Discriminar a 500 niñas frente al resto de menores hombres, para acelerar su traslado a la Península desde Ceuta, no es posible con la ley aprobada por este Gobierno el año pasado. El artículo 5 de la contingencia migratoria no permite hacer esa diferenciación, de tal forma que el Ejecutivo se ve obligado a pertrechar otro mecanismo legal para priorizar la salida de las mujeres por su situación de vulnerabilidad, pese a la supuesta «normalidad» que según los ministros hay en Ceuta desde el segundo día de la invasión.Esta pasada semana, tal como avanzó ABC y confirmó posteriormente el Ministerio de Juventud e Infancia, el departamento de Sira Rego planteó la posibilidad de evacuar en primer lugar a medio millar de niñas, algunas de 13 años, que pueden haber sido o pueden ser víctimas de abusos o agresiones sexuales. Aunque inicialmente habló de un supuesto pacto con la ciudad de Ceuta para ello, tras negar ese acuerdo el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, admitió este jueves que todavía no había una propuesta concreta.Precisamente la falta de un texto definitivo, que permita dar salida a estas menores en el plazo de «unas semanas» que se ha marcado el Gobierno, tiene que ver con las dificultades para encontrar la vía legal para hacerlo. Sin posibilidad de acudir al Real Decreto 2/2025, ya que supondría contar con el beneplácito de las comunidades autónomas que deberían asumir su tutela, el Ministerio de Juventud e Infancia se inclina por ir por la protección internacional, pese a que hay dudas sobre si todas estas niñas podrían acogerse legalmente a este derecho.La protección internacional «se refiere a la salvaguarda de los derechos de personas en riesgo, particularmente de aquellos que huyen de conflictos armados o violaciones sistemáticas de derechos humanos». En el caso de Marruecos, que firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1993, la adhesión a este tratado debería garantizar la protección suficiente y necesaria para estas menores, de tal forma que esto podría dejar en un limbo su derecho a formar parte de la protección internacional. El Gobierno de Pedro Sánchez, que aplaude la «cooperación y colaboración» del país vecino, nunca ha condenado la vulneración de los derechos humanos.Si bien es cierto que algunas de esas niñas dicen haber sido víctimas de abusos o agresiones sexuales, la falta de información por parte de su país de origen complica determinar si estos hechos son realmente ciertos y si constituyen o no una amenaza para su integridad física. En el caso de las que han sido víctimas en Ceuta, tras la invasión de los días 30 y 31 de julio, sus agresores son también hombres que cruzaron ilegalmente la frontera como ellas y que, en algunos casos, también acabarán en centros de menores de la Península, bien por el mecanismo ordinario o por orden judicial si hay condena.Pese a esas dudas, el Gobierno se inclina por la vía de la protección internacional para acelerar el traslado de estas 500 niñas vulnerables desde Ceuta. Aunque la cifra de mujeres menores no acompañadas es superior. El Ministerio de Juventud e Infancia, según ha podido saber ABC, trabaja en un plan que pasa por dejar que sea Ceuta quien siga asumiendo la tutela de las niñas, pero que estas residan en recursos de ONG con las que exista un convenio en distintos puntos de la geografía nacional. De esta forma el Ejecutivo no tendrá que pelear con las comunidades autónomas, ya que, aunque las menores estén en sus territorios, no estarán bajo su acogida. Las autonomías solo tendrán que darles educación y sanidad, como a cualquier otro ciudadano.Con esta vía, que es la más rápida, aunque conllevará aún como mínimo un mes y medio, Ceuta se tendrá que gestionar el pago de los gastos que genere su manutención y su traslado a la Península, con cargo a fondos transferidos por el Estado. Parte de los 25 millones que anunció el Gobierno hace unas semanas para Ceuta, y que se aprobarán en una transferencia de crédito en el Consejo de Ministros de este martes, servirán para esto, aunque las fuentes consultadas ya advierten que «serán muy insuficientes» y que «habrá que hacer nuevas aportaciones». Teniendo en cuenta que la ciudad se tiene que hacer cargo de 2.500 menores, por ahora, y que el coste diario de su atención ronda los 80 euros, lo que supone 200.000 euros diarios, esos 25 millones dan para cuatro meses, sin contar el traslado por barco desde Ceuta hasta Algeciras y el posterior viaje hasta la comunidad autónoma de destino, que se tendrá que realizar bien en autobús o en avión, en el caso de ser una de las regiones situadas más al norte del país. Más allá de estos 25 millones el Ejecutivo no quiere hablar de otras cifras para esos convenios con las ONG.Esta fórmula que se plantea el Gobierno ahora para sortear su propia ley, es la misma que ya se aplicó en Canarias, cuando el Estado «abrió los recursos de protección internacional con fondos propios con las entidades que conveniaron», según fuentes de la dirección general de Infancia canaria. El gabinete de Fernando Clavijo tuvo que acudir al Tribunal Supremo para que el Gobierno se hiciera cargo de la tutela. Según esas mismas fuentes «el Estado puso problemas con la tutela y, para propiciar que los menores fueron atendidos por el asilo, no pusimos pega para quedarnos con la tutela como ahora quieren hacer con Ceuta, pero sí exigimos que se fueran a la red de asilo». El Supremo tendrá que resolver en breve si se tendría que hacer cargo de todo el Estado, también de la tutela.En 2024, tras la avalancha migratoria que sufrió Canarias, el gobierno autonómico ya exploró una vía que ahora se podría volver a analizar, y es que las comunidades firmen convenios con entidades que tienen plazas en otras comunidades para el traslado de menores, «en plan erasmus», siendo la región de origen la que se hace cargo económicamente. No obstante, esto tiene que tener el beneplácito de las otras comunidades y cuando Canarias lo intentó hace dos años las autonomías se negaron, de tal forma que la propuesta naufragó. Ceuta tiene algunas plazas asignadas fuera de su territorio, pero son insuficientes, por lo que hay que buscar más recursos en un tiempo récord. Discriminar a 500 niñas frente al resto de menores hombres, para acelerar su traslado a la Península desde Ceuta, no es posible con la ley aprobada por este Gobierno el año pasado. El artículo 5 de la contingencia migratoria no permite hacer esa diferenciación, de tal forma que el Ejecutivo se ve obligado a pertrechar otro mecanismo legal para priorizar la salida de las mujeres por su situación de vulnerabilidad, pese a la supuesta «normalidad» que según los ministros hay en Ceuta desde el segundo día de la invasión.Esta pasada semana, tal como avanzó ABC y confirmó posteriormente el Ministerio de Juventud e Infancia, el departamento de Sira Rego planteó la posibilidad de evacuar en primer lugar a medio millar de niñas, algunas de 13 años, que pueden haber sido o pueden ser víctimas de abusos o agresiones sexuales. Aunque inicialmente habló de un supuesto pacto con la ciudad de Ceuta para ello, tras negar ese acuerdo el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, admitió este jueves que todavía no había una propuesta concreta.Precisamente la falta de un texto definitivo, que permita dar salida a estas menores en el plazo de «unas semanas» que se ha marcado el Gobierno, tiene que ver con las dificultades para encontrar la vía legal para hacerlo. Sin posibilidad de acudir al Real Decreto 2/2025, ya que supondría contar con el beneplácito de las comunidades autónomas que deberían asumir su tutela, el Ministerio de Juventud e Infancia se inclina por ir por la protección internacional, pese a que hay dudas sobre si todas estas niñas podrían acogerse legalmente a este derecho.La protección internacional «se refiere a la salvaguarda de los derechos de personas en riesgo, particularmente de aquellos que huyen de conflictos armados o violaciones sistemáticas de derechos humanos». En el caso de Marruecos, que firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1993, la adhesión a este tratado debería garantizar la protección suficiente y necesaria para estas menores, de tal forma que esto podría dejar en un limbo su derecho a formar parte de la protección internacional. El Gobierno de Pedro Sánchez, que aplaude la «cooperación y colaboración» del país vecino, nunca ha condenado la vulneración de los derechos humanos.Si bien es cierto que algunas de esas niñas dicen haber sido víctimas de abusos o agresiones sexuales, la falta de información por parte de su país de origen complica determinar si estos hechos son realmente ciertos y si constituyen o no una amenaza para su integridad física. En el caso de las que han sido víctimas en Ceuta, tras la invasión de los días 30 y 31 de julio, sus agresores son también hombres que cruzaron ilegalmente la frontera como ellas y que, en algunos casos, también acabarán en centros de menores de la Península, bien por el mecanismo ordinario o por orden judicial si hay condena.Pese a esas dudas, el Gobierno se inclina por la vía de la protección internacional para acelerar el traslado de estas 500 niñas vulnerables desde Ceuta. Aunque la cifra de mujeres menores no acompañadas es superior. El Ministerio de Juventud e Infancia, según ha podido saber ABC, trabaja en un plan que pasa por dejar que sea Ceuta quien siga asumiendo la tutela de las niñas, pero que estas residan en recursos de ONG con las que exista un convenio en distintos puntos de la geografía nacional. De esta forma el Ejecutivo no tendrá que pelear con las comunidades autónomas, ya que, aunque las menores estén en sus territorios, no estarán bajo su acogida. Las autonomías solo tendrán que darles educación y sanidad, como a cualquier otro ciudadano.Con esta vía, que es la más rápida, aunque conllevará aún como mínimo un mes y medio, Ceuta se tendrá que gestionar el pago de los gastos que genere su manutención y su traslado a la Península, con cargo a fondos transferidos por el Estado. Parte de los 25 millones que anunció el Gobierno hace unas semanas para Ceuta, y que se aprobarán en una transferencia de crédito en el Consejo de Ministros de este martes, servirán para esto, aunque las fuentes consultadas ya advierten que «serán muy insuficientes» y que «habrá que hacer nuevas aportaciones». Teniendo en cuenta que la ciudad se tiene que hacer cargo de 2.500 menores, por ahora, y que el coste diario de su atención ronda los 80 euros, lo que supone 200.000 euros diarios, esos 25 millones dan para cuatro meses, sin contar el traslado por barco desde Ceuta hasta Algeciras y el posterior viaje hasta la comunidad autónoma de destino, que se tendrá que realizar bien en autobús o en avión, en el caso de ser una de las regiones situadas más al norte del país. Más allá de estos 25 millones el Ejecutivo no quiere hablar de otras cifras para esos convenios con las ONG.Esta fórmula que se plantea el Gobierno ahora para sortear su propia ley, es la misma que ya se aplicó en Canarias, cuando el Estado «abrió los recursos de protección internacional con fondos propios con las entidades que conveniaron», según fuentes de la dirección general de Infancia canaria. El gabinete de Fernando Clavijo tuvo que acudir al Tribunal Supremo para que el Gobierno se hiciera cargo de la tutela. Según esas mismas fuentes «el Estado puso problemas con la tutela y, para propiciar que los menores fueron atendidos por el asilo, no pusimos pega para quedarnos con la tutela como ahora quieren hacer con Ceuta, pero sí exigimos que se fueran a la red de asilo». El Supremo tendrá que resolver en breve si se tendría que hacer cargo de todo el Estado, también de la tutela.En 2024, tras la avalancha migratoria que sufrió Canarias, el gobierno autonómico ya exploró una vía que ahora se podría volver a analizar, y es que las comunidades firmen convenios con entidades que tienen plazas en otras comunidades para el traslado de menores, «en plan erasmus», siendo la región de origen la que se hace cargo económicamente. No obstante, esto tiene que tener el beneplácito de las otras comunidades y cuando Canarias lo intentó hace dos años las autonomías se negaron, de tal forma que la propuesta naufragó. Ceuta tiene algunas plazas asignadas fuera de su territorio, pero son insuficientes, por lo que hay que buscar más recursos en un tiempo récord. Discriminar a 500 niñas frente al resto de menores hombres, para acelerar su traslado a la Península desde Ceuta, no es posible con la ley aprobada por este Gobierno el año pasado. El artículo 5 de la contingencia migratoria no permite hacer esa diferenciación, de tal forma que el Ejecutivo se ve obligado a pertrechar otro mecanismo legal para priorizar la salida de las mujeres por su situación de vulnerabilidad, pese a la supuesta «normalidad» que según los ministros hay en Ceuta desde el segundo día de la invasión.Esta pasada semana, tal como avanzó ABC y confirmó posteriormente el Ministerio de Juventud e Infancia, el departamento de Sira Rego planteó la posibilidad de evacuar en primer lugar a medio millar de niñas, algunas de 13 años, que pueden haber sido o pueden ser víctimas de abusos o agresiones sexuales. Aunque inicialmente habló de un supuesto pacto con la ciudad de Ceuta para ello, tras negar ese acuerdo el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, admitió este jueves que todavía no había una propuesta concreta.Precisamente la falta de un texto definitivo, que permita dar salida a estas menores en el plazo de «unas semanas» que se ha marcado el Gobierno, tiene que ver con las dificultades para encontrar la vía legal para hacerlo. Sin posibilidad de acudir al Real Decreto 2/2025, ya que supondría contar con el beneplácito de las comunidades autónomas que deberían asumir su tutela, el Ministerio de Juventud e Infancia se inclina por ir por la protección internacional, pese a que hay dudas sobre si todas estas niñas podrían acogerse legalmente a este derecho.La protección internacional «se refiere a la salvaguarda de los derechos de personas en riesgo, particularmente de aquellos que huyen de conflictos armados o violaciones sistemáticas de derechos humanos». En el caso de Marruecos, que firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 1993, la adhesión a este tratado debería garantizar la protección suficiente y necesaria para estas menores, de tal forma que esto podría dejar en un limbo su derecho a formar parte de la protección internacional. El Gobierno de Pedro Sánchez, que aplaude la «cooperación y colaboración» del país vecino, nunca ha condenado la vulneración de los derechos humanos.Si bien es cierto que algunas de esas niñas dicen haber sido víctimas de abusos o agresiones sexuales, la falta de información por parte de su país de origen complica determinar si estos hechos son realmente ciertos y si constituyen o no una amenaza para su integridad física. En el caso de las que han sido víctimas en Ceuta, tras la invasión de los días 30 y 31 de julio, sus agresores son también hombres que cruzaron ilegalmente la frontera como ellas y que, en algunos casos, también acabarán en centros de menores de la Península, bien por el mecanismo ordinario o por orden judicial si hay condena.Pese a esas dudas, el Gobierno se inclina por la vía de la protección internacional para acelerar el traslado de estas 500 niñas vulnerables desde Ceuta. Aunque la cifra de mujeres menores no acompañadas es superior. El Ministerio de Juventud e Infancia, según ha podido saber ABC, trabaja en un plan que pasa por dejar que sea Ceuta quien siga asumiendo la tutela de las niñas, pero que estas residan en recursos de ONG con las que exista un convenio en distintos puntos de la geografía nacional. De esta forma el Ejecutivo no tendrá que pelear con las comunidades autónomas, ya que, aunque las menores estén en sus territorios, no estarán bajo su acogida. Las autonomías solo tendrán que darles educación y sanidad, como a cualquier otro ciudadano.Con esta vía, que es la más rápida, aunque conllevará aún como mínimo un mes y medio, Ceuta se tendrá que gestionar el pago de los gastos que genere su manutención y su traslado a la Península, con cargo a fondos transferidos por el Estado. Parte de los 25 millones que anunció el Gobierno hace unas semanas para Ceuta, y que se aprobarán en una transferencia de crédito en el Consejo de Ministros de este martes, servirán para esto, aunque las fuentes consultadas ya advierten que «serán muy insuficientes» y que «habrá que hacer nuevas aportaciones». Teniendo en cuenta que la ciudad se tiene que hacer cargo de 2.500 menores, por ahora, y que el coste diario de su atención ronda los 80 euros, lo que supone 200.000 euros diarios, esos 25 millones dan para cuatro meses, sin contar el traslado por barco desde Ceuta hasta Algeciras y el posterior viaje hasta la comunidad autónoma de destino, que se tendrá que realizar bien en autobús o en avión, en el caso de ser una de las regiones situadas más al norte del país. Más allá de estos 25 millones el Ejecutivo no quiere hablar de otras cifras para esos convenios con las ONG.Esta fórmula que se plantea el Gobierno ahora para sortear su propia ley, es la misma que ya se aplicó en Canarias, cuando el Estado «abrió los recursos de protección internacional con fondos propios con las entidades que conveniaron», según fuentes de la dirección general de Infancia canaria. El gabinete de Fernando Clavijo tuvo que acudir al Tribunal Supremo para que el Gobierno se hiciera cargo de la tutela. Según esas mismas fuentes «el Estado puso problemas con la tutela y, para propiciar que los menores fueron atendidos por el asilo, no pusimos pega para quedarnos con la tutela como ahora quieren hacer con Ceuta, pero sí exigimos que se fueran a la red de asilo». El Supremo tendrá que resolver en breve si se tendría que hacer cargo de todo el Estado, también de la tutela.En 2024, tras la avalancha migratoria que sufrió Canarias, el gobierno autonómico ya exploró una vía que ahora se podría volver a analizar, y es que las comunidades firmen convenios con entidades que tienen plazas en otras comunidades para el traslado de menores, «en plan erasmus», siendo la región de origen la que se hace cargo económicamente. No obstante, esto tiene que tener el beneplácito de las otras comunidades y cuando Canarias lo intentó hace dos años las autonomías se negaron, de tal forma que la propuesta naufragó. Ceuta tiene algunas plazas asignadas fuera de su territorio, pero son insuficientes, por lo que hay que buscar más recursos en un tiempo récord. RSS de noticias de espana
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