El Concello de Muras, gobernado en minoría por el nacionalista Manuel Requeijo desde 2015, habría estado durante todos estos años abonando facturas por prestación de servicios a despachos de abogados vulnerando los límites del contrato menor que establece la legislación estatal y en contra de las advertencias del interventor municipal, que encontraba en estos pagos motivos suficientes para emitir sucesivos informes de reparo. En total, 387.805 euros en facturas a abogados durante una década para un concello de que no llega a los 600 habitantes. Para el PP, que denunció la pasada semana estos hechos en el juzgado, Requeijo estaría incurriendo en un presunto delito de prevaricación continuada.En la denuncia -a la que ha tenido acceso ABC- se señala directamente a los despachos Stellgus SL y Leseo Bufete Legal SCP, así como a la abogada Montserrat Calvo Ríos, administradora del primero y socia de la segundo. En una de las firmas «aparece también el Letrado D. Óscar Insua Lema», teniente de alcalde y exconcejal del BNG en Corcubión, y en la actualidad diputado nacionalista en el Parlamento de Galicia. Calvo Ríos es, además, la pareja de Fernando de Abel Vilela, uno de los asesores legales de Adega y candidato del BNG a la Vicevaledoría do Pobo, designación que el PP ha bloqueado por no considerarlo un perfil idóneo para el puesto. Estas dos sociedades «estarían integradas o relacionadas con profesionales coincidentes», lo que lleva al PP a contemplar la posibilidad de que se estén «utilizando personas jurídicas vinculadas entre sí para presentar como separados pagos que, materialmente, responderían a una misma o sustancialmente coincidente prestación de servicios jurídicos al Ayuntamiento». Es decir, que se repartieran de manera artificial los pagos entre los dos despachos de abogados cuando estarían vinculados a la prestación de un mismo servicio.Superación de límitesSegún los datos incorporados a la denuncia, tanto uno como otro despacho habrían facturado al Concello una iguala durante años, es decir, una misma cantidad durante meses para una asistencia jurídica, se emplee o no, aunque también «existen a mayores facturas por otros importes que podrían no tener el mismo objeto pero que por su concepto podrían haberse incluido en la iguala». El PP interpreta que se superan los 18.000 euros + IVA (límite hasta marzo de 2018) y los 15.000 euros + IVA (tope desde esa fecha) del contrato menor «en varios ejercicios», ya sea Leseo Bufete Legal de manera individual, «y en otros, superación de dicho límite o agravación de dicha superación por la suma del importe de la facturación simultánea con Stellgus SL, estando ambas sociedades vinculadas».En la denuncia, el PP recuerda que «la superación del límite del contrato menor requeriría acudir a la concurrencia pública por alguna de las modalidades que para esos umbrales establece la legislación de contratación pública». Pero a pesar de la insistente petición de la portavoz municipal del PP Eugenia Requeijo «no consta la existencia de ningún contrato» que amparara la prestación de los servicios, más allá del límite «del contrato menor».«Podríamos estar ante un fraccionamiento de contrato, dividiendo la facturación entre diferentes sociedades para camuflar la superación del límite legal cuantitativo del contrato menor», umbral que se sobrepasaría «por una sola de las sociedades en varios ejercicios sin activar el procedimiento de contratación exigible». En el caso de Leseo Bufete Legal, eso sucedería en los ejercicios 2019 (22.687,5 €), 2020 y 2021 (27.225 € en cada uno), 2022 (22.687,5 €), y de 2023 a 2025 (27.225 € por año), «superando ampliamente el límite del contrato menor de servicios.El PP sospecha que se podrían estar usando dos despachos para dividir los pagos de un mismo servicioLos populares son más cautos en el caso de Stellgus SL, porque como reconocen en la denuncia, hasta marzo de 2018 la normativa permitía acudir en los contratos de servicios «y bajo determinadas condiciones» a procedimientos negociados -es decir, exentos de concurrencia pública- por un máximo de 30.000 euros más IVA. Por tanto, no descartan que «los pagos realizados realizados a Stellgus pudieran encontrarse amparados por uno o varios contratos administrativos formalizados mediante dicho procedimiento». Dichos contratos no le fueron facilitados por el Concello a los denunciantes, tan solo la relación de facturas. Solicitan al juez que este aspecto se dilucide durante la instrucción de la denuncia, que está todavía pendiente de admisión a trámite.Conocía las irregularidades Entiende el PP que esto supera la mera irregularidad administrativa, sino que alcanza trascendencia penal, al considerar que el alcalde Manuel Requeijo actuó de manera consciente, dado que levantó los distintos reparos del interventor municipal, lo que «permitía al denunciado conocer la irregularidad de esos pagos, y pese a ello, ordenó que siguieran abonando facturas a esas sociedades». No solo eso, sino que «en los últimos ejercicios se ha pagado además servicios a una profesional miembro de dichas sociedades», en referencia a Montse Castro Ríos, a la que se le han abonado algo más de 23.000 euros en ocho facturas entre 2023 y 2025.Es más, el hecho de que sea una iguala -una mensualidad por una misma cantidad fijada previamente- permitiría al alcalde «saber desde el inicio de cada anualidad que se iba a superar el límite» del contrato menor, y en vez de acudir a otra fórmula contractual siguió «levantando los reparos» de legalidad planteados desde la Intervención municipal. Insiste el PP en que «no se denuncia el pago aislado de una factura por un servicio ya prestado, sino el mantenimiento de un sistema de facturación por encima del límite legal para este tipo de contrato, de forma continuada». «Se está vulnerando reiteradamente el límite del contrato menor de servicios», resalta la denuncia, «evitando acudir al procedimiento de contratación legalmente exigible». MÁS INFORMACIÓN noticia Si Caso Tomé: La juez cotejará unos mensajes en los que la víctima le dice que no es «una prostituta»No es la primera vez que el PP llama la atención por los pagos a estos dos despachos de abogados. En abril de 2023, la portavoz Eugenia Requeijo ya advirtió de la existencia de 250.000 euros en facturas por servicios de asesoría «por trabajos que deberían hacer los funcionarios», desde el secretario municipal a otros trabajadores del Concello. En la denuncia presentada el viernes en los juzgados de Vilalba, el PP incide en el hecho de que «estás prácticas se estén produciendo en un Ayuntamiento que solamente cuenta con 577 habitantes, lo que determina que parezca absolutamente desproporcionado e incluso desorbitado que se hayan abonado servicios jurídicos a sociedades y profesionales vinculados entre sí», destacando las relaciones con «un destacado miembro del BNG [el diputado Insua], mismo partido al que pertenece el alcalde denunciado». El Concello de Muras, gobernado en minoría por el nacionalista Manuel Requeijo desde 2015, habría estado durante todos estos años abonando facturas por prestación de servicios a despachos de abogados vulnerando los límites del contrato menor que establece la legislación estatal y en contra de las advertencias del interventor municipal, que encontraba en estos pagos motivos suficientes para emitir sucesivos informes de reparo. En total, 387.805 euros en facturas a abogados durante una década para un concello de que no llega a los 600 habitantes. Para el PP, que denunció la pasada semana estos hechos en el juzgado, Requeijo estaría incurriendo en un presunto delito de prevaricación continuada.En la denuncia -a la que ha tenido acceso ABC- se señala directamente a los despachos Stellgus SL y Leseo Bufete Legal SCP, así como a la abogada Montserrat Calvo Ríos, administradora del primero y socia de la segundo. En una de las firmas «aparece también el Letrado D. Óscar Insua Lema», teniente de alcalde y exconcejal del BNG en Corcubión, y en la actualidad diputado nacionalista en el Parlamento de Galicia. Calvo Ríos es, además, la pareja de Fernando de Abel Vilela, uno de los asesores legales de Adega y candidato del BNG a la Vicevaledoría do Pobo, designación que el PP ha bloqueado por no considerarlo un perfil idóneo para el puesto. Estas dos sociedades «estarían integradas o relacionadas con profesionales coincidentes», lo que lleva al PP a contemplar la posibilidad de que se estén «utilizando personas jurídicas vinculadas entre sí para presentar como separados pagos que, materialmente, responderían a una misma o sustancialmente coincidente prestación de servicios jurídicos al Ayuntamiento». Es decir, que se repartieran de manera artificial los pagos entre los dos despachos de abogados cuando estarían vinculados a la prestación de un mismo servicio.Superación de límitesSegún los datos incorporados a la denuncia, tanto uno como otro despacho habrían facturado al Concello una iguala durante años, es decir, una misma cantidad durante meses para una asistencia jurídica, se emplee o no, aunque también «existen a mayores facturas por otros importes que podrían no tener el mismo objeto pero que por su concepto podrían haberse incluido en la iguala». El PP interpreta que se superan los 18.000 euros + IVA (límite hasta marzo de 2018) y los 15.000 euros + IVA (tope desde esa fecha) del contrato menor «en varios ejercicios», ya sea Leseo Bufete Legal de manera individual, «y en otros, superación de dicho límite o agravación de dicha superación por la suma del importe de la facturación simultánea con Stellgus SL, estando ambas sociedades vinculadas».En la denuncia, el PP recuerda que «la superación del límite del contrato menor requeriría acudir a la concurrencia pública por alguna de las modalidades que para esos umbrales establece la legislación de contratación pública». Pero a pesar de la insistente petición de la portavoz municipal del PP Eugenia Requeijo «no consta la existencia de ningún contrato» que amparara la prestación de los servicios, más allá del límite «del contrato menor».«Podríamos estar ante un fraccionamiento de contrato, dividiendo la facturación entre diferentes sociedades para camuflar la superación del límite legal cuantitativo del contrato menor», umbral que se sobrepasaría «por una sola de las sociedades en varios ejercicios sin activar el procedimiento de contratación exigible». En el caso de Leseo Bufete Legal, eso sucedería en los ejercicios 2019 (22.687,5 €), 2020 y 2021 (27.225 € en cada uno), 2022 (22.687,5 €), y de 2023 a 2025 (27.225 € por año), «superando ampliamente el límite del contrato menor de servicios.El PP sospecha que se podrían estar usando dos despachos para dividir los pagos de un mismo servicioLos populares son más cautos en el caso de Stellgus SL, porque como reconocen en la denuncia, hasta marzo de 2018 la normativa permitía acudir en los contratos de servicios «y bajo determinadas condiciones» a procedimientos negociados -es decir, exentos de concurrencia pública- por un máximo de 30.000 euros más IVA. Por tanto, no descartan que «los pagos realizados realizados a Stellgus pudieran encontrarse amparados por uno o varios contratos administrativos formalizados mediante dicho procedimiento». Dichos contratos no le fueron facilitados por el Concello a los denunciantes, tan solo la relación de facturas. Solicitan al juez que este aspecto se dilucide durante la instrucción de la denuncia, que está todavía pendiente de admisión a trámite.Conocía las irregularidades Entiende el PP que esto supera la mera irregularidad administrativa, sino que alcanza trascendencia penal, al considerar que el alcalde Manuel Requeijo actuó de manera consciente, dado que levantó los distintos reparos del interventor municipal, lo que «permitía al denunciado conocer la irregularidad de esos pagos, y pese a ello, ordenó que siguieran abonando facturas a esas sociedades». No solo eso, sino que «en los últimos ejercicios se ha pagado además servicios a una profesional miembro de dichas sociedades», en referencia a Montse Castro Ríos, a la que se le han abonado algo más de 23.000 euros en ocho facturas entre 2023 y 2025.Es más, el hecho de que sea una iguala -una mensualidad por una misma cantidad fijada previamente- permitiría al alcalde «saber desde el inicio de cada anualidad que se iba a superar el límite» del contrato menor, y en vez de acudir a otra fórmula contractual siguió «levantando los reparos» de legalidad planteados desde la Intervención municipal. Insiste el PP en que «no se denuncia el pago aislado de una factura por un servicio ya prestado, sino el mantenimiento de un sistema de facturación por encima del límite legal para este tipo de contrato, de forma continuada». «Se está vulnerando reiteradamente el límite del contrato menor de servicios», resalta la denuncia, «evitando acudir al procedimiento de contratación legalmente exigible». MÁS INFORMACIÓN noticia Si Caso Tomé: La juez cotejará unos mensajes en los que la víctima le dice que no es «una prostituta»No es la primera vez que el PP llama la atención por los pagos a estos dos despachos de abogados. En abril de 2023, la portavoz Eugenia Requeijo ya advirtió de la existencia de 250.000 euros en facturas por servicios de asesoría «por trabajos que deberían hacer los funcionarios», desde el secretario municipal a otros trabajadores del Concello. En la denuncia presentada el viernes en los juzgados de Vilalba, el PP incide en el hecho de que «estás prácticas se estén produciendo en un Ayuntamiento que solamente cuenta con 577 habitantes, lo que determina que parezca absolutamente desproporcionado e incluso desorbitado que se hayan abonado servicios jurídicos a sociedades y profesionales vinculados entre sí», destacando las relaciones con «un destacado miembro del BNG [el diputado Insua], mismo partido al que pertenece el alcalde denunciado». El Concello de Muras, gobernado en minoría por el nacionalista Manuel Requeijo desde 2015, habría estado durante todos estos años abonando facturas por prestación de servicios a despachos de abogados vulnerando los límites del contrato menor que establece la legislación estatal y en contra de las advertencias del interventor municipal, que encontraba en estos pagos motivos suficientes para emitir sucesivos informes de reparo. En total, 387.805 euros en facturas a abogados durante una década para un concello de que no llega a los 600 habitantes. Para el PP, que denunció la pasada semana estos hechos en el juzgado, Requeijo estaría incurriendo en un presunto delito de prevaricación continuada.En la denuncia -a la que ha tenido acceso ABC- se señala directamente a los despachos Stellgus SL y Leseo Bufete Legal SCP, así como a la abogada Montserrat Calvo Ríos, administradora del primero y socia de la segundo. En una de las firmas «aparece también el Letrado D. Óscar Insua Lema», teniente de alcalde y exconcejal del BNG en Corcubión, y en la actualidad diputado nacionalista en el Parlamento de Galicia. Calvo Ríos es, además, la pareja de Fernando de Abel Vilela, uno de los asesores legales de Adega y candidato del BNG a la Vicevaledoría do Pobo, designación que el PP ha bloqueado por no considerarlo un perfil idóneo para el puesto. Estas dos sociedades «estarían integradas o relacionadas con profesionales coincidentes», lo que lleva al PP a contemplar la posibilidad de que se estén «utilizando personas jurídicas vinculadas entre sí para presentar como separados pagos que, materialmente, responderían a una misma o sustancialmente coincidente prestación de servicios jurídicos al Ayuntamiento». Es decir, que se repartieran de manera artificial los pagos entre los dos despachos de abogados cuando estarían vinculados a la prestación de un mismo servicio.Superación de límitesSegún los datos incorporados a la denuncia, tanto uno como otro despacho habrían facturado al Concello una iguala durante años, es decir, una misma cantidad durante meses para una asistencia jurídica, se emplee o no, aunque también «existen a mayores facturas por otros importes que podrían no tener el mismo objeto pero que por su concepto podrían haberse incluido en la iguala». El PP interpreta que se superan los 18.000 euros + IVA (límite hasta marzo de 2018) y los 15.000 euros + IVA (tope desde esa fecha) del contrato menor «en varios ejercicios», ya sea Leseo Bufete Legal de manera individual, «y en otros, superación de dicho límite o agravación de dicha superación por la suma del importe de la facturación simultánea con Stellgus SL, estando ambas sociedades vinculadas».En la denuncia, el PP recuerda que «la superación del límite del contrato menor requeriría acudir a la concurrencia pública por alguna de las modalidades que para esos umbrales establece la legislación de contratación pública». Pero a pesar de la insistente petición de la portavoz municipal del PP Eugenia Requeijo «no consta la existencia de ningún contrato» que amparara la prestación de los servicios, más allá del límite «del contrato menor».«Podríamos estar ante un fraccionamiento de contrato, dividiendo la facturación entre diferentes sociedades para camuflar la superación del límite legal cuantitativo del contrato menor», umbral que se sobrepasaría «por una sola de las sociedades en varios ejercicios sin activar el procedimiento de contratación exigible». En el caso de Leseo Bufete Legal, eso sucedería en los ejercicios 2019 (22.687,5 €), 2020 y 2021 (27.225 € en cada uno), 2022 (22.687,5 €), y de 2023 a 2025 (27.225 € por año), «superando ampliamente el límite del contrato menor de servicios.El PP sospecha que se podrían estar usando dos despachos para dividir los pagos de un mismo servicioLos populares son más cautos en el caso de Stellgus SL, porque como reconocen en la denuncia, hasta marzo de 2018 la normativa permitía acudir en los contratos de servicios «y bajo determinadas condiciones» a procedimientos negociados -es decir, exentos de concurrencia pública- por un máximo de 30.000 euros más IVA. Por tanto, no descartan que «los pagos realizados realizados a Stellgus pudieran encontrarse amparados por uno o varios contratos administrativos formalizados mediante dicho procedimiento». Dichos contratos no le fueron facilitados por el Concello a los denunciantes, tan solo la relación de facturas. Solicitan al juez que este aspecto se dilucide durante la instrucción de la denuncia, que está todavía pendiente de admisión a trámite.Conocía las irregularidades Entiende el PP que esto supera la mera irregularidad administrativa, sino que alcanza trascendencia penal, al considerar que el alcalde Manuel Requeijo actuó de manera consciente, dado que levantó los distintos reparos del interventor municipal, lo que «permitía al denunciado conocer la irregularidad de esos pagos, y pese a ello, ordenó que siguieran abonando facturas a esas sociedades». No solo eso, sino que «en los últimos ejercicios se ha pagado además servicios a una profesional miembro de dichas sociedades», en referencia a Montse Castro Ríos, a la que se le han abonado algo más de 23.000 euros en ocho facturas entre 2023 y 2025.Es más, el hecho de que sea una iguala -una mensualidad por una misma cantidad fijada previamente- permitiría al alcalde «saber desde el inicio de cada anualidad que se iba a superar el límite» del contrato menor, y en vez de acudir a otra fórmula contractual siguió «levantando los reparos» de legalidad planteados desde la Intervención municipal. Insiste el PP en que «no se denuncia el pago aislado de una factura por un servicio ya prestado, sino el mantenimiento de un sistema de facturación por encima del límite legal para este tipo de contrato, de forma continuada». «Se está vulnerando reiteradamente el límite del contrato menor de servicios», resalta la denuncia, «evitando acudir al procedimiento de contratación legalmente exigible». MÁS INFORMACIÓN noticia Si Caso Tomé: La juez cotejará unos mensajes en los que la víctima le dice que no es «una prostituta»No es la primera vez que el PP llama la atención por los pagos a estos dos despachos de abogados. En abril de 2023, la portavoz Eugenia Requeijo ya advirtió de la existencia de 250.000 euros en facturas por servicios de asesoría «por trabajos que deberían hacer los funcionarios», desde el secretario municipal a otros trabajadores del Concello. En la denuncia presentada el viernes en los juzgados de Vilalba, el PP incide en el hecho de que «estás prácticas se estén produciendo en un Ayuntamiento que solamente cuenta con 577 habitantes, lo que determina que parezca absolutamente desproporcionado e incluso desorbitado que se hayan abonado servicios jurídicos a sociedades y profesionales vinculados entre sí», destacando las relaciones con «un destacado miembro del BNG [el diputado Insua], mismo partido al que pertenece el alcalde denunciado». 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