El Gobierno ha cogido aire con la visita del Papa a España. Un balón de oxígeno momentáneo para huir de los escándalos de corrupción que copan el debate público y eclipsan la agenda política. Sin embargo, las investigaciones continúan y en el PSOE hay una derivada que preocupa especialmente: la relativa a las cuentas del partido. Por un lado, en todo lo que respecta a Leire Díez y los pagos que se realizaron desde Ferraz a la trama de las ‘cloacas’. Y, por otro, la causa que escruta la contabilidad socialista para detectar si ha existido financiación ilegal. Las fuentes socialistas consultadas se preparan ya para el peor escenario, el que supondría la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de la ‘fontanera’ y advierten de las consecuencias que esto podría derivar: «Sería el final». La investigación que encabeza el juez Santiago Pedraz está todavía en una fase muy embrionaria, algo que para las fuentes consultadas no aporta —precisamente— tranquilidad. Inciden en que, en este momento, hay partes de la instrucción que están bajo secreto de sumario y que esto anticipa una «tortura para mucho tiempo». Sin embargo, el instructor ha realizado varias diligencias que sitúan en el centro de las pesquisas las facturas y los pagos que el partido realizó a Díez. Según el sumario, los socialistas habrían abonado hasta 4.000 euros mensuales a la ‘fontanera’ por sus tareas y tentativas de desactivación de causas judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. En los autos del magistrado se recoge que Santos Cerdán —a quien sitúa como jefe de la operativa— «habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido ». De ahí que en la entrada en Ferraz para requerir documentación, la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se incautara del Plan de Cumplimiento Normativo y tuviera el encargo de identificar a los responsables de ponerlo en marcha. Esta documentación se conforma, concretamente, por un compendio de informes en el que se detallan los mecanismos internos de control y prevención de delitos como el blanqueo, lo que se denomina ‘compliance’. El periodo a escrutar se sitúa en los ejercicios 2024 y 2025. Noticia relacionada general No No Moncloa se blinda y trata de mantener el cortafuegos con Sánchez: «No son escándalos del Gobierno» Ainhoa MartínezAdemás, también se exigió el detalle de los procedimientos para «la autorización de gastos y la realización de pagos, en relación con las facturas presentadas para su abono», incluyendo también a las personas que hayan intervenido en este proceso. El magistrado también identifica como «mendaces» —falsas— las facturas a través de las que se retribuía a Leire Díez. Al menos, se ha establecido trazabilidad de pagos a la trama a través del medio ‘Crónica Libre’, los despachos de abogados de Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y la consultora de Gaspar Zarrías. En este sentido, Pedraz también ha reclamado al PSOE y al PSC sus movimientos bancarios de 2024 y 2025 a petición de la UCO. «No hay ninguna prueba»Si se demuestra que el partido pagó a la ‘fontanera’ a través de facturas simuladas, en el PSOE asumen que se producirá la imputación. Desde los altavoces oficiales de la formación y del Gobierno se niega cualquier posibilidad de que se llegue a este escenario. «No hay ningún motivo», dicen, descartando también la eventualidad de que se pueda acabar llamando como testigo al presidente del Gobierno o elevando un suplicatorio para imputarle. «A nivel jurídico no hay indicio de que el presidente conozca a esta señora. No hay ninguna prueba», sentencian. Eso sí, reconocen que las iniciales ‘P. S.’ que aparecen en las agendas pueden corresponder a Sánchez, aunque sin que supongan ninguna ilegalidad. En Ferraz, por su parte, presumen del «estriptis» financiero que han hecho, entregando toda su contabilidad a la justicia para que investigue sin cortapisas. Se refieren a la otra causa que está abierta también en la Audiencia Nacional —a cargo de Ismael Moreno— en la que se están investigando los ingresos y gastos del PSOE. En la dirección aseguran que todos los pagos están contrastados y que han superado las auditorías a las que han sido sometidas hasta ahora.«A nivel jurídico no hay indicio de que el presidente conozca a esta señora [Leire Díez]. No hay ninguna prueba», dicen en MoncloaLas fuentes socialistas consultadas no entienden la inacción del partido. La incomprensión se enfoca en el mantenimiento de la gerente, Ana María Fuentes, en el puesto, pese a estar ya formalmente imputada, y no haber iniciado ninguna acción judicial contra quienes desde Ferraz se identificó como «farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso». En varios niveles de la formación aprecian un «riesgo evidente» de que si no se actúa, la causa acabe afectando al conjunto de la organización. Estas fuentes muestran su preocupación por el alcance que están tomando las investigaciones y que pueden acabar comprometiendo las siglas del partido en vísperas de la cita electoral en las municipales y autonómicas del próximo año. De este modo, denuncian el «agujero» que se está abriendo en la credibilidad del PSOE y que sean quienes están haciendo un buen trabajo en la formación quienes acaben pagando las consecuencias.De momento, desde Ferraz no emiten señal alguna en este sentido. Dejan la puerta abierta a presentar una querella, pero no acaban de ejecutarla, a la espera de que los servicios jurídicos estudien todos los hechos sobre la mesa. «Estamos en una fase de indicios» , señalan para tratar de dilatar la toma de decisiones. En todo caso, que las cuentas o la financiación del PSOE puedan quedar comprometidas tiene un impacto directo en la estabilidad de la legislatura. Los socios de investidura, que han realizado un sistemático corrimiento de sus líneas rojas con el Gobierno, han ubicado como punto de no retorno la financiación ilegal del partido. Si esto quedara acreditado en alguna de las causas que se investigan o el PSOE resultara imputado como persona jurídica, obligaría a recalcular la estrategia. La de todos. El Gobierno ha cogido aire con la visita del Papa a España. Un balón de oxígeno momentáneo para huir de los escándalos de corrupción que copan el debate público y eclipsan la agenda política. Sin embargo, las investigaciones continúan y en el PSOE hay una derivada que preocupa especialmente: la relativa a las cuentas del partido. Por un lado, en todo lo que respecta a Leire Díez y los pagos que se realizaron desde Ferraz a la trama de las ‘cloacas’. Y, por otro, la causa que escruta la contabilidad socialista para detectar si ha existido financiación ilegal. Las fuentes socialistas consultadas se preparan ya para el peor escenario, el que supondría la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de la ‘fontanera’ y advierten de las consecuencias que esto podría derivar: «Sería el final». La investigación que encabeza el juez Santiago Pedraz está todavía en una fase muy embrionaria, algo que para las fuentes consultadas no aporta —precisamente— tranquilidad. Inciden en que, en este momento, hay partes de la instrucción que están bajo secreto de sumario y que esto anticipa una «tortura para mucho tiempo». Sin embargo, el instructor ha realizado varias diligencias que sitúan en el centro de las pesquisas las facturas y los pagos que el partido realizó a Díez. Según el sumario, los socialistas habrían abonado hasta 4.000 euros mensuales a la ‘fontanera’ por sus tareas y tentativas de desactivación de causas judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. En los autos del magistrado se recoge que Santos Cerdán —a quien sitúa como jefe de la operativa— «habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido ». De ahí que en la entrada en Ferraz para requerir documentación, la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se incautara del Plan de Cumplimiento Normativo y tuviera el encargo de identificar a los responsables de ponerlo en marcha. Esta documentación se conforma, concretamente, por un compendio de informes en el que se detallan los mecanismos internos de control y prevención de delitos como el blanqueo, lo que se denomina ‘compliance’. El periodo a escrutar se sitúa en los ejercicios 2024 y 2025. Noticia relacionada general No No Moncloa se blinda y trata de mantener el cortafuegos con Sánchez: «No son escándalos del Gobierno» Ainhoa MartínezAdemás, también se exigió el detalle de los procedimientos para «la autorización de gastos y la realización de pagos, en relación con las facturas presentadas para su abono», incluyendo también a las personas que hayan intervenido en este proceso. El magistrado también identifica como «mendaces» —falsas— las facturas a través de las que se retribuía a Leire Díez. Al menos, se ha establecido trazabilidad de pagos a la trama a través del medio ‘Crónica Libre’, los despachos de abogados de Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y la consultora de Gaspar Zarrías. En este sentido, Pedraz también ha reclamado al PSOE y al PSC sus movimientos bancarios de 2024 y 2025 a petición de la UCO. «No hay ninguna prueba»Si se demuestra que el partido pagó a la ‘fontanera’ a través de facturas simuladas, en el PSOE asumen que se producirá la imputación. Desde los altavoces oficiales de la formación y del Gobierno se niega cualquier posibilidad de que se llegue a este escenario. «No hay ningún motivo», dicen, descartando también la eventualidad de que se pueda acabar llamando como testigo al presidente del Gobierno o elevando un suplicatorio para imputarle. «A nivel jurídico no hay indicio de que el presidente conozca a esta señora. No hay ninguna prueba», sentencian. Eso sí, reconocen que las iniciales ‘P. S.’ que aparecen en las agendas pueden corresponder a Sánchez, aunque sin que supongan ninguna ilegalidad. En Ferraz, por su parte, presumen del «estriptis» financiero que han hecho, entregando toda su contabilidad a la justicia para que investigue sin cortapisas. Se refieren a la otra causa que está abierta también en la Audiencia Nacional —a cargo de Ismael Moreno— en la que se están investigando los ingresos y gastos del PSOE. En la dirección aseguran que todos los pagos están contrastados y que han superado las auditorías a las que han sido sometidas hasta ahora.«A nivel jurídico no hay indicio de que el presidente conozca a esta señora [Leire Díez]. No hay ninguna prueba», dicen en MoncloaLas fuentes socialistas consultadas no entienden la inacción del partido. La incomprensión se enfoca en el mantenimiento de la gerente, Ana María Fuentes, en el puesto, pese a estar ya formalmente imputada, y no haber iniciado ninguna acción judicial contra quienes desde Ferraz se identificó como «farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso». En varios niveles de la formación aprecian un «riesgo evidente» de que si no se actúa, la causa acabe afectando al conjunto de la organización. Estas fuentes muestran su preocupación por el alcance que están tomando las investigaciones y que pueden acabar comprometiendo las siglas del partido en vísperas de la cita electoral en las municipales y autonómicas del próximo año. De este modo, denuncian el «agujero» que se está abriendo en la credibilidad del PSOE y que sean quienes están haciendo un buen trabajo en la formación quienes acaben pagando las consecuencias.De momento, desde Ferraz no emiten señal alguna en este sentido. Dejan la puerta abierta a presentar una querella, pero no acaban de ejecutarla, a la espera de que los servicios jurídicos estudien todos los hechos sobre la mesa. «Estamos en una fase de indicios» , señalan para tratar de dilatar la toma de decisiones. En todo caso, que las cuentas o la financiación del PSOE puedan quedar comprometidas tiene un impacto directo en la estabilidad de la legislatura. Los socios de investidura, que han realizado un sistemático corrimiento de sus líneas rojas con el Gobierno, han ubicado como punto de no retorno la financiación ilegal del partido. Si esto quedara acreditado en alguna de las causas que se investigan o el PSOE resultara imputado como persona jurídica, obligaría a recalcular la estrategia. La de todos. El Gobierno ha cogido aire con la visita del Papa a España. Un balón de oxígeno momentáneo para huir de los escándalos de corrupción que copan el debate público y eclipsan la agenda política. Sin embargo, las investigaciones continúan y en el PSOE hay una derivada que preocupa especialmente: la relativa a las cuentas del partido. Por un lado, en todo lo que respecta a Leire Díez y los pagos que se realizaron desde Ferraz a la trama de las ‘cloacas’. Y, por otro, la causa que escruta la contabilidad socialista para detectar si ha existido financiación ilegal. Las fuentes socialistas consultadas se preparan ya para el peor escenario, el que supondría la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de la ‘fontanera’ y advierten de las consecuencias que esto podría derivar: «Sería el final». La investigación que encabeza el juez Santiago Pedraz está todavía en una fase muy embrionaria, algo que para las fuentes consultadas no aporta —precisamente— tranquilidad. Inciden en que, en este momento, hay partes de la instrucción que están bajo secreto de sumario y que esto anticipa una «tortura para mucho tiempo». Sin embargo, el instructor ha realizado varias diligencias que sitúan en el centro de las pesquisas las facturas y los pagos que el partido realizó a Díez. Según el sumario, los socialistas habrían abonado hasta 4.000 euros mensuales a la ‘fontanera’ por sus tareas y tentativas de desactivación de causas judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. En los autos del magistrado se recoge que Santos Cerdán —a quien sitúa como jefe de la operativa— «habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido ». De ahí que en la entrada en Ferraz para requerir documentación, la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se incautara del Plan de Cumplimiento Normativo y tuviera el encargo de identificar a los responsables de ponerlo en marcha. Esta documentación se conforma, concretamente, por un compendio de informes en el que se detallan los mecanismos internos de control y prevención de delitos como el blanqueo, lo que se denomina ‘compliance’. El periodo a escrutar se sitúa en los ejercicios 2024 y 2025. Noticia relacionada general No No Moncloa se blinda y trata de mantener el cortafuegos con Sánchez: «No son escándalos del Gobierno» Ainhoa MartínezAdemás, también se exigió el detalle de los procedimientos para «la autorización de gastos y la realización de pagos, en relación con las facturas presentadas para su abono», incluyendo también a las personas que hayan intervenido en este proceso. El magistrado también identifica como «mendaces» —falsas— las facturas a través de las que se retribuía a Leire Díez. Al menos, se ha establecido trazabilidad de pagos a la trama a través del medio ‘Crónica Libre’, los despachos de abogados de Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y la consultora de Gaspar Zarrías. En este sentido, Pedraz también ha reclamado al PSOE y al PSC sus movimientos bancarios de 2024 y 2025 a petición de la UCO. «No hay ninguna prueba»Si se demuestra que el partido pagó a la ‘fontanera’ a través de facturas simuladas, en el PSOE asumen que se producirá la imputación. Desde los altavoces oficiales de la formación y del Gobierno se niega cualquier posibilidad de que se llegue a este escenario. «No hay ningún motivo», dicen, descartando también la eventualidad de que se pueda acabar llamando como testigo al presidente del Gobierno o elevando un suplicatorio para imputarle. «A nivel jurídico no hay indicio de que el presidente conozca a esta señora. No hay ninguna prueba», sentencian. Eso sí, reconocen que las iniciales ‘P. S.’ que aparecen en las agendas pueden corresponder a Sánchez, aunque sin que supongan ninguna ilegalidad. En Ferraz, por su parte, presumen del «estriptis» financiero que han hecho, entregando toda su contabilidad a la justicia para que investigue sin cortapisas. Se refieren a la otra causa que está abierta también en la Audiencia Nacional —a cargo de Ismael Moreno— en la que se están investigando los ingresos y gastos del PSOE. En la dirección aseguran que todos los pagos están contrastados y que han superado las auditorías a las que han sido sometidas hasta ahora.«A nivel jurídico no hay indicio de que el presidente conozca a esta señora [Leire Díez]. No hay ninguna prueba», dicen en MoncloaLas fuentes socialistas consultadas no entienden la inacción del partido. La incomprensión se enfoca en el mantenimiento de la gerente, Ana María Fuentes, en el puesto, pese a estar ya formalmente imputada, y no haber iniciado ninguna acción judicial contra quienes desde Ferraz se identificó como «farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso». En varios niveles de la formación aprecian un «riesgo evidente» de que si no se actúa, la causa acabe afectando al conjunto de la organización. Estas fuentes muestran su preocupación por el alcance que están tomando las investigaciones y que pueden acabar comprometiendo las siglas del partido en vísperas de la cita electoral en las municipales y autonómicas del próximo año. De este modo, denuncian el «agujero» que se está abriendo en la credibilidad del PSOE y que sean quienes están haciendo un buen trabajo en la formación quienes acaben pagando las consecuencias.De momento, desde Ferraz no emiten señal alguna en este sentido. Dejan la puerta abierta a presentar una querella, pero no acaban de ejecutarla, a la espera de que los servicios jurídicos estudien todos los hechos sobre la mesa. «Estamos en una fase de indicios» , señalan para tratar de dilatar la toma de decisiones. En todo caso, que las cuentas o la financiación del PSOE puedan quedar comprometidas tiene un impacto directo en la estabilidad de la legislatura. Los socios de investidura, que han realizado un sistemático corrimiento de sus líneas rojas con el Gobierno, han ubicado como punto de no retorno la financiación ilegal del partido. Si esto quedara acreditado en alguna de las causas que se investigan o el PSOE resultara imputado como persona jurídica, obligaría a recalcular la estrategia. La de todos. RSS de noticias de espana
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