Tras décadas de deriva autoritaria, el pasado domingo 19 de julio, en plena celebración del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, el tándem conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo , presidente y primera dama (de facto, copresidenta) retiraron el derecho al sufragio activo a los más de siete millones de habitantes de Nicaragua. «Quiero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que ellos [la oposición] intenten atrapar el Gobierno y el poder. Vienen conspirando, buscando cómo organizar partidos, para que en unas elecciones que suponen esos partidos ganen las elecciones», pregonó el mandatario centroamericano, informando de que frenará la posibilidad de que los nicaragüenses acudan a las urnas en 2027 para elegir a un nuevo Ejecutivo.El Gobierno de Managua abrió así, medio siglo después de que Ortega liderara la última revolución con éxito en América Latina, la era de las tiranías sin urnas. Un golpe final asestado a la ya inexistente democracia del país que no despertó, en cambio, ninguna reacción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que optó por ampararse en una posición común con la Unión Europea (UE) -que, pese a ser de condena a la represión y de exigencia del respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, y la celebración de comicios transparentes- usó Madrid para guardar silencio sobre Nicaragua. Una actitud de cierto desdén en tanto en cuanto que el ministro de Exteriores, el socialista José Manuel Albares, haya demostrado desde su llegada al Palacio de Viana, allá por 2021, una actitud firme y crítica para con los derechos de la ciudadanía nicaragüense. Sin ir más lejos, a los pocos meses de asumir la cartera, repudió los resultados de las presidenciales de aquel mismo año, precisamente por considerar aquel proceso legislativo una «burla» y una «pantomima». Apenas un año después, España nacionalizó a más de 300 nicaragüenses apátridas. Aunque, sin duda, el cénit de la hostilidad entre Madrid y Managua llegó en enero de este mismo año con Ortega descabezando la Embajada española y Albares replicando con reciprocidad, expulsando al jefe de la delegación nicaragüense en nuestro país. Ahora, en cambio, a escasos meses de que la capital de España albergue la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que está prevista la participación de Nicaragua, el Gobierno de Sánchez guarda silencio ante el plan del dirigente sandinista para eliminar la alternancia en el poder, enterrando el pluralismo y pactando leyes con la Asamblea del país para cerrar el paso a sus adversarios políticos. Un hecho que no duda en denunciar el Partido Popular (PP): «En Nicaragua se cometen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, ello bajo el régimen autoritario encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo», manifiestan, sin tapujos. Los populares en la Cámara Alta, encabezados por la senadora Alicia García, hablan de «persecución política, judicial y administrativa» de, entre otros, opositores y periodistas, que lo son «a fin de ser silenciados y sostener un régimen, a todas luces, contrario al Estado de derecho y a la legalidad internacional que se sustenta en la violencia, la censura y el autoritarismo». A modo probatorio de todos estos señalamientos al Gobierno de Managua, el PP se acoge a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 4 de marzo que declaró responsable al país centroamericano por violaciones de derechos humanos contra Jaime Chavarría Morales, fiscal del principal partido opositor a Ortega y observador electoral en las elecciones municipales de 2007. A meses de celebrarse la Cumbre Iberoamericana en Madrid, la Moncloa se ampara en la postura conjunta de la UE para guardar silencio sobre un régimen que sí calificó de «pantomima» en 2021Ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, Chavarría fue objeto de agresiones físicas tras detectar irregularidades en el proceso. Un fallo, ahondan los de Feijóo, de especial relevancia pues «reconoce la existencia de persecución política en el contexto electoral y denuncia la impunidad judicial». No obstante, exponen, es solo una más de «las graves y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el régimen autoritario de Ortega y Murillo».Dada la actual «gravedad» de la situación, se valen de una moción de condena al régimen autoritario de Nicaragua y en favor de la liberación inmediata de presos políticos ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado que habrá de debatirse y votarse a la vuelta del verano, obligando así a retratarse al PSOE y sus socios, para instar al Gobierno de Sánchez a: condenar firmemente el régimen nicaragüense, manifestar pleno respaldo a las resoluciones y pronunciamientos tanto de la ONU como de la OEA y la Corte Interamericana, a exigir la liberación inmediata de todos los presos y el cese de las detenciones «ilegales y arbitrarias», y a impulsar en el marco de la UE «acciones diplomáticas dirigidas a sancionar las violaciones de los derechos humanos y promover la instauración de la democracia en Nicaragua». Revisar los acuerdos bilateralesComo parte de su ofensiva parlamentaria, el grupo capitaneado por Alicia García también registró el pasado 22 de julio una batería de preguntas escritas al Ejecutivo español que, considera, ha escurrido el bulto tras anunciar Ortega sus intenciones. Entre otras cuestiones, exigen conocer «qué actuaciones concretas adoptará el Gobierno para condenar formalmente la supresión de las elecciones competitivas en Nicaragua y qué posición defenderá ante la UE»; «qué sanciones adicionales promoverá en el seno de la UE contra los responsables de la represión política y el desmantelamiento del sistema electoral nicaragüense»; «qué medidas de protección y asistencia está adoptando Madrid respecto de los presos políticos, opositores desnacionalizados, periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos con vínculos con España»; así como «qué medidas diplomáticas baraja el Ejecutivo español y cómo prevé canalizar en adelante la cooperación española en Nicaragua».Moción en la Cámara Alta «Los nicaragüenses no merecen el silencio cómplice del Gobierno de Sánchez. Por eso, le obligaremos a salir de su escondite» Alicia García Portavoz del PP en el Senado«La libertad, la igualdad y la defensa del Estado de derecho y la democracia son las señas de identidad del PP. Lo llevamos a cabo en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras y, especialmente, en países hermanos como Venezuela, Cuba y, ahora, Nicaragua », sentencia la portavoz popular en el Senado en declaraciones a ABC, quien espera que los nicaragüenses «no sufran lo mismo que están sufriendo los venezolanos o los cubanos». «No merecen el silencio cómplice del Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, le obligaremos a salir de su escondite y le forzaremos a votar si condena o no el régimen de Ortega», zanja García. Tras décadas de deriva autoritaria, el pasado domingo 19 de julio, en plena celebración del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, el tándem conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo , presidente y primera dama (de facto, copresidenta) retiraron el derecho al sufragio activo a los más de siete millones de habitantes de Nicaragua. «Quiero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que ellos [la oposición] intenten atrapar el Gobierno y el poder. Vienen conspirando, buscando cómo organizar partidos, para que en unas elecciones que suponen esos partidos ganen las elecciones», pregonó el mandatario centroamericano, informando de que frenará la posibilidad de que los nicaragüenses acudan a las urnas en 2027 para elegir a un nuevo Ejecutivo.El Gobierno de Managua abrió así, medio siglo después de que Ortega liderara la última revolución con éxito en América Latina, la era de las tiranías sin urnas. Un golpe final asestado a la ya inexistente democracia del país que no despertó, en cambio, ninguna reacción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que optó por ampararse en una posición común con la Unión Europea (UE) -que, pese a ser de condena a la represión y de exigencia del respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, y la celebración de comicios transparentes- usó Madrid para guardar silencio sobre Nicaragua. Una actitud de cierto desdén en tanto en cuanto que el ministro de Exteriores, el socialista José Manuel Albares, haya demostrado desde su llegada al Palacio de Viana, allá por 2021, una actitud firme y crítica para con los derechos de la ciudadanía nicaragüense. Sin ir más lejos, a los pocos meses de asumir la cartera, repudió los resultados de las presidenciales de aquel mismo año, precisamente por considerar aquel proceso legislativo una «burla» y una «pantomima». Apenas un año después, España nacionalizó a más de 300 nicaragüenses apátridas. Aunque, sin duda, el cénit de la hostilidad entre Madrid y Managua llegó en enero de este mismo año con Ortega descabezando la Embajada española y Albares replicando con reciprocidad, expulsando al jefe de la delegación nicaragüense en nuestro país. Ahora, en cambio, a escasos meses de que la capital de España albergue la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que está prevista la participación de Nicaragua, el Gobierno de Sánchez guarda silencio ante el plan del dirigente sandinista para eliminar la alternancia en el poder, enterrando el pluralismo y pactando leyes con la Asamblea del país para cerrar el paso a sus adversarios políticos. Un hecho que no duda en denunciar el Partido Popular (PP): «En Nicaragua se cometen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, ello bajo el régimen autoritario encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo», manifiestan, sin tapujos. Los populares en la Cámara Alta, encabezados por la senadora Alicia García, hablan de «persecución política, judicial y administrativa» de, entre otros, opositores y periodistas, que lo son «a fin de ser silenciados y sostener un régimen, a todas luces, contrario al Estado de derecho y a la legalidad internacional que se sustenta en la violencia, la censura y el autoritarismo». A modo probatorio de todos estos señalamientos al Gobierno de Managua, el PP se acoge a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 4 de marzo que declaró responsable al país centroamericano por violaciones de derechos humanos contra Jaime Chavarría Morales, fiscal del principal partido opositor a Ortega y observador electoral en las elecciones municipales de 2007. A meses de celebrarse la Cumbre Iberoamericana en Madrid, la Moncloa se ampara en la postura conjunta de la UE para guardar silencio sobre un régimen que sí calificó de «pantomima» en 2021Ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, Chavarría fue objeto de agresiones físicas tras detectar irregularidades en el proceso. Un fallo, ahondan los de Feijóo, de especial relevancia pues «reconoce la existencia de persecución política en el contexto electoral y denuncia la impunidad judicial». No obstante, exponen, es solo una más de «las graves y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el régimen autoritario de Ortega y Murillo».Dada la actual «gravedad» de la situación, se valen de una moción de condena al régimen autoritario de Nicaragua y en favor de la liberación inmediata de presos políticos ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado que habrá de debatirse y votarse a la vuelta del verano, obligando así a retratarse al PSOE y sus socios, para instar al Gobierno de Sánchez a: condenar firmemente el régimen nicaragüense, manifestar pleno respaldo a las resoluciones y pronunciamientos tanto de la ONU como de la OEA y la Corte Interamericana, a exigir la liberación inmediata de todos los presos y el cese de las detenciones «ilegales y arbitrarias», y a impulsar en el marco de la UE «acciones diplomáticas dirigidas a sancionar las violaciones de los derechos humanos y promover la instauración de la democracia en Nicaragua». Revisar los acuerdos bilateralesComo parte de su ofensiva parlamentaria, el grupo capitaneado por Alicia García también registró el pasado 22 de julio una batería de preguntas escritas al Ejecutivo español que, considera, ha escurrido el bulto tras anunciar Ortega sus intenciones. Entre otras cuestiones, exigen conocer «qué actuaciones concretas adoptará el Gobierno para condenar formalmente la supresión de las elecciones competitivas en Nicaragua y qué posición defenderá ante la UE»; «qué sanciones adicionales promoverá en el seno de la UE contra los responsables de la represión política y el desmantelamiento del sistema electoral nicaragüense»; «qué medidas de protección y asistencia está adoptando Madrid respecto de los presos políticos, opositores desnacionalizados, periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos con vínculos con España»; así como «qué medidas diplomáticas baraja el Ejecutivo español y cómo prevé canalizar en adelante la cooperación española en Nicaragua».Moción en la Cámara Alta «Los nicaragüenses no merecen el silencio cómplice del Gobierno de Sánchez. Por eso, le obligaremos a salir de su escondite» Alicia García Portavoz del PP en el Senado«La libertad, la igualdad y la defensa del Estado de derecho y la democracia son las señas de identidad del PP. Lo llevamos a cabo en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras y, especialmente, en países hermanos como Venezuela, Cuba y, ahora, Nicaragua », sentencia la portavoz popular en el Senado en declaraciones a ABC, quien espera que los nicaragüenses «no sufran lo mismo que están sufriendo los venezolanos o los cubanos». «No merecen el silencio cómplice del Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, le obligaremos a salir de su escondite y le forzaremos a votar si condena o no el régimen de Ortega», zanja García. Tras décadas de deriva autoritaria, el pasado domingo 19 de julio, en plena celebración del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, el tándem conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo , presidente y primera dama (de facto, copresidenta) retiraron el derecho al sufragio activo a los más de siete millones de habitantes de Nicaragua. «Quiero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que ellos [la oposición] intenten atrapar el Gobierno y el poder. Vienen conspirando, buscando cómo organizar partidos, para que en unas elecciones que suponen esos partidos ganen las elecciones», pregonó el mandatario centroamericano, informando de que frenará la posibilidad de que los nicaragüenses acudan a las urnas en 2027 para elegir a un nuevo Ejecutivo.El Gobierno de Managua abrió así, medio siglo después de que Ortega liderara la última revolución con éxito en América Latina, la era de las tiranías sin urnas. Un golpe final asestado a la ya inexistente democracia del país que no despertó, en cambio, ninguna reacción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que optó por ampararse en una posición común con la Unión Europea (UE) -que, pese a ser de condena a la represión y de exigencia del respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, y la celebración de comicios transparentes- usó Madrid para guardar silencio sobre Nicaragua. Una actitud de cierto desdén en tanto en cuanto que el ministro de Exteriores, el socialista José Manuel Albares, haya demostrado desde su llegada al Palacio de Viana, allá por 2021, una actitud firme y crítica para con los derechos de la ciudadanía nicaragüense. Sin ir más lejos, a los pocos meses de asumir la cartera, repudió los resultados de las presidenciales de aquel mismo año, precisamente por considerar aquel proceso legislativo una «burla» y una «pantomima». Apenas un año después, España nacionalizó a más de 300 nicaragüenses apátridas. Aunque, sin duda, el cénit de la hostilidad entre Madrid y Managua llegó en enero de este mismo año con Ortega descabezando la Embajada española y Albares replicando con reciprocidad, expulsando al jefe de la delegación nicaragüense en nuestro país. Ahora, en cambio, a escasos meses de que la capital de España albergue la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que está prevista la participación de Nicaragua, el Gobierno de Sánchez guarda silencio ante el plan del dirigente sandinista para eliminar la alternancia en el poder, enterrando el pluralismo y pactando leyes con la Asamblea del país para cerrar el paso a sus adversarios políticos. Un hecho que no duda en denunciar el Partido Popular (PP): «En Nicaragua se cometen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, ello bajo el régimen autoritario encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo», manifiestan, sin tapujos. Los populares en la Cámara Alta, encabezados por la senadora Alicia García, hablan de «persecución política, judicial y administrativa» de, entre otros, opositores y periodistas, que lo son «a fin de ser silenciados y sostener un régimen, a todas luces, contrario al Estado de derecho y a la legalidad internacional que se sustenta en la violencia, la censura y el autoritarismo». A modo probatorio de todos estos señalamientos al Gobierno de Managua, el PP se acoge a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 4 de marzo que declaró responsable al país centroamericano por violaciones de derechos humanos contra Jaime Chavarría Morales, fiscal del principal partido opositor a Ortega y observador electoral en las elecciones municipales de 2007. A meses de celebrarse la Cumbre Iberoamericana en Madrid, la Moncloa se ampara en la postura conjunta de la UE para guardar silencio sobre un régimen que sí calificó de «pantomima» en 2021Ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, Chavarría fue objeto de agresiones físicas tras detectar irregularidades en el proceso. Un fallo, ahondan los de Feijóo, de especial relevancia pues «reconoce la existencia de persecución política en el contexto electoral y denuncia la impunidad judicial». No obstante, exponen, es solo una más de «las graves y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el régimen autoritario de Ortega y Murillo».Dada la actual «gravedad» de la situación, se valen de una moción de condena al régimen autoritario de Nicaragua y en favor de la liberación inmediata de presos políticos ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado que habrá de debatirse y votarse a la vuelta del verano, obligando así a retratarse al PSOE y sus socios, para instar al Gobierno de Sánchez a: condenar firmemente el régimen nicaragüense, manifestar pleno respaldo a las resoluciones y pronunciamientos tanto de la ONU como de la OEA y la Corte Interamericana, a exigir la liberación inmediata de todos los presos y el cese de las detenciones «ilegales y arbitrarias», y a impulsar en el marco de la UE «acciones diplomáticas dirigidas a sancionar las violaciones de los derechos humanos y promover la instauración de la democracia en Nicaragua». Revisar los acuerdos bilateralesComo parte de su ofensiva parlamentaria, el grupo capitaneado por Alicia García también registró el pasado 22 de julio una batería de preguntas escritas al Ejecutivo español que, considera, ha escurrido el bulto tras anunciar Ortega sus intenciones. Entre otras cuestiones, exigen conocer «qué actuaciones concretas adoptará el Gobierno para condenar formalmente la supresión de las elecciones competitivas en Nicaragua y qué posición defenderá ante la UE»; «qué sanciones adicionales promoverá en el seno de la UE contra los responsables de la represión política y el desmantelamiento del sistema electoral nicaragüense»; «qué medidas de protección y asistencia está adoptando Madrid respecto de los presos políticos, opositores desnacionalizados, periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos con vínculos con España»; así como «qué medidas diplomáticas baraja el Ejecutivo español y cómo prevé canalizar en adelante la cooperación española en Nicaragua».Moción en la Cámara Alta «Los nicaragüenses no merecen el silencio cómplice del Gobierno de Sánchez. Por eso, le obligaremos a salir de su escondite» Alicia García Portavoz del PP en el Senado«La libertad, la igualdad y la defensa del Estado de derecho y la democracia son las señas de identidad del PP. Lo llevamos a cabo en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras y, especialmente, en países hermanos como Venezuela, Cuba y, ahora, Nicaragua », sentencia la portavoz popular en el Senado en declaraciones a ABC, quien espera que los nicaragüenses «no sufran lo mismo que están sufriendo los venezolanos o los cubanos». «No merecen el silencio cómplice del Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, le obligaremos a salir de su escondite y le forzaremos a votar si condena o no el régimen de Ortega», zanja García. RSS de noticias de espana
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