo con ellos. Así, a mediodía de este miércoles, tampoco consta que haya una orden oficial para echar a los campistas del centro de Madrid. El martes está previsto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe el decreto que endurecerá este tipo de lanzamientos y las compras de inmuebles por parte de fondos de inversión como el que ha desalojado a Maricarmen. Quizá entonces, si los manifestantes lo consideran suficiente para sus reclamanciones, el campamento se levante. La orden fue clara: «No hacer nada, dejarlos acampar». Así lo afirman fuentes policiales del dispositivo que la noche de este sábado estaba desplegado por el centro de Madrid c on motivo de la manifestación del Sindicato de Inquilinas , en protesta por el deshaucio, el miércoles, de Maricarmen , una anciana de 87 años, del piso de renta antigua donde llevaba siete décadas viviendo. La situación recuerda mucho a la vivida hace 15 años, en mayo de 2015, cuando se produjo un campamento similar en el mismo lugar y en vísperas de unas elecciones municipales, autonómicas y generales. Aquello duró dos meses, hasta julio, cuando fueron desalojados los integrantes del movimiento 15-M, y, en noviembre, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue desalojado de La Moncloa por Mariano Rajoy (PP).Las fuentes de toda solvencia consultadas por ABC precisan que la orden de servicio para la manifestación y concentración no incluía ningún apunte sobre una posible ocupación ilegal del espacio público; pero tanto la Policía Nacional como varios periodistas manejaban datos de que esa posibilidad estaba encima de la mesa desde, al menos, el viernes. Los servicios de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid así lo habían trasladado a las instancias correspondientes. Es más, muchos de los concentrados ya tenían preparadas sus tiendas y elementos para pasar días allí. En Sol, además del Sindicato de Inquilinas, hay gente vinculada a Podemos, anarquistas, okupas y las Coordinadoras de Anticapitalistas y Antifascistas, gente que ya participó en el 15-M, informan fuentes del caso.Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, conocía estos extremos. Pero, cuando se dio por finalizada la manifestación comunicada, desde Sol a Cibeles y con fin en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso de los Diputados, decenas de personas anunciaron lo que se sabía: que iban a acampar en la Puerta del Sol, justo delante de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Aunque las reclamaciones del sindicato van dirigidas a los tres estamentos de la administración pública, bien es cierto que se señala con especial interés a la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, a la que culpan de la eclosión de los fondos de inversión con intereses inmobiliarios; y aprovechan la polémica por la adquisición del ático de lujo en Chamberí para vilipendiarla.Y lo hicieron en total calma porque no los esperaban los antidisturbios: «El despliegue de las Unidades de Intervención Policial (UIP) era de cuatro grupos, unos 120 agentes, porque la plantilla no está al 100% (lo que hubiese elevado la cifra a unos dos centenares); pero con esta cantidad estábamos más que habilitados para evitar la acampada o echarlos de allí; sin embargo, la orden fue no hacer nada contra ellos, dejarlos quedarse, dejarlos acampar», añaden las fuentes consultadas, que lo achacan, sin ningún género de dudas, a una decisión política del Gobierno central.Es cierto que el protocolo para una actuación sobre masas cuando se está cometiendo una ilegalidad requiere de los criterios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia; pero, insisten, en este caso se daban. Es más, lo lógico hubiese sido haber evitado el inicio del asentamiento, más que actuar sobre él cuando ya estaba desplegado. Malestar policial internoTanto es así, que hoy domingo, por la mañana, hay muchas más tiendas puestas en medio de la plaza. Ayer, cuando comenzaron a llegar, apenas había tres coches patrulla rotulados de la Policía Municipal de Madrid (los que siempre están de vigilancia estática en la plaza, que los sábados por la noche se llena aún más de viandantes) y un solo furgón de las UIP. Pero nadie hizo nada.A esto se suma el malestar interno en la Policía Nacional por el requerimiento del propio Francisco Martín al jefe superior, tanto en público como en privado, de un informe exhaustivo sobre la actuación durante el desahucio de Maricarmen y de los miembros del Sindicato de Inquilinas en la calle del Alcalde Sainz de Baranda (Retiro), el miércoles pasado. Dijo que las imágenes que había visto del operativo no le habían gustado, tras las quejas de los activistas. Horas antes, había manifestado en X que la orden de desalojo era de una juez y que Delegación del Gobierno no tenía nada que ver con el dispositivo. Los sindicatos del ramo han denunciado el uso político que, a su juicio, se está haciendo con ellos. Así, a mediodía de este miércoles, tampoco consta que haya una orden oficial para echar a los campistas del centro de Madrid. El martes está previsto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe el decreto que endurecerá este tipo de lanzamientos y las compras de inmuebles por parte de fondos de inversión como el que ha desalojado a Maricarmen. Quizá entonces, si los manifestantes lo consideran suficiente para sus reclamanciones, el campamento se levante. RSS de noticias de espana
Noticias Similares
