El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el polémico Real Decreto Ley que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Pese al riesgo de que se produzca una fuga de inversión ante la exigente normativa, que obliga, entre otros aspectos, a que el 80% de la energía que se consume sea renovable nueva en cada tramo horario, el Gobierno ha dado luz verde a esta normativa «pionera», en palabras de Sara Aagesen.El Real Decreto Ley, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, incluye un periodo transitorio y opcional para aquellos proyectos que ya están en marcha ante las fuertes críticas recibidas por parte del sector. «No es una moratoria», ha aclarado Aagesen, sino un periodo de adaptación por el cuál, hasta el 31 de diciembre de 2028, el consumo de energía renovable puede ser del 60%, que aumentará al 70% en 2029 para que, una vez cumplidos los cinco años, en 2032 el 80% del consumo provenga de energía renovable. La contrapartida para adherirse a este periodo transitorio es que ante una eventual tensión de la red, los centros podrán ser desconectados.El primer borrador del decreto no contemplaba esta flexibilización y exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Este fue el requisito que más revolvió a las empresas y que ya en le segundo decreto se rebajó.«Los centros de datos pueden aflorar en el territorio cumpliendo estos criterios. Son inversiones adicionales pero se pueden dar. España es un lugar para invertir, pero queremos hacerlo bajo estos estándares», ha respondido Aagesen ante la posible fuga de inversión a la que se expone España.La norma incluye también la exigencia de que todos los centros tengan etiqueta energética A, tanto por el consumo de agua, que implicaría un 0,1 litro por kilovatio, como en materia de consumo energético. Para este último, y dadas las diferencias climáticas a las que están sometidos los centros de cada territorio, las condiciones variarán para adaptarse a las características de cada zona. Estas exigencias en materia de sostenibilidad suponen un ahorro en la factura de los ciudadanos de unos 5.000 millones y un 25% en el caso de la industria, según la ministra. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el polémico Real Decreto Ley que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Pese al riesgo de que se produzca una fuga de inversión ante la exigente normativa, que obliga, entre otros aspectos, a que el 80% de la energía que se consume sea renovable nueva en cada tramo horario, el Gobierno ha dado luz verde a esta normativa «pionera», en palabras de Sara Aagesen.El Real Decreto Ley, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, incluye un periodo transitorio y opcional para aquellos proyectos que ya están en marcha ante las fuertes críticas recibidas por parte del sector. «No es una moratoria», ha aclarado Aagesen, sino un periodo de adaptación por el cuál, hasta el 31 de diciembre de 2028, el consumo de energía renovable puede ser del 60%, que aumentará al 70% en 2029 para que, una vez cumplidos los cinco años, en 2032 el 80% del consumo provenga de energía renovable. La contrapartida para adherirse a este periodo transitorio es que ante una eventual tensión de la red, los centros podrán ser desconectados.El primer borrador del decreto no contemplaba esta flexibilización y exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Este fue el requisito que más revolvió a las empresas y que ya en le segundo decreto se rebajó.«Los centros de datos pueden aflorar en el territorio cumpliendo estos criterios. Son inversiones adicionales pero se pueden dar. España es un lugar para invertir, pero queremos hacerlo bajo estos estándares», ha respondido Aagesen ante la posible fuga de inversión a la que se expone España.La norma incluye también la exigencia de que todos los centros tengan etiqueta energética A, tanto por el consumo de agua, que implicaría un 0,1 litro por kilovatio, como en materia de consumo energético. Para este último, y dadas las diferencias climáticas a las que están sometidos los centros de cada territorio, las condiciones variarán para adaptarse a las características de cada zona. Estas exigencias en materia de sostenibilidad suponen un ahorro en la factura de los ciudadanos de unos 5.000 millones y un 25% en el caso de la industria, según la ministra. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el polémico Real Decreto Ley que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Pese al riesgo de que se produzca una fuga de inversión ante la exigente normativa, que obliga, entre otros aspectos, a que el 80% de la energía que se consume sea renovable nueva en cada tramo horario, el Gobierno ha dado luz verde a esta normativa «pionera», en palabras de Sara Aagesen.El Real Decreto Ley, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, incluye un periodo transitorio y opcional para aquellos proyectos que ya están en marcha ante las fuertes críticas recibidas por parte del sector. «No es una moratoria», ha aclarado Aagesen, sino un periodo de adaptación por el cuál, hasta el 31 de diciembre de 2028, el consumo de energía renovable puede ser del 60%, que aumentará al 70% en 2029 para que, una vez cumplidos los cinco años, en 2032 el 80% del consumo provenga de energía renovable. La contrapartida para adherirse a este periodo transitorio es que ante una eventual tensión de la red, los centros podrán ser desconectados.El primer borrador del decreto no contemplaba esta flexibilización y exigía de forma uniforme que al menos el 80% de la energía consumida en cada hora del año estuviera respaldada por generación renovable en esa misma hora. Este fue el requisito que más revolvió a las empresas y que ya en le segundo decreto se rebajó.«Los centros de datos pueden aflorar en el territorio cumpliendo estos criterios. Son inversiones adicionales pero se pueden dar. España es un lugar para invertir, pero queremos hacerlo bajo estos estándares», ha respondido Aagesen ante la posible fuga de inversión a la que se expone España.La norma incluye también la exigencia de que todos los centros tengan etiqueta energética A, tanto por el consumo de agua, que implicaría un 0,1 litro por kilovatio, como en materia de consumo energético. Para este último, y dadas las diferencias climáticas a las que están sometidos los centros de cada territorio, las condiciones variarán para adaptarse a las características de cada zona. Estas exigencias en materia de sostenibilidad suponen un ahorro en la factura de los ciudadanos de unos 5.000 millones y un 25% en el caso de la industria, según la ministra. RSS de noticias de economia
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