La esperada luz verde del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz ha provocado una tormenta de reacciones en Extremadura, donde toda una comarca, la del Campo Arañuelo, depende industrial y laboralmente de la planta. El informe favorable del organismo regulador, que considera que la instalación reúne las condiciones para seguir operando hasta junio de 2030, era un paso previsto y, al mismo tiempo, necesario para que instituciones y sociedad civil pudiesen intensificar, más si cabe, la presión sobre el Gobierno para que despeje, cuanto antes, el futuro de la instalación.En Extremadura, entienden que el informe cumple con la última de las condiciones exigidas por el propio Ministerio de Transición Ecológica para autorizar la prórroga. Así se pronuncia, por ejemplo, la plataforma `Sí a Almaraz, Sí al futuro´, que cree que el pronunciamiento del CSN carga de argumentos a quienes viven de la central: «Hoy es un día importante, que llena de esperanza a miles de personas que trabajan alrededor de Almaraz», decía su presidente Fernando Sánchez. No es un pensamiento exclusivo de quienes dependen directamente de la central. Lo comparte, incluso, el Partido Socialista de Extremadura. Su nuevo -y cacereño- líder, Álvaro Sánchez Cotrina no tardó en reaccionar para asegurar que se trata de un paso «decisivo» para la continuidad de Almaraz. El secretario general cree que cumple, precisamente, con lo exigido por el ministerio de Sara Aagesen: «Se cumple el tercer requisito que había puesto encima de la mesa el Gobierno». Su postura, favorable a la central, es más contundente que la de su predecesor -el recientemente condenado por prevaricación Miguel Ángel Gallardo-, pero sigue dando algo de aire a Moncloa. Al referirse a Sánchez, Cotrina aseguró que culminará la prórroga «sin ruido, sin estridencias y sin confrontación política». Dentro del socialismo extremeño, hay quienes van todavía más allá. Una de esas voces es la del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, socialista de gran influencia en la región. Él sí apuntó directamente a Moncloa. «Lo que exigimos es que el Gobierno no demore más esta decisión» , decía Morales, que cree que ya es el momento de dar «seguridad a los pueblos, a las personas, al empleo, al Campo Arañuelo y a toda la provincia».No es una posición aislada. Hace apenas unos meses, alcaldes y concejales socialistas de los municipios dependientes de la central nuclear de Almaraz llegaron a firmar un manifiesto en el que amenazaban con abandonar la militancia si el Gobierno mantenía el calendario de cierre sin autorizar la prórroga. Aquella «rebelión» interna evidenció que, dentro de la comarca, la defensa de Almaraz es un clamor, también dentro del PSOE. En estos municipios, la sensación sigue siendo la misma. Creen que el informe les da la razón y que el Gobierno debe ejecutar la prórroga con la mayor celeridad posible.La Junta, contundenteLa posición más contundente volvió a ser la de la Junta de Extremadura. Su presidenta, María Guardiola, aseguró que el informe demuestra que «ya no hay excusas» y que el Gobierno «solo tiene un camino», que no es otro que «anunciar de inmediato la prórroga». Para Guardiola, el CSN confirma que Almaraz es «segura y está en condiciones de seguir operando», lo que, en su opinión, es una victoria para el «futuro de miles de familias extremeñas» y para la «soberanía energética de todo el país». En la misma línea se pronunció la consejera de Industria, Mercedes Morán, que cerró su intervención ante los medios con un firme «Almaraz no se cierra».Por su parte, Vox interpreta el dictamen como un argumento definitivo para mantener abierta la central. Su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, afirmó que «la pelota está en el tejado del Gobierno de España», al que instó a decidir «si hace caso a los expertos o sigue aferrado a su fanatismo ecológico», al tiempo que reiteró que «Almaraz no se toca». La nota discordante, única en el parlamento regional, la puso Unidas por Extremadura. Su líder, Irene de Miguel, acusó al CSN de «no actuar con la imparcialidad que debiera», además de asegurar que la central «no está en condiciones de ser prorrogada» por unas supuestas «averías e incidencias» que, según su versión, se vienen repitiendo en los últimos años. La esperada luz verde del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz ha provocado una tormenta de reacciones en Extremadura, donde toda una comarca, la del Campo Arañuelo, depende industrial y laboralmente de la planta. El informe favorable del organismo regulador, que considera que la instalación reúne las condiciones para seguir operando hasta junio de 2030, era un paso previsto y, al mismo tiempo, necesario para que instituciones y sociedad civil pudiesen intensificar, más si cabe, la presión sobre el Gobierno para que despeje, cuanto antes, el futuro de la instalación.En Extremadura, entienden que el informe cumple con la última de las condiciones exigidas por el propio Ministerio de Transición Ecológica para autorizar la prórroga. Así se pronuncia, por ejemplo, la plataforma `Sí a Almaraz, Sí al futuro´, que cree que el pronunciamiento del CSN carga de argumentos a quienes viven de la central: «Hoy es un día importante, que llena de esperanza a miles de personas que trabajan alrededor de Almaraz», decía su presidente Fernando Sánchez. No es un pensamiento exclusivo de quienes dependen directamente de la central. Lo comparte, incluso, el Partido Socialista de Extremadura. Su nuevo -y cacereño- líder, Álvaro Sánchez Cotrina no tardó en reaccionar para asegurar que se trata de un paso «decisivo» para la continuidad de Almaraz. El secretario general cree que cumple, precisamente, con lo exigido por el ministerio de Sara Aagesen: «Se cumple el tercer requisito que había puesto encima de la mesa el Gobierno». Su postura, favorable a la central, es más contundente que la de su predecesor -el recientemente condenado por prevaricación Miguel Ángel Gallardo-, pero sigue dando algo de aire a Moncloa. Al referirse a Sánchez, Cotrina aseguró que culminará la prórroga «sin ruido, sin estridencias y sin confrontación política». Dentro del socialismo extremeño, hay quienes van todavía más allá. Una de esas voces es la del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, socialista de gran influencia en la región. Él sí apuntó directamente a Moncloa. «Lo que exigimos es que el Gobierno no demore más esta decisión» , decía Morales, que cree que ya es el momento de dar «seguridad a los pueblos, a las personas, al empleo, al Campo Arañuelo y a toda la provincia».No es una posición aislada. Hace apenas unos meses, alcaldes y concejales socialistas de los municipios dependientes de la central nuclear de Almaraz llegaron a firmar un manifiesto en el que amenazaban con abandonar la militancia si el Gobierno mantenía el calendario de cierre sin autorizar la prórroga. Aquella «rebelión» interna evidenció que, dentro de la comarca, la defensa de Almaraz es un clamor, también dentro del PSOE. En estos municipios, la sensación sigue siendo la misma. Creen que el informe les da la razón y que el Gobierno debe ejecutar la prórroga con la mayor celeridad posible.La Junta, contundenteLa posición más contundente volvió a ser la de la Junta de Extremadura. Su presidenta, María Guardiola, aseguró que el informe demuestra que «ya no hay excusas» y que el Gobierno «solo tiene un camino», que no es otro que «anunciar de inmediato la prórroga». Para Guardiola, el CSN confirma que Almaraz es «segura y está en condiciones de seguir operando», lo que, en su opinión, es una victoria para el «futuro de miles de familias extremeñas» y para la «soberanía energética de todo el país». En la misma línea se pronunció la consejera de Industria, Mercedes Morán, que cerró su intervención ante los medios con un firme «Almaraz no se cierra».Por su parte, Vox interpreta el dictamen como un argumento definitivo para mantener abierta la central. Su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, afirmó que «la pelota está en el tejado del Gobierno de España», al que instó a decidir «si hace caso a los expertos o sigue aferrado a su fanatismo ecológico», al tiempo que reiteró que «Almaraz no se toca». La nota discordante, única en el parlamento regional, la puso Unidas por Extremadura. Su líder, Irene de Miguel, acusó al CSN de «no actuar con la imparcialidad que debiera», además de asegurar que la central «no está en condiciones de ser prorrogada» por unas supuestas «averías e incidencias» que, según su versión, se vienen repitiendo en los últimos años. La esperada luz verde del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz ha provocado una tormenta de reacciones en Extremadura, donde toda una comarca, la del Campo Arañuelo, depende industrial y laboralmente de la planta. El informe favorable del organismo regulador, que considera que la instalación reúne las condiciones para seguir operando hasta junio de 2030, era un paso previsto y, al mismo tiempo, necesario para que instituciones y sociedad civil pudiesen intensificar, más si cabe, la presión sobre el Gobierno para que despeje, cuanto antes, el futuro de la instalación.En Extremadura, entienden que el informe cumple con la última de las condiciones exigidas por el propio Ministerio de Transición Ecológica para autorizar la prórroga. Así se pronuncia, por ejemplo, la plataforma `Sí a Almaraz, Sí al futuro´, que cree que el pronunciamiento del CSN carga de argumentos a quienes viven de la central: «Hoy es un día importante, que llena de esperanza a miles de personas que trabajan alrededor de Almaraz», decía su presidente Fernando Sánchez. No es un pensamiento exclusivo de quienes dependen directamente de la central. Lo comparte, incluso, el Partido Socialista de Extremadura. Su nuevo -y cacereño- líder, Álvaro Sánchez Cotrina no tardó en reaccionar para asegurar que se trata de un paso «decisivo» para la continuidad de Almaraz. El secretario general cree que cumple, precisamente, con lo exigido por el ministerio de Sara Aagesen: «Se cumple el tercer requisito que había puesto encima de la mesa el Gobierno». Su postura, favorable a la central, es más contundente que la de su predecesor -el recientemente condenado por prevaricación Miguel Ángel Gallardo-, pero sigue dando algo de aire a Moncloa. Al referirse a Sánchez, Cotrina aseguró que culminará la prórroga «sin ruido, sin estridencias y sin confrontación política». Dentro del socialismo extremeño, hay quienes van todavía más allá. Una de esas voces es la del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, socialista de gran influencia en la región. Él sí apuntó directamente a Moncloa. «Lo que exigimos es que el Gobierno no demore más esta decisión» , decía Morales, que cree que ya es el momento de dar «seguridad a los pueblos, a las personas, al empleo, al Campo Arañuelo y a toda la provincia».No es una posición aislada. Hace apenas unos meses, alcaldes y concejales socialistas de los municipios dependientes de la central nuclear de Almaraz llegaron a firmar un manifiesto en el que amenazaban con abandonar la militancia si el Gobierno mantenía el calendario de cierre sin autorizar la prórroga. Aquella «rebelión» interna evidenció que, dentro de la comarca, la defensa de Almaraz es un clamor, también dentro del PSOE. En estos municipios, la sensación sigue siendo la misma. Creen que el informe les da la razón y que el Gobierno debe ejecutar la prórroga con la mayor celeridad posible.La Junta, contundenteLa posición más contundente volvió a ser la de la Junta de Extremadura. Su presidenta, María Guardiola, aseguró que el informe demuestra que «ya no hay excusas» y que el Gobierno «solo tiene un camino», que no es otro que «anunciar de inmediato la prórroga». Para Guardiola, el CSN confirma que Almaraz es «segura y está en condiciones de seguir operando», lo que, en su opinión, es una victoria para el «futuro de miles de familias extremeñas» y para la «soberanía energética de todo el país». En la misma línea se pronunció la consejera de Industria, Mercedes Morán, que cerró su intervención ante los medios con un firme «Almaraz no se cierra».Por su parte, Vox interpreta el dictamen como un argumento definitivo para mantener abierta la central. Su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, afirmó que «la pelota está en el tejado del Gobierno de España», al que instó a decidir «si hace caso a los expertos o sigue aferrado a su fanatismo ecológico», al tiempo que reiteró que «Almaraz no se toca». La nota discordante, única en el parlamento regional, la puso Unidas por Extremadura. Su líder, Irene de Miguel, acusó al CSN de «no actuar con la imparcialidad que debiera», además de asegurar que la central «no está en condiciones de ser prorrogada» por unas supuestas «averías e incidencias» que, según su versión, se vienen repitiendo en los últimos años. RSS de noticias de espana
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