La gente que cree que todo es posible en Granada tiene desde ahora otro argumento para justificarlo: guardias civiles que habían sido avisados de la presunta comisión de un delito y que se dirigían con rapidez al lugar de los hechos, se saltaron los límites de velocidad. Un radar les cazó.Hasta ahí, todo normal; lo que ya no lo es tanto es que sus propios compañeros, en vez de entender que lo hicieron porque las circunstancias lo demandaban, ordenaran que se instruyeran diligencias penales contra los cuatro agentes y que éstos tuvieran que comparecer ante un juzgado de guardia y prestar declaración. Ocurrió en una carretera de Granada y lo ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Los protagonistas de la historia son cuatro guardias civiles que estaban de servicio en dos coches patrulla. Eran las tres de la madrugada y la Central Operativa de Servicios (COS) alertó sobre un atraco en una localidad de la provincia cuyo nombre no ha trascendido.Ante la gravedad del aviso, expone la AUGC, las patrullas más cercanas «recibieron la orden de acudir con la máxima celeridad para impedir el delito y prestar auxilio«. En cumplimiento de esa orden, los agentes priorizaron la emergencia y le dieron a fondo al acelerador. Superaron el límite y un radar fijo captó la irregularidad.Velocidad justificadaLo sorprendente, indica la asociación, es que, pese a que esos agentes estaban en acto de servicio, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, una unidad que depende de la Guardia Civil, «ordenó la instrucción de diligencias penales contra los componentes de ambas patrullas». Lo hicieron, continúa la denuncia, «pese a existir informes oficiales que justificaban plenamente el exceso de velocidad por servicio urgente. Como consecuencia de esta decisión, mes y medio después, los cuatro agentes «tuvieron que comparecer ante el juzgado de guardia para prestar declaración», situación que les generó «un importante perjuicio personal y profesional». Entre otras cosas, uno de ellos tuvo que interrumpir sus vacaciones para acudir a la citación.«Especialmente grave resulta que esta decisión exponía a los agentes a las consecuencias previstas para un posible delito contra la seguridad vial. De haberse apreciado responsabilidad penal según el artículo 379.1 del Código Penal, podrían haberse enfrentado a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en todo caso, a la privación del derecho a conducir por más de un año y hasta cuatro años. Todo ello por acatar una orden urgente de la central operativa », resalta el colectivo. Lo ocurrido le parece «todavía más difícil de comprender» porque la normativa de circulación «contempla expresamente un régimen especial para los vehículos prioritarios en servicios de urgencia, permitiéndoles superar los límites de velocidad bajo las condiciones legalmente establecidas».La vía judicial quedó en nadaComo era previsible, el caso, desde el punto de vista judicial, quedó en nada. Se descartó la responsabilidad penal de los agentes y se dio carpetazo a un procedimiento que, subraya la AUGC, «nunca debió iniciarse». Dos de los cuatro guardias que protagonizan esta historia son, además, cargos en la asociación. «La AUGC no afirma que exista relación entre ambos hechos, pero considera legítimo poner de manifiesto una coincidencia que llama poderosamente la atención por ser inédita», añade.«Consideramos incomprensible que quienes diariamente asumen riesgos para proteger a los ciudadanos, terminen sentados ante un juez por cumplir órdenes de urgencia. Es muy fácil tomar decisiones desde un despacho, lejos de la presión, la responsabilidad y el riesgo que supone acudir de madrugada a un atraco. Quienes trabajan sobre el terreno saben que cada minuto puede ser determinante», continúa la denuncia de la asociación, que entiende que lo ocurrido no debe quedar en una triste anécdota. En ese sentido, ha exigido a la Dirección General de la Guardia Civil «un protocolo claro y uniforme para este tipo de actuaciones», que evite que ningún otro agente vuelva a verse en una situación similar por cumplir una orden debidamente justificada. «Los guardias civiles no pueden verse obligados a elegir entre cumplir una orden urgente para proteger a un ciudadano o protegerse ellos mismos de consecuencias judiciales», concluye. La gente que cree que todo es posible en Granada tiene desde ahora otro argumento para justificarlo: guardias civiles que habían sido avisados de la presunta comisión de un delito y que se dirigían con rapidez al lugar de los hechos, se saltaron los límites de velocidad. Un radar les cazó.Hasta ahí, todo normal; lo que ya no lo es tanto es que sus propios compañeros, en vez de entender que lo hicieron porque las circunstancias lo demandaban, ordenaran que se instruyeran diligencias penales contra los cuatro agentes y que éstos tuvieran que comparecer ante un juzgado de guardia y prestar declaración. Ocurrió en una carretera de Granada y lo ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Los protagonistas de la historia son cuatro guardias civiles que estaban de servicio en dos coches patrulla. Eran las tres de la madrugada y la Central Operativa de Servicios (COS) alertó sobre un atraco en una localidad de la provincia cuyo nombre no ha trascendido.Ante la gravedad del aviso, expone la AUGC, las patrullas más cercanas «recibieron la orden de acudir con la máxima celeridad para impedir el delito y prestar auxilio«. En cumplimiento de esa orden, los agentes priorizaron la emergencia y le dieron a fondo al acelerador. Superaron el límite y un radar fijo captó la irregularidad.Velocidad justificadaLo sorprendente, indica la asociación, es que, pese a que esos agentes estaban en acto de servicio, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, una unidad que depende de la Guardia Civil, «ordenó la instrucción de diligencias penales contra los componentes de ambas patrullas». Lo hicieron, continúa la denuncia, «pese a existir informes oficiales que justificaban plenamente el exceso de velocidad por servicio urgente. Como consecuencia de esta decisión, mes y medio después, los cuatro agentes «tuvieron que comparecer ante el juzgado de guardia para prestar declaración», situación que les generó «un importante perjuicio personal y profesional». Entre otras cosas, uno de ellos tuvo que interrumpir sus vacaciones para acudir a la citación.«Especialmente grave resulta que esta decisión exponía a los agentes a las consecuencias previstas para un posible delito contra la seguridad vial. De haberse apreciado responsabilidad penal según el artículo 379.1 del Código Penal, podrían haberse enfrentado a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en todo caso, a la privación del derecho a conducir por más de un año y hasta cuatro años. Todo ello por acatar una orden urgente de la central operativa », resalta el colectivo. Lo ocurrido le parece «todavía más difícil de comprender» porque la normativa de circulación «contempla expresamente un régimen especial para los vehículos prioritarios en servicios de urgencia, permitiéndoles superar los límites de velocidad bajo las condiciones legalmente establecidas».La vía judicial quedó en nadaComo era previsible, el caso, desde el punto de vista judicial, quedó en nada. Se descartó la responsabilidad penal de los agentes y se dio carpetazo a un procedimiento que, subraya la AUGC, «nunca debió iniciarse». Dos de los cuatro guardias que protagonizan esta historia son, además, cargos en la asociación. «La AUGC no afirma que exista relación entre ambos hechos, pero considera legítimo poner de manifiesto una coincidencia que llama poderosamente la atención por ser inédita», añade.«Consideramos incomprensible que quienes diariamente asumen riesgos para proteger a los ciudadanos, terminen sentados ante un juez por cumplir órdenes de urgencia. Es muy fácil tomar decisiones desde un despacho, lejos de la presión, la responsabilidad y el riesgo que supone acudir de madrugada a un atraco. Quienes trabajan sobre el terreno saben que cada minuto puede ser determinante», continúa la denuncia de la asociación, que entiende que lo ocurrido no debe quedar en una triste anécdota. En ese sentido, ha exigido a la Dirección General de la Guardia Civil «un protocolo claro y uniforme para este tipo de actuaciones», que evite que ningún otro agente vuelva a verse en una situación similar por cumplir una orden debidamente justificada. «Los guardias civiles no pueden verse obligados a elegir entre cumplir una orden urgente para proteger a un ciudadano o protegerse ellos mismos de consecuencias judiciales», concluye. La gente que cree que todo es posible en Granada tiene desde ahora otro argumento para justificarlo: guardias civiles que habían sido avisados de la presunta comisión de un delito y que se dirigían con rapidez al lugar de los hechos, se saltaron los límites de velocidad. Un radar les cazó.Hasta ahí, todo normal; lo que ya no lo es tanto es que sus propios compañeros, en vez de entender que lo hicieron porque las circunstancias lo demandaban, ordenaran que se instruyeran diligencias penales contra los cuatro agentes y que éstos tuvieran que comparecer ante un juzgado de guardia y prestar declaración. Ocurrió en una carretera de Granada y lo ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Los protagonistas de la historia son cuatro guardias civiles que estaban de servicio en dos coches patrulla. Eran las tres de la madrugada y la Central Operativa de Servicios (COS) alertó sobre un atraco en una localidad de la provincia cuyo nombre no ha trascendido.Ante la gravedad del aviso, expone la AUGC, las patrullas más cercanas «recibieron la orden de acudir con la máxima celeridad para impedir el delito y prestar auxilio«. En cumplimiento de esa orden, los agentes priorizaron la emergencia y le dieron a fondo al acelerador. Superaron el límite y un radar fijo captó la irregularidad.Velocidad justificadaLo sorprendente, indica la asociación, es que, pese a que esos agentes estaban en acto de servicio, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, una unidad que depende de la Guardia Civil, «ordenó la instrucción de diligencias penales contra los componentes de ambas patrullas». Lo hicieron, continúa la denuncia, «pese a existir informes oficiales que justificaban plenamente el exceso de velocidad por servicio urgente. Como consecuencia de esta decisión, mes y medio después, los cuatro agentes «tuvieron que comparecer ante el juzgado de guardia para prestar declaración», situación que les generó «un importante perjuicio personal y profesional». Entre otras cosas, uno de ellos tuvo que interrumpir sus vacaciones para acudir a la citación.«Especialmente grave resulta que esta decisión exponía a los agentes a las consecuencias previstas para un posible delito contra la seguridad vial. De haberse apreciado responsabilidad penal según el artículo 379.1 del Código Penal, podrían haberse enfrentado a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en todo caso, a la privación del derecho a conducir por más de un año y hasta cuatro años. Todo ello por acatar una orden urgente de la central operativa », resalta el colectivo. Lo ocurrido le parece «todavía más difícil de comprender» porque la normativa de circulación «contempla expresamente un régimen especial para los vehículos prioritarios en servicios de urgencia, permitiéndoles superar los límites de velocidad bajo las condiciones legalmente establecidas».La vía judicial quedó en nadaComo era previsible, el caso, desde el punto de vista judicial, quedó en nada. Se descartó la responsabilidad penal de los agentes y se dio carpetazo a un procedimiento que, subraya la AUGC, «nunca debió iniciarse». Dos de los cuatro guardias que protagonizan esta historia son, además, cargos en la asociación. «La AUGC no afirma que exista relación entre ambos hechos, pero considera legítimo poner de manifiesto una coincidencia que llama poderosamente la atención por ser inédita», añade.«Consideramos incomprensible que quienes diariamente asumen riesgos para proteger a los ciudadanos, terminen sentados ante un juez por cumplir órdenes de urgencia. Es muy fácil tomar decisiones desde un despacho, lejos de la presión, la responsabilidad y el riesgo que supone acudir de madrugada a un atraco. Quienes trabajan sobre el terreno saben que cada minuto puede ser determinante», continúa la denuncia de la asociación, que entiende que lo ocurrido no debe quedar en una triste anécdota. En ese sentido, ha exigido a la Dirección General de la Guardia Civil «un protocolo claro y uniforme para este tipo de actuaciones», que evite que ningún otro agente vuelva a verse en una situación similar por cumplir una orden debidamente justificada. «Los guardias civiles no pueden verse obligados a elegir entre cumplir una orden urgente para proteger a un ciudadano o protegerse ellos mismos de consecuencias judiciales», concluye. RSS de noticias de espana/andalucia
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