El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el real decreto de universidades con el que Pedro Sánchez y Diana Morant pretendían decidir arbitrariamente quién puede abrir una universidad en España (entre los recurrentes figuraba la Universidad de las Hespérides, de la que formo parte como decano, de modo que el lector sabrá descontar mi satisfacción por la noticia). Y lo ha hecho sin entrar siquiera en el fondo de la cuestión: le ha bastado constatar que el Gobierno declaró urgente su tramitación para así saltarse la consulta pública previa que exige la ley. La urgencia solo procede ante circunstancias extraordinarias e imprevisibles, y las torpes excusas que invocó el Ejecutivo, el auge de las privadas y de la docencia virtual, son tendencias que llevan años gestándose al amparo de la regulación vigente sin que nadie haya acreditado daño alguno. Para colmo, la urgencia se decretó en abril de 2025 para que la norma rigiera al inicio del curso 2025-2026, pero no entró en vigor hasta el 28 de octubre, con las clases ya empezadas: seis meses de tramitación urgente para llegar tarde a la única fecha que justificaba tales prisas.Que el decreto caiga por la forma no resta un ápice a la buena noticia, pues lo que se lleva por delante es una norma infame en el fondo. Su preámbulo lamentaba que hayamos pasado de cuatro universidades privadas en 1983 a 46 hoy, o que el 26% de los universitarios estudie en formato virtual. Es decir, el problema, que para el Ejecutivo exigía una corrección urgente e inaplazable, era que centenares de miles de familias escogieran algo distinto de lo que el Gobierno quería que escogieran. Y, claro, si no puedes imponer que la gente escoja lo que tú deseas, impide que existan alternativas entre las que escoger. De ahí unos requisitos tan absurdos como un mínimo de 4.500 alumnos (Caltech, con unos 2.400, no podría existir en España); al menos 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados, lo que proscribía las universidades especializadas; alojamiento para el 10% de los alumnos presenciales, exigido por un Gobierno incapaz de resolver el problema de la vivienda; o un informe vinculante de la agencia de calidad cuyo silencio era negativo.Ninguno de estos requisitos mide la calidad de la enseñanza: todos encarecen el funcionamiento de las universidades para dificultar la apertura de nuevos centros. En economía eso tiene un nombre, barreras de entrada, y su función no es proteger a los estudiantes, sino a los competidores ya instalados frente a la aparición de mejores alternativas. Así que bien tumbado está el decreto.Es verdad que Sánchez ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. Pero repetir el procedimiento con su consulta pública le llevaría meses, así que acaso tenga la tentación de recurrir a un real decreto-ley convalidado por una Diputación Permanente donde, con las Cortes disueltas, goza de una mayoría que no tenía en el Pleno. Sería un doble fraude constitucional, pues el decreto-ley no puede afectar a los derechos del título I, entre ellos la libertad de creación de centros docentes que consagra el artículo 27.6. Pero de un Gobierno acorralado y con tintes autoritarios cabe esperar cualquier cosa. El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el real decreto de universidades con el que Pedro Sánchez y Diana Morant pretendían decidir arbitrariamente quién puede abrir una universidad en España (entre los recurrentes figuraba la Universidad de las Hespérides, de la que formo parte como decano, de modo que el lector sabrá descontar mi satisfacción por la noticia). Y lo ha hecho sin entrar siquiera en el fondo de la cuestión: le ha bastado constatar que el Gobierno declaró urgente su tramitación para así saltarse la consulta pública previa que exige la ley. La urgencia solo procede ante circunstancias extraordinarias e imprevisibles, y las torpes excusas que invocó el Ejecutivo, el auge de las privadas y de la docencia virtual, son tendencias que llevan años gestándose al amparo de la regulación vigente sin que nadie haya acreditado daño alguno. Para colmo, la urgencia se decretó en abril de 2025 para que la norma rigiera al inicio del curso 2025-2026, pero no entró en vigor hasta el 28 de octubre, con las clases ya empezadas: seis meses de tramitación urgente para llegar tarde a la única fecha que justificaba tales prisas.Que el decreto caiga por la forma no resta un ápice a la buena noticia, pues lo que se lleva por delante es una norma infame en el fondo. Su preámbulo lamentaba que hayamos pasado de cuatro universidades privadas en 1983 a 46 hoy, o que el 26% de los universitarios estudie en formato virtual. Es decir, el problema, que para el Ejecutivo exigía una corrección urgente e inaplazable, era que centenares de miles de familias escogieran algo distinto de lo que el Gobierno quería que escogieran. Y, claro, si no puedes imponer que la gente escoja lo que tú deseas, impide que existan alternativas entre las que escoger. De ahí unos requisitos tan absurdos como un mínimo de 4.500 alumnos (Caltech, con unos 2.400, no podría existir en España); al menos 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados, lo que proscribía las universidades especializadas; alojamiento para el 10% de los alumnos presenciales, exigido por un Gobierno incapaz de resolver el problema de la vivienda; o un informe vinculante de la agencia de calidad cuyo silencio era negativo.Ninguno de estos requisitos mide la calidad de la enseñanza: todos encarecen el funcionamiento de las universidades para dificultar la apertura de nuevos centros. En economía eso tiene un nombre, barreras de entrada, y su función no es proteger a los estudiantes, sino a los competidores ya instalados frente a la aparición de mejores alternativas. Así que bien tumbado está el decreto.Es verdad que Sánchez ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. Pero repetir el procedimiento con su consulta pública le llevaría meses, así que acaso tenga la tentación de recurrir a un real decreto-ley convalidado por una Diputación Permanente donde, con las Cortes disueltas, goza de una mayoría que no tenía en el Pleno. Sería un doble fraude constitucional, pues el decreto-ley no puede afectar a los derechos del título I, entre ellos la libertad de creación de centros docentes que consagra el artículo 27.6. Pero de un Gobierno acorralado y con tintes autoritarios cabe esperar cualquier cosa. El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el real decreto de universidades con el que Pedro Sánchez y Diana Morant pretendían decidir arbitrariamente quién puede abrir una universidad en España (entre los recurrentes figuraba la Universidad de las Hespérides, de la que formo parte como decano, de modo que el lector sabrá descontar mi satisfacción por la noticia). Y lo ha hecho sin entrar siquiera en el fondo de la cuestión: le ha bastado constatar que el Gobierno declaró urgente su tramitación para así saltarse la consulta pública previa que exige la ley. La urgencia solo procede ante circunstancias extraordinarias e imprevisibles, y las torpes excusas que invocó el Ejecutivo, el auge de las privadas y de la docencia virtual, son tendencias que llevan años gestándose al amparo de la regulación vigente sin que nadie haya acreditado daño alguno. Para colmo, la urgencia se decretó en abril de 2025 para que la norma rigiera al inicio del curso 2025-2026, pero no entró en vigor hasta el 28 de octubre, con las clases ya empezadas: seis meses de tramitación urgente para llegar tarde a la única fecha que justificaba tales prisas.Que el decreto caiga por la forma no resta un ápice a la buena noticia, pues lo que se lleva por delante es una norma infame en el fondo. Su preámbulo lamentaba que hayamos pasado de cuatro universidades privadas en 1983 a 46 hoy, o que el 26% de los universitarios estudie en formato virtual. Es decir, el problema, que para el Ejecutivo exigía una corrección urgente e inaplazable, era que centenares de miles de familias escogieran algo distinto de lo que el Gobierno quería que escogieran. Y, claro, si no puedes imponer que la gente escoja lo que tú deseas, impide que existan alternativas entre las que escoger. De ahí unos requisitos tan absurdos como un mínimo de 4.500 alumnos (Caltech, con unos 2.400, no podría existir en España); al menos 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados, lo que proscribía las universidades especializadas; alojamiento para el 10% de los alumnos presenciales, exigido por un Gobierno incapaz de resolver el problema de la vivienda; o un informe vinculante de la agencia de calidad cuyo silencio era negativo.Ninguno de estos requisitos mide la calidad de la enseñanza: todos encarecen el funcionamiento de las universidades para dificultar la apertura de nuevos centros. En economía eso tiene un nombre, barreras de entrada, y su función no es proteger a los estudiantes, sino a los competidores ya instalados frente a la aparición de mejores alternativas. Así que bien tumbado está el decreto.Es verdad que Sánchez ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. Pero repetir el procedimiento con su consulta pública le llevaría meses, así que acaso tenga la tentación de recurrir a un real decreto-ley convalidado por una Diputación Permanente donde, con las Cortes disueltas, goza de una mayoría que no tenía en el Pleno. Sería un doble fraude constitucional, pues el decreto-ley no puede afectar a los derechos del título I, entre ellos la libertad de creación de centros docentes que consagra el artículo 27.6. Pero de un Gobierno acorralado y con tintes autoritarios cabe esperar cualquier cosa. RSS de noticias de economia
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