Inmersos en plena época de riesgo de incendios forestales, desde el sector agrario piden a las administraciones, en especial a la Junta de Andalucía, que «cuente con los agricultores» para prevenir incendios. De hecho, la organización Asaja Jaén ha reclamado reformas legislativas inmediatas que permitan «realizar desbroces y labores preventivas en el monte» sin autorización previa en una provincia, además, con la mayor carga forestal de Andalucía y que mira con temor los próximos meses tras una primavera muy lluviosa en la que ha aumentado el ‘material combustible’ en el campo. Y es que el cambio que ha sufrido la configuración del sector agrario y ganadero de Andalucía en las últimas décadas, sumado a la «excesiva burocracia» necesarias para poner en marcha las labores forestales son unos de los motivos que más agravan los incendios. La ganadería extensiva, aquella en la que los animales pastan en el campo, realiza un servicio ambiental fundamental para el medioambiente, convirtiéndose en la herramienta de prevención de incendios «más barata y eficiente» que existe. Sin embargo, la cabaña ganadera ha ido mermando año tras año en Andalucía (se ha perdido un 25% de ganado en los últimos 16 años), un descenso que se agravó en los últimos años de sequía, cuando era imposible mantener tantos animales a base de pienso. Esto, unido a ciertas exigencias de la PAC (para considerar una explotación ecológica, por ejemplo, hay que tener ciertas cabezas de ganado por superficie), ha hecho que sean cada vez menos los animales que viven en el campo andaluz.El exceso de combustible, o biomasa, explica por qué los fuegos que se declaran al principio del verano, como ha sucedido en Los Gallardos o pasó en Huelva, se han propagado con una velocidad incontrolable. Antes, el ganado consumía progresivamente el pasto a lo largo de la primavera y el inicio del verano, de modo que, al llegar agosto, el monte estaba ya prácticamente limpio. Sin embargo, al desatarse incendios tempranos sobre un monte sobrecargado de hierba seca, el fuego no solo corre de forma más destructiva debido al combustible acumulado, sino que calcina por completo las reservas de alimento del ganado, como sucedió en las explotaciones ganaderas onubenses.Plan de recuperaciónA esta situación se suma una recurrente reclamación del sector forestal y ganadero: la necesidad de flexibilizar la burocracia y de ofrecer un respaldo real a quienes custodian el territorio.«Consideramos injusto que la actual Ley de Prevención de Incendios atribuya al dueño de una explotación quemada la recuperación de la misma. Cuando es un terreno privado, el propietario afectado no solo sufre la pérdida de su recurso, sino que la legislación le obliga a redactar, presentar y ejecutar su plan de restauración», lamenta Jesús Aguilar, responsable del departamento Medioambiental de Asaja Sevilla.Esta medida ha sido denunciada reiteradamente por el sector al considerarla un ‘castigo doble’. Es cierto que, durante años, la normativa europea y autonómica prohibió subvencionar estas tareas de recuperación en terrenos privados bajo la premisa del «riesgo moral»; se temía que el propietario provocase el fuego para captar fondos. Sin embargo, el Programa de Desarrollo Rural 2023-2027 otorga ahora la oportunidad para corregir esto. Por primera vez, estas actuaciones sí son subvencionables en terrenos privados. No obstante, desde el sector denuncian que aún no se ha ejecutado ningún porcentaje del presupuesto para ayudas forestales de este marco financiero, y exigen «que se ponga en marcha» para estas situaciones. Inmersos en plena época de riesgo de incendios forestales, desde el sector agrario piden a las administraciones, en especial a la Junta de Andalucía, que «cuente con los agricultores» para prevenir incendios. De hecho, la organización Asaja Jaén ha reclamado reformas legislativas inmediatas que permitan «realizar desbroces y labores preventivas en el monte» sin autorización previa en una provincia, además, con la mayor carga forestal de Andalucía y que mira con temor los próximos meses tras una primavera muy lluviosa en la que ha aumentado el ‘material combustible’ en el campo. Y es que el cambio que ha sufrido la configuración del sector agrario y ganadero de Andalucía en las últimas décadas, sumado a la «excesiva burocracia» necesarias para poner en marcha las labores forestales son unos de los motivos que más agravan los incendios. La ganadería extensiva, aquella en la que los animales pastan en el campo, realiza un servicio ambiental fundamental para el medioambiente, convirtiéndose en la herramienta de prevención de incendios «más barata y eficiente» que existe. Sin embargo, la cabaña ganadera ha ido mermando año tras año en Andalucía (se ha perdido un 25% de ganado en los últimos 16 años), un descenso que se agravó en los últimos años de sequía, cuando era imposible mantener tantos animales a base de pienso. Esto, unido a ciertas exigencias de la PAC (para considerar una explotación ecológica, por ejemplo, hay que tener ciertas cabezas de ganado por superficie), ha hecho que sean cada vez menos los animales que viven en el campo andaluz.El exceso de combustible, o biomasa, explica por qué los fuegos que se declaran al principio del verano, como ha sucedido en Los Gallardos o pasó en Huelva, se han propagado con una velocidad incontrolable. Antes, el ganado consumía progresivamente el pasto a lo largo de la primavera y el inicio del verano, de modo que, al llegar agosto, el monte estaba ya prácticamente limpio. Sin embargo, al desatarse incendios tempranos sobre un monte sobrecargado de hierba seca, el fuego no solo corre de forma más destructiva debido al combustible acumulado, sino que calcina por completo las reservas de alimento del ganado, como sucedió en las explotaciones ganaderas onubenses.Plan de recuperaciónA esta situación se suma una recurrente reclamación del sector forestal y ganadero: la necesidad de flexibilizar la burocracia y de ofrecer un respaldo real a quienes custodian el territorio.«Consideramos injusto que la actual Ley de Prevención de Incendios atribuya al dueño de una explotación quemada la recuperación de la misma. Cuando es un terreno privado, el propietario afectado no solo sufre la pérdida de su recurso, sino que la legislación le obliga a redactar, presentar y ejecutar su plan de restauración», lamenta Jesús Aguilar, responsable del departamento Medioambiental de Asaja Sevilla.Esta medida ha sido denunciada reiteradamente por el sector al considerarla un ‘castigo doble’. Es cierto que, durante años, la normativa europea y autonómica prohibió subvencionar estas tareas de recuperación en terrenos privados bajo la premisa del «riesgo moral»; se temía que el propietario provocase el fuego para captar fondos. Sin embargo, el Programa de Desarrollo Rural 2023-2027 otorga ahora la oportunidad para corregir esto. Por primera vez, estas actuaciones sí son subvencionables en terrenos privados. No obstante, desde el sector denuncian que aún no se ha ejecutado ningún porcentaje del presupuesto para ayudas forestales de este marco financiero, y exigen «que se ponga en marcha» para estas situaciones. Inmersos en plena época de riesgo de incendios forestales, desde el sector agrario piden a las administraciones, en especial a la Junta de Andalucía, que «cuente con los agricultores» para prevenir incendios. De hecho, la organización Asaja Jaén ha reclamado reformas legislativas inmediatas que permitan «realizar desbroces y labores preventivas en el monte» sin autorización previa en una provincia, además, con la mayor carga forestal de Andalucía y que mira con temor los próximos meses tras una primavera muy lluviosa en la que ha aumentado el ‘material combustible’ en el campo. Y es que el cambio que ha sufrido la configuración del sector agrario y ganadero de Andalucía en las últimas décadas, sumado a la «excesiva burocracia» necesarias para poner en marcha las labores forestales son unos de los motivos que más agravan los incendios. La ganadería extensiva, aquella en la que los animales pastan en el campo, realiza un servicio ambiental fundamental para el medioambiente, convirtiéndose en la herramienta de prevención de incendios «más barata y eficiente» que existe. Sin embargo, la cabaña ganadera ha ido mermando año tras año en Andalucía (se ha perdido un 25% de ganado en los últimos 16 años), un descenso que se agravó en los últimos años de sequía, cuando era imposible mantener tantos animales a base de pienso. Esto, unido a ciertas exigencias de la PAC (para considerar una explotación ecológica, por ejemplo, hay que tener ciertas cabezas de ganado por superficie), ha hecho que sean cada vez menos los animales que viven en el campo andaluz.El exceso de combustible, o biomasa, explica por qué los fuegos que se declaran al principio del verano, como ha sucedido en Los Gallardos o pasó en Huelva, se han propagado con una velocidad incontrolable. Antes, el ganado consumía progresivamente el pasto a lo largo de la primavera y el inicio del verano, de modo que, al llegar agosto, el monte estaba ya prácticamente limpio. Sin embargo, al desatarse incendios tempranos sobre un monte sobrecargado de hierba seca, el fuego no solo corre de forma más destructiva debido al combustible acumulado, sino que calcina por completo las reservas de alimento del ganado, como sucedió en las explotaciones ganaderas onubenses.Plan de recuperaciónA esta situación se suma una recurrente reclamación del sector forestal y ganadero: la necesidad de flexibilizar la burocracia y de ofrecer un respaldo real a quienes custodian el territorio.«Consideramos injusto que la actual Ley de Prevención de Incendios atribuya al dueño de una explotación quemada la recuperación de la misma. Cuando es un terreno privado, el propietario afectado no solo sufre la pérdida de su recurso, sino que la legislación le obliga a redactar, presentar y ejecutar su plan de restauración», lamenta Jesús Aguilar, responsable del departamento Medioambiental de Asaja Sevilla.Esta medida ha sido denunciada reiteradamente por el sector al considerarla un ‘castigo doble’. Es cierto que, durante años, la normativa europea y autonómica prohibió subvencionar estas tareas de recuperación en terrenos privados bajo la premisa del «riesgo moral»; se temía que el propietario provocase el fuego para captar fondos. Sin embargo, el Programa de Desarrollo Rural 2023-2027 otorga ahora la oportunidad para corregir esto. Por primera vez, estas actuaciones sí son subvencionables en terrenos privados. No obstante, desde el sector denuncian que aún no se ha ejecutado ningún porcentaje del presupuesto para ayudas forestales de este marco financiero, y exigen «que se ponga en marcha» para estas situaciones. 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