La sobreactuación del PSOE andaluz en el caso Leire Díez se ha vuelto en su contra como un bumerán. Hace apenas dos semanas, recién dimitido el interventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva, los socialistas apremiaban al Gobierno regional de Juanma Moreno (PP) a dar explicaciones «inmediatas» por el cese del alto cargo tras aparecer su nombre en la agenda de la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díaz como presunto informante de una trama dedicada a cobrar mordidas a cambio de conseguir ayudas y contratos públicos para determinadas empresas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Hoy, Figueroa ha sido imputado por su etapa anterior como directivo de la SEPI junto a la actual presidenta de este organismo estatal, Belén Gualda González, en la misma causa de corrupción. Pero la actitud ha sido completamente diferente en uno y otro caso en el partido que dirige María Jesús Montero , de quien dependía la SEPI cuando algunos de sus responsables colaboraban supuestamente con la trama para lucrarse a costa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), dotado de 10.000 millones de euros. Mientras los socialistas han cargado las tintas contra el Ejecutivo andaluz por el cese de Figueroa, que aún no había sido citado por el juez, Pedro Sánchez y el PSOE federal, del que Montero es vicesecretaria general, blindan a su cúpula en la SEPI y mantienen «toda la confianza» en Gualda, negándose a dejarla caer tras su imputación por «indicios de criminalidad».El pasado 13 de junio, un día después de la marcha del interventor, el diputado andaluz y miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE-A Mario Jiménez lanzaba duros reproches contra el Gobierno autonómico en funciones y exigía a la consejera de Economía en funciones, Carolina España, que aclarase «demasiadas sombras» que rodean su renuncia como responsable del control financiero autonómico.Desde el Gobierno andaluz enmarcaron su cese en una « decisión personal» y negaron que el desencadenante fuera una pérdida de confianza en él. No obstante, el PSOE elevó el tono buscando ganar oxígeno ante el historial de casos que asedian a su propio partido. Jiménez llegó a sugerir que la Junta mantuvo a Figueroa en el cargo para evitar que el escándalo trascendiera antes de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, anunciando incluso una solicitud de comparecencia de Carolina España en el Parlamento.La paradoja radica en el origen de esta investigación. Lo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Santiago no es la gestión de Figueroa en la Junta de Andalucía, sino su etapa anterior como director de Participadas III en la SEPI, un organismo que dependía orgánicamente de la entonces ministra de Hacienda y actual líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.Cortafuegos en torno a la presidenta de la SEPIEl juez ha citado a 25 investigados por supuestos tratos de favor a empresas a través de una presunta trama liderada por la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez; el anterior presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, y el empresario navarro Antxon Alonso, quienes consiguieron ayudas y contratos a cambio de comisiones.La imputación ha alcanzado de lleno a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y responde a su presunta participación en el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos en julio de 2021 mediante un préstamo de 112,8 millones de euros a través del citado fondo estatal de ayuda a empresas afectadas por la pandemia. Los investigadores del caso Leire Díez han detectado documentos y comunicaciones internas que reflejan un supuesto «compromiso» de Belén Gualda para sacar adelante este rescate, gestión por la que la trama se embolsó 247.459 euros, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.El PSOE ha cerrado filas de inmediato en torno a la presidenta de la SEPI nombrada por Montero. Preguntado este martes, el presidente del Gobierno respondió con un rotundo «por supuesto, claro que sí» al ser cuestionado sobre si mantiene el apoyo a ella. Desde Moncloa insisten en que «no aparece ningún elemento que comprometa » a su alto cargo, aplicando la ley del embudo: ancho para mantener a Gualda tras la imputación, estrecho para acorralar al PP a cuenta de Figueroa, que se fue antes de ser citado por el juez.Montero, atrapada en un laberinto judicialEl ‘caso Leire Díez’ alcanza de lleno al núcleo de colaboradores de Montero en la SEPI. Un triunvirato formado por el grupo denominado Hirurok (Leire, Fernández y Alonso), que significa «nosotros tres» en euskera, se dedicó a amañar, dirigir y orientar expedientes de contratación y rescates de la SEPI y sus filiales, como Mercasa, Enusa, Sepides o Tubos Reunidos a partir de septiembre de 2020. En ese momento, Vicente Fernández ya no estaba al mando del conglomerado de empresas estatales pero seguía ejerciendo influencia como una suerte de ‘presidente en la sombra’ a través de algunos de sus antiguos subordinados. Montero le estuvo guardando el puesto durante 18 meses, esperando que la juez archivara la causa sobre la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar que desencadenó su dimisión en octubre de 2019. En vista que el caso iba a terminar en un juicio (del que resultaría posteriormente absuelto), la entonces ministra nombró a Gualda en marzo de 2021, después de haberla puesto al frente de la gestora de los astilleros públicos, Navantia.Vicente Fernández, a quien Montero se llevó a Madrid desde Sevilla para darle las riendas del grupo estatal que controla las participaciones en empresas estratégicas, une ahora su suerte judicial a la de Gualda. Si la investigación sigue escalando puede comprometer a la exministra de Hacienda, que aspira a ser senadora y, por tanto, seguirá como aforada en el Tribunal Supremo tras dejar su escaño en el Congreso.Montero se trajo de Sevilla a Fernández y Gualda y les entregó los mandos de la SEPI, un puesto remunerado con 220.000 euros brutosTanto Fernández como Gualda ascendieron en el Gobierno de la mano de Montero. Fue la ex vicepresidenta primera del Gobierno quien decidió ponerlos a pilotar la SEPI, en uno de los puestos mejor pagados del Estado, con un sueldo anual cercano a los 220.000 euros brutos en 2018, más de dos veces y medio las retribuciones del presidente del Gobierno.Previamente, ambos habían ocupado puestos clave en la Junta de Andalucía bajo el mandato socialista. Fernández fue interventor general, el mismo puesto que Figueroa ocupó a partir de enero de 2025 con el gobierno del PP. Gualda, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos , sabía dónde se metía cuando asumió la presidencia de la SEPI. En ese momento, ya se cuestionaba la viabilidad del rescate de 53 millones de euros destinado a una aerolínea hispano venezolana de nombre Plus Ultra, que solo era propietaria de un avión y acumulaba pérdidas desde su creación en 2011. Por un supuesto tráfico de influencias relacionado con esta ayuda millonaria está imputado el expresidente del Gobierno y faro moral del progresismo José Luis Rodríguez Zapatero.Entró a trabajar con 28 años en una empresa de la JuntaGualda entró a trabajar con 28 años como personal laboral en la antigua Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), perteneciente al sector público empresarial de la Junta. En 2017, tras haber ocupado distintos puestos directivos en entidades autonómicas, el Gobierno socialista la ascendió a directora de la Agencia de Obra Pública de Andalucía hasta febrero de 2019, cuando cesó al llegar el PP al Palacio de San Telmo. En octubre de 2020, Montero la recuperó para convertirla en la presidenta más joven de Navantia. Y de allí dio el salto a la SEPI.No está siendo fácil para el PSOE erigirse en adalid de la lucha contra la corrupción cuando los suyos tienen tantas cuentas pendientes con la Justicia: Pedro Sánchez tiene imputados a su esposa, a su hermano y a su anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán , y condenados a su antiguo mano derecha, José Luis Ábalos, y al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (por una filtración). A esta larga lista se suma ahora la actual presidenta de la SEPI (además del antecesor), cuya imputación ha hecho saltar por los aires la ofensiva lanzada por Montero contra Juanma Moreno. La sobreactuación del PSOE andaluz en el caso Leire Díez se ha vuelto en su contra como un bumerán. Hace apenas dos semanas, recién dimitido el interventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva, los socialistas apremiaban al Gobierno regional de Juanma Moreno (PP) a dar explicaciones «inmediatas» por el cese del alto cargo tras aparecer su nombre en la agenda de la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díaz como presunto informante de una trama dedicada a cobrar mordidas a cambio de conseguir ayudas y contratos públicos para determinadas empresas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Hoy, Figueroa ha sido imputado por su etapa anterior como directivo de la SEPI junto a la actual presidenta de este organismo estatal, Belén Gualda González, en la misma causa de corrupción. Pero la actitud ha sido completamente diferente en uno y otro caso en el partido que dirige María Jesús Montero , de quien dependía la SEPI cuando algunos de sus responsables colaboraban supuestamente con la trama para lucrarse a costa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), dotado de 10.000 millones de euros. Mientras los socialistas han cargado las tintas contra el Ejecutivo andaluz por el cese de Figueroa, que aún no había sido citado por el juez, Pedro Sánchez y el PSOE federal, del que Montero es vicesecretaria general, blindan a su cúpula en la SEPI y mantienen «toda la confianza» en Gualda, negándose a dejarla caer tras su imputación por «indicios de criminalidad».El pasado 13 de junio, un día después de la marcha del interventor, el diputado andaluz y miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE-A Mario Jiménez lanzaba duros reproches contra el Gobierno autonómico en funciones y exigía a la consejera de Economía en funciones, Carolina España, que aclarase «demasiadas sombras» que rodean su renuncia como responsable del control financiero autonómico.Desde el Gobierno andaluz enmarcaron su cese en una « decisión personal» y negaron que el desencadenante fuera una pérdida de confianza en él. No obstante, el PSOE elevó el tono buscando ganar oxígeno ante el historial de casos que asedian a su propio partido. Jiménez llegó a sugerir que la Junta mantuvo a Figueroa en el cargo para evitar que el escándalo trascendiera antes de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, anunciando incluso una solicitud de comparecencia de Carolina España en el Parlamento.La paradoja radica en el origen de esta investigación. Lo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Santiago no es la gestión de Figueroa en la Junta de Andalucía, sino su etapa anterior como director de Participadas III en la SEPI, un organismo que dependía orgánicamente de la entonces ministra de Hacienda y actual líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.Cortafuegos en torno a la presidenta de la SEPIEl juez ha citado a 25 investigados por supuestos tratos de favor a empresas a través de una presunta trama liderada por la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez; el anterior presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, y el empresario navarro Antxon Alonso, quienes consiguieron ayudas y contratos a cambio de comisiones.La imputación ha alcanzado de lleno a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y responde a su presunta participación en el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos en julio de 2021 mediante un préstamo de 112,8 millones de euros a través del citado fondo estatal de ayuda a empresas afectadas por la pandemia. Los investigadores del caso Leire Díez han detectado documentos y comunicaciones internas que reflejan un supuesto «compromiso» de Belén Gualda para sacar adelante este rescate, gestión por la que la trama se embolsó 247.459 euros, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.El PSOE ha cerrado filas de inmediato en torno a la presidenta de la SEPI nombrada por Montero. Preguntado este martes, el presidente del Gobierno respondió con un rotundo «por supuesto, claro que sí» al ser cuestionado sobre si mantiene el apoyo a ella. Desde Moncloa insisten en que «no aparece ningún elemento que comprometa » a su alto cargo, aplicando la ley del embudo: ancho para mantener a Gualda tras la imputación, estrecho para acorralar al PP a cuenta de Figueroa, que se fue antes de ser citado por el juez.Montero, atrapada en un laberinto judicialEl ‘caso Leire Díez’ alcanza de lleno al núcleo de colaboradores de Montero en la SEPI. Un triunvirato formado por el grupo denominado Hirurok (Leire, Fernández y Alonso), que significa «nosotros tres» en euskera, se dedicó a amañar, dirigir y orientar expedientes de contratación y rescates de la SEPI y sus filiales, como Mercasa, Enusa, Sepides o Tubos Reunidos a partir de septiembre de 2020. En ese momento, Vicente Fernández ya no estaba al mando del conglomerado de empresas estatales pero seguía ejerciendo influencia como una suerte de ‘presidente en la sombra’ a través de algunos de sus antiguos subordinados. Montero le estuvo guardando el puesto durante 18 meses, esperando que la juez archivara la causa sobre la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar que desencadenó su dimisión en octubre de 2019. En vista que el caso iba a terminar en un juicio (del que resultaría posteriormente absuelto), la entonces ministra nombró a Gualda en marzo de 2021, después de haberla puesto al frente de la gestora de los astilleros públicos, Navantia.Vicente Fernández, a quien Montero se llevó a Madrid desde Sevilla para darle las riendas del grupo estatal que controla las participaciones en empresas estratégicas, une ahora su suerte judicial a la de Gualda. Si la investigación sigue escalando puede comprometer a la exministra de Hacienda, que aspira a ser senadora y, por tanto, seguirá como aforada en el Tribunal Supremo tras dejar su escaño en el Congreso.Montero se trajo de Sevilla a Fernández y Gualda y les entregó los mandos de la SEPI, un puesto remunerado con 220.000 euros brutosTanto Fernández como Gualda ascendieron en el Gobierno de la mano de Montero. Fue la ex vicepresidenta primera del Gobierno quien decidió ponerlos a pilotar la SEPI, en uno de los puestos mejor pagados del Estado, con un sueldo anual cercano a los 220.000 euros brutos en 2018, más de dos veces y medio las retribuciones del presidente del Gobierno.Previamente, ambos habían ocupado puestos clave en la Junta de Andalucía bajo el mandato socialista. Fernández fue interventor general, el mismo puesto que Figueroa ocupó a partir de enero de 2025 con el gobierno del PP. Gualda, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos , sabía dónde se metía cuando asumió la presidencia de la SEPI. En ese momento, ya se cuestionaba la viabilidad del rescate de 53 millones de euros destinado a una aerolínea hispano venezolana de nombre Plus Ultra, que solo era propietaria de un avión y acumulaba pérdidas desde su creación en 2011. Por un supuesto tráfico de influencias relacionado con esta ayuda millonaria está imputado el expresidente del Gobierno y faro moral del progresismo José Luis Rodríguez Zapatero.Entró a trabajar con 28 años en una empresa de la JuntaGualda entró a trabajar con 28 años como personal laboral en la antigua Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), perteneciente al sector público empresarial de la Junta. En 2017, tras haber ocupado distintos puestos directivos en entidades autonómicas, el Gobierno socialista la ascendió a directora de la Agencia de Obra Pública de Andalucía hasta febrero de 2019, cuando cesó al llegar el PP al Palacio de San Telmo. En octubre de 2020, Montero la recuperó para convertirla en la presidenta más joven de Navantia. Y de allí dio el salto a la SEPI.No está siendo fácil para el PSOE erigirse en adalid de la lucha contra la corrupción cuando los suyos tienen tantas cuentas pendientes con la Justicia: Pedro Sánchez tiene imputados a su esposa, a su hermano y a su anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán , y condenados a su antiguo mano derecha, José Luis Ábalos, y al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (por una filtración). A esta larga lista se suma ahora la actual presidenta de la SEPI (además del antecesor), cuya imputación ha hecho saltar por los aires la ofensiva lanzada por Montero contra Juanma Moreno. La sobreactuación del PSOE andaluz en el caso Leire Díez se ha vuelto en su contra como un bumerán. Hace apenas dos semanas, recién dimitido el interventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva, los socialistas apremiaban al Gobierno regional de Juanma Moreno (PP) a dar explicaciones «inmediatas» por el cese del alto cargo tras aparecer su nombre en la agenda de la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díaz como presunto informante de una trama dedicada a cobrar mordidas a cambio de conseguir ayudas y contratos públicos para determinadas empresas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Hoy, Figueroa ha sido imputado por su etapa anterior como directivo de la SEPI junto a la actual presidenta de este organismo estatal, Belén Gualda González, en la misma causa de corrupción. Pero la actitud ha sido completamente diferente en uno y otro caso en el partido que dirige María Jesús Montero , de quien dependía la SEPI cuando algunos de sus responsables colaboraban supuestamente con la trama para lucrarse a costa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), dotado de 10.000 millones de euros. Mientras los socialistas han cargado las tintas contra el Ejecutivo andaluz por el cese de Figueroa, que aún no había sido citado por el juez, Pedro Sánchez y el PSOE federal, del que Montero es vicesecretaria general, blindan a su cúpula en la SEPI y mantienen «toda la confianza» en Gualda, negándose a dejarla caer tras su imputación por «indicios de criminalidad».El pasado 13 de junio, un día después de la marcha del interventor, el diputado andaluz y miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE-A Mario Jiménez lanzaba duros reproches contra el Gobierno autonómico en funciones y exigía a la consejera de Economía en funciones, Carolina España, que aclarase «demasiadas sombras» que rodean su renuncia como responsable del control financiero autonómico.Desde el Gobierno andaluz enmarcaron su cese en una « decisión personal» y negaron que el desencadenante fuera una pérdida de confianza en él. No obstante, el PSOE elevó el tono buscando ganar oxígeno ante el historial de casos que asedian a su propio partido. Jiménez llegó a sugerir que la Junta mantuvo a Figueroa en el cargo para evitar que el escándalo trascendiera antes de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, anunciando incluso una solicitud de comparecencia de Carolina España en el Parlamento.La paradoja radica en el origen de esta investigación. Lo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Santiago no es la gestión de Figueroa en la Junta de Andalucía, sino su etapa anterior como director de Participadas III en la SEPI, un organismo que dependía orgánicamente de la entonces ministra de Hacienda y actual líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.Cortafuegos en torno a la presidenta de la SEPIEl juez ha citado a 25 investigados por supuestos tratos de favor a empresas a través de una presunta trama liderada por la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez; el anterior presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, y el empresario navarro Antxon Alonso, quienes consiguieron ayudas y contratos a cambio de comisiones.La imputación ha alcanzado de lleno a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y responde a su presunta participación en el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos en julio de 2021 mediante un préstamo de 112,8 millones de euros a través del citado fondo estatal de ayuda a empresas afectadas por la pandemia. Los investigadores del caso Leire Díez han detectado documentos y comunicaciones internas que reflejan un supuesto «compromiso» de Belén Gualda para sacar adelante este rescate, gestión por la que la trama se embolsó 247.459 euros, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.El PSOE ha cerrado filas de inmediato en torno a la presidenta de la SEPI nombrada por Montero. Preguntado este martes, el presidente del Gobierno respondió con un rotundo «por supuesto, claro que sí» al ser cuestionado sobre si mantiene el apoyo a ella. Desde Moncloa insisten en que «no aparece ningún elemento que comprometa » a su alto cargo, aplicando la ley del embudo: ancho para mantener a Gualda tras la imputación, estrecho para acorralar al PP a cuenta de Figueroa, que se fue antes de ser citado por el juez.Montero, atrapada en un laberinto judicialEl ‘caso Leire Díez’ alcanza de lleno al núcleo de colaboradores de Montero en la SEPI. Un triunvirato formado por el grupo denominado Hirurok (Leire, Fernández y Alonso), que significa «nosotros tres» en euskera, se dedicó a amañar, dirigir y orientar expedientes de contratación y rescates de la SEPI y sus filiales, como Mercasa, Enusa, Sepides o Tubos Reunidos a partir de septiembre de 2020. En ese momento, Vicente Fernández ya no estaba al mando del conglomerado de empresas estatales pero seguía ejerciendo influencia como una suerte de ‘presidente en la sombra’ a través de algunos de sus antiguos subordinados. Montero le estuvo guardando el puesto durante 18 meses, esperando que la juez archivara la causa sobre la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar que desencadenó su dimisión en octubre de 2019. En vista que el caso iba a terminar en un juicio (del que resultaría posteriormente absuelto), la entonces ministra nombró a Gualda en marzo de 2021, después de haberla puesto al frente de la gestora de los astilleros públicos, Navantia.Vicente Fernández, a quien Montero se llevó a Madrid desde Sevilla para darle las riendas del grupo estatal que controla las participaciones en empresas estratégicas, une ahora su suerte judicial a la de Gualda. Si la investigación sigue escalando puede comprometer a la exministra de Hacienda, que aspira a ser senadora y, por tanto, seguirá como aforada en el Tribunal Supremo tras dejar su escaño en el Congreso.Montero se trajo de Sevilla a Fernández y Gualda y les entregó los mandos de la SEPI, un puesto remunerado con 220.000 euros brutosTanto Fernández como Gualda ascendieron en el Gobierno de la mano de Montero. Fue la ex vicepresidenta primera del Gobierno quien decidió ponerlos a pilotar la SEPI, en uno de los puestos mejor pagados del Estado, con un sueldo anual cercano a los 220.000 euros brutos en 2018, más de dos veces y medio las retribuciones del presidente del Gobierno.Previamente, ambos habían ocupado puestos clave en la Junta de Andalucía bajo el mandato socialista. Fernández fue interventor general, el mismo puesto que Figueroa ocupó a partir de enero de 2025 con el gobierno del PP. Gualda, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos , sabía dónde se metía cuando asumió la presidencia de la SEPI. En ese momento, ya se cuestionaba la viabilidad del rescate de 53 millones de euros destinado a una aerolínea hispano venezolana de nombre Plus Ultra, que solo era propietaria de un avión y acumulaba pérdidas desde su creación en 2011. Por un supuesto tráfico de influencias relacionado con esta ayuda millonaria está imputado el expresidente del Gobierno y faro moral del progresismo José Luis Rodríguez Zapatero.Entró a trabajar con 28 años en una empresa de la JuntaGualda entró a trabajar con 28 años como personal laboral en la antigua Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), perteneciente al sector público empresarial de la Junta. En 2017, tras haber ocupado distintos puestos directivos en entidades autonómicas, el Gobierno socialista la ascendió a directora de la Agencia de Obra Pública de Andalucía hasta febrero de 2019, cuando cesó al llegar el PP al Palacio de San Telmo. En octubre de 2020, Montero la recuperó para convertirla en la presidenta más joven de Navantia. Y de allí dio el salto a la SEPI.No está siendo fácil para el PSOE erigirse en adalid de la lucha contra la corrupción cuando los suyos tienen tantas cuentas pendientes con la Justicia: Pedro Sánchez tiene imputados a su esposa, a su hermano y a su anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán , y condenados a su antiguo mano derecha, José Luis Ábalos, y al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (por una filtración). A esta larga lista se suma ahora la actual presidenta de la SEPI (además del antecesor), cuya imputación ha hecho saltar por los aires la ofensiva lanzada por Montero contra Juanma Moreno. RSS de noticias de espana/andalucia
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