En paralelo a la tramitación de los expedientes para recibir la nacionalidad vía Ley de Memoria Democrática , proceso al que se pudieron acoger hasta octubre los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo y los hijos de mujeres que perdieron la ciudadanía al casarse, los inmigrantes que lleven viviendo en España cinco meses continuados desde antes del 1 de enero podrán beneficiarse de una regularización extraordinaria. En este segundo caso, el permiso de residencia no otorga en absoluto carta de naturaleza española. Pero es cierto que por el perfil de los extranjeros que llegan a España, muchos de ellos, incluso más del sesenta por ciento, podrán optar por nacionalizarse a partir de los dos años de estancia regular.Según las estimaciones del Gobierno, al menos 500.000 extranjeros serán regularizados en este proceso extraordinario que, al ser aprobado por real decreto, no debe recibir el visto bueno del Congreso. Es imposible determinar una cifra exacta de cuántas personas se regularizarán ni, por supuesto, saber de antemano de qué países procederán. Pero según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dos de cada tres personas que acceden a la residencia por arraigo –la herramienta que permite establecerse en el país a quienes demuestren un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años en él– proceden de Iberoamérica.Esto es crucial porque supone que si en esta regularización el reparto por países se comporta igual que en la concesión de residencia por arraigo, y suponiendo que finalmente se acojan a esta excepción solo las 500.000 personas calculadas por el Ejecutivo, unos 333.000 inmigrantes podrían reclamar la nacionalidad española dos años después de haberse establecido legalmente en España. ¿Por qué? Porque los procedentes de países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y con origen sefardí tienen derecho a nacionalizarse tras dos años de estancia legal en el país. El resto de inmigrantes regularizados en este proceso deberán esperar diez años para optar a esto, salvo que se les conceda el estatus de refugiado, que el tiempo se reduce a un lustro.Noticia relacionada general No No El Supremo rechaza suspender de urgencia el nuevo decreto de regularización de inmigrantes Nati VillanuevaLa diferencia entre la nacionalidad por la conocida ‘ley de nietos’ y la regularización extraordinaria es que el primer proceso concede directamente la ciudadanía, lo que implica los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro español, mientras que el segundo simplemente otorga el permiso de residir legalmente en el país. Es decir, a diferencia de los nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática, los regularizados no podrán votar en las elecciones generales ni autonómicas. Solo podrían hacerlo en comicios locales y siempre y cuando España tenga un convenio que lo acuerde con sus países de origen. En otras palabras, es imposible que los inmigrantes que se regularicen ahora voten en la cita electoral del año 2027, en la que ‘a priori’ Pedro Sánchez intentará revalidar su mandato pese a los casos de corrupción que rodean a su Gobierno.¿Votantes a largo plazo?Eso sí, si se suman los más de 2,5 millones de personas que han solicitado la nacionalidad con la ‘ley de nietos’ –entre ellas hay menores de edad que no tendrían derecho a voto hasta cumplir los dieciocho– y los al menos 500.000 regularizados –muchos de ellos tendrían que residir diez años legalmente para optar a la nacionalidad–, se juntan tres millones de personas que, con muchos matices, podrían ir engrosando el censo electoral de España en la próxima década. Primero, en este último caso, deberán conseguir la regularización, para lo que finalmente, tras una rectificación de la Moncloa , no bastará con una declaración responsable de ausencia de antecedentes penales. Habrá que acreditarla. Y después, deberán cumplir las condiciones para obtener la nacionalidad, que no son solo temporales: la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, y se exige, además del plazo, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales e integración en la sociedad española mediante exámenes del Instituto Cervantes sobre conocimientos lingüísticos, constitucionales y socioculturales. Según el Ministerio de Justicia, como publicó ABC en enero, más del sesenta por ciento de las personas obtienen la nacionalidad entre tres meses y un año después de solicitarla. El resto, o tarda más o fracasa. En paralelo a la tramitación de los expedientes para recibir la nacionalidad vía Ley de Memoria Democrática , proceso al que se pudieron acoger hasta octubre los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo y los hijos de mujeres que perdieron la ciudadanía al casarse, los inmigrantes que lleven viviendo en España cinco meses continuados desde antes del 1 de enero podrán beneficiarse de una regularización extraordinaria. En este segundo caso, el permiso de residencia no otorga en absoluto carta de naturaleza española. Pero es cierto que por el perfil de los extranjeros que llegan a España, muchos de ellos, incluso más del sesenta por ciento, podrán optar por nacionalizarse a partir de los dos años de estancia regular.Según las estimaciones del Gobierno, al menos 500.000 extranjeros serán regularizados en este proceso extraordinario que, al ser aprobado por real decreto, no debe recibir el visto bueno del Congreso. Es imposible determinar una cifra exacta de cuántas personas se regularizarán ni, por supuesto, saber de antemano de qué países procederán. Pero según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dos de cada tres personas que acceden a la residencia por arraigo –la herramienta que permite establecerse en el país a quienes demuestren un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años en él– proceden de Iberoamérica.Esto es crucial porque supone que si en esta regularización el reparto por países se comporta igual que en la concesión de residencia por arraigo, y suponiendo que finalmente se acojan a esta excepción solo las 500.000 personas calculadas por el Ejecutivo, unos 333.000 inmigrantes podrían reclamar la nacionalidad española dos años después de haberse establecido legalmente en España. ¿Por qué? Porque los procedentes de países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y con origen sefardí tienen derecho a nacionalizarse tras dos años de estancia legal en el país. El resto de inmigrantes regularizados en este proceso deberán esperar diez años para optar a esto, salvo que se les conceda el estatus de refugiado, que el tiempo se reduce a un lustro.Noticia relacionada general No No El Supremo rechaza suspender de urgencia el nuevo decreto de regularización de inmigrantes Nati VillanuevaLa diferencia entre la nacionalidad por la conocida ‘ley de nietos’ y la regularización extraordinaria es que el primer proceso concede directamente la ciudadanía, lo que implica los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro español, mientras que el segundo simplemente otorga el permiso de residir legalmente en el país. Es decir, a diferencia de los nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática, los regularizados no podrán votar en las elecciones generales ni autonómicas. Solo podrían hacerlo en comicios locales y siempre y cuando España tenga un convenio que lo acuerde con sus países de origen. En otras palabras, es imposible que los inmigrantes que se regularicen ahora voten en la cita electoral del año 2027, en la que ‘a priori’ Pedro Sánchez intentará revalidar su mandato pese a los casos de corrupción que rodean a su Gobierno.¿Votantes a largo plazo?Eso sí, si se suman los más de 2,5 millones de personas que han solicitado la nacionalidad con la ‘ley de nietos’ –entre ellas hay menores de edad que no tendrían derecho a voto hasta cumplir los dieciocho– y los al menos 500.000 regularizados –muchos de ellos tendrían que residir diez años legalmente para optar a la nacionalidad–, se juntan tres millones de personas que, con muchos matices, podrían ir engrosando el censo electoral de España en la próxima década. Primero, en este último caso, deberán conseguir la regularización, para lo que finalmente, tras una rectificación de la Moncloa , no bastará con una declaración responsable de ausencia de antecedentes penales. Habrá que acreditarla. Y después, deberán cumplir las condiciones para obtener la nacionalidad, que no son solo temporales: la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, y se exige, además del plazo, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales e integración en la sociedad española mediante exámenes del Instituto Cervantes sobre conocimientos lingüísticos, constitucionales y socioculturales. Según el Ministerio de Justicia, como publicó ABC en enero, más del sesenta por ciento de las personas obtienen la nacionalidad entre tres meses y un año después de solicitarla. El resto, o tarda más o fracasa. En paralelo a la tramitación de los expedientes para recibir la nacionalidad vía Ley de Memoria Democrática , proceso al que se pudieron acoger hasta octubre los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo y los hijos de mujeres que perdieron la ciudadanía al casarse, los inmigrantes que lleven viviendo en España cinco meses continuados desde antes del 1 de enero podrán beneficiarse de una regularización extraordinaria. En este segundo caso, el permiso de residencia no otorga en absoluto carta de naturaleza española. Pero es cierto que por el perfil de los extranjeros que llegan a España, muchos de ellos, incluso más del sesenta por ciento, podrán optar por nacionalizarse a partir de los dos años de estancia regular.Según las estimaciones del Gobierno, al menos 500.000 extranjeros serán regularizados en este proceso extraordinario que, al ser aprobado por real decreto, no debe recibir el visto bueno del Congreso. Es imposible determinar una cifra exacta de cuántas personas se regularizarán ni, por supuesto, saber de antemano de qué países procederán. Pero según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dos de cada tres personas que acceden a la residencia por arraigo –la herramienta que permite establecerse en el país a quienes demuestren un vínculo social, laboral, formativo o familiar de más de dos años en él– proceden de Iberoamérica.Esto es crucial porque supone que si en esta regularización el reparto por países se comporta igual que en la concesión de residencia por arraigo, y suponiendo que finalmente se acojan a esta excepción solo las 500.000 personas calculadas por el Ejecutivo, unos 333.000 inmigrantes podrían reclamar la nacionalidad española dos años después de haberse establecido legalmente en España. ¿Por qué? Porque los procedentes de países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y con origen sefardí tienen derecho a nacionalizarse tras dos años de estancia legal en el país. El resto de inmigrantes regularizados en este proceso deberán esperar diez años para optar a esto, salvo que se les conceda el estatus de refugiado, que el tiempo se reduce a un lustro.Noticia relacionada general No No El Supremo rechaza suspender de urgencia el nuevo decreto de regularización de inmigrantes Nati VillanuevaLa diferencia entre la nacionalidad por la conocida ‘ley de nietos’ y la regularización extraordinaria es que el primer proceso concede directamente la ciudadanía, lo que implica los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro español, mientras que el segundo simplemente otorga el permiso de residir legalmente en el país. Es decir, a diferencia de los nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática, los regularizados no podrán votar en las elecciones generales ni autonómicas. Solo podrían hacerlo en comicios locales y siempre y cuando España tenga un convenio que lo acuerde con sus países de origen. En otras palabras, es imposible que los inmigrantes que se regularicen ahora voten en la cita electoral del año 2027, en la que ‘a priori’ Pedro Sánchez intentará revalidar su mandato pese a los casos de corrupción que rodean a su Gobierno.¿Votantes a largo plazo?Eso sí, si se suman los más de 2,5 millones de personas que han solicitado la nacionalidad con la ‘ley de nietos’ –entre ellas hay menores de edad que no tendrían derecho a voto hasta cumplir los dieciocho– y los al menos 500.000 regularizados –muchos de ellos tendrían que residir diez años legalmente para optar a la nacionalidad–, se juntan tres millones de personas que, con muchos matices, podrían ir engrosando el censo electoral de España en la próxima década. Primero, en este último caso, deberán conseguir la regularización, para lo que finalmente, tras una rectificación de la Moncloa , no bastará con una declaración responsable de ausencia de antecedentes penales. Habrá que acreditarla. Y después, deberán cumplir las condiciones para obtener la nacionalidad, que no son solo temporales: la residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, y se exige, además del plazo, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales e integración en la sociedad española mediante exámenes del Instituto Cervantes sobre conocimientos lingüísticos, constitucionales y socioculturales. Según el Ministerio de Justicia, como publicó ABC en enero, más del sesenta por ciento de las personas obtienen la nacionalidad entre tres meses y un año después de solicitarla. El resto, o tarda más o fracasa. RSS de noticias de espana
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