Por la madrileña plaza de la Villa de París pasean a diario a sus perros decenas de personas. Otras tantas lo hacen acompañadas de sus hijos. En los últimos meses, sol o lluvia mediante, todos ellos observan el revuelo casi diario que provocan las cámaras y el trabajo de los periodistas, que asisten —casi sin respiro— a un día histórico tras otro a las puertas de la Audiencia Nacional.No es ajeno a esto el tribunal, que en los últimos años ha clamado contra la sobrecarga que inunda de cajas de documentación sus pasillos y de procedimientos los seis juzgados de instrucción de que dispone la casa. La Audiencia Nacional, que el próximo mes de enero cumplirá 50 años de vida, vive en 2026 uno de los momentos de mayor ebullición de los últimos tiempos por culpa, entre otras razones, de las causas que acorralan al PSOE y al Gobierno, como el caso Leire, el caso Plus Ultra o el caso Koldo.«Para afrontar esta ingente cantidad de trabajo solo contamos con seis magistrados , y es sorprendente que esta situación es así desde 1997», reconoce el presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, en conversación con ABC.La investigación de las citadas causas recae en jueces cuyos nombres son ya ampliamente conocidos: Ismael Moreno se encarga del caso Koldo, José Luis Calama investiga a José Luis Rodríguez Zapatero y Santiago Pedraz lidera las pesquisas sobre la presunta fontanera del PSOE Leire Díez. A ellos hay que sumar a los otros tres magistrados de instrucción: Francisco de Jorge, María Tardón y Antonio Piña.A partir de junio de 2027, se les unirán otros dos nuevos compañeros, después de que esta misma semana se haya publicado el decreto de creación de nuevas plazas judiciales, lo que hará que la Audiencia Nacional pase de tener seis a ocho juzgados de instrucción. Al fin se hará real la existencia del ‘siete’, un nuevo Juzgado que hasta el momento solo existía en forma de bar. Esa denominación se ha utilizado —y prosigue actualmente— de forma oficiosa para hacer referencia a uno de los establecimientos de restauración próximos al tribunal más transitado por sus trabajadores, como una suerte de extensión del órgano. El presidente de la Audiencia Nacional dice que «a nadie se le escapa, ya no solo el muy significativo número de casos que instruyen, sino también su creciente complejidad, con un incremento relevante en los ámbitos del crimen organizado, fundamentalmente la corrupción y el narcotráfico».«El número de magistrados en la Audiencia Nacional es manifiestamente deficitario, lo cual está generando problemas graves» Juan Manuel Fernández Presidente de la Audiencia NacionalFernández no tiene problemas en asegurar que «el número de magistrados en la Audiencia Nacional es manifiestamente deficitario, tanto en el orden penal como en el Contencioso-Administrativo, lo cual está generando problemas graves, entre ellos, y principalmente, demoras en la tramitación de los procedimientos». Esta casa se reforzará, además, con otros cuatro magistrados de la Sala de lo Penal, plazas que entrarán en funcionamiento en enero del año próximo. Su presidente considera que «este aumento repercutirá muy positivamente en la reducción de los plazos de respuesta», una de las demandas más repetidas en los últimos años.Desde su llegada a la presidencia del tribunal en 2025, uno de sus objetivos «irrenunciable y absolutamente prioritario» ha sido «la reducción de los tiempos de respuesta, siendo la escasez de magistrados la causa principal». Pero Fernández advierte de que no todo se debe a la falta de medios; la existencia de macrocausas con un número «considerable» de investigados «es un factor sin duda importante». Por dimensionar, en el juicio de ‘Los Miami’ se sentaron en el banquillo de los acusados 81 personas, y el de la operación Emperador —actualmente enjuiciándose— reúne a más de 100 acusados.El tribunal quiere abarcar más El presidente de la Audiencia Nacional también tiene otro ambicioso plan entre manos de cara al medio siglo de vida del tribunal: la creación de un plan de reformulación de sus competencias. Fernández recuerda a este periódico que se trata de una demanda ya trasladada al Consejo General del Poder Judicial, quien tiene «la última palabra al respecto». Se trata, según explica Fernández, de que la Audiencia Nacional «asuma más competencias en el ámbito del crimen organizado, fundamentalmente en lo concerniente al narcotráfico y a la trata de personas». «El tráfico de drogas ya no es solo un grave problema penal es también un factor de enorme peligro para la seguridad nacional, que puede originar serios riesgos de deterioro institucional, comprometiendo las estructuras del Estado, como se pone de manifiesto en el último informe emitido por el Consejo de Seguridad Nacional», indica. El tribunal, asevera su presidente, es «un punto neurálgico de la cooperación judicial internacional, por ser un punto de enlace con las autoridades judiciales y policiales europeas e internacionales, y, en definitiva, por la competencia» que la Audiencia asume «respecto de delitos de carácter transnacional, a lo que ha de unirse la alta especialización que requiere la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos».Fernández deja claro que esto «no ha de entenderse como una falta de consideración a los órganos territoriales, que afrontan su trabajo respecto de estos delitos con dedicación encomiable y en circunstancias adversas». «Antes al contrario, se trata de combinar esta asunción de mayores competencias por la Audiencia Nacional, con la creación de centros neurálgicos en los territorios. Pero todo esto, requiere, obvio es decirlo, un número adecuado de jueces, fiscales, letrados y funcionarios», zanja. Detrás de todas las investigaciones asumidas y lideradas por el tribunal se encuentran, además, las fuerzas investigadoras, que asumen causas «sumamente complejas en un ámbito, como es el del crimen organizado, cada vez más sofisticado, con estructuras financieras para ocultar sus ganancias, operando en redes internacionales, que hacen muy difícil su averiguación». Es por eso que Fernández considera fundamental «dotar a la Guardia Civil, a la Policía, de todos los recursos, materiales y humanos que precisen». Por la madrileña plaza de la Villa de París pasean a diario a sus perros decenas de personas. Otras tantas lo hacen acompañadas de sus hijos. En los últimos meses, sol o lluvia mediante, todos ellos observan el revuelo casi diario que provocan las cámaras y el trabajo de los periodistas, que asisten —casi sin respiro— a un día histórico tras otro a las puertas de la Audiencia Nacional.No es ajeno a esto el tribunal, que en los últimos años ha clamado contra la sobrecarga que inunda de cajas de documentación sus pasillos y de procedimientos los seis juzgados de instrucción de que dispone la casa. La Audiencia Nacional, que el próximo mes de enero cumplirá 50 años de vida, vive en 2026 uno de los momentos de mayor ebullición de los últimos tiempos por culpa, entre otras razones, de las causas que acorralan al PSOE y al Gobierno, como el caso Leire, el caso Plus Ultra o el caso Koldo.«Para afrontar esta ingente cantidad de trabajo solo contamos con seis magistrados , y es sorprendente que esta situación es así desde 1997», reconoce el presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, en conversación con ABC.La investigación de las citadas causas recae en jueces cuyos nombres son ya ampliamente conocidos: Ismael Moreno se encarga del caso Koldo, José Luis Calama investiga a José Luis Rodríguez Zapatero y Santiago Pedraz lidera las pesquisas sobre la presunta fontanera del PSOE Leire Díez. A ellos hay que sumar a los otros tres magistrados de instrucción: Francisco de Jorge, María Tardón y Antonio Piña.A partir de junio de 2027, se les unirán otros dos nuevos compañeros, después de que esta misma semana se haya publicado el decreto de creación de nuevas plazas judiciales, lo que hará que la Audiencia Nacional pase de tener seis a ocho juzgados de instrucción. Al fin se hará real la existencia del ‘siete’, un nuevo Juzgado que hasta el momento solo existía en forma de bar. Esa denominación se ha utilizado —y prosigue actualmente— de forma oficiosa para hacer referencia a uno de los establecimientos de restauración próximos al tribunal más transitado por sus trabajadores, como una suerte de extensión del órgano. El presidente de la Audiencia Nacional dice que «a nadie se le escapa, ya no solo el muy significativo número de casos que instruyen, sino también su creciente complejidad, con un incremento relevante en los ámbitos del crimen organizado, fundamentalmente la corrupción y el narcotráfico».«El número de magistrados en la Audiencia Nacional es manifiestamente deficitario, lo cual está generando problemas graves» Juan Manuel Fernández Presidente de la Audiencia NacionalFernández no tiene problemas en asegurar que «el número de magistrados en la Audiencia Nacional es manifiestamente deficitario, tanto en el orden penal como en el Contencioso-Administrativo, lo cual está generando problemas graves, entre ellos, y principalmente, demoras en la tramitación de los procedimientos». Esta casa se reforzará, además, con otros cuatro magistrados de la Sala de lo Penal, plazas que entrarán en funcionamiento en enero del año próximo. Su presidente considera que «este aumento repercutirá muy positivamente en la reducción de los plazos de respuesta», una de las demandas más repetidas en los últimos años.Desde su llegada a la presidencia del tribunal en 2025, uno de sus objetivos «irrenunciable y absolutamente prioritario» ha sido «la reducción de los tiempos de respuesta, siendo la escasez de magistrados la causa principal». Pero Fernández advierte de que no todo se debe a la falta de medios; la existencia de macrocausas con un número «considerable» de investigados «es un factor sin duda importante». Por dimensionar, en el juicio de ‘Los Miami’ se sentaron en el banquillo de los acusados 81 personas, y el de la operación Emperador —actualmente enjuiciándose— reúne a más de 100 acusados.El tribunal quiere abarcar más El presidente de la Audiencia Nacional también tiene otro ambicioso plan entre manos de cara al medio siglo de vida del tribunal: la creación de un plan de reformulación de sus competencias. Fernández recuerda a este periódico que se trata de una demanda ya trasladada al Consejo General del Poder Judicial, quien tiene «la última palabra al respecto». Se trata, según explica Fernández, de que la Audiencia Nacional «asuma más competencias en el ámbito del crimen organizado, fundamentalmente en lo concerniente al narcotráfico y a la trata de personas». «El tráfico de drogas ya no es solo un grave problema penal es también un factor de enorme peligro para la seguridad nacional, que puede originar serios riesgos de deterioro institucional, comprometiendo las estructuras del Estado, como se pone de manifiesto en el último informe emitido por el Consejo de Seguridad Nacional», indica. El tribunal, asevera su presidente, es «un punto neurálgico de la cooperación judicial internacional, por ser un punto de enlace con las autoridades judiciales y policiales europeas e internacionales, y, en definitiva, por la competencia» que la Audiencia asume «respecto de delitos de carácter transnacional, a lo que ha de unirse la alta especialización que requiere la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos».Fernández deja claro que esto «no ha de entenderse como una falta de consideración a los órganos territoriales, que afrontan su trabajo respecto de estos delitos con dedicación encomiable y en circunstancias adversas». «Antes al contrario, se trata de combinar esta asunción de mayores competencias por la Audiencia Nacional, con la creación de centros neurálgicos en los territorios. Pero todo esto, requiere, obvio es decirlo, un número adecuado de jueces, fiscales, letrados y funcionarios», zanja. Detrás de todas las investigaciones asumidas y lideradas por el tribunal se encuentran, además, las fuerzas investigadoras, que asumen causas «sumamente complejas en un ámbito, como es el del crimen organizado, cada vez más sofisticado, con estructuras financieras para ocultar sus ganancias, operando en redes internacionales, que hacen muy difícil su averiguación». Es por eso que Fernández considera fundamental «dotar a la Guardia Civil, a la Policía, de todos los recursos, materiales y humanos que precisen». Por la madrileña plaza de la Villa de París pasean a diario a sus perros decenas de personas. Otras tantas lo hacen acompañadas de sus hijos. En los últimos meses, sol o lluvia mediante, todos ellos observan el revuelo casi diario que provocan las cámaras y el trabajo de los periodistas, que asisten —casi sin respiro— a un día histórico tras otro a las puertas de la Audiencia Nacional.No es ajeno a esto el tribunal, que en los últimos años ha clamado contra la sobrecarga que inunda de cajas de documentación sus pasillos y de procedimientos los seis juzgados de instrucción de que dispone la casa. La Audiencia Nacional, que el próximo mes de enero cumplirá 50 años de vida, vive en 2026 uno de los momentos de mayor ebullición de los últimos tiempos por culpa, entre otras razones, de las causas que acorralan al PSOE y al Gobierno, como el caso Leire, el caso Plus Ultra o el caso Koldo.«Para afrontar esta ingente cantidad de trabajo solo contamos con seis magistrados , y es sorprendente que esta situación es así desde 1997», reconoce el presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, en conversación con ABC.La investigación de las citadas causas recae en jueces cuyos nombres son ya ampliamente conocidos: Ismael Moreno se encarga del caso Koldo, José Luis Calama investiga a José Luis Rodríguez Zapatero y Santiago Pedraz lidera las pesquisas sobre la presunta fontanera del PSOE Leire Díez. A ellos hay que sumar a los otros tres magistrados de instrucción: Francisco de Jorge, María Tardón y Antonio Piña.A partir de junio de 2027, se les unirán otros dos nuevos compañeros, después de que esta misma semana se haya publicado el decreto de creación de nuevas plazas judiciales, lo que hará que la Audiencia Nacional pase de tener seis a ocho juzgados de instrucción. Al fin se hará real la existencia del ‘siete’, un nuevo Juzgado que hasta el momento solo existía en forma de bar. Esa denominación se ha utilizado —y prosigue actualmente— de forma oficiosa para hacer referencia a uno de los establecimientos de restauración próximos al tribunal más transitado por sus trabajadores, como una suerte de extensión del órgano. El presidente de la Audiencia Nacional dice que «a nadie se le escapa, ya no solo el muy significativo número de casos que instruyen, sino también su creciente complejidad, con un incremento relevante en los ámbitos del crimen organizado, fundamentalmente la corrupción y el narcotráfico».«El número de magistrados en la Audiencia Nacional es manifiestamente deficitario, lo cual está generando problemas graves» Juan Manuel Fernández Presidente de la Audiencia NacionalFernández no tiene problemas en asegurar que «el número de magistrados en la Audiencia Nacional es manifiestamente deficitario, tanto en el orden penal como en el Contencioso-Administrativo, lo cual está generando problemas graves, entre ellos, y principalmente, demoras en la tramitación de los procedimientos». Esta casa se reforzará, además, con otros cuatro magistrados de la Sala de lo Penal, plazas que entrarán en funcionamiento en enero del año próximo. Su presidente considera que «este aumento repercutirá muy positivamente en la reducción de los plazos de respuesta», una de las demandas más repetidas en los últimos años.Desde su llegada a la presidencia del tribunal en 2025, uno de sus objetivos «irrenunciable y absolutamente prioritario» ha sido «la reducción de los tiempos de respuesta, siendo la escasez de magistrados la causa principal». Pero Fernández advierte de que no todo se debe a la falta de medios; la existencia de macrocausas con un número «considerable» de investigados «es un factor sin duda importante». Por dimensionar, en el juicio de ‘Los Miami’ se sentaron en el banquillo de los acusados 81 personas, y el de la operación Emperador —actualmente enjuiciándose— reúne a más de 100 acusados.El tribunal quiere abarcar más El presidente de la Audiencia Nacional también tiene otro ambicioso plan entre manos de cara al medio siglo de vida del tribunal: la creación de un plan de reformulación de sus competencias. Fernández recuerda a este periódico que se trata de una demanda ya trasladada al Consejo General del Poder Judicial, quien tiene «la última palabra al respecto». Se trata, según explica Fernández, de que la Audiencia Nacional «asuma más competencias en el ámbito del crimen organizado, fundamentalmente en lo concerniente al narcotráfico y a la trata de personas». «El tráfico de drogas ya no es solo un grave problema penal es también un factor de enorme peligro para la seguridad nacional, que puede originar serios riesgos de deterioro institucional, comprometiendo las estructuras del Estado, como se pone de manifiesto en el último informe emitido por el Consejo de Seguridad Nacional», indica. El tribunal, asevera su presidente, es «un punto neurálgico de la cooperación judicial internacional, por ser un punto de enlace con las autoridades judiciales y policiales europeas e internacionales, y, en definitiva, por la competencia» que la Audiencia asume «respecto de delitos de carácter transnacional, a lo que ha de unirse la alta especialización que requiere la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos».Fernández deja claro que esto «no ha de entenderse como una falta de consideración a los órganos territoriales, que afrontan su trabajo respecto de estos delitos con dedicación encomiable y en circunstancias adversas». «Antes al contrario, se trata de combinar esta asunción de mayores competencias por la Audiencia Nacional, con la creación de centros neurálgicos en los territorios. Pero todo esto, requiere, obvio es decirlo, un número adecuado de jueces, fiscales, letrados y funcionarios», zanja. Detrás de todas las investigaciones asumidas y lideradas por el tribunal se encuentran, además, las fuerzas investigadoras, que asumen causas «sumamente complejas en un ámbito, como es el del crimen organizado, cada vez más sofisticado, con estructuras financieras para ocultar sus ganancias, operando en redes internacionales, que hacen muy difícil su averiguación». Es por eso que Fernández considera fundamental «dotar a la Guardia Civil, a la Policía, de todos los recursos, materiales y humanos que precisen». RSS de noticias de espana
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