Hace más de dos años que España, como el resto de estados, tendría que haber adaptado a la norma española la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas que obliga a los países a reforzar la seguridad en infraestructuras, entre ellas el transporte ferroviario. El 17 de octubre de 2024 acabó el plazo para realizar la transposición, pero no fue hasta marzo de este año cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, aprobó un proyecto de ley y lo llevó al Parlamento, donde ha quedado atrapado tras la convocatoria de elecciones generales después de que el PSOE y Sumar ampliaran hasta en 16 veces el plazo de presentación de enmiendas.Saber qué hubiera pasado si las medidas de prevención y seguridad que se incluyen en la directiva se hubieran puesto en marcha, y conocer si habrían tenido algún efecto frente a la dana de hace dos años en Valencia, que se llevó la vida de más de 200 personas, o los dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en menos de diez meses en Adamuz y Toledo , es imposible, pero siempre quedará la duda de qué hubiera pasado si, como obliga la norma europea, se hubieran aplicado en España más obligaciones legales para prevenir o responder ante incidentes graves, ya sean desastres naturales, saboteos, ataques físicos, pandemias o fallos técnicos. La directiva frustrada en España amplía sustancialmente el catálogo de sectores considerados estratégicos respecto a las legislaciones anteriores. Afecta concretamente a 11 de ellos considerados esenciales de la economía, entre los que se encuentra el transporte, la energía o la industria química.La norma europea impone un conjunto de obligaciones legales estrictas, entre las que se incluyen realizar una evaluación interna de riesgos cada cuatro años para identificar todas sus vulnerabilidades físicas, tecnológicas, climáticas y humanas. Sobre la base de este diagnóstico, las empresas deben elaborar e implantar un plan de resiliencia formal, que incluya medidas concretas de protección física en instalaciones clave —como puestos de mando centralizados, subestaciones eléctricas o centros de control—, refuerzo perimetral anti-intrusión y planes de contingencia para adaptar las infraestructuras ante eventos climáticos extremos o cortes del suministro energético. La directrices comunitarias también obligan a establecer mecanismos de control de seguridad para el personal, garantizando la verificación de antecedentes de aquellos empleados o contratistas con acceso a zonas sensibles, y sistemas de gestión o sustancias de alto riesgo. Y también se impone a los países una estricta obligación de notificación de incidentes graves a la autoridad competente nacional en un plazo no superior a 24 horas desde que se detecta una perturbación significativa, detallando la naturaleza del evento y sus repercusiones en la continuidad del servicio esencial.EL Consejo Ministros no aprobó un proyecto de ley hasta marzo y lo llevó al Parlamento, donde ha quedado atrapado tras ampliar 16 veces el periodo de enmiendasAdemás, el marco regulatorio somete a las entidades a un régimen de supervisión directa y a inspecciones ‘in situ’ por parte de las autoridades públicas para verificar sobre el terreno la efectividad de las medidas adoptadas. El incumplimiento de estas obligaciones, la falta de cooperación durante las auditorías o la omisión en el reporte de incidentes conlleva la aplicación de sanciones administrativas y económicas disuasorias, fijando la responsabilidad de la gestión de riesgos en los órganos de gobierno y alta dirección de las propias empresas.Un centenar pendienteEl incumplimiento de la transposición de la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas no es un caso aislado. El Gobierno ya es un avezado infractor. Ha conseguido que la cascada de incumplimientos de transposición sitúen a España a la cabeza de nuestros socios . Están pendientes de adaptar a la legislación un centenar de directivas, la mayor parte de ellas ligadas al sector energético y la vivienda, materias cuyo contenido no ha casado con la ideología de algunos de los aliados del Gobierno. Esta falta de compromiso ha pasado factura a nuestro país con una cascada de multas , después de ser avisado, una y otra vez, por las instituciones de la UE, como ha ocurrido, por ejemplo, con una de las medidas claves para los autónomos, que ya han aplicado todos los países: la directiva de exención del IVA, que sigue atascada en el Congreso. Consecuencia de todo ello es el empeoramiento del indicador que usa la Unión Europea (la tasa de déficit de transposición) para comprobar los índices de cumplimiento de los países. Este índice se sitúa en la actualidad, con datos a septiembre, en el 5,5% , a la cabeza de los países, el más alto nunca registrado, según reflejan los datos de la Comisión Europea, que sitúan la media de la UE en el 2,7%. En la etapa de los gobiernos del Partido Popular fue del 1,6% (en 2016), mientras que el más bajo en la etapa de Pedro Sánchez ha superado el 2% en tres años distintos y el pasado año estuvo por encima del 3%. Hace más de dos años que España, como el resto de estados, tendría que haber adaptado a la norma española la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas que obliga a los países a reforzar la seguridad en infraestructuras, entre ellas el transporte ferroviario. El 17 de octubre de 2024 acabó el plazo para realizar la transposición, pero no fue hasta marzo de este año cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, aprobó un proyecto de ley y lo llevó al Parlamento, donde ha quedado atrapado tras la convocatoria de elecciones generales después de que el PSOE y Sumar ampliaran hasta en 16 veces el plazo de presentación de enmiendas.Saber qué hubiera pasado si las medidas de prevención y seguridad que se incluyen en la directiva se hubieran puesto en marcha, y conocer si habrían tenido algún efecto frente a la dana de hace dos años en Valencia, que se llevó la vida de más de 200 personas, o los dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en menos de diez meses en Adamuz y Toledo , es imposible, pero siempre quedará la duda de qué hubiera pasado si, como obliga la norma europea, se hubieran aplicado en España más obligaciones legales para prevenir o responder ante incidentes graves, ya sean desastres naturales, saboteos, ataques físicos, pandemias o fallos técnicos. La directiva frustrada en España amplía sustancialmente el catálogo de sectores considerados estratégicos respecto a las legislaciones anteriores. Afecta concretamente a 11 de ellos considerados esenciales de la economía, entre los que se encuentra el transporte, la energía o la industria química.La norma europea impone un conjunto de obligaciones legales estrictas, entre las que se incluyen realizar una evaluación interna de riesgos cada cuatro años para identificar todas sus vulnerabilidades físicas, tecnológicas, climáticas y humanas. Sobre la base de este diagnóstico, las empresas deben elaborar e implantar un plan de resiliencia formal, que incluya medidas concretas de protección física en instalaciones clave —como puestos de mando centralizados, subestaciones eléctricas o centros de control—, refuerzo perimetral anti-intrusión y planes de contingencia para adaptar las infraestructuras ante eventos climáticos extremos o cortes del suministro energético. La directrices comunitarias también obligan a establecer mecanismos de control de seguridad para el personal, garantizando la verificación de antecedentes de aquellos empleados o contratistas con acceso a zonas sensibles, y sistemas de gestión o sustancias de alto riesgo. Y también se impone a los países una estricta obligación de notificación de incidentes graves a la autoridad competente nacional en un plazo no superior a 24 horas desde que se detecta una perturbación significativa, detallando la naturaleza del evento y sus repercusiones en la continuidad del servicio esencial.EL Consejo Ministros no aprobó un proyecto de ley hasta marzo y lo llevó al Parlamento, donde ha quedado atrapado tras ampliar 16 veces el periodo de enmiendasAdemás, el marco regulatorio somete a las entidades a un régimen de supervisión directa y a inspecciones ‘in situ’ por parte de las autoridades públicas para verificar sobre el terreno la efectividad de las medidas adoptadas. El incumplimiento de estas obligaciones, la falta de cooperación durante las auditorías o la omisión en el reporte de incidentes conlleva la aplicación de sanciones administrativas y económicas disuasorias, fijando la responsabilidad de la gestión de riesgos en los órganos de gobierno y alta dirección de las propias empresas.Un centenar pendienteEl incumplimiento de la transposición de la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas no es un caso aislado. El Gobierno ya es un avezado infractor. Ha conseguido que la cascada de incumplimientos de transposición sitúen a España a la cabeza de nuestros socios . Están pendientes de adaptar a la legislación un centenar de directivas, la mayor parte de ellas ligadas al sector energético y la vivienda, materias cuyo contenido no ha casado con la ideología de algunos de los aliados del Gobierno. Esta falta de compromiso ha pasado factura a nuestro país con una cascada de multas , después de ser avisado, una y otra vez, por las instituciones de la UE, como ha ocurrido, por ejemplo, con una de las medidas claves para los autónomos, que ya han aplicado todos los países: la directiva de exención del IVA, que sigue atascada en el Congreso. Consecuencia de todo ello es el empeoramiento del indicador que usa la Unión Europea (la tasa de déficit de transposición) para comprobar los índices de cumplimiento de los países. Este índice se sitúa en la actualidad, con datos a septiembre, en el 5,5% , a la cabeza de los países, el más alto nunca registrado, según reflejan los datos de la Comisión Europea, que sitúan la media de la UE en el 2,7%. En la etapa de los gobiernos del Partido Popular fue del 1,6% (en 2016), mientras que el más bajo en la etapa de Pedro Sánchez ha superado el 2% en tres años distintos y el pasado año estuvo por encima del 3%. Hace más de dos años que España, como el resto de estados, tendría que haber adaptado a la norma española la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas que obliga a los países a reforzar la seguridad en infraestructuras, entre ellas el transporte ferroviario. El 17 de octubre de 2024 acabó el plazo para realizar la transposición, pero no fue hasta marzo de este año cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, aprobó un proyecto de ley y lo llevó al Parlamento, donde ha quedado atrapado tras la convocatoria de elecciones generales después de que el PSOE y Sumar ampliaran hasta en 16 veces el plazo de presentación de enmiendas.Saber qué hubiera pasado si las medidas de prevención y seguridad que se incluyen en la directiva se hubieran puesto en marcha, y conocer si habrían tenido algún efecto frente a la dana de hace dos años en Valencia, que se llevó la vida de más de 200 personas, o los dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en menos de diez meses en Adamuz y Toledo , es imposible, pero siempre quedará la duda de qué hubiera pasado si, como obliga la norma europea, se hubieran aplicado en España más obligaciones legales para prevenir o responder ante incidentes graves, ya sean desastres naturales, saboteos, ataques físicos, pandemias o fallos técnicos. La directiva frustrada en España amplía sustancialmente el catálogo de sectores considerados estratégicos respecto a las legislaciones anteriores. Afecta concretamente a 11 de ellos considerados esenciales de la economía, entre los que se encuentra el transporte, la energía o la industria química.La norma europea impone un conjunto de obligaciones legales estrictas, entre las que se incluyen realizar una evaluación interna de riesgos cada cuatro años para identificar todas sus vulnerabilidades físicas, tecnológicas, climáticas y humanas. Sobre la base de este diagnóstico, las empresas deben elaborar e implantar un plan de resiliencia formal, que incluya medidas concretas de protección física en instalaciones clave —como puestos de mando centralizados, subestaciones eléctricas o centros de control—, refuerzo perimetral anti-intrusión y planes de contingencia para adaptar las infraestructuras ante eventos climáticos extremos o cortes del suministro energético. La directrices comunitarias también obligan a establecer mecanismos de control de seguridad para el personal, garantizando la verificación de antecedentes de aquellos empleados o contratistas con acceso a zonas sensibles, y sistemas de gestión o sustancias de alto riesgo. Y también se impone a los países una estricta obligación de notificación de incidentes graves a la autoridad competente nacional en un plazo no superior a 24 horas desde que se detecta una perturbación significativa, detallando la naturaleza del evento y sus repercusiones en la continuidad del servicio esencial.EL Consejo Ministros no aprobó un proyecto de ley hasta marzo y lo llevó al Parlamento, donde ha quedado atrapado tras ampliar 16 veces el periodo de enmiendasAdemás, el marco regulatorio somete a las entidades a un régimen de supervisión directa y a inspecciones ‘in situ’ por parte de las autoridades públicas para verificar sobre el terreno la efectividad de las medidas adoptadas. El incumplimiento de estas obligaciones, la falta de cooperación durante las auditorías o la omisión en el reporte de incidentes conlleva la aplicación de sanciones administrativas y económicas disuasorias, fijando la responsabilidad de la gestión de riesgos en los órganos de gobierno y alta dirección de las propias empresas.Un centenar pendienteEl incumplimiento de la transposición de la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas no es un caso aislado. El Gobierno ya es un avezado infractor. Ha conseguido que la cascada de incumplimientos de transposición sitúen a España a la cabeza de nuestros socios . Están pendientes de adaptar a la legislación un centenar de directivas, la mayor parte de ellas ligadas al sector energético y la vivienda, materias cuyo contenido no ha casado con la ideología de algunos de los aliados del Gobierno. Esta falta de compromiso ha pasado factura a nuestro país con una cascada de multas , después de ser avisado, una y otra vez, por las instituciones de la UE, como ha ocurrido, por ejemplo, con una de las medidas claves para los autónomos, que ya han aplicado todos los países: la directiva de exención del IVA, que sigue atascada en el Congreso. Consecuencia de todo ello es el empeoramiento del indicador que usa la Unión Europea (la tasa de déficit de transposición) para comprobar los índices de cumplimiento de los países. Este índice se sitúa en la actualidad, con datos a septiembre, en el 5,5% , a la cabeza de los países, el más alto nunca registrado, según reflejan los datos de la Comisión Europea, que sitúan la media de la UE en el 2,7%. En la etapa de los gobiernos del Partido Popular fue del 1,6% (en 2016), mientras que el más bajo en la etapa de Pedro Sánchez ha superado el 2% en tres años distintos y el pasado año estuvo por encima del 3%. RSS de noticias de economia
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