La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, amplió los criterios previstos en la normativa anterior, de 2007, para la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes de represaliados del franquismo residentes en el extranjero. La exposición de motivos lo presenta como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática insisten en que se trata de “un acto de justicia” y “restitución de derechos” para las familias que tuvieron que huir del país. Otros países europeos, añaden, cuentan con mecanismos similares que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar.
Hasta 2,4 millones de extranjeros han solicitado acogerse a los criterios de la Ley de Memoria. Argentina aglutina casi el 40% de las peticiones
La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, amplió los criterios previstos en la normativa anterior, de 2007, para la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes de represaliados del franquismo residentes en el extranjero. La exposición de motivos lo presenta como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática insisten en que se trata de “un acto de justicia” y “restitución de derechos” para las familias que tuvieron que huir del país. Otros países europeos, añaden, cuentan con mecanismos similares que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar.
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