De la « revolución de los tejados » al silencio absoluto. La comercializadora eléctrica Holaluz ha pasado de ser una empresa que comunicaba todo y tenía una gran exposición pública a sufrir la mayor crisis reputacional que ha vivido y no decir nada, ni siquiera a sus clientes. La compañía cofundada por Carlota Pi está al borde de perder su licencia operativa, y por ahora no se sabe con exactitud cuáles son sus planes de futuro.El pasado sábado, un día antes de la final del Mundial de Fútbol, el Gobierno comunicó que iniciaba los trámites para inhabilitar a la empresa y, por tanto, deberá cesar en su actividad comercial. Asimismo, en la publicación del BOE se explicaba que «se inicia el procedimiento de traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia».Ante esta situación, desde Holaluz, que tiene 10 días para presentar alegaciones, tan solo han explicado mediante un hecho relevante al BME, el mercado bursátil donde cotiza y que ha suspendido su cotización este lunes, que «está gestionando [la situación] conforme a los procedimientos habituales. Se espera contar con un resultado en los próximos días, dentro de los plazos legales previstos». Asimismo, señalan que «la actividad comercial de la compañía continúa desarrollándose con total normalidad. El suministro eléctrico a todos los clientes está plenamente garantizado y no se ve afectado por este proceso».Pero nada de esto se lo han comunicado a los clientes, y están dejando que los abonados de la compañía se enteren a través de los medios de comunicación. Es decir, existe la amenaza de que los clientes tengan que abandonar la compañía e irse al mercado regulado (PVPC), pero no se están dando explicaciones o transmitiendo algún mensaje de tranquilidad.Momento crítico en HolaluzLa compañía, en el informe financiero que adjuntó con las cuentas de 2025, explicaba que tenía 221.000 contratos energéticos. Pero la cifra real de clientes, los abonados al suministro de luz, se sitúa en los 139.111 usuarios, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el tercer trimestre de 2025.Al procedimiento de inhabilitación se suele sumar el de traspaso de los consumidores –como se detalla en el BOE– a las comercializadoras de último recurso (Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies o CHC –Repsol–), para que, en caso de que los consumidores no hubieran elegido nuevo suministrador en la fecha efectiva de cese de la comercializadora inhabilitada, no se queden sin suministro.El problema es que, por ahora, los clientes están en la incertidumbre de no saber qué ha pasado, y cuál será la resolución. Básicamente, porque Holaluz no ha explicado por qué el Gobierno ha empezado los trámites para su inhabilitación, que podrían estar relacionadas con la falta de pago de los cargos al facturar. De la « revolución de los tejados » al silencio absoluto. La comercializadora eléctrica Holaluz ha pasado de ser una empresa que comunicaba todo y tenía una gran exposición pública a sufrir la mayor crisis reputacional que ha vivido y no decir nada, ni siquiera a sus clientes. La compañía cofundada por Carlota Pi está al borde de perder su licencia operativa, y por ahora no se sabe con exactitud cuáles son sus planes de futuro.El pasado sábado, un día antes de la final del Mundial de Fútbol, el Gobierno comunicó que iniciaba los trámites para inhabilitar a la empresa y, por tanto, deberá cesar en su actividad comercial. Asimismo, en la publicación del BOE se explicaba que «se inicia el procedimiento de traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia».Ante esta situación, desde Holaluz, que tiene 10 días para presentar alegaciones, tan solo han explicado mediante un hecho relevante al BME, el mercado bursátil donde cotiza y que ha suspendido su cotización este lunes, que «está gestionando [la situación] conforme a los procedimientos habituales. Se espera contar con un resultado en los próximos días, dentro de los plazos legales previstos». Asimismo, señalan que «la actividad comercial de la compañía continúa desarrollándose con total normalidad. El suministro eléctrico a todos los clientes está plenamente garantizado y no se ve afectado por este proceso».Pero nada de esto se lo han comunicado a los clientes, y están dejando que los abonados de la compañía se enteren a través de los medios de comunicación. Es decir, existe la amenaza de que los clientes tengan que abandonar la compañía e irse al mercado regulado (PVPC), pero no se están dando explicaciones o transmitiendo algún mensaje de tranquilidad.Momento crítico en HolaluzLa compañía, en el informe financiero que adjuntó con las cuentas de 2025, explicaba que tenía 221.000 contratos energéticos. Pero la cifra real de clientes, los abonados al suministro de luz, se sitúa en los 139.111 usuarios, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el tercer trimestre de 2025.Al procedimiento de inhabilitación se suele sumar el de traspaso de los consumidores –como se detalla en el BOE– a las comercializadoras de último recurso (Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies o CHC –Repsol–), para que, en caso de que los consumidores no hubieran elegido nuevo suministrador en la fecha efectiva de cese de la comercializadora inhabilitada, no se queden sin suministro.El problema es que, por ahora, los clientes están en la incertidumbre de no saber qué ha pasado, y cuál será la resolución. Básicamente, porque Holaluz no ha explicado por qué el Gobierno ha empezado los trámites para su inhabilitación, que podrían estar relacionadas con la falta de pago de los cargos al facturar. De la « revolución de los tejados » al silencio absoluto. La comercializadora eléctrica Holaluz ha pasado de ser una empresa que comunicaba todo y tenía una gran exposición pública a sufrir la mayor crisis reputacional que ha vivido y no decir nada, ni siquiera a sus clientes. La compañía cofundada por Carlota Pi está al borde de perder su licencia operativa, y por ahora no se sabe con exactitud cuáles son sus planes de futuro.El pasado sábado, un día antes de la final del Mundial de Fútbol, el Gobierno comunicó que iniciaba los trámites para inhabilitar a la empresa y, por tanto, deberá cesar en su actividad comercial. Asimismo, en la publicación del BOE se explicaba que «se inicia el procedimiento de traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia».Ante esta situación, desde Holaluz, que tiene 10 días para presentar alegaciones, tan solo han explicado mediante un hecho relevante al BME, el mercado bursátil donde cotiza y que ha suspendido su cotización este lunes, que «está gestionando [la situación] conforme a los procedimientos habituales. Se espera contar con un resultado en los próximos días, dentro de los plazos legales previstos». Asimismo, señalan que «la actividad comercial de la compañía continúa desarrollándose con total normalidad. El suministro eléctrico a todos los clientes está plenamente garantizado y no se ve afectado por este proceso».Pero nada de esto se lo han comunicado a los clientes, y están dejando que los abonados de la compañía se enteren a través de los medios de comunicación. Es decir, existe la amenaza de que los clientes tengan que abandonar la compañía e irse al mercado regulado (PVPC), pero no se están dando explicaciones o transmitiendo algún mensaje de tranquilidad.Momento crítico en HolaluzLa compañía, en el informe financiero que adjuntó con las cuentas de 2025, explicaba que tenía 221.000 contratos energéticos. Pero la cifra real de clientes, los abonados al suministro de luz, se sitúa en los 139.111 usuarios, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el tercer trimestre de 2025.Al procedimiento de inhabilitación se suele sumar el de traspaso de los consumidores –como se detalla en el BOE– a las comercializadoras de último recurso (Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies o CHC –Repsol–), para que, en caso de que los consumidores no hubieran elegido nuevo suministrador en la fecha efectiva de cese de la comercializadora inhabilitada, no se queden sin suministro.El problema es que, por ahora, los clientes están en la incertidumbre de no saber qué ha pasado, y cuál será la resolución. Básicamente, porque Holaluz no ha explicado por qué el Gobierno ha empezado los trámites para su inhabilitación, que podrían estar relacionadas con la falta de pago de los cargos al facturar. RSS de noticias de economia
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