El Gobierno está preparando una nueva prestación para los trabajadores afectados por los incendios que están arrasando parte de Madrid, Ávila y Toledo como consecuencia de las situaciones complejas que puedan vivir empleados al encontrarse fuera de sus casas, viviendo en pabellones deportivos o con situaciones personales que les puedan impedir acudir a sus centros de trabajo.El Ministerio de Trabajo ultima un paquete de estas acciones vinculadas a las catástrofes de los incendios que va más allá de los ERTE que ya se encuentran activos tras tragedias como las de la DANA de Valencia. Se trata de una prestación por desempleo que tendrá un carácter coyuntural, es decir, asociada a esta tragedia y, por ahora, no se prevé que sea permanente, según indican fuentes de Trabajo. En cualquier caso, es una prestación que cubriría el sueldo y las cotizaciones sociales del trabajador afectado por causas que no son meramente laborales, sino más condicionadas a las complejas situaciones que viven algunos trabajadores con residencia en las zonas devastadas durante estos últimos días. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mantenido reuniones durante todo el fin de semana con agentes sociales estatales y consejeros de las tres comunidades autónomas afectadas para cuadrar este decreto ley que irá mañana a Consejo de Ministros, pero que aún está por definir por completo. Desde Trabajo apuntan que se trata de una medida que implicará una importante inyección económica, que correrá a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya que las empresas no tendrán que asumir ningún coste vinculado a estas circunstancias que van más allá de las circunstancias de empresas afectadas, sino que está más relacionada con situaciones personales que impiden acudir al trabajo por tener que solucionar problemas de calado en sus viviendas.Medidas por los incendiosEl Consejo de Ministros también va a aprobar este martes un anteproyecto de ley por el que se prohibirán los despidos de trabajadores que hayan denunciado prácticas de corrupción o ilegales en el seno de sus empresas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo, que considera clave esta modificación legal para «proteger» a los empleados que se atrevan a dar este paso, aunque no existen cifras sobre el número de casos que se han visto inmersos en estas circunstancias. Esta normativa llegará a adelantar al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante el Congreso de los Diputados hace ahora un año, como consecuencia de los escándalos vinculados al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al exministro José Luis Ábalos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha agilizado este texto en materia laboral a La Moncloa sin que prácticamente ninguna de aquellas acciones de Sánchez se hayan llegado a ejecutar un año después de su despliegue ante las Cortes.El anteproyecto supone una modificación de hasta cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo al despido objetivo, al disciplinario y a la calificación de nulidad de un cese laboral si media una denuncia por corrupción: un vertido ilegal de un negocio, una ilegalidad fiscal, un cohecho o cualquier otro caso ilegal que pueda haber llegado a manos del trabajador y quiera denunciarlo ante la Justicia. Lo que se hará será establecer una «garantía de inmunidad» en este tipo de situaciones evitando que la represalia sea precisamente el despido. Si, llegado el caso, una empresa opta por ejecutar un cese de actividad de un trabajador, la ley calificará este despido como nulo. Esta nueva protección laboral no solo se aplicará sobre el trabajador en sí mismo, sino que también se despliega hasta su círculo más cercano, bien sea el familiar o con el que tenga habitualmente contacto. Evitando así, indican fuentes del Ministerio de Trabajo, consecuencias indirectas hacia otras personas que vayan más allá del propio empleado.Aunque la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en 2023, ya prohíbe los actos u omisiones contrarios a la ley, las amenazas y los tratos desfavorables en el contexto laboral que afecten a estas personas, Trabajo sostiene en este anteproyecto que, por razones de seguridad jurídica y de eficacia del marco normativo de protección del informante, resulta necesario reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral.El objetivo de este anteproyecto es el de asegurar la indemnidad de los trabajadores por cuenta ajena que forman parte del sistema de protección de las personas informantes y que se concreta en la prohibición y, en su caso, la nulidad, «de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial».Trabajo explica que este anteproyecto regula los aspectos imprescindibles para atender la necesidad de garantizar la indemnidad de las personas informantes «tras constatarse que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a las personas destinatarias». El Gobierno está preparando una nueva prestación para los trabajadores afectados por los incendios que están arrasando parte de Madrid, Ávila y Toledo como consecuencia de las situaciones complejas que puedan vivir empleados al encontrarse fuera de sus casas, viviendo en pabellones deportivos o con situaciones personales que les puedan impedir acudir a sus centros de trabajo.El Ministerio de Trabajo ultima un paquete de estas acciones vinculadas a las catástrofes de los incendios que va más allá de los ERTE que ya se encuentran activos tras tragedias como las de la DANA de Valencia. Se trata de una prestación por desempleo que tendrá un carácter coyuntural, es decir, asociada a esta tragedia y, por ahora, no se prevé que sea permanente, según indican fuentes de Trabajo. En cualquier caso, es una prestación que cubriría el sueldo y las cotizaciones sociales del trabajador afectado por causas que no son meramente laborales, sino más condicionadas a las complejas situaciones que viven algunos trabajadores con residencia en las zonas devastadas durante estos últimos días. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mantenido reuniones durante todo el fin de semana con agentes sociales estatales y consejeros de las tres comunidades autónomas afectadas para cuadrar este decreto ley que irá mañana a Consejo de Ministros, pero que aún está por definir por completo. Desde Trabajo apuntan que se trata de una medida que implicará una importante inyección económica, que correrá a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya que las empresas no tendrán que asumir ningún coste vinculado a estas circunstancias que van más allá de las circunstancias de empresas afectadas, sino que está más relacionada con situaciones personales que impiden acudir al trabajo por tener que solucionar problemas de calado en sus viviendas.Medidas por los incendiosEl Consejo de Ministros también va a aprobar este martes un anteproyecto de ley por el que se prohibirán los despidos de trabajadores que hayan denunciado prácticas de corrupción o ilegales en el seno de sus empresas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo, que considera clave esta modificación legal para «proteger» a los empleados que se atrevan a dar este paso, aunque no existen cifras sobre el número de casos que se han visto inmersos en estas circunstancias. Esta normativa llegará a adelantar al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante el Congreso de los Diputados hace ahora un año, como consecuencia de los escándalos vinculados al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al exministro José Luis Ábalos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha agilizado este texto en materia laboral a La Moncloa sin que prácticamente ninguna de aquellas acciones de Sánchez se hayan llegado a ejecutar un año después de su despliegue ante las Cortes.El anteproyecto supone una modificación de hasta cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo al despido objetivo, al disciplinario y a la calificación de nulidad de un cese laboral si media una denuncia por corrupción: un vertido ilegal de un negocio, una ilegalidad fiscal, un cohecho o cualquier otro caso ilegal que pueda haber llegado a manos del trabajador y quiera denunciarlo ante la Justicia. Lo que se hará será establecer una «garantía de inmunidad» en este tipo de situaciones evitando que la represalia sea precisamente el despido. Si, llegado el caso, una empresa opta por ejecutar un cese de actividad de un trabajador, la ley calificará este despido como nulo. Esta nueva protección laboral no solo se aplicará sobre el trabajador en sí mismo, sino que también se despliega hasta su círculo más cercano, bien sea el familiar o con el que tenga habitualmente contacto. Evitando así, indican fuentes del Ministerio de Trabajo, consecuencias indirectas hacia otras personas que vayan más allá del propio empleado.Aunque la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en 2023, ya prohíbe los actos u omisiones contrarios a la ley, las amenazas y los tratos desfavorables en el contexto laboral que afecten a estas personas, Trabajo sostiene en este anteproyecto que, por razones de seguridad jurídica y de eficacia del marco normativo de protección del informante, resulta necesario reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral.El objetivo de este anteproyecto es el de asegurar la indemnidad de los trabajadores por cuenta ajena que forman parte del sistema de protección de las personas informantes y que se concreta en la prohibición y, en su caso, la nulidad, «de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial».Trabajo explica que este anteproyecto regula los aspectos imprescindibles para atender la necesidad de garantizar la indemnidad de las personas informantes «tras constatarse que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a las personas destinatarias». El Gobierno está preparando una nueva prestación para los trabajadores afectados por los incendios que están arrasando parte de Madrid, Ávila y Toledo como consecuencia de las situaciones complejas que puedan vivir empleados al encontrarse fuera de sus casas, viviendo en pabellones deportivos o con situaciones personales que les puedan impedir acudir a sus centros de trabajo.El Ministerio de Trabajo ultima un paquete de estas acciones vinculadas a las catástrofes de los incendios que va más allá de los ERTE que ya se encuentran activos tras tragedias como las de la DANA de Valencia. Se trata de una prestación por desempleo que tendrá un carácter coyuntural, es decir, asociada a esta tragedia y, por ahora, no se prevé que sea permanente, según indican fuentes de Trabajo. En cualquier caso, es una prestación que cubriría el sueldo y las cotizaciones sociales del trabajador afectado por causas que no son meramente laborales, sino más condicionadas a las complejas situaciones que viven algunos trabajadores con residencia en las zonas devastadas durante estos últimos días. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mantenido reuniones durante todo el fin de semana con agentes sociales estatales y consejeros de las tres comunidades autónomas afectadas para cuadrar este decreto ley que irá mañana a Consejo de Ministros, pero que aún está por definir por completo. Desde Trabajo apuntan que se trata de una medida que implicará una importante inyección económica, que correrá a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya que las empresas no tendrán que asumir ningún coste vinculado a estas circunstancias que van más allá de las circunstancias de empresas afectadas, sino que está más relacionada con situaciones personales que impiden acudir al trabajo por tener que solucionar problemas de calado en sus viviendas.Medidas por los incendiosEl Consejo de Ministros también va a aprobar este martes un anteproyecto de ley por el que se prohibirán los despidos de trabajadores que hayan denunciado prácticas de corrupción o ilegales en el seno de sus empresas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo, que considera clave esta modificación legal para «proteger» a los empleados que se atrevan a dar este paso, aunque no existen cifras sobre el número de casos que se han visto inmersos en estas circunstancias. Esta normativa llegará a adelantar al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante el Congreso de los Diputados hace ahora un año, como consecuencia de los escándalos vinculados al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al exministro José Luis Ábalos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha agilizado este texto en materia laboral a La Moncloa sin que prácticamente ninguna de aquellas acciones de Sánchez se hayan llegado a ejecutar un año después de su despliegue ante las Cortes.El anteproyecto supone una modificación de hasta cuatro artículos del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo al despido objetivo, al disciplinario y a la calificación de nulidad de un cese laboral si media una denuncia por corrupción: un vertido ilegal de un negocio, una ilegalidad fiscal, un cohecho o cualquier otro caso ilegal que pueda haber llegado a manos del trabajador y quiera denunciarlo ante la Justicia. Lo que se hará será establecer una «garantía de inmunidad» en este tipo de situaciones evitando que la represalia sea precisamente el despido. Si, llegado el caso, una empresa opta por ejecutar un cese de actividad de un trabajador, la ley calificará este despido como nulo. Esta nueva protección laboral no solo se aplicará sobre el trabajador en sí mismo, sino que también se despliega hasta su círculo más cercano, bien sea el familiar o con el que tenga habitualmente contacto. Evitando así, indican fuentes del Ministerio de Trabajo, consecuencias indirectas hacia otras personas que vayan más allá del propio empleado.Aunque la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en 2023, ya prohíbe los actos u omisiones contrarios a la ley, las amenazas y los tratos desfavorables en el contexto laboral que afecten a estas personas, Trabajo sostiene en este anteproyecto que, por razones de seguridad jurídica y de eficacia del marco normativo de protección del informante, resulta necesario reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante en el ámbito laboral.El objetivo de este anteproyecto es el de asegurar la indemnidad de los trabajadores por cuenta ajena que forman parte del sistema de protección de las personas informantes y que se concreta en la prohibición y, en su caso, la nulidad, «de todo tipo de represalias que puedan ser adoptadas en el ejercicio del poder de dirección empresarial».Trabajo explica que este anteproyecto regula los aspectos imprescindibles para atender la necesidad de garantizar la indemnidad de las personas informantes «tras constatarse que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a las personas destinatarias». 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