Alberto Núñez Feijóo ha calificado el absentismo laboral de «cáncer que no podemos pagar» y ha propuesto que los trabajadores de baja no cobren el 100% de su salario. La izquierda se le ha lanzado al cuello: Pedro Sánchez lo acusa de recortar derechos, Yolanda Díaz replica que estar enfermo no es una elección y Mónica García zanja que las bajas son un acto médico y que, por tanto, no puede haber fraude. Pero, más allá de la refriega partidista, el debate que Feijóo ha abierto es tan incómodo como necesario.Los datos son elocuentes: en 2016 se iniciaron en España 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal; en 2025, casi 10 millones. Y si medimos el stock en lugar del flujo, el porcentaje de ocupados que no trabajó por incapacidad temporal ha pasado del 2% al 4,4% en una década, situándonos a la cabeza de Europa. El coste directo ronda los 20.000 millones de euros anuales (la cifra de 30.000 millones que ofreció Feijóo está inflada por una doble contabilización), pero el IVIE estima que, sumando la producción perdida, la factura total supera los 90.000 millones.Es verdad que una parte de este incremento admite explicaciones ajenas al fraude: hay más gente trabajando, la población ocupada ha envejecido, la pandemia ha modificado la gestión laboral de las enfermedades respiratorias y las crecientes listas de espera sanitarias alargan la duración de bajas legítimas. Ahora bien, tan ingenuo es sostener que todas las bajas son fraudulentas como que ninguna lo es. Y los indicios de que existe fraude son poderosos: el 26% de las bajas se solicita en lunes; el 16% de los trabajadores (los repetidores a la hora de solicitar bajas) concentra el 70% de todas ellas y explica la práctica totalidad del aumento de la última década; el número de bajas crece cuando la economía va bien y se desploma cuando va mal; y la evidencia internacional (Alemania, Suecia o los funcionarios españoles tras 2012) muestra que, cuando se recorta la prestación, las solicitudes se hunden.general No No El verano concentra casi un millón de bajas en el trabajo José María CamareroPero, si hay algún fraude en las bajas, ¿por qué no funcionan los controles médicos que invoca la ministra García? Por información asimétrica: certificar una baja no equivale a verificar la dolencia que la justifica. Hay patologías, como las algias o la depresión, que carecen de prueba diagnóstica concluyente y que un sistema sanitario saturado no puede fiscalizar debidamente. No por casualidad, más de dos tercios del aumento de los días perdidos desde 2018 proceden de esas dolencias difícilmente verificables; y no por casualidad, cuando esas bajas prolongadas solicitan la incapacidad permanente y se examinan con detalle, entre el 64% y el 79% terminan denegadas.Cabe legítimamente objetar que, con la propuesta de Feijóo, pagarían justos por pecadores. De acuerdo: pero entonces formúlese una alternativa menos dolorosa para los justos e igual de eficaz frente a los injustos. Lo que resulta demagógico e irresponsable es negar el problema para no tener que reformar nada. Aunque, tratándose de una clase política tan o más fraudulenta que quienes defraudan con las bajas, quizá no debería sorprendernos: entre bomberos no se pisan la manguera. Alberto Núñez Feijóo ha calificado el absentismo laboral de «cáncer que no podemos pagar» y ha propuesto que los trabajadores de baja no cobren el 100% de su salario. La izquierda se le ha lanzado al cuello: Pedro Sánchez lo acusa de recortar derechos, Yolanda Díaz replica que estar enfermo no es una elección y Mónica García zanja que las bajas son un acto médico y que, por tanto, no puede haber fraude. Pero, más allá de la refriega partidista, el debate que Feijóo ha abierto es tan incómodo como necesario.Los datos son elocuentes: en 2016 se iniciaron en España 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal; en 2025, casi 10 millones. Y si medimos el stock en lugar del flujo, el porcentaje de ocupados que no trabajó por incapacidad temporal ha pasado del 2% al 4,4% en una década, situándonos a la cabeza de Europa. El coste directo ronda los 20.000 millones de euros anuales (la cifra de 30.000 millones que ofreció Feijóo está inflada por una doble contabilización), pero el IVIE estima que, sumando la producción perdida, la factura total supera los 90.000 millones.Es verdad que una parte de este incremento admite explicaciones ajenas al fraude: hay más gente trabajando, la población ocupada ha envejecido, la pandemia ha modificado la gestión laboral de las enfermedades respiratorias y las crecientes listas de espera sanitarias alargan la duración de bajas legítimas. Ahora bien, tan ingenuo es sostener que todas las bajas son fraudulentas como que ninguna lo es. Y los indicios de que existe fraude son poderosos: el 26% de las bajas se solicita en lunes; el 16% de los trabajadores (los repetidores a la hora de solicitar bajas) concentra el 70% de todas ellas y explica la práctica totalidad del aumento de la última década; el número de bajas crece cuando la economía va bien y se desploma cuando va mal; y la evidencia internacional (Alemania, Suecia o los funcionarios españoles tras 2012) muestra que, cuando se recorta la prestación, las solicitudes se hunden.general No No El verano concentra casi un millón de bajas en el trabajo José María CamareroPero, si hay algún fraude en las bajas, ¿por qué no funcionan los controles médicos que invoca la ministra García? Por información asimétrica: certificar una baja no equivale a verificar la dolencia que la justifica. Hay patologías, como las algias o la depresión, que carecen de prueba diagnóstica concluyente y que un sistema sanitario saturado no puede fiscalizar debidamente. No por casualidad, más de dos tercios del aumento de los días perdidos desde 2018 proceden de esas dolencias difícilmente verificables; y no por casualidad, cuando esas bajas prolongadas solicitan la incapacidad permanente y se examinan con detalle, entre el 64% y el 79% terminan denegadas.Cabe legítimamente objetar que, con la propuesta de Feijóo, pagarían justos por pecadores. De acuerdo: pero entonces formúlese una alternativa menos dolorosa para los justos e igual de eficaz frente a los injustos. Lo que resulta demagógico e irresponsable es negar el problema para no tener que reformar nada. Aunque, tratándose de una clase política tan o más fraudulenta que quienes defraudan con las bajas, quizá no debería sorprendernos: entre bomberos no se pisan la manguera. Alberto Núñez Feijóo ha calificado el absentismo laboral de «cáncer que no podemos pagar» y ha propuesto que los trabajadores de baja no cobren el 100% de su salario. La izquierda se le ha lanzado al cuello: Pedro Sánchez lo acusa de recortar derechos, Yolanda Díaz replica que estar enfermo no es una elección y Mónica García zanja que las bajas son un acto médico y que, por tanto, no puede haber fraude. Pero, más allá de la refriega partidista, el debate que Feijóo ha abierto es tan incómodo como necesario.Los datos son elocuentes: en 2016 se iniciaron en España 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal; en 2025, casi 10 millones. Y si medimos el stock en lugar del flujo, el porcentaje de ocupados que no trabajó por incapacidad temporal ha pasado del 2% al 4,4% en una década, situándonos a la cabeza de Europa. El coste directo ronda los 20.000 millones de euros anuales (la cifra de 30.000 millones que ofreció Feijóo está inflada por una doble contabilización), pero el IVIE estima que, sumando la producción perdida, la factura total supera los 90.000 millones.Es verdad que una parte de este incremento admite explicaciones ajenas al fraude: hay más gente trabajando, la población ocupada ha envejecido, la pandemia ha modificado la gestión laboral de las enfermedades respiratorias y las crecientes listas de espera sanitarias alargan la duración de bajas legítimas. Ahora bien, tan ingenuo es sostener que todas las bajas son fraudulentas como que ninguna lo es. Y los indicios de que existe fraude son poderosos: el 26% de las bajas se solicita en lunes; el 16% de los trabajadores (los repetidores a la hora de solicitar bajas) concentra el 70% de todas ellas y explica la práctica totalidad del aumento de la última década; el número de bajas crece cuando la economía va bien y se desploma cuando va mal; y la evidencia internacional (Alemania, Suecia o los funcionarios españoles tras 2012) muestra que, cuando se recorta la prestación, las solicitudes se hunden.general No No El verano concentra casi un millón de bajas en el trabajo José María CamareroPero, si hay algún fraude en las bajas, ¿por qué no funcionan los controles médicos que invoca la ministra García? Por información asimétrica: certificar una baja no equivale a verificar la dolencia que la justifica. Hay patologías, como las algias o la depresión, que carecen de prueba diagnóstica concluyente y que un sistema sanitario saturado no puede fiscalizar debidamente. No por casualidad, más de dos tercios del aumento de los días perdidos desde 2018 proceden de esas dolencias difícilmente verificables; y no por casualidad, cuando esas bajas prolongadas solicitan la incapacidad permanente y se examinan con detalle, entre el 64% y el 79% terminan denegadas.Cabe legítimamente objetar que, con la propuesta de Feijóo, pagarían justos por pecadores. De acuerdo: pero entonces formúlese una alternativa menos dolorosa para los justos e igual de eficaz frente a los injustos. Lo que resulta demagógico e irresponsable es negar el problema para no tener que reformar nada. Aunque, tratándose de una clase política tan o más fraudulenta que quienes defraudan con las bajas, quizá no debería sorprendernos: entre bomberos no se pisan la manguera. RSS de noticias de economia
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