Si hay un caso de acoso escolar que ha conmocionado a la sociedad española en el último año, ese ha sido el de Sandra Peña , la chica sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir el bullying por parte de tres de sus compañeras del colegio. El hecho de que el centro escolar en el que estudiaba no activara el protocolo de acoso encendió el debate sobre si las medidas llevadas a cabo en el mismo son realmente efectivas para evitar un desenlace fatal como el ocurrido con Sandra.A raíz del suicidio de la niña y de la denuncia de la familia a la Junta de Andalucía de medidas correctoras para evitar que casos así se vuelvan a repetir, la Consejería de Educación organizó a finales de enero de este 2026 el primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, ‘Andalucía frente al acoso’, donde se recogieron varias propuestas en las conclusiones.Los cambios normativos propuestos se han implementado ya a través del Decreto de Simplificación Administrativa de Educación aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado mes de agosto, en el que se introdujeron cambios en el protocolo de acoso, incorporando una medida de especial relevancia para reforzar la protección del alumnado frente al acoso escolar. Dicha medida tiene que ver con la medida disciplinaria de cambio de centro del alumnado responsable de conductas de acoso en los institutos de educación secundaria, ya que hasta ahora tenía que ser en muchas ocasiones la víctima del acoso la que cambiara de centro por petición de las propias familias, que no podían soportar la situación de que agresor y agredido convivieran en el mismo centro.«Con esta medida se dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar el clima escolar, asegurar un entorno educativo protegido y aporta mayor seguridad jurídica a las direcciones escolares», aseguran desde la Consejería.Además, también se implantó otro cambio normativo que tiene que ver con el protocolo de doce pasos de la Junta. Los centros deben comunicar obligatoriamente a la inspección educativa el posible caso de acosos en el primero de los doce pasos. Hasta ahora era en el segundo, si no se cerraba antes el caso. Cabe señalar que la mayoría de los protocolos se cierran con las primeras medidas, porque suelen ser conflictos puntuales entre alumnos, para lo cual se reúne a los alumnos y a las familias y la mayor parte de las veces se resuelve el conflicto. Estiman así en la Junta de Andalucía que para la administración es más fácil constatar la alerta de inmediato y realizar el seguimiento y el asesoramiento al centro sin esperar a que la escalada pueda ir a más.Cabe recordar que el pasado 14 de octubre se cumplió un año del suicidio de Sandra Peña, que la causa penal exoneró al centro de responsabilidades pero sí aseguró que no tomó medidas como activar el protocolo antiacoso. La Fiscalía de Sevilla acusó a dos de las tres menores investigadas por acoso en el caso de Sandra Peña por delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, por lo que ahora resta que traslade sus conclusiones al Juzgado de Menores, que será quien califique y sentencie si hay o no delito de las menores. Una vez obtenga el auto del Juzgado, Educación lo incorporará al expediente sancionador y establecerá la sanción que aplica al centro educativo, que en el caso de ser muy grave implicaría la retirada del concierto. Si hay un caso de acoso escolar que ha conmocionado a la sociedad española en el último año, ese ha sido el de Sandra Peña , la chica sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir el bullying por parte de tres de sus compañeras del colegio. El hecho de que el centro escolar en el que estudiaba no activara el protocolo de acoso encendió el debate sobre si las medidas llevadas a cabo en el mismo son realmente efectivas para evitar un desenlace fatal como el ocurrido con Sandra.A raíz del suicidio de la niña y de la denuncia de la familia a la Junta de Andalucía de medidas correctoras para evitar que casos así se vuelvan a repetir, la Consejería de Educación organizó a finales de enero de este 2026 el primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, ‘Andalucía frente al acoso’, donde se recogieron varias propuestas en las conclusiones.Los cambios normativos propuestos se han implementado ya a través del Decreto de Simplificación Administrativa de Educación aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado mes de agosto, en el que se introdujeron cambios en el protocolo de acoso, incorporando una medida de especial relevancia para reforzar la protección del alumnado frente al acoso escolar. Dicha medida tiene que ver con la medida disciplinaria de cambio de centro del alumnado responsable de conductas de acoso en los institutos de educación secundaria, ya que hasta ahora tenía que ser en muchas ocasiones la víctima del acoso la que cambiara de centro por petición de las propias familias, que no podían soportar la situación de que agresor y agredido convivieran en el mismo centro.«Con esta medida se dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar el clima escolar, asegurar un entorno educativo protegido y aporta mayor seguridad jurídica a las direcciones escolares», aseguran desde la Consejería.Además, también se implantó otro cambio normativo que tiene que ver con el protocolo de doce pasos de la Junta. Los centros deben comunicar obligatoriamente a la inspección educativa el posible caso de acosos en el primero de los doce pasos. Hasta ahora era en el segundo, si no se cerraba antes el caso. Cabe señalar que la mayoría de los protocolos se cierran con las primeras medidas, porque suelen ser conflictos puntuales entre alumnos, para lo cual se reúne a los alumnos y a las familias y la mayor parte de las veces se resuelve el conflicto. Estiman así en la Junta de Andalucía que para la administración es más fácil constatar la alerta de inmediato y realizar el seguimiento y el asesoramiento al centro sin esperar a que la escalada pueda ir a más.Cabe recordar que el pasado 14 de octubre se cumplió un año del suicidio de Sandra Peña, que la causa penal exoneró al centro de responsabilidades pero sí aseguró que no tomó medidas como activar el protocolo antiacoso. La Fiscalía de Sevilla acusó a dos de las tres menores investigadas por acoso en el caso de Sandra Peña por delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, por lo que ahora resta que traslade sus conclusiones al Juzgado de Menores, que será quien califique y sentencie si hay o no delito de las menores. Una vez obtenga el auto del Juzgado, Educación lo incorporará al expediente sancionador y establecerá la sanción que aplica al centro educativo, que en el caso de ser muy grave implicaría la retirada del concierto. Si hay un caso de acoso escolar que ha conmocionado a la sociedad española en el último año, ese ha sido el de Sandra Peña , la chica sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir el bullying por parte de tres de sus compañeras del colegio. El hecho de que el centro escolar en el que estudiaba no activara el protocolo de acoso encendió el debate sobre si las medidas llevadas a cabo en el mismo son realmente efectivas para evitar un desenlace fatal como el ocurrido con Sandra.A raíz del suicidio de la niña y de la denuncia de la familia a la Junta de Andalucía de medidas correctoras para evitar que casos así se vuelvan a repetir, la Consejería de Educación organizó a finales de enero de este 2026 el primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, ‘Andalucía frente al acoso’, donde se recogieron varias propuestas en las conclusiones.Los cambios normativos propuestos se han implementado ya a través del Decreto de Simplificación Administrativa de Educación aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado mes de agosto, en el que se introdujeron cambios en el protocolo de acoso, incorporando una medida de especial relevancia para reforzar la protección del alumnado frente al acoso escolar. Dicha medida tiene que ver con la medida disciplinaria de cambio de centro del alumnado responsable de conductas de acoso en los institutos de educación secundaria, ya que hasta ahora tenía que ser en muchas ocasiones la víctima del acoso la que cambiara de centro por petición de las propias familias, que no podían soportar la situación de que agresor y agredido convivieran en el mismo centro.«Con esta medida se dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar el clima escolar, asegurar un entorno educativo protegido y aporta mayor seguridad jurídica a las direcciones escolares», aseguran desde la Consejería.Además, también se implantó otro cambio normativo que tiene que ver con el protocolo de doce pasos de la Junta. Los centros deben comunicar obligatoriamente a la inspección educativa el posible caso de acosos en el primero de los doce pasos. Hasta ahora era en el segundo, si no se cerraba antes el caso. Cabe señalar que la mayoría de los protocolos se cierran con las primeras medidas, porque suelen ser conflictos puntuales entre alumnos, para lo cual se reúne a los alumnos y a las familias y la mayor parte de las veces se resuelve el conflicto. Estiman así en la Junta de Andalucía que para la administración es más fácil constatar la alerta de inmediato y realizar el seguimiento y el asesoramiento al centro sin esperar a que la escalada pueda ir a más.Cabe recordar que el pasado 14 de octubre se cumplió un año del suicidio de Sandra Peña, que la causa penal exoneró al centro de responsabilidades pero sí aseguró que no tomó medidas como activar el protocolo antiacoso. La Fiscalía de Sevilla acusó a dos de las tres menores investigadas por acoso en el caso de Sandra Peña por delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, por lo que ahora resta que traslade sus conclusiones al Juzgado de Menores, que será quien califique y sentencie si hay o no delito de las menores. Una vez obtenga el auto del Juzgado, Educación lo incorporará al expediente sancionador y establecerá la sanción que aplica al centro educativo, que en el caso de ser muy grave implicaría la retirada del concierto. RSS de noticias de espana/andalucia
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