El Ministerio de Cultura confía en aprobar después del verano la ley del Cine, bloqueada desde 2022, tras asegurarse el apoyo de Junts con nuevas garantías para las lenguas cooficiales. El texto, que supondría la primera ley de Ernest Urtasun al frente del departamento, llega a la recta final en un momento de debilidad parlamentaria del Gobierno y con una denuncia del PP ante la Mesa del Congreso por hurtar el debate a la Comisión de Cultura. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, los populares sostienen que la ponencia de la Comisión de Cultura celebrada este jueves recibió un informe ya cerrado por el ministerio y pactado previamente con los socios del Ejecutivo, sin que la oposición hubiera podido conocer su contenido ni participar en su elaboración. El PP denuncia que Sumar presentó un texto elaborado «desde el despacho del secretario de Estado» y no desde el órgano parlamentario encargado de redactar el informe. Según el PP, que ha registrado este viernes el escrito, la propuesta no identifica qué enmiendas se incorporan, ni con qué grupos se han pactado, ni qué apoyos tienen las modificaciones incluidas. Esa falta de detalle, alega el partido, le ha impedido intervenir en una fase esencial del procedimiento legislativo. Por eso solicita una nueva reunión de la ponencia, para que sean los diputados designados –y no el ministerio– quienes deliberen y elaboren el informe que después debe votar la Comisión. «Al texto le faltaba el logo del Ministerio de Cultura», ironizan fuentes populares: «Las leyes se negocian en el Congreso, no en el despacho de un secretario de Estado».Cultura acelera así una norma que Miquel Iceta impulsó para actualizar la ley de 2007 y adaptarla a un ecosistema audiovisual dominado también por las series, las plataformas y los nuevos hábitos de consumo. Iceta llevó el proyecto al Consejo de Ministros en 2022, pero el adelanto electoral frustró su aprobación. Urtasun recuperó el texto con la promesa de sacarlo adelante cuanto antes. Llegó a prometer su aprobación antes de 2025, pero solo ha logrado desbloquearlo tras aceptar varias exigencias de Junts . La principal concesión a los independentistas es el blindaje de las lenguas cooficiales, la ‘enmienda Cataluña’ de Junts. El texto reserva al menos un 15 por ciento del fondo de protección a la cinematografía para obras en lenguas oficiales distintas del castellano. También prevé una deducción del 80 por ciento para las producciones rodadas íntegramente en esas lenguas y permite que computen con valor doble en las cuotas de cine europeo o iberoamericano que deben cumplir las salas. En las comunidades con lengua propia, las ayudas a exhibidores buscarán además que al menos el 15 por ciento de las sesiones correspondan a películas proyectadas en esas lenguas. El acuerdo incorpora asimismo reservas específicas para territorios insulares, en particular Canarias y Baleares.Productor independienteEl ministerio también ha pactado enmiendas para reforzar las cuotas de género. La reserva de fondos para proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres pasa del 30 al 35 por ciento, y se introduce por primera vez una reserva mínima del 40 por ciento de las ayudas para guiones escritos únicamente por mujeres. Como ocurre con las lenguas cooficiales, las películas dirigidas exclusivamente por mujeres computarán doble para cumplir las cuotas de pantalla. Otro punto sensible es la definición de productor independiente. Cultura la retoca después de la polémica generada por la ley Audiovisual de 2022, que permitió a grandes grupos acogerse a esa categoría. Sin embargo, las productoras independientes no están satisfechas. La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) acusó hace un mes al ministerio de no contar con ellas en la redacción de la ley y sostiene que el planteamiento de 2022 ya no sirve para 2026. El malestar no se limita a las productoras. Otras trece entidades, entre ellas distribuidores, exhibidores y televisiones, difundieron otro comunicado para reclamar más tiempo de análisis. La Academia de Cine se ha unido a esta petición. En el sector ha sorprendido que, tras meses de escasos avances, el ministerio tenga ahora tanta prisa. Las asociaciones piden que el proceso se haga «desde el máximo consenso posible» y con participación efectiva de todos los agentes. El sector pide que el proceso se haga «desde el máximo consenso posible» y con participación efectiva de todos los agentesTambién Cedro, la entidad que gestiona derechos de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, rechaza una disposición del proyecto que modifica la ley de Propiedad Intelectual. El texto habilita a los centros educativos a poner libros a disposición de alumnos y docentes en «entornos digitales seguros». La entidad advierte de que muchas consejerías trabajan con grandes tecnológicas que desarrollan herramientas de inteligencia artificial y que podrían explotar esos contenidos para minería de datos.«Esto presenta un alto riesgo para los derechos de autor de escritores, editores y resto de creadores debido a la falta de trazabilidad, la opacidad en los entornos cerrados y la posible explotación comercial sin remuneración para los titulares», afirma Jorge Corrales, director general de Cedro. Aunque ese punto ya figuraba en la redacción de 2022, la irrupción de la inteligencia artificial ha cambiado, a juicio de la entidad, el alcance del problema. «El secretario de Educación y la ministra están haciendo dejación de sus responsabilidades, y algunos consejeros también». La nueva ley del Cine aspira a ampliar el marco vigente desde 2007 y a regular la cultura audiovisual en sentido amplio, incluidas series y plataformas de ‘streaming’. Entre las novedades que ya en 2022 se destacaron figura la obligación de que plataformas y televisiones faciliten datos de visionados y audiencias, así como cambios en la ley del Patrimonio Histórico Español para reconocer al audiovisual una identidad propia. El Ministerio de Cultura confía en aprobar después del verano la ley del Cine, bloqueada desde 2022, tras asegurarse el apoyo de Junts con nuevas garantías para las lenguas cooficiales. El texto, que supondría la primera ley de Ernest Urtasun al frente del departamento, llega a la recta final en un momento de debilidad parlamentaria del Gobierno y con una denuncia del PP ante la Mesa del Congreso por hurtar el debate a la Comisión de Cultura. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, los populares sostienen que la ponencia de la Comisión de Cultura celebrada este jueves recibió un informe ya cerrado por el ministerio y pactado previamente con los socios del Ejecutivo, sin que la oposición hubiera podido conocer su contenido ni participar en su elaboración. El PP denuncia que Sumar presentó un texto elaborado «desde el despacho del secretario de Estado» y no desde el órgano parlamentario encargado de redactar el informe. Según el PP, que ha registrado este viernes el escrito, la propuesta no identifica qué enmiendas se incorporan, ni con qué grupos se han pactado, ni qué apoyos tienen las modificaciones incluidas. Esa falta de detalle, alega el partido, le ha impedido intervenir en una fase esencial del procedimiento legislativo. Por eso solicita una nueva reunión de la ponencia, para que sean los diputados designados –y no el ministerio– quienes deliberen y elaboren el informe que después debe votar la Comisión. «Al texto le faltaba el logo del Ministerio de Cultura», ironizan fuentes populares: «Las leyes se negocian en el Congreso, no en el despacho de un secretario de Estado».Cultura acelera así una norma que Miquel Iceta impulsó para actualizar la ley de 2007 y adaptarla a un ecosistema audiovisual dominado también por las series, las plataformas y los nuevos hábitos de consumo. Iceta llevó el proyecto al Consejo de Ministros en 2022, pero el adelanto electoral frustró su aprobación. Urtasun recuperó el texto con la promesa de sacarlo adelante cuanto antes. Llegó a prometer su aprobación antes de 2025, pero solo ha logrado desbloquearlo tras aceptar varias exigencias de Junts . La principal concesión a los independentistas es el blindaje de las lenguas cooficiales, la ‘enmienda Cataluña’ de Junts. El texto reserva al menos un 15 por ciento del fondo de protección a la cinematografía para obras en lenguas oficiales distintas del castellano. También prevé una deducción del 80 por ciento para las producciones rodadas íntegramente en esas lenguas y permite que computen con valor doble en las cuotas de cine europeo o iberoamericano que deben cumplir las salas. En las comunidades con lengua propia, las ayudas a exhibidores buscarán además que al menos el 15 por ciento de las sesiones correspondan a películas proyectadas en esas lenguas. El acuerdo incorpora asimismo reservas específicas para territorios insulares, en particular Canarias y Baleares.Productor independienteEl ministerio también ha pactado enmiendas para reforzar las cuotas de género. La reserva de fondos para proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres pasa del 30 al 35 por ciento, y se introduce por primera vez una reserva mínima del 40 por ciento de las ayudas para guiones escritos únicamente por mujeres. Como ocurre con las lenguas cooficiales, las películas dirigidas exclusivamente por mujeres computarán doble para cumplir las cuotas de pantalla. Otro punto sensible es la definición de productor independiente. Cultura la retoca después de la polémica generada por la ley Audiovisual de 2022, que permitió a grandes grupos acogerse a esa categoría. Sin embargo, las productoras independientes no están satisfechas. La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) acusó hace un mes al ministerio de no contar con ellas en la redacción de la ley y sostiene que el planteamiento de 2022 ya no sirve para 2026. El malestar no se limita a las productoras. Otras trece entidades, entre ellas distribuidores, exhibidores y televisiones, difundieron otro comunicado para reclamar más tiempo de análisis. La Academia de Cine se ha unido a esta petición. En el sector ha sorprendido que, tras meses de escasos avances, el ministerio tenga ahora tanta prisa. Las asociaciones piden que el proceso se haga «desde el máximo consenso posible» y con participación efectiva de todos los agentes. El sector pide que el proceso se haga «desde el máximo consenso posible» y con participación efectiva de todos los agentesTambién Cedro, la entidad que gestiona derechos de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, rechaza una disposición del proyecto que modifica la ley de Propiedad Intelectual. El texto habilita a los centros educativos a poner libros a disposición de alumnos y docentes en «entornos digitales seguros». La entidad advierte de que muchas consejerías trabajan con grandes tecnológicas que desarrollan herramientas de inteligencia artificial y que podrían explotar esos contenidos para minería de datos.«Esto presenta un alto riesgo para los derechos de autor de escritores, editores y resto de creadores debido a la falta de trazabilidad, la opacidad en los entornos cerrados y la posible explotación comercial sin remuneración para los titulares», afirma Jorge Corrales, director general de Cedro. Aunque ese punto ya figuraba en la redacción de 2022, la irrupción de la inteligencia artificial ha cambiado, a juicio de la entidad, el alcance del problema. «El secretario de Educación y la ministra están haciendo dejación de sus responsabilidades, y algunos consejeros también». La nueva ley del Cine aspira a ampliar el marco vigente desde 2007 y a regular la cultura audiovisual en sentido amplio, incluidas series y plataformas de ‘streaming’. Entre las novedades que ya en 2022 se destacaron figura la obligación de que plataformas y televisiones faciliten datos de visionados y audiencias, así como cambios en la ley del Patrimonio Histórico Español para reconocer al audiovisual una identidad propia. El Ministerio de Cultura confía en aprobar después del verano la ley del Cine, bloqueada desde 2022, tras asegurarse el apoyo de Junts con nuevas garantías para las lenguas cooficiales. El texto, que supondría la primera ley de Ernest Urtasun al frente del departamento, llega a la recta final en un momento de debilidad parlamentaria del Gobierno y con una denuncia del PP ante la Mesa del Congreso por hurtar el debate a la Comisión de Cultura. En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, los populares sostienen que la ponencia de la Comisión de Cultura celebrada este jueves recibió un informe ya cerrado por el ministerio y pactado previamente con los socios del Ejecutivo, sin que la oposición hubiera podido conocer su contenido ni participar en su elaboración. El PP denuncia que Sumar presentó un texto elaborado «desde el despacho del secretario de Estado» y no desde el órgano parlamentario encargado de redactar el informe. Según el PP, que ha registrado este viernes el escrito, la propuesta no identifica qué enmiendas se incorporan, ni con qué grupos se han pactado, ni qué apoyos tienen las modificaciones incluidas. Esa falta de detalle, alega el partido, le ha impedido intervenir en una fase esencial del procedimiento legislativo. Por eso solicita una nueva reunión de la ponencia, para que sean los diputados designados –y no el ministerio– quienes deliberen y elaboren el informe que después debe votar la Comisión. «Al texto le faltaba el logo del Ministerio de Cultura», ironizan fuentes populares: «Las leyes se negocian en el Congreso, no en el despacho de un secretario de Estado».Cultura acelera así una norma que Miquel Iceta impulsó para actualizar la ley de 2007 y adaptarla a un ecosistema audiovisual dominado también por las series, las plataformas y los nuevos hábitos de consumo. Iceta llevó el proyecto al Consejo de Ministros en 2022, pero el adelanto electoral frustró su aprobación. Urtasun recuperó el texto con la promesa de sacarlo adelante cuanto antes. Llegó a prometer su aprobación antes de 2025, pero solo ha logrado desbloquearlo tras aceptar varias exigencias de Junts . La principal concesión a los independentistas es el blindaje de las lenguas cooficiales, la ‘enmienda Cataluña’ de Junts. El texto reserva al menos un 15 por ciento del fondo de protección a la cinematografía para obras en lenguas oficiales distintas del castellano. También prevé una deducción del 80 por ciento para las producciones rodadas íntegramente en esas lenguas y permite que computen con valor doble en las cuotas de cine europeo o iberoamericano que deben cumplir las salas. En las comunidades con lengua propia, las ayudas a exhibidores buscarán además que al menos el 15 por ciento de las sesiones correspondan a películas proyectadas en esas lenguas. El acuerdo incorpora asimismo reservas específicas para territorios insulares, en particular Canarias y Baleares.Productor independienteEl ministerio también ha pactado enmiendas para reforzar las cuotas de género. La reserva de fondos para proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres pasa del 30 al 35 por ciento, y se introduce por primera vez una reserva mínima del 40 por ciento de las ayudas para guiones escritos únicamente por mujeres. Como ocurre con las lenguas cooficiales, las películas dirigidas exclusivamente por mujeres computarán doble para cumplir las cuotas de pantalla. Otro punto sensible es la definición de productor independiente. Cultura la retoca después de la polémica generada por la ley Audiovisual de 2022, que permitió a grandes grupos acogerse a esa categoría. Sin embargo, las productoras independientes no están satisfechas. La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) acusó hace un mes al ministerio de no contar con ellas en la redacción de la ley y sostiene que el planteamiento de 2022 ya no sirve para 2026. El malestar no se limita a las productoras. Otras trece entidades, entre ellas distribuidores, exhibidores y televisiones, difundieron otro comunicado para reclamar más tiempo de análisis. La Academia de Cine se ha unido a esta petición. En el sector ha sorprendido que, tras meses de escasos avances, el ministerio tenga ahora tanta prisa. Las asociaciones piden que el proceso se haga «desde el máximo consenso posible» y con participación efectiva de todos los agentes. El sector pide que el proceso se haga «desde el máximo consenso posible» y con participación efectiva de todos los agentesTambién Cedro, la entidad que gestiona derechos de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, rechaza una disposición del proyecto que modifica la ley de Propiedad Intelectual. El texto habilita a los centros educativos a poner libros a disposición de alumnos y docentes en «entornos digitales seguros». La entidad advierte de que muchas consejerías trabajan con grandes tecnológicas que desarrollan herramientas de inteligencia artificial y que podrían explotar esos contenidos para minería de datos.«Esto presenta un alto riesgo para los derechos de autor de escritores, editores y resto de creadores debido a la falta de trazabilidad, la opacidad en los entornos cerrados y la posible explotación comercial sin remuneración para los titulares», afirma Jorge Corrales, director general de Cedro. Aunque ese punto ya figuraba en la redacción de 2022, la irrupción de la inteligencia artificial ha cambiado, a juicio de la entidad, el alcance del problema. «El secretario de Educación y la ministra están haciendo dejación de sus responsabilidades, y algunos consejeros también». La nueva ley del Cine aspira a ampliar el marco vigente desde 2007 y a regular la cultura audiovisual en sentido amplio, incluidas series y plataformas de ‘streaming’. Entre las novedades que ya en 2022 se destacaron figura la obligación de que plataformas y televisiones faciliten datos de visionados y audiencias, así como cambios en la ley del Patrimonio Histórico Español para reconocer al audiovisual una identidad propia. RSS de noticias de cultura
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