Cuando existan «dudas razonables» o «no se disponga de documentación acreditativa», la Junta de Castilla y León solicitará a la Fiscalía la realización de pruebas para verificar la edad de menores no acompañados, los denominados menas, a los que preste atención. Según ha explicado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, esta es una fórmula que ya ha utilizado en otras ocasiones la administración regional -no ha cifrado en cuantas ocasiones- y que está «establecido y reglado». «No tenemos competencias en el ámbito de justicia», ha recordado el portavoz, por lo que el mecanismo que puede utilizar la Junta es solicitar estas pruebas al Ministerio Público cuando «existan dudas razonables» sobre la edad de estas personas. En esa misma línea, ha considerado «positivo» conocer ese dato no solo por conocer si son mayores de edad, sino por concretar el tiempo que van a permanecer en el sistema de protección autonómico, ha expresado. Así que, según ha expresado el objetivo es la «transparencia», pero también «mejorar la atención de menores de los que nos pueda corresponder su tutela y atención». «No es lo mismo un menor de doce, de quince o de diecisiete años porque las medidas de apoyo educativo, social e, incluso, de cara a la trayectoria laboral, cambian», ha argumentado. Y es que, tal y como ha explicado, la Junta de Castilla y León es «competente» en materia de servicios sociales, pero «no en inmigración en general», por lo que «a efectos de conocimiento» es «bueno» saberlo por los «derechos» y protección de las personas, así como por «organizar los servicios» y los «procesos de atención individualizada» que se presta. Por ello, ha explicado que el Gobierno autonómico seguirá el «mismo protocolo» que hasta ahora y ha recalcado también que es «importante» conocer la edad para determinar en qué administración «recae la responsabilidad» de cada persona y porque en función de si es mayor o menor se tiene un «régimen de movimientos» y no otros. Una vez obtenidos los resultados de las pruebas, se analizará «caso por caso», ha expresado Carriedo, quien ha recordado que estos exámenes de verificación de edad los realiza la Fiscalía y no la Junta de Castilla y León. Si en algún caso se determina que una persona es mayor de edad y no debe permanecer en el sistema de protección autonómico, se dará «comunicación» al Gobierno central, ha detallado. Cuando existan «dudas razonables» o «no se disponga de documentación acreditativa», la Junta de Castilla y León solicitará a la Fiscalía la realización de pruebas para verificar la edad de menores no acompañados, los denominados menas, a los que preste atención. Según ha explicado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, esta es una fórmula que ya ha utilizado en otras ocasiones la administración regional -no ha cifrado en cuantas ocasiones- y que está «establecido y reglado». «No tenemos competencias en el ámbito de justicia», ha recordado el portavoz, por lo que el mecanismo que puede utilizar la Junta es solicitar estas pruebas al Ministerio Público cuando «existan dudas razonables» sobre la edad de estas personas. En esa misma línea, ha considerado «positivo» conocer ese dato no solo por conocer si son mayores de edad, sino por concretar el tiempo que van a permanecer en el sistema de protección autonómico, ha expresado. Así que, según ha expresado el objetivo es la «transparencia», pero también «mejorar la atención de menores de los que nos pueda corresponder su tutela y atención». «No es lo mismo un menor de doce, de quince o de diecisiete años porque las medidas de apoyo educativo, social e, incluso, de cara a la trayectoria laboral, cambian», ha argumentado. Y es que, tal y como ha explicado, la Junta de Castilla y León es «competente» en materia de servicios sociales, pero «no en inmigración en general», por lo que «a efectos de conocimiento» es «bueno» saberlo por los «derechos» y protección de las personas, así como por «organizar los servicios» y los «procesos de atención individualizada» que se presta. Por ello, ha explicado que el Gobierno autonómico seguirá el «mismo protocolo» que hasta ahora y ha recalcado también que es «importante» conocer la edad para determinar en qué administración «recae la responsabilidad» de cada persona y porque en función de si es mayor o menor se tiene un «régimen de movimientos» y no otros. Una vez obtenidos los resultados de las pruebas, se analizará «caso por caso», ha expresado Carriedo, quien ha recordado que estos exámenes de verificación de edad los realiza la Fiscalía y no la Junta de Castilla y León. Si en algún caso se determina que una persona es mayor de edad y no debe permanecer en el sistema de protección autonómico, se dará «comunicación» al Gobierno central, ha detallado. Cuando existan «dudas razonables» o «no se disponga de documentación acreditativa», la Junta de Castilla y León solicitará a la Fiscalía la realización de pruebas para verificar la edad de menores no acompañados, los denominados menas, a los que preste atención. Según ha explicado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, esta es una fórmula que ya ha utilizado en otras ocasiones la administración regional -no ha cifrado en cuantas ocasiones- y que está «establecido y reglado». «No tenemos competencias en el ámbito de justicia», ha recordado el portavoz, por lo que el mecanismo que puede utilizar la Junta es solicitar estas pruebas al Ministerio Público cuando «existan dudas razonables» sobre la edad de estas personas. En esa misma línea, ha considerado «positivo» conocer ese dato no solo por conocer si son mayores de edad, sino por concretar el tiempo que van a permanecer en el sistema de protección autonómico, ha expresado. Así que, según ha expresado el objetivo es la «transparencia», pero también «mejorar la atención de menores de los que nos pueda corresponder su tutela y atención». «No es lo mismo un menor de doce, de quince o de diecisiete años porque las medidas de apoyo educativo, social e, incluso, de cara a la trayectoria laboral, cambian», ha argumentado. Y es que, tal y como ha explicado, la Junta de Castilla y León es «competente» en materia de servicios sociales, pero «no en inmigración en general», por lo que «a efectos de conocimiento» es «bueno» saberlo por los «derechos» y protección de las personas, así como por «organizar los servicios» y los «procesos de atención individualizada» que se presta. Por ello, ha explicado que el Gobierno autonómico seguirá el «mismo protocolo» que hasta ahora y ha recalcado también que es «importante» conocer la edad para determinar en qué administración «recae la responsabilidad» de cada persona y porque en función de si es mayor o menor se tiene un «régimen de movimientos» y no otros. Una vez obtenidos los resultados de las pruebas, se analizará «caso por caso», ha expresado Carriedo, quien ha recordado que estos exámenes de verificación de edad los realiza la Fiscalía y no la Junta de Castilla y León. Si en algún caso se determina que una persona es mayor de edad y no debe permanecer en el sistema de protección autonómico, se dará «comunicación» al Gobierno central, ha detallado. RSS de noticias de espana
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