Por ir en «contra» de sus intereses e «invadir» sus competencias«, la Junta de Castilla y León ha anunciado ya este jueves su intención de recurrir los dos decretos de vivienda recientemente aprobados por el Gobierno central. Habrá que esperar a saber si son convalidados o no por el Congreso de los Diputados, pero el Ejecutivo autonómico plantea ya que, de salir adelante, apelará para paralizarlos. Así lo aseguraba el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado sobre qué pasos daría la Comunidad ante la nueva legislación. « Invade claramente competencias autonómicas y perjudica los intereses de nuestra comunidad», insistía el también consejero de Economía y Hacienda. Y es que, según explicaba, se trata de una legislación contraria también a la política que defiende la Junta. En esa línea, consideraba que la «política clara» que trata de impulsar el Gobierno autonómico es el de ampliar la oferta de vivienda y «dar seguridad jurídica» a quienes tienen inmuebles y puedan ponerlos en alquiler para de esta forma hacer bajar los precios y facilitar el acceso a la vivienda. Algunas de las medidas previstas en los decretos «son contrarias» a esa filosofía, explicaba el portavoz, que subrayaba que se analizarán «los detalles» de ambos textos y presentarán los recursos cuando proceda. Sobre el contenido de los textos, criticaba la «inseguridad» que han generado. «Hoy tenemos una norma y mañana tenemos otra que sustituye en parte a la anterior y no sabemos si el sábado será la misma que teníamos el miércoles», lamentaba Carriedo, quien consideraba, además, que las normas «equivocan del todo el objetivo». En su opinión, la meta debería ser «facilitar el acceso a la vivienda a quienes tienen más dificultades y para ello, aconsejaba, un primer grupo de actuaciones para que haya » más oferta y baje el precio «. Por otro lado, apostaba por dar »estabilidad, seguridad y confianza jurídica« a quienes tienen una propiedad para que la »puedan ofrecer en alquiler«. Pero, según indicaba, los decretos aprobados no cumplen con »ninguno de los dos objetivos«, sino »todo lo contrario«. Por ello, se mostraba convencido de que »habrá un efecto distinto del que se dice que se pretende«. Otros recursosNo es la primera vez que la Junta recurre decisiones de la administración central. Este mismo miércoles, presentaba formalmente los recursos contra los decretos de regularización de extranjeros y asignación de cupos de menores migrantes. También lo hizo con la Ley de Amnistía y con la propuesta de modelo de financiación autonómica. Pero, además, aseguraba que «hay una derivada que afecta a las comunidades», que serán quien deban aplicar en último término la normativa. En ese sentido, el representante de la Junta expresaba que «hubiera sido bueno que se hubiera contado» con los territorios.«Sobre nosotros recaen unas obligaciones y ni siquiera se ha tenido en cuenta nuestra opinión», clamaba. Por ejemplo, aseguraba que, en función de la nueva legislación aprobada, «cuando un inquilino no pague la vivienda lo tendrá que pagar la comunidad autónoma». «Nos hubiera gustado que se contase con las comunidades, aunque luego, como ocurre siempre, no nos hubieran hecho caso», añadía. La Junta mantiene la misma posición de «no adherirse» a las zonas tensionadas que prevé la actual Ley de Vivienda, i nsistía el portavoz, ya que, según mantenía «el tiempo» les ha dado «la razón». «Donde hay más desahucios es donde se ha desarrollado la política de zonas tensionadas porque ha servicio para reducir la oferta», consideraba. En esa misma línea, subrayaba que la política de vivienda del Gobierno central «ha fracasado» porque hoy esa temática es el «principal problema de los españoles» y es «más grave» donde se ha desarrollado «esa política», concluía. Por ir en «contra» de sus intereses e «invadir» sus competencias«, la Junta de Castilla y León ha anunciado ya este jueves su intención de recurrir los dos decretos de vivienda recientemente aprobados por el Gobierno central. Habrá que esperar a saber si son convalidados o no por el Congreso de los Diputados, pero el Ejecutivo autonómico plantea ya que, de salir adelante, apelará para paralizarlos. Así lo aseguraba el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado sobre qué pasos daría la Comunidad ante la nueva legislación. « Invade claramente competencias autonómicas y perjudica los intereses de nuestra comunidad», insistía el también consejero de Economía y Hacienda. Y es que, según explicaba, se trata de una legislación contraria también a la política que defiende la Junta. En esa línea, consideraba que la «política clara» que trata de impulsar el Gobierno autonómico es el de ampliar la oferta de vivienda y «dar seguridad jurídica» a quienes tienen inmuebles y puedan ponerlos en alquiler para de esta forma hacer bajar los precios y facilitar el acceso a la vivienda. Algunas de las medidas previstas en los decretos «son contrarias» a esa filosofía, explicaba el portavoz, que subrayaba que se analizarán «los detalles» de ambos textos y presentarán los recursos cuando proceda. Sobre el contenido de los textos, criticaba la «inseguridad» que han generado. «Hoy tenemos una norma y mañana tenemos otra que sustituye en parte a la anterior y no sabemos si el sábado será la misma que teníamos el miércoles», lamentaba Carriedo, quien consideraba, además, que las normas «equivocan del todo el objetivo». En su opinión, la meta debería ser «facilitar el acceso a la vivienda a quienes tienen más dificultades y para ello, aconsejaba, un primer grupo de actuaciones para que haya » más oferta y baje el precio «. Por otro lado, apostaba por dar »estabilidad, seguridad y confianza jurídica« a quienes tienen una propiedad para que la »puedan ofrecer en alquiler«. Pero, según indicaba, los decretos aprobados no cumplen con »ninguno de los dos objetivos«, sino »todo lo contrario«. Por ello, se mostraba convencido de que »habrá un efecto distinto del que se dice que se pretende«. Otros recursosNo es la primera vez que la Junta recurre decisiones de la administración central. Este mismo miércoles, presentaba formalmente los recursos contra los decretos de regularización de extranjeros y asignación de cupos de menores migrantes. También lo hizo con la Ley de Amnistía y con la propuesta de modelo de financiación autonómica. Pero, además, aseguraba que «hay una derivada que afecta a las comunidades», que serán quien deban aplicar en último término la normativa. En ese sentido, el representante de la Junta expresaba que «hubiera sido bueno que se hubiera contado» con los territorios.«Sobre nosotros recaen unas obligaciones y ni siquiera se ha tenido en cuenta nuestra opinión», clamaba. Por ejemplo, aseguraba que, en función de la nueva legislación aprobada, «cuando un inquilino no pague la vivienda lo tendrá que pagar la comunidad autónoma». «Nos hubiera gustado que se contase con las comunidades, aunque luego, como ocurre siempre, no nos hubieran hecho caso», añadía. La Junta mantiene la misma posición de «no adherirse» a las zonas tensionadas que prevé la actual Ley de Vivienda, i nsistía el portavoz, ya que, según mantenía «el tiempo» les ha dado «la razón». «Donde hay más desahucios es donde se ha desarrollado la política de zonas tensionadas porque ha servicio para reducir la oferta», consideraba. En esa misma línea, subrayaba que la política de vivienda del Gobierno central «ha fracasado» porque hoy esa temática es el «principal problema de los españoles» y es «más grave» donde se ha desarrollado «esa política», concluía. Por ir en «contra» de sus intereses e «invadir» sus competencias«, la Junta de Castilla y León ha anunciado ya este jueves su intención de recurrir los dos decretos de vivienda recientemente aprobados por el Gobierno central. Habrá que esperar a saber si son convalidados o no por el Congreso de los Diputados, pero el Ejecutivo autonómico plantea ya que, de salir adelante, apelará para paralizarlos. Así lo aseguraba el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado sobre qué pasos daría la Comunidad ante la nueva legislación. « Invade claramente competencias autonómicas y perjudica los intereses de nuestra comunidad», insistía el también consejero de Economía y Hacienda. Y es que, según explicaba, se trata de una legislación contraria también a la política que defiende la Junta. En esa línea, consideraba que la «política clara» que trata de impulsar el Gobierno autonómico es el de ampliar la oferta de vivienda y «dar seguridad jurídica» a quienes tienen inmuebles y puedan ponerlos en alquiler para de esta forma hacer bajar los precios y facilitar el acceso a la vivienda. Algunas de las medidas previstas en los decretos «son contrarias» a esa filosofía, explicaba el portavoz, que subrayaba que se analizarán «los detalles» de ambos textos y presentarán los recursos cuando proceda. Sobre el contenido de los textos, criticaba la «inseguridad» que han generado. «Hoy tenemos una norma y mañana tenemos otra que sustituye en parte a la anterior y no sabemos si el sábado será la misma que teníamos el miércoles», lamentaba Carriedo, quien consideraba, además, que las normas «equivocan del todo el objetivo». En su opinión, la meta debería ser «facilitar el acceso a la vivienda a quienes tienen más dificultades y para ello, aconsejaba, un primer grupo de actuaciones para que haya » más oferta y baje el precio «. Por otro lado, apostaba por dar »estabilidad, seguridad y confianza jurídica« a quienes tienen una propiedad para que la »puedan ofrecer en alquiler«. Pero, según indicaba, los decretos aprobados no cumplen con »ninguno de los dos objetivos«, sino »todo lo contrario«. Por ello, se mostraba convencido de que »habrá un efecto distinto del que se dice que se pretende«. Otros recursosNo es la primera vez que la Junta recurre decisiones de la administración central. Este mismo miércoles, presentaba formalmente los recursos contra los decretos de regularización de extranjeros y asignación de cupos de menores migrantes. También lo hizo con la Ley de Amnistía y con la propuesta de modelo de financiación autonómica. Pero, además, aseguraba que «hay una derivada que afecta a las comunidades», que serán quien deban aplicar en último término la normativa. En ese sentido, el representante de la Junta expresaba que «hubiera sido bueno que se hubiera contado» con los territorios.«Sobre nosotros recaen unas obligaciones y ni siquiera se ha tenido en cuenta nuestra opinión», clamaba. Por ejemplo, aseguraba que, en función de la nueva legislación aprobada, «cuando un inquilino no pague la vivienda lo tendrá que pagar la comunidad autónoma». «Nos hubiera gustado que se contase con las comunidades, aunque luego, como ocurre siempre, no nos hubieran hecho caso», añadía. La Junta mantiene la misma posición de «no adherirse» a las zonas tensionadas que prevé la actual Ley de Vivienda, i nsistía el portavoz, ya que, según mantenía «el tiempo» les ha dado «la razón». «Donde hay más desahucios es donde se ha desarrollado la política de zonas tensionadas porque ha servicio para reducir la oferta», consideraba. En esa misma línea, subrayaba que la política de vivienda del Gobierno central «ha fracasado» porque hoy esa temática es el «principal problema de los españoles» y es «más grave» donde se ha desarrollado «esa política», concluía. RSS de noticias de espana
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