Ni los conventos abandonados en la España vacía que buscan a través de una web, ni los monasterios de Orduña y Derio que todavía controlan, ni la casa de una familiar en La Puebla de Montalbán (Toledo) en la que están ahora refugiadas. Tras el desahucio de Belorado, el destino final de las exmonjas cismáticas, si se cumplen las previsiones judiciales, podría ser la cárcel. Según ellas mismas han confirmado en un comunicado de prensa, tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado 12 años de prisión para cada una de las siete imputadas por el trato al que sometieron a las cinco monjas mayores y la apropiación de sus pensiones.La petición de condena llega apenas unas semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao acordara la apertura de juicio oral contra las siete exreligiosas por presuntos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante, administración desleal y apropiación indebida. La investigación judicial sostiene que las religiosas ancianas, de entre 87 y 101 años, fueron mantenidas durante meses en condiciones incompatibles con la atención que requería su elevado grado de dependencia y que las pensiones y cuentas bancarias de varias de ellas fueron utilizadas para financiar los negocios emprendidos por las exclarisas tras el cisma.Han sido las propias exmonjas quienes han hecho pública la petición de penas mediante un comunicado difundido este miércoles. En él aseguran que reciben la noticia con «desacuerdo» y reiteran que continúan considerándose «plenamente inocentes de las graves acusaciones que se nos atribuyen en relación con nuestras queridas hermanas mayores». «Afrontamos este procedimiento con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada», afirman en el escrito, en el que insisten en sus teoría de que el proceso judicial responde más a una persecución que a una investigación objetiva.Noticia relacionada general No No Las exmonjas de Belorado utilizaron las pensiones de las mayores para gastos personales José Ramón Navarro-ParejaLejos de rebajar el tono empleado desde el inicio del conflicto con la Iglesia, las exreligiosas denuncian que «la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición». A su juicio, existe la voluntad de «quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida», aunque aseguran que no renunciarán a sus convicciones. «Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia», sostienen. En esa misma línea, aseguran que todo lo sucedido desde la ruptura con Roma constituye «una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer». El escrito concluye con un llamamiento a respetar «nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación», al tiempo que piden «el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias de este caso antes de emitir un juicio definitivo».Graves acusacionesLa petición de doce años de prisión supone un nuevo salto en un procedimiento que se ha ido agravando conforme avanzaba la instrucción. En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada describía un escenario de presunta falta de higiene, ausencia de atención médica continuada, control psicológico sobre las cinco religiosas ancianas y utilización de sus recursos económicos para sostener distintos negocios impulsados tras el cisma.Entre los hechos recogidos por la resolución judicial figura que las cinco clarisas mayores, que nunca secundaron la ruptura con la Iglesia, permanecieron durante meses en el monasterio de Orduña pese a su delicado estado de salud. Cuando finalmente fueron rescatadas por la Guardia Civil, el 18 de diciembre de 2025, los informes médicos y forenses describieron un panorama especialmente preocupante: varias no habían recibido todavía el desayuno ni la medicación cuando los agentes llegaron, una de ellas permanecía sola sentada en el inodoro y otra convivía en una habitación con perros entre restos de suciedad y excrementos.La instructora también aprecia indicios de que las cuentas bancarias y pensiones de algunas de las religiosas mayores fueron utilizadas para sufragar gastos ajenos a su cuidado. Según el auto, desde esas cuentas se realizaron transferencias, pagos de combustible, compras por internet, Bizum, adquisición de pienso para animales, nóminas de trabajadores de los negocios de las exreligiosas e incluso transferencias a familiares de la entonces exabadesa, Laura García de Viedma.La resolución judicial sostenía además que las ancianas fueron utilizadas como un obstáculo para dificultar el desahucio de los monasterios ocupados por las exclarisas, una estrategia que, según la magistrada, respondía tanto al interés de retrasar los lanzamientos judiciales como al mantenimiento del control sobre sus recursos económicos.Con la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y de la acusación particular, el procedimiento entra ahora en su fase decisiva. Salvo un giro inesperado, las siete exmonjas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de unos hechos por los que podrían ser condenadas a doce años de prisión cada una. Ni los conventos abandonados en la España vacía que buscan a través de una web, ni los monasterios de Orduña y Derio que todavía controlan, ni la casa de una familiar en La Puebla de Montalbán (Toledo) en la que están ahora refugiadas. Tras el desahucio de Belorado, el destino final de las exmonjas cismáticas, si se cumplen las previsiones judiciales, podría ser la cárcel. Según ellas mismas han confirmado en un comunicado de prensa, tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado 12 años de prisión para cada una de las siete imputadas por el trato al que sometieron a las cinco monjas mayores y la apropiación de sus pensiones.La petición de condena llega apenas unas semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao acordara la apertura de juicio oral contra las siete exreligiosas por presuntos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante, administración desleal y apropiación indebida. La investigación judicial sostiene que las religiosas ancianas, de entre 87 y 101 años, fueron mantenidas durante meses en condiciones incompatibles con la atención que requería su elevado grado de dependencia y que las pensiones y cuentas bancarias de varias de ellas fueron utilizadas para financiar los negocios emprendidos por las exclarisas tras el cisma.Han sido las propias exmonjas quienes han hecho pública la petición de penas mediante un comunicado difundido este miércoles. En él aseguran que reciben la noticia con «desacuerdo» y reiteran que continúan considerándose «plenamente inocentes de las graves acusaciones que se nos atribuyen en relación con nuestras queridas hermanas mayores». «Afrontamos este procedimiento con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada», afirman en el escrito, en el que insisten en sus teoría de que el proceso judicial responde más a una persecución que a una investigación objetiva.Noticia relacionada general No No Las exmonjas de Belorado utilizaron las pensiones de las mayores para gastos personales José Ramón Navarro-ParejaLejos de rebajar el tono empleado desde el inicio del conflicto con la Iglesia, las exreligiosas denuncian que «la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición». A su juicio, existe la voluntad de «quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida», aunque aseguran que no renunciarán a sus convicciones. «Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia», sostienen. En esa misma línea, aseguran que todo lo sucedido desde la ruptura con Roma constituye «una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer». El escrito concluye con un llamamiento a respetar «nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación», al tiempo que piden «el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias de este caso antes de emitir un juicio definitivo».Graves acusacionesLa petición de doce años de prisión supone un nuevo salto en un procedimiento que se ha ido agravando conforme avanzaba la instrucción. En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada describía un escenario de presunta falta de higiene, ausencia de atención médica continuada, control psicológico sobre las cinco religiosas ancianas y utilización de sus recursos económicos para sostener distintos negocios impulsados tras el cisma.Entre los hechos recogidos por la resolución judicial figura que las cinco clarisas mayores, que nunca secundaron la ruptura con la Iglesia, permanecieron durante meses en el monasterio de Orduña pese a su delicado estado de salud. Cuando finalmente fueron rescatadas por la Guardia Civil, el 18 de diciembre de 2025, los informes médicos y forenses describieron un panorama especialmente preocupante: varias no habían recibido todavía el desayuno ni la medicación cuando los agentes llegaron, una de ellas permanecía sola sentada en el inodoro y otra convivía en una habitación con perros entre restos de suciedad y excrementos.La instructora también aprecia indicios de que las cuentas bancarias y pensiones de algunas de las religiosas mayores fueron utilizadas para sufragar gastos ajenos a su cuidado. Según el auto, desde esas cuentas se realizaron transferencias, pagos de combustible, compras por internet, Bizum, adquisición de pienso para animales, nóminas de trabajadores de los negocios de las exreligiosas e incluso transferencias a familiares de la entonces exabadesa, Laura García de Viedma.La resolución judicial sostenía además que las ancianas fueron utilizadas como un obstáculo para dificultar el desahucio de los monasterios ocupados por las exclarisas, una estrategia que, según la magistrada, respondía tanto al interés de retrasar los lanzamientos judiciales como al mantenimiento del control sobre sus recursos económicos.Con la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y de la acusación particular, el procedimiento entra ahora en su fase decisiva. Salvo un giro inesperado, las siete exmonjas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de unos hechos por los que podrían ser condenadas a doce años de prisión cada una. Ni los conventos abandonados en la España vacía que buscan a través de una web, ni los monasterios de Orduña y Derio que todavía controlan, ni la casa de una familiar en La Puebla de Montalbán (Toledo) en la que están ahora refugiadas. Tras el desahucio de Belorado, el destino final de las exmonjas cismáticas, si se cumplen las previsiones judiciales, podría ser la cárcel. Según ellas mismas han confirmado en un comunicado de prensa, tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado 12 años de prisión para cada una de las siete imputadas por el trato al que sometieron a las cinco monjas mayores y la apropiación de sus pensiones.La petición de condena llega apenas unas semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao acordara la apertura de juicio oral contra las siete exreligiosas por presuntos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, trato degradante, administración desleal y apropiación indebida. La investigación judicial sostiene que las religiosas ancianas, de entre 87 y 101 años, fueron mantenidas durante meses en condiciones incompatibles con la atención que requería su elevado grado de dependencia y que las pensiones y cuentas bancarias de varias de ellas fueron utilizadas para financiar los negocios emprendidos por las exclarisas tras el cisma.Han sido las propias exmonjas quienes han hecho pública la petición de penas mediante un comunicado difundido este miércoles. En él aseguran que reciben la noticia con «desacuerdo» y reiteran que continúan considerándose «plenamente inocentes de las graves acusaciones que se nos atribuyen en relación con nuestras queridas hermanas mayores». «Afrontamos este procedimiento con la serenidad de quien sabe que no ha cometido los hechos que se le imputan y con la esperanza de que la verdad pueda quedar plenamente acreditada», afirman en el escrito, en el que insisten en sus teoría de que el proceso judicial responde más a una persecución que a una investigación objetiva.Noticia relacionada general No No Las exmonjas de Belorado utilizaron las pensiones de las mayores para gastos personales José Ramón Navarro-ParejaLejos de rebajar el tono empleado desde el inicio del conflicto con la Iglesia, las exreligiosas denuncian que «la presión sobre nuestra comunidad no ha dejado de aumentar, asemejándose más bien a una caza de brujas como en la antigua inquisición». A su juicio, existe la voluntad de «quebrar nuestra comunidad y destruir nuestro proyecto de vida», aunque aseguran que no renunciarán a sus convicciones. «Algunos nos consideran monjas rebeldes. Nosotras preferimos definirnos como mujeres de fe, conscientes de nuestras decisiones y dispuestas a asumir las consecuencias de actuar conforme a nuestra conciencia», sostienen. En esa misma línea, aseguran que todo lo sucedido desde la ruptura con Roma constituye «una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica y haber seguido el camino que, en conciencia, entendimos que debíamos recorrer». El escrito concluye con un llamamiento a respetar «nuestra dignidad, nuestra libertad de conciencia y nuestra vocación», al tiempo que piden «el derecho de la sociedad a conocer todas las circunstancias de este caso antes de emitir un juicio definitivo».Graves acusacionesLa petición de doce años de prisión supone un nuevo salto en un procedimiento que se ha ido agravando conforme avanzaba la instrucción. En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada describía un escenario de presunta falta de higiene, ausencia de atención médica continuada, control psicológico sobre las cinco religiosas ancianas y utilización de sus recursos económicos para sostener distintos negocios impulsados tras el cisma.Entre los hechos recogidos por la resolución judicial figura que las cinco clarisas mayores, que nunca secundaron la ruptura con la Iglesia, permanecieron durante meses en el monasterio de Orduña pese a su delicado estado de salud. Cuando finalmente fueron rescatadas por la Guardia Civil, el 18 de diciembre de 2025, los informes médicos y forenses describieron un panorama especialmente preocupante: varias no habían recibido todavía el desayuno ni la medicación cuando los agentes llegaron, una de ellas permanecía sola sentada en el inodoro y otra convivía en una habitación con perros entre restos de suciedad y excrementos.La instructora también aprecia indicios de que las cuentas bancarias y pensiones de algunas de las religiosas mayores fueron utilizadas para sufragar gastos ajenos a su cuidado. Según el auto, desde esas cuentas se realizaron transferencias, pagos de combustible, compras por internet, Bizum, adquisición de pienso para animales, nóminas de trabajadores de los negocios de las exreligiosas e incluso transferencias a familiares de la entonces exabadesa, Laura García de Viedma.La resolución judicial sostenía además que las ancianas fueron utilizadas como un obstáculo para dificultar el desahucio de los monasterios ocupados por las exclarisas, una estrategia que, según la magistrada, respondía tanto al interés de retrasar los lanzamientos judiciales como al mantenimiento del control sobre sus recursos económicos.Con la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y de la acusación particular, el procedimiento entra ahora en su fase decisiva. Salvo un giro inesperado, las siete exmonjas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de unos hechos por los que podrían ser condenadas a doce años de prisión cada una. 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La Fiscalía pide 12 años de cárcel para siete de las exmonjas de Belorado por el trato a las mayores
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