Indignación en la Carrera Fiscal. La Asociación de Fiscales ha exigido respuestas a la Fiscalía General del Estado por las reuniones conocidas este miércoles con Leire Díez y las ‘cloacas’ del PSOE. Consideran que las explicaciones son «insuficientes» respecto de la presencia en sus «dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera». «Hasta ahora hemos optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la determinación de las responsabilidades que procedieran. Lo hemos hecho por respeto a la institución», comienza el duro comunicado de la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal.A continuación remarcan por su oficio de fiscales se deben «a la legalidad y a la sociedad». «La explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales. Demasiadas preguntas sin contestar. No se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución», añade.Noticia relacionada general No No Fiscales no creen que el número dos de García Ortiz se reuniera con Leire Díez sin que él lo aprobase Juanma Poderoso DíazConsideran que las explicaciones se resumen en un «vago comunicado» y no les consta la apertura de diligencias encaminadas a verificar tales informaciones ni la adopción de actuación alguna conforme a los cauces ordinarios previstos por la propia institución. «Resulta especialmente llamativo que esta ausencia de actuación se produzca respecto de una Circular elaborada cuando Diego Villafañe desempeñaba responsabilidades directamente vinculadas a la preparación y elaboración de los documentos internos de la Fiscalía General del Estado», matizan. «Si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables de la institución. Si, por el contrario, merecían algún grado de atención, resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación», denuncian.Asimismo, dejan varias preguntas sobre la mesa de la «reunión inocua» , según la información conocida. Plantean que si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características?, ¿quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?, ¿se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?. Todo ello mientras «la respuesta institucional conocida hasta el momento no despeja estas y otras dudas». Exigen más respuestas«La transparencia no es opcional. Nos encontramos ante hechos que afectan directamente a instituciones esenciales del Estado, entre ellas la propia Fiscalía General. En una situación así, la obligación de transparencia debe ser máxima. La confianza de la ciudadanía en las instituciones exige explicaciones completas, verificables y públicas», exigen. Porque la falta de aclaraciones «no protege a la institución»; por el contrario, «compromete la credibilidad» de la propia fiscal general. «Defender la institución es defender a quienes fueron señalados Este era el momento de reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal y de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia. Era también el momento de defender la honorabilidad de los fiscales afectados. Nosotros sí lo hacemos», concluyen.Para finalizar resumen que la Fiscalía General del Estado debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución. «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades», finalizan. Indignación en la Carrera Fiscal. La Asociación de Fiscales ha exigido respuestas a la Fiscalía General del Estado por las reuniones conocidas este miércoles con Leire Díez y las ‘cloacas’ del PSOE. Consideran que las explicaciones son «insuficientes» respecto de la presencia en sus «dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera». «Hasta ahora hemos optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la determinación de las responsabilidades que procedieran. Lo hemos hecho por respeto a la institución», comienza el duro comunicado de la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal.A continuación remarcan por su oficio de fiscales se deben «a la legalidad y a la sociedad». «La explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales. Demasiadas preguntas sin contestar. No se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución», añade.Noticia relacionada general No No Fiscales no creen que el número dos de García Ortiz se reuniera con Leire Díez sin que él lo aprobase Juanma Poderoso DíazConsideran que las explicaciones se resumen en un «vago comunicado» y no les consta la apertura de diligencias encaminadas a verificar tales informaciones ni la adopción de actuación alguna conforme a los cauces ordinarios previstos por la propia institución. «Resulta especialmente llamativo que esta ausencia de actuación se produzca respecto de una Circular elaborada cuando Diego Villafañe desempeñaba responsabilidades directamente vinculadas a la preparación y elaboración de los documentos internos de la Fiscalía General del Estado», matizan. «Si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables de la institución. Si, por el contrario, merecían algún grado de atención, resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación», denuncian.Asimismo, dejan varias preguntas sobre la mesa de la «reunión inocua» , según la información conocida. Plantean que si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características?, ¿quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?, ¿se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?. Todo ello mientras «la respuesta institucional conocida hasta el momento no despeja estas y otras dudas». Exigen más respuestas«La transparencia no es opcional. Nos encontramos ante hechos que afectan directamente a instituciones esenciales del Estado, entre ellas la propia Fiscalía General. En una situación así, la obligación de transparencia debe ser máxima. La confianza de la ciudadanía en las instituciones exige explicaciones completas, verificables y públicas», exigen. Porque la falta de aclaraciones «no protege a la institución»; por el contrario, «compromete la credibilidad» de la propia fiscal general. «Defender la institución es defender a quienes fueron señalados Este era el momento de reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal y de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia. Era también el momento de defender la honorabilidad de los fiscales afectados. Nosotros sí lo hacemos», concluyen.Para finalizar resumen que la Fiscalía General del Estado debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución. «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades», finalizan. Indignación en la Carrera Fiscal. La Asociación de Fiscales ha exigido respuestas a la Fiscalía General del Estado por las reuniones conocidas este miércoles con Leire Díez y las ‘cloacas’ del PSOE. Consideran que las explicaciones son «insuficientes» respecto de la presencia en sus «dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera». «Hasta ahora hemos optado por solicitar con discreción a la Inspección Fiscal que realizara las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la determinación de las responsabilidades que procedieran. Lo hemos hecho por respeto a la institución», comienza el duro comunicado de la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal.A continuación remarcan por su oficio de fiscales se deben «a la legalidad y a la sociedad». «La explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales. Demasiadas preguntas sin contestar. No se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución», añade.Noticia relacionada general No No Fiscales no creen que el número dos de García Ortiz se reuniera con Leire Díez sin que él lo aprobase Juanma Poderoso DíazConsideran que las explicaciones se resumen en un «vago comunicado» y no les consta la apertura de diligencias encaminadas a verificar tales informaciones ni la adopción de actuación alguna conforme a los cauces ordinarios previstos por la propia institución. «Resulta especialmente llamativo que esta ausencia de actuación se produzca respecto de una Circular elaborada cuando Diego Villafañe desempeñaba responsabilidades directamente vinculadas a la preparación y elaboración de los documentos internos de la Fiscalía General del Estado», matizan. «Si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables de la institución. Si, por el contrario, merecían algún grado de atención, resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación», denuncian.Asimismo, dejan varias preguntas sobre la mesa de la «reunión inocua» , según la información conocida. Plantean que si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características?, ¿quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?, ¿se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?. Todo ello mientras «la respuesta institucional conocida hasta el momento no despeja estas y otras dudas». Exigen más respuestas«La transparencia no es opcional. Nos encontramos ante hechos que afectan directamente a instituciones esenciales del Estado, entre ellas la propia Fiscalía General. En una situación así, la obligación de transparencia debe ser máxima. La confianza de la ciudadanía en las instituciones exige explicaciones completas, verificables y públicas», exigen. Porque la falta de aclaraciones «no protege a la institución»; por el contrario, «compromete la credibilidad» de la propia fiscal general. «Defender la institución es defender a quienes fueron señalados Este era el momento de reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal y de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia. Era también el momento de defender la honorabilidad de los fiscales afectados. Nosotros sí lo hacemos», concluyen.Para finalizar resumen que la Fiscalía General del Estado debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución. «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades», finalizan. RSS de noticias de espana
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