En 2006 España inició la construcción de más de 665.000 viviendas, un volumen que superaba en solitario al conjunto de Alemania, Francia y Reino Unido. Entre 1994 y 2007 se levantaron seis millones de casas. Dos décadas después, el mismo país arrastra un déficit que BBVA Research cifra en 807.000 viviendas este año y 885.000 el próximo. La pregunta que surge es obvia: ¿cómo se pasa de sobrar ladrillo a faltar techo?La respuesta debe empezar por desmontar la nostalgia. Aquel boom no respondía a una necesidad real de vivienda, sino a una burbuja de crédito. El acceso fácil a hipotecas y la especulación del suelo multiplicaron por doce el endeudamiento hipotecario entre 1994 y 2007. Se construía para vender sobre plano y titulizar, no porque España generase 665.000 hogares nuevos cada año a pesar de que estábamos en plena ola migratoria desde Ecuador. Cuando estalló la crisis financiera, el mercado no pudo absorber la oferta acumulada: de esas 665.000 viviendas iniciadas se pasó a menos de 200.000 en los años siguientes, un nivel del que nunca se ha recuperado.Ese colapso dejó tres heridas: menos capacidad instalada, al desaparecer miles de constructoras entre 2008 y 2013; crédito promotor más restrictivo tras la crisis de las cajas; y escasez de suelo finalista, cuello de botella señalado por BBVA Research. A esto se suma un choque de costes: los materiales han subido entre un 30% y 43% en la última década, con nuevos picos por la guerra en Irán. Desde 2008 España construye solo 0,6 viviendas por hogar nuevo, uno de los peores registros de Europa.En este contexto llega la primera respuesta del Gobierno con cierta lógica: ya no incentivará la demanda con avales hipotecarios, que fracasaron al cubrir solo el 20% de lo previsto, sino subvencionar la oferta, que todo el mundo reconoce como el problema central. El ICO condonará hasta el 30% del crédito a promotores de vivienda asequible en alquiler, hasta 1.875 millones.Pero ahí aparece la contradicción de fondo: el incentivo apunta al alquiler, y el alquiler es el segmento que el propio Gobierno ha maltratado con la Ley de Vivienda. Los datos del segundo trimestre de 2026 lo confirman: en todas las capitales con zona tensionada declarada, salvo Gerona, la oferta de alquiler permanente ha caído, según Idealista; en La Coruña, un 22,5%, con el precio congelado. Varios informes cifran la caída de stock entre el 20% y el 40% en los mercados intervenidos, con menor rotación y selección de inquilinos más estricta: el alquiler se ha convertido en un casting donde solo entra quien ofrece más garantías, y las rentas bajas quedan fuera.El resultado es que el Gobierno construye con una mano lo que desincentiva con la otra: regala hasta 1.875 millones para levantar pisos en alquiler asequible, mientras el marco de precios tasados reduce su rentabilidad y expulsa del mercado formal a los inquilinos con menos solvencia. Es la confesión, en forma de cheque público (que pagaremos todos), de que el modelo que un día construyó demasiado hoy no encuentra motivos para construir lo suficiente, y que intervenir sobre los precios ha encarecido el acceso a quienes menos margen tienen para competir por un piso. En 2006 España inició la construcción de más de 665.000 viviendas, un volumen que superaba en solitario al conjunto de Alemania, Francia y Reino Unido. Entre 1994 y 2007 se levantaron seis millones de casas. Dos décadas después, el mismo país arrastra un déficit que BBVA Research cifra en 807.000 viviendas este año y 885.000 el próximo. La pregunta que surge es obvia: ¿cómo se pasa de sobrar ladrillo a faltar techo?La respuesta debe empezar por desmontar la nostalgia. Aquel boom no respondía a una necesidad real de vivienda, sino a una burbuja de crédito. El acceso fácil a hipotecas y la especulación del suelo multiplicaron por doce el endeudamiento hipotecario entre 1994 y 2007. Se construía para vender sobre plano y titulizar, no porque España generase 665.000 hogares nuevos cada año a pesar de que estábamos en plena ola migratoria desde Ecuador. Cuando estalló la crisis financiera, el mercado no pudo absorber la oferta acumulada: de esas 665.000 viviendas iniciadas se pasó a menos de 200.000 en los años siguientes, un nivel del que nunca se ha recuperado.Ese colapso dejó tres heridas: menos capacidad instalada, al desaparecer miles de constructoras entre 2008 y 2013; crédito promotor más restrictivo tras la crisis de las cajas; y escasez de suelo finalista, cuello de botella señalado por BBVA Research. A esto se suma un choque de costes: los materiales han subido entre un 30% y 43% en la última década, con nuevos picos por la guerra en Irán. Desde 2008 España construye solo 0,6 viviendas por hogar nuevo, uno de los peores registros de Europa.En este contexto llega la primera respuesta del Gobierno con cierta lógica: ya no incentivará la demanda con avales hipotecarios, que fracasaron al cubrir solo el 20% de lo previsto, sino subvencionar la oferta, que todo el mundo reconoce como el problema central. El ICO condonará hasta el 30% del crédito a promotores de vivienda asequible en alquiler, hasta 1.875 millones.Pero ahí aparece la contradicción de fondo: el incentivo apunta al alquiler, y el alquiler es el segmento que el propio Gobierno ha maltratado con la Ley de Vivienda. Los datos del segundo trimestre de 2026 lo confirman: en todas las capitales con zona tensionada declarada, salvo Gerona, la oferta de alquiler permanente ha caído, según Idealista; en La Coruña, un 22,5%, con el precio congelado. Varios informes cifran la caída de stock entre el 20% y el 40% en los mercados intervenidos, con menor rotación y selección de inquilinos más estricta: el alquiler se ha convertido en un casting donde solo entra quien ofrece más garantías, y las rentas bajas quedan fuera.El resultado es que el Gobierno construye con una mano lo que desincentiva con la otra: regala hasta 1.875 millones para levantar pisos en alquiler asequible, mientras el marco de precios tasados reduce su rentabilidad y expulsa del mercado formal a los inquilinos con menos solvencia. Es la confesión, en forma de cheque público (que pagaremos todos), de que el modelo que un día construyó demasiado hoy no encuentra motivos para construir lo suficiente, y que intervenir sobre los precios ha encarecido el acceso a quienes menos margen tienen para competir por un piso. En 2006 España inició la construcción de más de 665.000 viviendas, un volumen que superaba en solitario al conjunto de Alemania, Francia y Reino Unido. Entre 1994 y 2007 se levantaron seis millones de casas. Dos décadas después, el mismo país arrastra un déficit que BBVA Research cifra en 807.000 viviendas este año y 885.000 el próximo. La pregunta que surge es obvia: ¿cómo se pasa de sobrar ladrillo a faltar techo?La respuesta debe empezar por desmontar la nostalgia. Aquel boom no respondía a una necesidad real de vivienda, sino a una burbuja de crédito. El acceso fácil a hipotecas y la especulación del suelo multiplicaron por doce el endeudamiento hipotecario entre 1994 y 2007. Se construía para vender sobre plano y titulizar, no porque España generase 665.000 hogares nuevos cada año a pesar de que estábamos en plena ola migratoria desde Ecuador. Cuando estalló la crisis financiera, el mercado no pudo absorber la oferta acumulada: de esas 665.000 viviendas iniciadas se pasó a menos de 200.000 en los años siguientes, un nivel del que nunca se ha recuperado.Ese colapso dejó tres heridas: menos capacidad instalada, al desaparecer miles de constructoras entre 2008 y 2013; crédito promotor más restrictivo tras la crisis de las cajas; y escasez de suelo finalista, cuello de botella señalado por BBVA Research. A esto se suma un choque de costes: los materiales han subido entre un 30% y 43% en la última década, con nuevos picos por la guerra en Irán. Desde 2008 España construye solo 0,6 viviendas por hogar nuevo, uno de los peores registros de Europa.En este contexto llega la primera respuesta del Gobierno con cierta lógica: ya no incentivará la demanda con avales hipotecarios, que fracasaron al cubrir solo el 20% de lo previsto, sino subvencionar la oferta, que todo el mundo reconoce como el problema central. El ICO condonará hasta el 30% del crédito a promotores de vivienda asequible en alquiler, hasta 1.875 millones.Pero ahí aparece la contradicción de fondo: el incentivo apunta al alquiler, y el alquiler es el segmento que el propio Gobierno ha maltratado con la Ley de Vivienda. Los datos del segundo trimestre de 2026 lo confirman: en todas las capitales con zona tensionada declarada, salvo Gerona, la oferta de alquiler permanente ha caído, según Idealista; en La Coruña, un 22,5%, con el precio congelado. Varios informes cifran la caída de stock entre el 20% y el 40% en los mercados intervenidos, con menor rotación y selección de inquilinos más estricta: el alquiler se ha convertido en un casting donde solo entra quien ofrece más garantías, y las rentas bajas quedan fuera.El resultado es que el Gobierno construye con una mano lo que desincentiva con la otra: regala hasta 1.875 millones para levantar pisos en alquiler asequible, mientras el marco de precios tasados reduce su rentabilidad y expulsa del mercado formal a los inquilinos con menos solvencia. Es la confesión, en forma de cheque público (que pagaremos todos), de que el modelo que un día construyó demasiado hoy no encuentra motivos para construir lo suficiente, y que intervenir sobre los precios ha encarecido el acceso a quienes menos margen tienen para competir por un piso. RSS de noticias de economia
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