El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha obligado al Estado italiano a indemnizar a una mujer que denunció violaciones por parte de su pareja y la fiscal pidió desestirmar el caso por ser parte de una conducta «normal» dentro de la «resistencia que toda mujer tiende a mostrar cuando está cansada».Así se recoge en una sentencia, que ha adelantado el periódico ‘The Guardian’ y a la que ha tenido acceso ABC, que señala la cuestionable actuación del primer fiscal del caso, que desestimó una denuncia presentada por una mujer contra su entonces pareja en Avellino, al sur de Italia, en la que alegaba maltrato físico y psicológico tanto a ella como a sus dos hijos, reiterados episodios de violación y haberla intimidado poniéndole un cuchillo en la garganta. Los presuntos hechos ocurrieron en 2021 cuando Aubrey Ubeda, de origen francés acudió a la Policía para denunciar a su expareja. Un año después, la fiscal a cargo de la investigación solicitó desestimar el caso. Entre sus argumentos, puso en duda el consentimiento durante los supuestos episodios de violación, «considerando que es normal que los hombres tengan que superar un nivel mínimo de resistencia que toda mujer tiende a mostrar cuando está cansada de la vida diaria y un hombre le hace una insinuación sexual».Noticia relacionada reportaje No No Diez años de la Manada: del ‘Me too’ español a una ley fallida que liberó a violadores Fernando Barroso VargasTampoco fue tomado en serio el relato del momento en que el acusado puso un cuchillo en la garganta a Ubeda, que la fiscal calificó como posiblemente «una broma de mal gusto», pese a haber ocurrido delante de dos testigos, según la versión de la denunciante, y haber insinuado que acabaría como un caso más de feminicidio que aparecen en los medios de comunicación. Consideró que la violencia contra los hijos no excedía los límites de una actuación disciplinaria coherente con el ejercicio parental.La petición de la Fiscalía fue desestimada y se designó un nuevo fiscal para el caso, que acabó en la condena del acusado a cuatro años y medio de prisión. La sentencia ha sido recurrida y el acusado se encuentra en libertad.El Tribunal afea la actuación de la JusticiaEl Tribunal Europeo considera probado que la actuación fiscal provocó una doble victimización a la denunciante , ante «un desprecio total hacia sus alegaciones de violencia doméstica, lo que exacerbó y prolongó el sufrimiento de los demandantes, además de reforzar su percepción de que la violencia que habían padecido no había sido reconocida». Establece que la víctima sufrió un trato degradante (recogido en el artículo 3 del Convenio de la protección de DD.HH.) y apunta a «la inacción del Tribunal de Menores en relación con los derechos de custodia y la permanencia del menor en el centro de acogida».También señala el Tribunal los «interrogatorios irrespetuosos», la «falta de adopción de medidas adecuadas y sensibles al contexto», como la asignación de una vivienda familiar o la autorización de su solicitud del traslado a Francia, y la reproducción de «estereotipos sexistas» por parte de la fiscal como motivo de la compensación del Estado italiano hacia la víctima, a la que deberá abonar cerca de 60.000 euros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha obligado al Estado italiano a indemnizar a una mujer que denunció violaciones por parte de su pareja y la fiscal pidió desestirmar el caso por ser parte de una conducta «normal» dentro de la «resistencia que toda mujer tiende a mostrar cuando está cansada».Así se recoge en una sentencia, que ha adelantado el periódico ‘The Guardian’ y a la que ha tenido acceso ABC, que señala la cuestionable actuación del primer fiscal del caso, que desestimó una denuncia presentada por una mujer contra su entonces pareja en Avellino, al sur de Italia, en la que alegaba maltrato físico y psicológico tanto a ella como a sus dos hijos, reiterados episodios de violación y haberla intimidado poniéndole un cuchillo en la garganta. Los presuntos hechos ocurrieron en 2021 cuando Aubrey Ubeda, de origen francés acudió a la Policía para denunciar a su expareja. Un año después, la fiscal a cargo de la investigación solicitó desestimar el caso. Entre sus argumentos, puso en duda el consentimiento durante los supuestos episodios de violación, «considerando que es normal que los hombres tengan que superar un nivel mínimo de resistencia que toda mujer tiende a mostrar cuando está cansada de la vida diaria y un hombre le hace una insinuación sexual».Noticia relacionada reportaje No No Diez años de la Manada: del ‘Me too’ español a una ley fallida que liberó a violadores Fernando Barroso VargasTampoco fue tomado en serio el relato del momento en que el acusado puso un cuchillo en la garganta a Ubeda, que la fiscal calificó como posiblemente «una broma de mal gusto», pese a haber ocurrido delante de dos testigos, según la versión de la denunciante, y haber insinuado que acabaría como un caso más de feminicidio que aparecen en los medios de comunicación. Consideró que la violencia contra los hijos no excedía los límites de una actuación disciplinaria coherente con el ejercicio parental.La petición de la Fiscalía fue desestimada y se designó un nuevo fiscal para el caso, que acabó en la condena del acusado a cuatro años y medio de prisión. La sentencia ha sido recurrida y el acusado se encuentra en libertad.El Tribunal afea la actuación de la JusticiaEl Tribunal Europeo considera probado que la actuación fiscal provocó una doble victimización a la denunciante , ante «un desprecio total hacia sus alegaciones de violencia doméstica, lo que exacerbó y prolongó el sufrimiento de los demandantes, además de reforzar su percepción de que la violencia que habían padecido no había sido reconocida». Establece que la víctima sufrió un trato degradante (recogido en el artículo 3 del Convenio de la protección de DD.HH.) y apunta a «la inacción del Tribunal de Menores en relación con los derechos de custodia y la permanencia del menor en el centro de acogida».También señala el Tribunal los «interrogatorios irrespetuosos», la «falta de adopción de medidas adecuadas y sensibles al contexto», como la asignación de una vivienda familiar o la autorización de su solicitud del traslado a Francia, y la reproducción de «estereotipos sexistas» por parte de la fiscal como motivo de la compensación del Estado italiano hacia la víctima, a la que deberá abonar cerca de 60.000 euros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha obligado al Estado italiano a indemnizar a una mujer que denunció violaciones por parte de su pareja y la fiscal pidió desestirmar el caso por ser parte de una conducta «normal» dentro de la «resistencia que toda mujer tiende a mostrar cuando está cansada».Así se recoge en una sentencia, que ha adelantado el periódico ‘The Guardian’ y a la que ha tenido acceso ABC, que señala la cuestionable actuación del primer fiscal del caso, que desestimó una denuncia presentada por una mujer contra su entonces pareja en Avellino, al sur de Italia, en la que alegaba maltrato físico y psicológico tanto a ella como a sus dos hijos, reiterados episodios de violación y haberla intimidado poniéndole un cuchillo en la garganta. Los presuntos hechos ocurrieron en 2021 cuando Aubrey Ubeda, de origen francés acudió a la Policía para denunciar a su expareja. Un año después, la fiscal a cargo de la investigación solicitó desestimar el caso. Entre sus argumentos, puso en duda el consentimiento durante los supuestos episodios de violación, «considerando que es normal que los hombres tengan que superar un nivel mínimo de resistencia que toda mujer tiende a mostrar cuando está cansada de la vida diaria y un hombre le hace una insinuación sexual».Noticia relacionada reportaje No No Diez años de la Manada: del ‘Me too’ español a una ley fallida que liberó a violadores Fernando Barroso VargasTampoco fue tomado en serio el relato del momento en que el acusado puso un cuchillo en la garganta a Ubeda, que la fiscal calificó como posiblemente «una broma de mal gusto», pese a haber ocurrido delante de dos testigos, según la versión de la denunciante, y haber insinuado que acabaría como un caso más de feminicidio que aparecen en los medios de comunicación. Consideró que la violencia contra los hijos no excedía los límites de una actuación disciplinaria coherente con el ejercicio parental.La petición de la Fiscalía fue desestimada y se designó un nuevo fiscal para el caso, que acabó en la condena del acusado a cuatro años y medio de prisión. La sentencia ha sido recurrida y el acusado se encuentra en libertad.El Tribunal afea la actuación de la JusticiaEl Tribunal Europeo considera probado que la actuación fiscal provocó una doble victimización a la denunciante , ante «un desprecio total hacia sus alegaciones de violencia doméstica, lo que exacerbó y prolongó el sufrimiento de los demandantes, además de reforzar su percepción de que la violencia que habían padecido no había sido reconocida». Establece que la víctima sufrió un trato degradante (recogido en el artículo 3 del Convenio de la protección de DD.HH.) y apunta a «la inacción del Tribunal de Menores en relación con los derechos de custodia y la permanencia del menor en el centro de acogida».También señala el Tribunal los «interrogatorios irrespetuosos», la «falta de adopción de medidas adecuadas y sensibles al contexto», como la asignación de una vivienda familiar o la autorización de su solicitud del traslado a Francia, y la reproducción de «estereotipos sexistas» por parte de la fiscal como motivo de la compensación del Estado italiano hacia la víctima, a la que deberá abonar cerca de 60.000 euros. RSS de noticias de internacional
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