El PP prepara desde hace semanas una respuesta política de fondo a la llamada ‘ley de nietos’ -la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática- y, muy especialmente, a la instrucción del Ministerio de Justicia que permite la nacionalización de cualquier descendiente de exiliado español, ampliando los supuestos que la propia norma recoge. La situación derivada de esa ley y la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre paralizar las inscripciones en el censo exterior que no acrediten el exilio se ha convertido en el nuevo gran elemento de lucha política. Pero, en realidad, también ha abierto debates bastante más profundos. Según ha podido saber ABC, el partido de Alberto Núñez Feijóo está analizando una reordenación legislativa -la impulsará desde la oposición, pero el objetivo es llevarla a término si gobierna- inspirada en dos principios: el endurecimiento del acceso a la nacionalidad y que el acceso a ésta no implique directamente el derecho a voto.Lo primero lo avanzó Feijóo antes de verano, con la polémica de la ‘ley de nietos’ abierta en canal. «El pasaporte no se regala, hay que merecerlo», explicó, avanzando que trabajarían en una reforma del Código Civil con ese propósito. Pero según explican fuentes del partido, el otro gran asunto encima de la mesa pasa por una reflexión sobre el concepto de ciudadanía y determinar si es necesario establecer unos requisitos adicionales para que los residentes en el exterior -incluso con nacionalidad- puedan ejercer su derecho al sufragio.El PP está estudiando distintas fórmulas legales al respecto con los casos de otros países europeos encima de la mesa. El Gobierno arremete contra la decisión del Supremo y repite machaconamente que se está hurtando un derecho fundamental a miles de nuevos españoles. Pero entre los juristas consultados por este periódico, y también dirigentes del PP que trabajan en la propuesta, casi terminada, aseguran que es posible hacer una reforma legislativa en la que ambos conceptos estén separados. Los residentes en el exterior conservarían su pasaporte, pero para votar tendían que cumplir una serie de parámetros. Según las fuentes consultadas, una de las vías que están encima de la mesa es modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y establecer esos nuevos requisitos.Lo que los populares tienen en mente es una especie de ‘pack’ legislativo que tiene que ver con la nacionalidad y, por otra parte, con la ciudadanía. En Europa conviven distintos modelos sobre el voto exterior. Italia y Francia, por ejemplo, tienen una circunscripción exterior; es decir, escaños específicos que eligen todos los ciudadanos que residen fuera del país. En ese grupo también están Portugal, Croacia y Rumanía, que tiene diputados reservados a la diáspora. En otros, como sucede en España, todos los votos que se emiten desde el extranjero se incorporan después a una circunscripción nacional. Sin embargo, en algunos de estos también se condiciona ese voto a un vínculo determinado con el país. En Suecia se requiere haber vivido en el país en algún momento de la vida y, además, se tiene que renovar la inscripción tras largos periodos fuera. En Dinamarca solo se vota si la ausencia es temporal o se garantiza que habrá un retorno en un plazo máximo de dos años. Hay otros países como Irlanda y Malta, donde directamente no se permite el voto de los residentes en el extranjero permanentes. Son los casos más restrictivos.Dirigentes del PP consideran que el problema en este momento será abrir un debate de estas dimensiones a fondo. Dan por hecho que el Gobierno seguirá atacando al Tribunal Supremo por su decisión -a la espera de la sentencia definitiva, en la que sí entrará al fondo y se pronunciará sobre la instrucción de Justicia- y pelearán por asegurar el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Algunas voces apuntan ya al Tribunal Constitucional. En las últimas semanas los populares se han sumado con claridad al discurso de intento de ‘pucherazo’ que, en un principio, solo sostenía Vox.Los casos europeos Frente a los casos más restrictivos -Irlanda y Malta- que no permiten votar a quienes residan de forma permanente en la práctica, conviven distintos modelos en todo el continente. Italia, Francia, Portugal, Croacia y Rumanía tienen una representación exterior específica y reservan unos escaños a los residentes fuera, que ejercen su derecho con la nacionalidad. Hay países que, como España, incorporan los votos emitidos en el extranjero a la circunscripción nacional, pero añaden requisitos para mantener el derecho a sufragio. En Suecia se necesita haber tenido residencia en el país en algún momento de la vida y la inscripción electoral se debe renovar cada diez años. En Dinamarca se debe garantizar que habrá un retorno en un plazo máximo de dos años para aquellos residentes que están fuera.Pero, al mismo tiempo, según explican a ABC, la respuesta a esta situación tendría que darse con una reforma legal que dé garantías sobre la concesión de nacionalidad y permita desligar el pasaporte del derecho a voto. Justo hace unos días el exministro de Asuntos Exteriores y ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell , un hombre al que muchos en el PSOE escuchan siempre que interviene, se pronunció sobre este debate en una entrevista en TVE. «Hay países en Europa que distinguen claramente de nacionalidad y derecho a voto. Ese debate está abierto en España. A mí me gusta que se debata y que no nos tiremos los trastos a la cabeza», llegó a decir el dirigente socialista. En el cuartel general del PP también lo siguieron, convencidos de que avala su posición de abrir el debate a fondo.En realidad, más allá del cruce de argumentarios y reproches entre el Gobierno y la oposición, lo que la ‘ley de nietos’ ha puesto encima de la mesa también pasa por determinar si tiene sentido que personas que nunca han vivido en un determinado país -en España en este caso-, que llevan toda su vida fuera o que ni siquiera han pisado territorio español, puedan ser titulares de derecho a sufragio por el simple hecho de tener la nacionalidad. El PP prepara desde hace semanas una respuesta política de fondo a la llamada ‘ley de nietos’ -la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática- y, muy especialmente, a la instrucción del Ministerio de Justicia que permite la nacionalización de cualquier descendiente de exiliado español, ampliando los supuestos que la propia norma recoge. La situación derivada de esa ley y la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre paralizar las inscripciones en el censo exterior que no acrediten el exilio se ha convertido en el nuevo gran elemento de lucha política. Pero, en realidad, también ha abierto debates bastante más profundos. Según ha podido saber ABC, el partido de Alberto Núñez Feijóo está analizando una reordenación legislativa -la impulsará desde la oposición, pero el objetivo es llevarla a término si gobierna- inspirada en dos principios: el endurecimiento del acceso a la nacionalidad y que el acceso a ésta no implique directamente el derecho a voto.Lo primero lo avanzó Feijóo antes de verano, con la polémica de la ‘ley de nietos’ abierta en canal. «El pasaporte no se regala, hay que merecerlo», explicó, avanzando que trabajarían en una reforma del Código Civil con ese propósito. Pero según explican fuentes del partido, el otro gran asunto encima de la mesa pasa por una reflexión sobre el concepto de ciudadanía y determinar si es necesario establecer unos requisitos adicionales para que los residentes en el exterior -incluso con nacionalidad- puedan ejercer su derecho al sufragio.El PP está estudiando distintas fórmulas legales al respecto con los casos de otros países europeos encima de la mesa. El Gobierno arremete contra la decisión del Supremo y repite machaconamente que se está hurtando un derecho fundamental a miles de nuevos españoles. Pero entre los juristas consultados por este periódico, y también dirigentes del PP que trabajan en la propuesta, casi terminada, aseguran que es posible hacer una reforma legislativa en la que ambos conceptos estén separados. Los residentes en el exterior conservarían su pasaporte, pero para votar tendían que cumplir una serie de parámetros. Según las fuentes consultadas, una de las vías que están encima de la mesa es modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y establecer esos nuevos requisitos.Lo que los populares tienen en mente es una especie de ‘pack’ legislativo que tiene que ver con la nacionalidad y, por otra parte, con la ciudadanía. En Europa conviven distintos modelos sobre el voto exterior. Italia y Francia, por ejemplo, tienen una circunscripción exterior; es decir, escaños específicos que eligen todos los ciudadanos que residen fuera del país. En ese grupo también están Portugal, Croacia y Rumanía, que tiene diputados reservados a la diáspora. En otros, como sucede en España, todos los votos que se emiten desde el extranjero se incorporan después a una circunscripción nacional. Sin embargo, en algunos de estos también se condiciona ese voto a un vínculo determinado con el país. En Suecia se requiere haber vivido en el país en algún momento de la vida y, además, se tiene que renovar la inscripción tras largos periodos fuera. En Dinamarca solo se vota si la ausencia es temporal o se garantiza que habrá un retorno en un plazo máximo de dos años. Hay otros países como Irlanda y Malta, donde directamente no se permite el voto de los residentes en el extranjero permanentes. Son los casos más restrictivos.Dirigentes del PP consideran que el problema en este momento será abrir un debate de estas dimensiones a fondo. Dan por hecho que el Gobierno seguirá atacando al Tribunal Supremo por su decisión -a la espera de la sentencia definitiva, en la que sí entrará al fondo y se pronunciará sobre la instrucción de Justicia- y pelearán por asegurar el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Algunas voces apuntan ya al Tribunal Constitucional. En las últimas semanas los populares se han sumado con claridad al discurso de intento de ‘pucherazo’ que, en un principio, solo sostenía Vox.Los casos europeos Frente a los casos más restrictivos -Irlanda y Malta- que no permiten votar a quienes residan de forma permanente en la práctica, conviven distintos modelos en todo el continente. Italia, Francia, Portugal, Croacia y Rumanía tienen una representación exterior específica y reservan unos escaños a los residentes fuera, que ejercen su derecho con la nacionalidad. Hay países que, como España, incorporan los votos emitidos en el extranjero a la circunscripción nacional, pero añaden requisitos para mantener el derecho a sufragio. En Suecia se necesita haber tenido residencia en el país en algún momento de la vida y la inscripción electoral se debe renovar cada diez años. En Dinamarca se debe garantizar que habrá un retorno en un plazo máximo de dos años para aquellos residentes que están fuera.Pero, al mismo tiempo, según explican a ABC, la respuesta a esta situación tendría que darse con una reforma legal que dé garantías sobre la concesión de nacionalidad y permita desligar el pasaporte del derecho a voto. Justo hace unos días el exministro de Asuntos Exteriores y ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell , un hombre al que muchos en el PSOE escuchan siempre que interviene, se pronunció sobre este debate en una entrevista en TVE. «Hay países en Europa que distinguen claramente de nacionalidad y derecho a voto. Ese debate está abierto en España. A mí me gusta que se debata y que no nos tiremos los trastos a la cabeza», llegó a decir el dirigente socialista. En el cuartel general del PP también lo siguieron, convencidos de que avala su posición de abrir el debate a fondo.En realidad, más allá del cruce de argumentarios y reproches entre el Gobierno y la oposición, lo que la ‘ley de nietos’ ha puesto encima de la mesa también pasa por determinar si tiene sentido que personas que nunca han vivido en un determinado país -en España en este caso-, que llevan toda su vida fuera o que ni siquiera han pisado territorio español, puedan ser titulares de derecho a sufragio por el simple hecho de tener la nacionalidad. El PP prepara desde hace semanas una respuesta política de fondo a la llamada ‘ley de nietos’ -la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática- y, muy especialmente, a la instrucción del Ministerio de Justicia que permite la nacionalización de cualquier descendiente de exiliado español, ampliando los supuestos que la propia norma recoge. La situación derivada de esa ley y la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre paralizar las inscripciones en el censo exterior que no acrediten el exilio se ha convertido en el nuevo gran elemento de lucha política. Pero, en realidad, también ha abierto debates bastante más profundos. Según ha podido saber ABC, el partido de Alberto Núñez Feijóo está analizando una reordenación legislativa -la impulsará desde la oposición, pero el objetivo es llevarla a término si gobierna- inspirada en dos principios: el endurecimiento del acceso a la nacionalidad y que el acceso a ésta no implique directamente el derecho a voto.Lo primero lo avanzó Feijóo antes de verano, con la polémica de la ‘ley de nietos’ abierta en canal. «El pasaporte no se regala, hay que merecerlo», explicó, avanzando que trabajarían en una reforma del Código Civil con ese propósito. Pero según explican fuentes del partido, el otro gran asunto encima de la mesa pasa por una reflexión sobre el concepto de ciudadanía y determinar si es necesario establecer unos requisitos adicionales para que los residentes en el exterior -incluso con nacionalidad- puedan ejercer su derecho al sufragio.El PP está estudiando distintas fórmulas legales al respecto con los casos de otros países europeos encima de la mesa. El Gobierno arremete contra la decisión del Supremo y repite machaconamente que se está hurtando un derecho fundamental a miles de nuevos españoles. Pero entre los juristas consultados por este periódico, y también dirigentes del PP que trabajan en la propuesta, casi terminada, aseguran que es posible hacer una reforma legislativa en la que ambos conceptos estén separados. Los residentes en el exterior conservarían su pasaporte, pero para votar tendían que cumplir una serie de parámetros. Según las fuentes consultadas, una de las vías que están encima de la mesa es modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y establecer esos nuevos requisitos.Lo que los populares tienen en mente es una especie de ‘pack’ legislativo que tiene que ver con la nacionalidad y, por otra parte, con la ciudadanía. En Europa conviven distintos modelos sobre el voto exterior. Italia y Francia, por ejemplo, tienen una circunscripción exterior; es decir, escaños específicos que eligen todos los ciudadanos que residen fuera del país. En ese grupo también están Portugal, Croacia y Rumanía, que tiene diputados reservados a la diáspora. En otros, como sucede en España, todos los votos que se emiten desde el extranjero se incorporan después a una circunscripción nacional. Sin embargo, en algunos de estos también se condiciona ese voto a un vínculo determinado con el país. En Suecia se requiere haber vivido en el país en algún momento de la vida y, además, se tiene que renovar la inscripción tras largos periodos fuera. En Dinamarca solo se vota si la ausencia es temporal o se garantiza que habrá un retorno en un plazo máximo de dos años. Hay otros países como Irlanda y Malta, donde directamente no se permite el voto de los residentes en el extranjero permanentes. Son los casos más restrictivos.Dirigentes del PP consideran que el problema en este momento será abrir un debate de estas dimensiones a fondo. Dan por hecho que el Gobierno seguirá atacando al Tribunal Supremo por su decisión -a la espera de la sentencia definitiva, en la que sí entrará al fondo y se pronunciará sobre la instrucción de Justicia- y pelearán por asegurar el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Algunas voces apuntan ya al Tribunal Constitucional. En las últimas semanas los populares se han sumado con claridad al discurso de intento de ‘pucherazo’ que, en un principio, solo sostenía Vox.Los casos europeos Frente a los casos más restrictivos -Irlanda y Malta- que no permiten votar a quienes residan de forma permanente en la práctica, conviven distintos modelos en todo el continente. Italia, Francia, Portugal, Croacia y Rumanía tienen una representación exterior específica y reservan unos escaños a los residentes fuera, que ejercen su derecho con la nacionalidad. Hay países que, como España, incorporan los votos emitidos en el extranjero a la circunscripción nacional, pero añaden requisitos para mantener el derecho a sufragio. En Suecia se necesita haber tenido residencia en el país en algún momento de la vida y la inscripción electoral se debe renovar cada diez años. En Dinamarca se debe garantizar que habrá un retorno en un plazo máximo de dos años para aquellos residentes que están fuera.Pero, al mismo tiempo, según explican a ABC, la respuesta a esta situación tendría que darse con una reforma legal que dé garantías sobre la concesión de nacionalidad y permita desligar el pasaporte del derecho a voto. Justo hace unos días el exministro de Asuntos Exteriores y ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell , un hombre al que muchos en el PSOE escuchan siempre que interviene, se pronunció sobre este debate en una entrevista en TVE. «Hay países en Europa que distinguen claramente de nacionalidad y derecho a voto. Ese debate está abierto en España. A mí me gusta que se debata y que no nos tiremos los trastos a la cabeza», llegó a decir el dirigente socialista. En el cuartel general del PP también lo siguieron, convencidos de que avala su posición de abrir el debate a fondo.En realidad, más allá del cruce de argumentarios y reproches entre el Gobierno y la oposición, lo que la ‘ley de nietos’ ha puesto encima de la mesa también pasa por determinar si tiene sentido que personas que nunca han vivido en un determinado país -en España en este caso-, que llevan toda su vida fuera o que ni siquiera han pisado territorio español, puedan ser titulares de derecho a sufragio por el simple hecho de tener la nacionalidad. RSS de noticias de espana
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