El PSOE-A ha reclamado este lunes a Juanma Moreno que adopte medidas contra el narcotráfico y ha acusado al presidente de la Junta de mantener una actitud «hipócrita» y de «no haber hecho absolutamente nada» durante sus ocho años de Gobierno. El secretario de Desarrollo Estatutario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez , ha exigido al Ejecutivo autonómico que active sus competencias en sanidad, educación y justicia y que abandone, a su juicio, la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez . El diputado ha expuesto que el presidente autonómico «no ha hecho absolutamente nada en ocho años» de gobierno y ha lamentado, para empezar, que el Gobierno del PP incumple su compromiso de poner en marcha «una oficina andaluza antidroga para coordinar todas las actuaciones» de la Administración regional en la lucha contra el narcotráfico.La crítica socialista tiene, sin embargo, una peculiaridad: reclama a la Junta una actuación reforzada frente a un fenómeno cuya persecución policial corresponde fundamentalmente al Estado. La Administración autonómica tiene responsabilidades importantes en prevención, asistencia sanitaria, educación, servicios sociales o medios de la Administración de Justicia, pero no dirige a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, que son los cuerpos encargados de combatir directamente las organizaciones dedicadas al narcotráfico.Y es precisamente en ese terreno donde resulta llamativa la ofensiva del PSOE-A. El Gobierno de Sánchez decidió en 2022 poner fin a la estructura específica de OCON-Sur , el dispositivo de la Guardia Civil creado en 2018 para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Interior defendió entonces que sus efectivos, bases y recursos se integrarían en las unidades permanentes de investigación de las distintas comandancias. La decisión fue polémica y sigue siéndolo. La Fiscalía Antidroga de Andalucía vinculó en su memoria de 2022 la reducción de procedimientos por narcotráfico en Cádiz a una «menor presión policial» y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur. Las incautaciones de hachís se redujeron además de forma significativa respecto al año anterior.Numerosas operaciones El contraste resulta todavía más evidente cuando se observa la naturaleza del dispositivo. OCON-Sur no era una oficina administrativa ni un programa de prevención autonómico. Era una unidad especializada de la Guardia Civil dedicada a investigar organizaciones de narcotráfico, blanqueo y crimen organizado. Durante su funcionamiento protagonizó numerosas operaciones contra los grandes clanes asentados en Andalucía.Eso no exime a la Junta de sus responsabilidades. El propio Jiménez señala en su comunicado ámbitos en los que el Gobierno andaluz sí tiene competencias. Reclama, por ejemplo, más medios humanos y técnicos en los juzgados de las zonas afectadas, medidas de prevención entre los jóvenes y condiciones especiales para cubrir plazas de funcionarios de sanidad, educación y justicia en el Campo de Gibraltar. Son asuntos perfectamente susceptibles de fiscalización política. Pero una cosa es exigir a Moreno que cumpla con sus competencias y otra presentar al Gobierno andaluz como responsable principal de la lucha contra las redes de narcotráfico.El propio Gobierno central mantiene hoy un Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar que alcanza a seis provincias andaluzas. El V Plan, vigente hasta finales de 2027, contempla para 2026 38,2 millones de euros en refuerzo de plantillas, medios materiales, tecnología e investigación, y mantiene como protagonistas a Policía Nacional y Guardia Civil.Estar «cruzado de brazos»El PSOE-A, sin embargo, centra su ofensiva en Moreno. Jiménez acusa al presidente de estar «cruzado de brazos» en sus competencias mientras ataca al Gobierno de España y sostiene que utiliza el narcotráfico para evitar que se hable de los incendios y de la sanidad.El argumento tiene una evidente lectura política: el PSOE pretende colocar al presidente de la Junta ante el problema del narcotráfico aunque la competencia policial directa no sea autonómica. Y lo hace mientras el principal antecedente de una decisión controvertida sobre los medios especializados contra el narco corresponde precisamente al Ejecutivo socialista de Sánchez.La paradoja es difícil de ignorar. El PSOE reclama ahora más actuación a la Junta mientras el Gobierno central, al que pide a Moreno «diálogo, entendimiento y coordinación», fue quien decidió sustituir la estructura específica de OCON-Sur por su integración en las comandancias. La Junta tiene obligaciones que cumplir y el PSOE tiene todo el derecho a exigirlas. Pero sería más difícil convertir esa exigencia en una acusación de inacción si, al mismo tiempo, los socialistas asumieran la parte de responsabilidad que corresponde a la Administración que dirige la Policía y la Guardia Civil. Porque en la lucha contra el narcotráfico hay muchas competencias, pero no todas pesan lo mismo. Y reclamar a Moreno que haga más mientras se pasa por alto quién tenía bajo su mando el OCON-Sur y quién decidió integrarlo en otras estructuras resulta, como mínimo, una manera bastante selectiva de repartir responsabilidades. El PSOE-A ha reclamado este lunes a Juanma Moreno que adopte medidas contra el narcotráfico y ha acusado al presidente de la Junta de mantener una actitud «hipócrita» y de «no haber hecho absolutamente nada» durante sus ocho años de Gobierno. El secretario de Desarrollo Estatutario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez , ha exigido al Ejecutivo autonómico que active sus competencias en sanidad, educación y justicia y que abandone, a su juicio, la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez . El diputado ha expuesto que el presidente autonómico «no ha hecho absolutamente nada en ocho años» de gobierno y ha lamentado, para empezar, que el Gobierno del PP incumple su compromiso de poner en marcha «una oficina andaluza antidroga para coordinar todas las actuaciones» de la Administración regional en la lucha contra el narcotráfico.La crítica socialista tiene, sin embargo, una peculiaridad: reclama a la Junta una actuación reforzada frente a un fenómeno cuya persecución policial corresponde fundamentalmente al Estado. La Administración autonómica tiene responsabilidades importantes en prevención, asistencia sanitaria, educación, servicios sociales o medios de la Administración de Justicia, pero no dirige a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, que son los cuerpos encargados de combatir directamente las organizaciones dedicadas al narcotráfico.Y es precisamente en ese terreno donde resulta llamativa la ofensiva del PSOE-A. El Gobierno de Sánchez decidió en 2022 poner fin a la estructura específica de OCON-Sur , el dispositivo de la Guardia Civil creado en 2018 para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Interior defendió entonces que sus efectivos, bases y recursos se integrarían en las unidades permanentes de investigación de las distintas comandancias. La decisión fue polémica y sigue siéndolo. La Fiscalía Antidroga de Andalucía vinculó en su memoria de 2022 la reducción de procedimientos por narcotráfico en Cádiz a una «menor presión policial» y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur. Las incautaciones de hachís se redujeron además de forma significativa respecto al año anterior.Numerosas operaciones El contraste resulta todavía más evidente cuando se observa la naturaleza del dispositivo. OCON-Sur no era una oficina administrativa ni un programa de prevención autonómico. Era una unidad especializada de la Guardia Civil dedicada a investigar organizaciones de narcotráfico, blanqueo y crimen organizado. Durante su funcionamiento protagonizó numerosas operaciones contra los grandes clanes asentados en Andalucía.Eso no exime a la Junta de sus responsabilidades. El propio Jiménez señala en su comunicado ámbitos en los que el Gobierno andaluz sí tiene competencias. Reclama, por ejemplo, más medios humanos y técnicos en los juzgados de las zonas afectadas, medidas de prevención entre los jóvenes y condiciones especiales para cubrir plazas de funcionarios de sanidad, educación y justicia en el Campo de Gibraltar. Son asuntos perfectamente susceptibles de fiscalización política. Pero una cosa es exigir a Moreno que cumpla con sus competencias y otra presentar al Gobierno andaluz como responsable principal de la lucha contra las redes de narcotráfico.El propio Gobierno central mantiene hoy un Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar que alcanza a seis provincias andaluzas. El V Plan, vigente hasta finales de 2027, contempla para 2026 38,2 millones de euros en refuerzo de plantillas, medios materiales, tecnología e investigación, y mantiene como protagonistas a Policía Nacional y Guardia Civil.Estar «cruzado de brazos»El PSOE-A, sin embargo, centra su ofensiva en Moreno. Jiménez acusa al presidente de estar «cruzado de brazos» en sus competencias mientras ataca al Gobierno de España y sostiene que utiliza el narcotráfico para evitar que se hable de los incendios y de la sanidad.El argumento tiene una evidente lectura política: el PSOE pretende colocar al presidente de la Junta ante el problema del narcotráfico aunque la competencia policial directa no sea autonómica. Y lo hace mientras el principal antecedente de una decisión controvertida sobre los medios especializados contra el narco corresponde precisamente al Ejecutivo socialista de Sánchez.La paradoja es difícil de ignorar. El PSOE reclama ahora más actuación a la Junta mientras el Gobierno central, al que pide a Moreno «diálogo, entendimiento y coordinación», fue quien decidió sustituir la estructura específica de OCON-Sur por su integración en las comandancias. La Junta tiene obligaciones que cumplir y el PSOE tiene todo el derecho a exigirlas. Pero sería más difícil convertir esa exigencia en una acusación de inacción si, al mismo tiempo, los socialistas asumieran la parte de responsabilidad que corresponde a la Administración que dirige la Policía y la Guardia Civil. Porque en la lucha contra el narcotráfico hay muchas competencias, pero no todas pesan lo mismo. Y reclamar a Moreno que haga más mientras se pasa por alto quién tenía bajo su mando el OCON-Sur y quién decidió integrarlo en otras estructuras resulta, como mínimo, una manera bastante selectiva de repartir responsabilidades. El PSOE-A ha reclamado este lunes a Juanma Moreno que adopte medidas contra el narcotráfico y ha acusado al presidente de la Junta de mantener una actitud «hipócrita» y de «no haber hecho absolutamente nada» durante sus ocho años de Gobierno. El secretario de Desarrollo Estatutario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez , ha exigido al Ejecutivo autonómico que active sus competencias en sanidad, educación y justicia y que abandone, a su juicio, la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez . El diputado ha expuesto que el presidente autonómico «no ha hecho absolutamente nada en ocho años» de gobierno y ha lamentado, para empezar, que el Gobierno del PP incumple su compromiso de poner en marcha «una oficina andaluza antidroga para coordinar todas las actuaciones» de la Administración regional en la lucha contra el narcotráfico.La crítica socialista tiene, sin embargo, una peculiaridad: reclama a la Junta una actuación reforzada frente a un fenómeno cuya persecución policial corresponde fundamentalmente al Estado. La Administración autonómica tiene responsabilidades importantes en prevención, asistencia sanitaria, educación, servicios sociales o medios de la Administración de Justicia, pero no dirige a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, que son los cuerpos encargados de combatir directamente las organizaciones dedicadas al narcotráfico.Y es precisamente en ese terreno donde resulta llamativa la ofensiva del PSOE-A. El Gobierno de Sánchez decidió en 2022 poner fin a la estructura específica de OCON-Sur , el dispositivo de la Guardia Civil creado en 2018 para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Interior defendió entonces que sus efectivos, bases y recursos se integrarían en las unidades permanentes de investigación de las distintas comandancias. La decisión fue polémica y sigue siéndolo. La Fiscalía Antidroga de Andalucía vinculó en su memoria de 2022 la reducción de procedimientos por narcotráfico en Cádiz a una «menor presión policial» y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur. Las incautaciones de hachís se redujeron además de forma significativa respecto al año anterior.Numerosas operaciones El contraste resulta todavía más evidente cuando se observa la naturaleza del dispositivo. OCON-Sur no era una oficina administrativa ni un programa de prevención autonómico. Era una unidad especializada de la Guardia Civil dedicada a investigar organizaciones de narcotráfico, blanqueo y crimen organizado. Durante su funcionamiento protagonizó numerosas operaciones contra los grandes clanes asentados en Andalucía.Eso no exime a la Junta de sus responsabilidades. El propio Jiménez señala en su comunicado ámbitos en los que el Gobierno andaluz sí tiene competencias. Reclama, por ejemplo, más medios humanos y técnicos en los juzgados de las zonas afectadas, medidas de prevención entre los jóvenes y condiciones especiales para cubrir plazas de funcionarios de sanidad, educación y justicia en el Campo de Gibraltar. Son asuntos perfectamente susceptibles de fiscalización política. Pero una cosa es exigir a Moreno que cumpla con sus competencias y otra presentar al Gobierno andaluz como responsable principal de la lucha contra las redes de narcotráfico.El propio Gobierno central mantiene hoy un Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar que alcanza a seis provincias andaluzas. El V Plan, vigente hasta finales de 2027, contempla para 2026 38,2 millones de euros en refuerzo de plantillas, medios materiales, tecnología e investigación, y mantiene como protagonistas a Policía Nacional y Guardia Civil.Estar «cruzado de brazos»El PSOE-A, sin embargo, centra su ofensiva en Moreno. Jiménez acusa al presidente de estar «cruzado de brazos» en sus competencias mientras ataca al Gobierno de España y sostiene que utiliza el narcotráfico para evitar que se hable de los incendios y de la sanidad.El argumento tiene una evidente lectura política: el PSOE pretende colocar al presidente de la Junta ante el problema del narcotráfico aunque la competencia policial directa no sea autonómica. Y lo hace mientras el principal antecedente de una decisión controvertida sobre los medios especializados contra el narco corresponde precisamente al Ejecutivo socialista de Sánchez.La paradoja es difícil de ignorar. El PSOE reclama ahora más actuación a la Junta mientras el Gobierno central, al que pide a Moreno «diálogo, entendimiento y coordinación», fue quien decidió sustituir la estructura específica de OCON-Sur por su integración en las comandancias. La Junta tiene obligaciones que cumplir y el PSOE tiene todo el derecho a exigirlas. Pero sería más difícil convertir esa exigencia en una acusación de inacción si, al mismo tiempo, los socialistas asumieran la parte de responsabilidad que corresponde a la Administración que dirige la Policía y la Guardia Civil. Porque en la lucha contra el narcotráfico hay muchas competencias, pero no todas pesan lo mismo. Y reclamar a Moreno que haga más mientras se pasa por alto quién tenía bajo su mando el OCON-Sur y quién decidió integrarlo en otras estructuras resulta, como mínimo, una manera bastante selectiva de repartir responsabilidades. RSS de noticias de espana/andalucia
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