Los problemas de la Justicia en Castilla-La Mancha tienen nombres y apellidos sobre el territorio. En Toledo capital, cinco juzgados de Primera Instancia reciben un volumen de asuntos que requeriría más de diez; en Guadalajara, seis plazas superan cada una el doble del módulo de entrada; la Audiencia Provincial de Toledo trabaja con nueve magistrados para una carga equivalente a 15; y la de Ciudad Real presenta un déficit calculado de cuatro magistrados. Son algunas de las situaciones que recoge la Memoria Judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), presentada el pasado lunes por sus presidenta, Pilar Astray, y que muestran la distancia que existe en determinados órganos entre los asuntos que llegan y los medios disponibles para resolverlos.Todo ello ocurre en una comunidad que cerró 2025 con una tasa de litigiosidad de 129,98 asuntos por cada 1.000 habitantes , por debajo de la media nacional, pero con una importante bolsa de procedimientos acumulados. Solo en la jurisdicción civil se resolvieron 119.552 asuntos durante el año y quedaron 130.198 pendientes al finalizar diciembre, un 3,8% más que un año antes. La propia memoria habla de una «acumulación histórica de asuntos pendientes» que no ha podido ser absorbida pese al aumento de la capacidad de resolución. Para dale solución el TSJ calcula que serían necesarias 42 nuevas plazas, de las que 26 considera «priritarias».En Albacete, uno de los principales focos se encuentra en la Primera Instancia de la capital. Si se excluyen las dos plazas especializadas en Familia, el volumen de entrada que soportan las restantes implicaría, conforme a los módulos establecidos, disponer de prácticamente el doble de plazas. El TSJ considera necesarias dos nuevas y señala que la situación ya no puede entenderse como coyuntura.La memoria utiliza ya en buena parte de sus datos la nueva organización de los tribunales de instancia, que ha integrado los antiguos juzgados en secciones. De ahí que hable de ‘plazas’ para referirse a los puestos que ocupan los jueces dentro de esas secciones.Los problemas se extienden fuera de la capital. En La Roda, el volumen de litigiosidad civil y la pendencia «exceden las dimensiones de una plaza única». La creación de una nueva plaza figura entre las necesidades planteadas para adaptar la estructura judicial al trabajo existente.Guadalajara: seis plazas reciben más del doble del móduloGuadalajara ofrece uno de los datos que mejor reflejan la sobrecarga. Si se excluyen las dos plazas especializadas en Familia, las seis restantes de Primera Instancia reciben, cada una de ellas, más del doble del módulo de entrada. El incremento sostenido de la carga de trabajo ha llevado al TSJ a considerar necesaria la creación de tres plazas.La presión alcanza también a la Audiencia Provincial. En 2025 ingresaron 796 asuntos civiles, frente a los 613 del año anterior, 183 más, mientras que en el ámbito penal se pasó de 714 a 786. Durante el ejercicio se resolvieron 495 asuntos civiles y 763 penales y, al finalizar el año, permanecían pendientes 658 procedimientos civiles, además de 128 recursos penales y 20 juicios.Seis plazas de Primera Instancia de Guadalajara reciben cada una más del doble del módulo de entradaEl TSJ considera necesaria una plaza adicional de magistrado. La memoria señala que el volumen de asuntos civiles y penales registrado durante 2025 «supera con creces» el módulo de entrada correspondiente a cuatro magistrados y advierte de que el aumento de la litigiosidad en Primera Instancia puede traducirse en un incremento de las apelaciones.Déficit de 4 magistrados en la Audiencia de Ciudad RealOtro de los diagnósticos más contundentes aparece en Ciudad Real. Su Audiencia Provincial dispone de nueve magistrados, cuatro en la Sección Primera y cinco en la Segunda. Sin embargo, los datos globales de ambas secciones, aplicando el módulo de asuntos de entrada por magistrado, arrojan un déficit de cuatro.El TSJ propone la creación de dos nuevas plazas y considera necesario adoptar medidas de refuerzo mientras no se produzca esa ampliación. La Sección Segunda asume, además, las competencias en violencia de género y violencia sexual, así como la materia mercantil.El TSJ cifra en 42 las plazas judiciales necesarias para responder a las carencias de la región, de las que 26 tilda de prioritariasFuera de la capital, Puertollano presenta otro de los problemas estructurales señalados en la memoria. Las actuales secciones Civil y de Instrucción no pueden asumir la carga de asuntos que ingresan cada año, lo que ha generado una bolsa de trabajo «difícil de paliar». Las estadísticas muestran, además, que la entrada es «bastante superior» a la capacidad resolutiva de los jueces y que cada año aumenta la pendencia, especialmente en la jurisdicción civil. El TSJ considera «absolutamente necesaria y urgente» la creación de una nueva unidad judicial y apunta a la necesidad de una cuarta plaza.La reorganización derivada de la implantación del Tribunal de Instancia tampoco ha estado exenta de dificultades en Puertollano. La memoria describe como «bastante caótica» la gestión de asuntos y personal tras la reestructuración debido a la «ingente carga de trabajo existente» y a la adaptación que todavía afrontan jueces y funcionarios. También constata retrasos en la incoación y tramitación de determinados procedimientos.En Tomelloso, los módulos de entrada «superan ampliamente» los establecidos por el Consejo General del Poder Judicial y la pendencia es importante, aunque el TSJ destaca que la capacidad de resolución de sus jueces es «más que aceptable».Más severo es el diagnóstico de Valdepeñas. La memoria habla de una «grave sobrecarga desde hace años», tanto en materia civil como penal, y califica de «alarmante» la pendencia civil . También señala la existencia de procedimientos antiguos pendientes de tramitación e incluso de incoación.Toledo: «Enorme déficit de planta»Toledo reúne algunos de los ejemplos más gráficos de la distancia entre la planta judicial y la carga de trabajo. Las cinco plazas de Primera Instancia de la capital absorben un volumen de entrada que, conforme al módulo utilizado para medir la carga, implicaría disponer de más de diez. La memoria habla de un «enorme déficit de planta» y considera «imperiosa y urgente» la creación de nuevos juzgados de Primera Instancia o plazas en la correspondiente sección del Tribunal.La Audiencia Provincial reproduce ese desequilibrio. Cuenta con nueve magistrados -cinco en la Sección Primera y cuatro en la Segunda- para un volumen de trabajo equivalente al que correspondería a 15. El TSJ propone crear, como mínimo, dos nuevas plazas de magistrado y mantener mientras tanto medidas de refuerzo.Mercantil añade un tercer indicador de la presión que soportan los órganos de la capital regional . El TSJ considera prioritaria una nueva plaza ante una carga de trabajo que triplica la que correspondería al órgano.Toledo cuenta con cinco plazas de Primera Instancia para una carga que requeriría más de diezLa situación se extiende además a otros partidos judiciales de la provincia. En Ocaña, cada una de las plazas de la Sección de Primera Instancia e Instrucción registra más del doble del módulo de entrada. En Torrijos se alcanza prácticamente el doble por plaza y la memoria habla expresamente de una situación de «grave colapso». En este último partido judicial, el incremento de la carga llevó a considerar prioritaria la creación de dos plazas.Illescas aparece igualmente marcado por un incremento continuo de la carga de trabajo, ligado al crecimiento de la población, la actividad industrial y la litigiosidad. La memoria describe un partido judicial «complejo, saturado y con graves dificultades en infraestructuras », con sedes dispersas y sin salas de vistas suficientes para todos los órganos.Cuenca, menos litigiosidad pero dispersión territorialLa fotografía es diferente en Cuenca. La provincia presenta una menor litigiosidad absoluta que otros territorios de Castilla-La Mancha, pero la prestación del servicio judicial está condicionada por la dispersión territorial y por su fuerte componente rural.Dentro de esa realidad, Tarancón aparece como el partido judicial con mayor crecimiento demográfico de la provincia. Entre las necesidades de ampliación planteadas por el TSJ figuran una nueva plaza en este partido judicial y otra en el Tribunal de Instancia de Cuenca.La falta de personal lastró el estreno de los nuevos órganos de violencia de género La atención judicial a la violencia de género ocupa también un espacio destacado en la memoria. Durante 2025 se consideró prioritaria la creación de una segunda plaza especializada en Toledo y de nuevas plazas en Guadalajara y Ciudad Real. Las tres entraron en funcionamiento el 2 de enero de 2026, mientras que la sección especializada de Ciudad Real extendió su ámbito a los partidos judiciales de Almagro, Puertollano y Valdepeñas. La puesta en marcha, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. En Toledo, la nueva plaza comenzó a funcionar sin funcionarios titulares, una carencia que llegó a paralizar la incoación de procedimientos. En Ciudad Real, la elevada carga que ya soportaba el servicio de tramitación penal obligó a establecer rotaciones de personal para atender la nueva organización. La memoria precisa que estos problemas fueron posteriormente afrontados con refuerzos concedidos por el Ministerio durante 2026. A las necesidades estrictamente judiciales se suman las de los equipos que atienden a las víctimas. El caso más significativo aparece en Guadalajara, donde la memoria califica de «grave y crítico» el problema generado por la falta de psicólogos y trabajadores sociales. En enero de 2026 no estaba cubierta ninguna de las tres plazas existentes, una situación que había provocado la suspensión de pruebas preconstituidas y que podía generar, según advierte el TSJ, riesgo de revictimización, especialmente en menores y víctimas de delitos sexuales. La propia memoria concluye que las situaciones de «colapso operativo» detectadas en violencia sobre la mujer están «en vía de superación» gracias a los refuerzos concedidos en 2026, aunque advierte de que determinadas carencias, como la falta de psicólogos, no pueden considerarse admisibles ni siquiera en un escenario de recursos escasos. Los problemas de la Justicia en Castilla-La Mancha tienen nombres y apellidos sobre el territorio. En Toledo capital, cinco juzgados de Primera Instancia reciben un volumen de asuntos que requeriría más de diez; en Guadalajara, seis plazas superan cada una el doble del módulo de entrada; la Audiencia Provincial de Toledo trabaja con nueve magistrados para una carga equivalente a 15; y la de Ciudad Real presenta un déficit calculado de cuatro magistrados. Son algunas de las situaciones que recoge la Memoria Judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), presentada el pasado lunes por sus presidenta, Pilar Astray, y que muestran la distancia que existe en determinados órganos entre los asuntos que llegan y los medios disponibles para resolverlos.Todo ello ocurre en una comunidad que cerró 2025 con una tasa de litigiosidad de 129,98 asuntos por cada 1.000 habitantes , por debajo de la media nacional, pero con una importante bolsa de procedimientos acumulados. Solo en la jurisdicción civil se resolvieron 119.552 asuntos durante el año y quedaron 130.198 pendientes al finalizar diciembre, un 3,8% más que un año antes. La propia memoria habla de una «acumulación histórica de asuntos pendientes» que no ha podido ser absorbida pese al aumento de la capacidad de resolución. Para dale solución el TSJ calcula que serían necesarias 42 nuevas plazas, de las que 26 considera «priritarias».En Albacete, uno de los principales focos se encuentra en la Primera Instancia de la capital. Si se excluyen las dos plazas especializadas en Familia, el volumen de entrada que soportan las restantes implicaría, conforme a los módulos establecidos, disponer de prácticamente el doble de plazas. El TSJ considera necesarias dos nuevas y señala que la situación ya no puede entenderse como coyuntura.La memoria utiliza ya en buena parte de sus datos la nueva organización de los tribunales de instancia, que ha integrado los antiguos juzgados en secciones. De ahí que hable de ‘plazas’ para referirse a los puestos que ocupan los jueces dentro de esas secciones.Los problemas se extienden fuera de la capital. En La Roda, el volumen de litigiosidad civil y la pendencia «exceden las dimensiones de una plaza única». La creación de una nueva plaza figura entre las necesidades planteadas para adaptar la estructura judicial al trabajo existente.Guadalajara: seis plazas reciben más del doble del móduloGuadalajara ofrece uno de los datos que mejor reflejan la sobrecarga. Si se excluyen las dos plazas especializadas en Familia, las seis restantes de Primera Instancia reciben, cada una de ellas, más del doble del módulo de entrada. El incremento sostenido de la carga de trabajo ha llevado al TSJ a considerar necesaria la creación de tres plazas.La presión alcanza también a la Audiencia Provincial. En 2025 ingresaron 796 asuntos civiles, frente a los 613 del año anterior, 183 más, mientras que en el ámbito penal se pasó de 714 a 786. Durante el ejercicio se resolvieron 495 asuntos civiles y 763 penales y, al finalizar el año, permanecían pendientes 658 procedimientos civiles, además de 128 recursos penales y 20 juicios.Seis plazas de Primera Instancia de Guadalajara reciben cada una más del doble del módulo de entradaEl TSJ considera necesaria una plaza adicional de magistrado. La memoria señala que el volumen de asuntos civiles y penales registrado durante 2025 «supera con creces» el módulo de entrada correspondiente a cuatro magistrados y advierte de que el aumento de la litigiosidad en Primera Instancia puede traducirse en un incremento de las apelaciones.Déficit de 4 magistrados en la Audiencia de Ciudad RealOtro de los diagnósticos más contundentes aparece en Ciudad Real. Su Audiencia Provincial dispone de nueve magistrados, cuatro en la Sección Primera y cinco en la Segunda. Sin embargo, los datos globales de ambas secciones, aplicando el módulo de asuntos de entrada por magistrado, arrojan un déficit de cuatro.El TSJ propone la creación de dos nuevas plazas y considera necesario adoptar medidas de refuerzo mientras no se produzca esa ampliación. La Sección Segunda asume, además, las competencias en violencia de género y violencia sexual, así como la materia mercantil.El TSJ cifra en 42 las plazas judiciales necesarias para responder a las carencias de la región, de las que 26 tilda de prioritariasFuera de la capital, Puertollano presenta otro de los problemas estructurales señalados en la memoria. Las actuales secciones Civil y de Instrucción no pueden asumir la carga de asuntos que ingresan cada año, lo que ha generado una bolsa de trabajo «difícil de paliar». Las estadísticas muestran, además, que la entrada es «bastante superior» a la capacidad resolutiva de los jueces y que cada año aumenta la pendencia, especialmente en la jurisdicción civil. El TSJ considera «absolutamente necesaria y urgente» la creación de una nueva unidad judicial y apunta a la necesidad de una cuarta plaza.La reorganización derivada de la implantación del Tribunal de Instancia tampoco ha estado exenta de dificultades en Puertollano. La memoria describe como «bastante caótica» la gestión de asuntos y personal tras la reestructuración debido a la «ingente carga de trabajo existente» y a la adaptación que todavía afrontan jueces y funcionarios. También constata retrasos en la incoación y tramitación de determinados procedimientos.En Tomelloso, los módulos de entrada «superan ampliamente» los establecidos por el Consejo General del Poder Judicial y la pendencia es importante, aunque el TSJ destaca que la capacidad de resolución de sus jueces es «más que aceptable».Más severo es el diagnóstico de Valdepeñas. La memoria habla de una «grave sobrecarga desde hace años», tanto en materia civil como penal, y califica de «alarmante» la pendencia civil . También señala la existencia de procedimientos antiguos pendientes de tramitación e incluso de incoación.Toledo: «Enorme déficit de planta»Toledo reúne algunos de los ejemplos más gráficos de la distancia entre la planta judicial y la carga de trabajo. Las cinco plazas de Primera Instancia de la capital absorben un volumen de entrada que, conforme al módulo utilizado para medir la carga, implicaría disponer de más de diez. La memoria habla de un «enorme déficit de planta» y considera «imperiosa y urgente» la creación de nuevos juzgados de Primera Instancia o plazas en la correspondiente sección del Tribunal.La Audiencia Provincial reproduce ese desequilibrio. Cuenta con nueve magistrados -cinco en la Sección Primera y cuatro en la Segunda- para un volumen de trabajo equivalente al que correspondería a 15. El TSJ propone crear, como mínimo, dos nuevas plazas de magistrado y mantener mientras tanto medidas de refuerzo.Mercantil añade un tercer indicador de la presión que soportan los órganos de la capital regional . El TSJ considera prioritaria una nueva plaza ante una carga de trabajo que triplica la que correspondería al órgano.Toledo cuenta con cinco plazas de Primera Instancia para una carga que requeriría más de diezLa situación se extiende además a otros partidos judiciales de la provincia. En Ocaña, cada una de las plazas de la Sección de Primera Instancia e Instrucción registra más del doble del módulo de entrada. En Torrijos se alcanza prácticamente el doble por plaza y la memoria habla expresamente de una situación de «grave colapso». En este último partido judicial, el incremento de la carga llevó a considerar prioritaria la creación de dos plazas.Illescas aparece igualmente marcado por un incremento continuo de la carga de trabajo, ligado al crecimiento de la población, la actividad industrial y la litigiosidad. La memoria describe un partido judicial «complejo, saturado y con graves dificultades en infraestructuras », con sedes dispersas y sin salas de vistas suficientes para todos los órganos.Cuenca, menos litigiosidad pero dispersión territorialLa fotografía es diferente en Cuenca. La provincia presenta una menor litigiosidad absoluta que otros territorios de Castilla-La Mancha, pero la prestación del servicio judicial está condicionada por la dispersión territorial y por su fuerte componente rural.Dentro de esa realidad, Tarancón aparece como el partido judicial con mayor crecimiento demográfico de la provincia. Entre las necesidades de ampliación planteadas por el TSJ figuran una nueva plaza en este partido judicial y otra en el Tribunal de Instancia de Cuenca.La falta de personal lastró el estreno de los nuevos órganos de violencia de género La atención judicial a la violencia de género ocupa también un espacio destacado en la memoria. Durante 2025 se consideró prioritaria la creación de una segunda plaza especializada en Toledo y de nuevas plazas en Guadalajara y Ciudad Real. Las tres entraron en funcionamiento el 2 de enero de 2026, mientras que la sección especializada de Ciudad Real extendió su ámbito a los partidos judiciales de Almagro, Puertollano y Valdepeñas. La puesta en marcha, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. En Toledo, la nueva plaza comenzó a funcionar sin funcionarios titulares, una carencia que llegó a paralizar la incoación de procedimientos. En Ciudad Real, la elevada carga que ya soportaba el servicio de tramitación penal obligó a establecer rotaciones de personal para atender la nueva organización. La memoria precisa que estos problemas fueron posteriormente afrontados con refuerzos concedidos por el Ministerio durante 2026. A las necesidades estrictamente judiciales se suman las de los equipos que atienden a las víctimas. El caso más significativo aparece en Guadalajara, donde la memoria califica de «grave y crítico» el problema generado por la falta de psicólogos y trabajadores sociales. En enero de 2026 no estaba cubierta ninguna de las tres plazas existentes, una situación que había provocado la suspensión de pruebas preconstituidas y que podía generar, según advierte el TSJ, riesgo de revictimización, especialmente en menores y víctimas de delitos sexuales. La propia memoria concluye que las situaciones de «colapso operativo» detectadas en violencia sobre la mujer están «en vía de superación» gracias a los refuerzos concedidos en 2026, aunque advierte de que determinadas carencias, como la falta de psicólogos, no pueden considerarse admisibles ni siquiera en un escenario de recursos escasos. Los problemas de la Justicia en Castilla-La Mancha tienen nombres y apellidos sobre el territorio. En Toledo capital, cinco juzgados de Primera Instancia reciben un volumen de asuntos que requeriría más de diez; en Guadalajara, seis plazas superan cada una el doble del módulo de entrada; la Audiencia Provincial de Toledo trabaja con nueve magistrados para una carga equivalente a 15; y la de Ciudad Real presenta un déficit calculado de cuatro magistrados. Son algunas de las situaciones que recoge la Memoria Judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), presentada el pasado lunes por sus presidenta, Pilar Astray, y que muestran la distancia que existe en determinados órganos entre los asuntos que llegan y los medios disponibles para resolverlos.Todo ello ocurre en una comunidad que cerró 2025 con una tasa de litigiosidad de 129,98 asuntos por cada 1.000 habitantes , por debajo de la media nacional, pero con una importante bolsa de procedimientos acumulados. Solo en la jurisdicción civil se resolvieron 119.552 asuntos durante el año y quedaron 130.198 pendientes al finalizar diciembre, un 3,8% más que un año antes. La propia memoria habla de una «acumulación histórica de asuntos pendientes» que no ha podido ser absorbida pese al aumento de la capacidad de resolución. Para dale solución el TSJ calcula que serían necesarias 42 nuevas plazas, de las que 26 considera «priritarias».En Albacete, uno de los principales focos se encuentra en la Primera Instancia de la capital. Si se excluyen las dos plazas especializadas en Familia, el volumen de entrada que soportan las restantes implicaría, conforme a los módulos establecidos, disponer de prácticamente el doble de plazas. El TSJ considera necesarias dos nuevas y señala que la situación ya no puede entenderse como coyuntura.La memoria utiliza ya en buena parte de sus datos la nueva organización de los tribunales de instancia, que ha integrado los antiguos juzgados en secciones. De ahí que hable de ‘plazas’ para referirse a los puestos que ocupan los jueces dentro de esas secciones.Los problemas se extienden fuera de la capital. En La Roda, el volumen de litigiosidad civil y la pendencia «exceden las dimensiones de una plaza única». La creación de una nueva plaza figura entre las necesidades planteadas para adaptar la estructura judicial al trabajo existente.Guadalajara: seis plazas reciben más del doble del móduloGuadalajara ofrece uno de los datos que mejor reflejan la sobrecarga. Si se excluyen las dos plazas especializadas en Familia, las seis restantes de Primera Instancia reciben, cada una de ellas, más del doble del módulo de entrada. El incremento sostenido de la carga de trabajo ha llevado al TSJ a considerar necesaria la creación de tres plazas.La presión alcanza también a la Audiencia Provincial. En 2025 ingresaron 796 asuntos civiles, frente a los 613 del año anterior, 183 más, mientras que en el ámbito penal se pasó de 714 a 786. Durante el ejercicio se resolvieron 495 asuntos civiles y 763 penales y, al finalizar el año, permanecían pendientes 658 procedimientos civiles, además de 128 recursos penales y 20 juicios.Seis plazas de Primera Instancia de Guadalajara reciben cada una más del doble del módulo de entradaEl TSJ considera necesaria una plaza adicional de magistrado. La memoria señala que el volumen de asuntos civiles y penales registrado durante 2025 «supera con creces» el módulo de entrada correspondiente a cuatro magistrados y advierte de que el aumento de la litigiosidad en Primera Instancia puede traducirse en un incremento de las apelaciones.Déficit de 4 magistrados en la Audiencia de Ciudad RealOtro de los diagnósticos más contundentes aparece en Ciudad Real. Su Audiencia Provincial dispone de nueve magistrados, cuatro en la Sección Primera y cinco en la Segunda. Sin embargo, los datos globales de ambas secciones, aplicando el módulo de asuntos de entrada por magistrado, arrojan un déficit de cuatro.El TSJ propone la creación de dos nuevas plazas y considera necesario adoptar medidas de refuerzo mientras no se produzca esa ampliación. La Sección Segunda asume, además, las competencias en violencia de género y violencia sexual, así como la materia mercantil.El TSJ cifra en 42 las plazas judiciales necesarias para responder a las carencias de la región, de las que 26 tilda de prioritariasFuera de la capital, Puertollano presenta otro de los problemas estructurales señalados en la memoria. Las actuales secciones Civil y de Instrucción no pueden asumir la carga de asuntos que ingresan cada año, lo que ha generado una bolsa de trabajo «difícil de paliar». Las estadísticas muestran, además, que la entrada es «bastante superior» a la capacidad resolutiva de los jueces y que cada año aumenta la pendencia, especialmente en la jurisdicción civil. El TSJ considera «absolutamente necesaria y urgente» la creación de una nueva unidad judicial y apunta a la necesidad de una cuarta plaza.La reorganización derivada de la implantación del Tribunal de Instancia tampoco ha estado exenta de dificultades en Puertollano. La memoria describe como «bastante caótica» la gestión de asuntos y personal tras la reestructuración debido a la «ingente carga de trabajo existente» y a la adaptación que todavía afrontan jueces y funcionarios. También constata retrasos en la incoación y tramitación de determinados procedimientos.En Tomelloso, los módulos de entrada «superan ampliamente» los establecidos por el Consejo General del Poder Judicial y la pendencia es importante, aunque el TSJ destaca que la capacidad de resolución de sus jueces es «más que aceptable».Más severo es el diagnóstico de Valdepeñas. La memoria habla de una «grave sobrecarga desde hace años», tanto en materia civil como penal, y califica de «alarmante» la pendencia civil . También señala la existencia de procedimientos antiguos pendientes de tramitación e incluso de incoación.Toledo: «Enorme déficit de planta»Toledo reúne algunos de los ejemplos más gráficos de la distancia entre la planta judicial y la carga de trabajo. Las cinco plazas de Primera Instancia de la capital absorben un volumen de entrada que, conforme al módulo utilizado para medir la carga, implicaría disponer de más de diez. La memoria habla de un «enorme déficit de planta» y considera «imperiosa y urgente» la creación de nuevos juzgados de Primera Instancia o plazas en la correspondiente sección del Tribunal.La Audiencia Provincial reproduce ese desequilibrio. Cuenta con nueve magistrados -cinco en la Sección Primera y cuatro en la Segunda- para un volumen de trabajo equivalente al que correspondería a 15. El TSJ propone crear, como mínimo, dos nuevas plazas de magistrado y mantener mientras tanto medidas de refuerzo.Mercantil añade un tercer indicador de la presión que soportan los órganos de la capital regional . El TSJ considera prioritaria una nueva plaza ante una carga de trabajo que triplica la que correspondería al órgano.Toledo cuenta con cinco plazas de Primera Instancia para una carga que requeriría más de diezLa situación se extiende además a otros partidos judiciales de la provincia. En Ocaña, cada una de las plazas de la Sección de Primera Instancia e Instrucción registra más del doble del módulo de entrada. En Torrijos se alcanza prácticamente el doble por plaza y la memoria habla expresamente de una situación de «grave colapso». En este último partido judicial, el incremento de la carga llevó a considerar prioritaria la creación de dos plazas.Illescas aparece igualmente marcado por un incremento continuo de la carga de trabajo, ligado al crecimiento de la población, la actividad industrial y la litigiosidad. La memoria describe un partido judicial «complejo, saturado y con graves dificultades en infraestructuras », con sedes dispersas y sin salas de vistas suficientes para todos los órganos.Cuenca, menos litigiosidad pero dispersión territorialLa fotografía es diferente en Cuenca. La provincia presenta una menor litigiosidad absoluta que otros territorios de Castilla-La Mancha, pero la prestación del servicio judicial está condicionada por la dispersión territorial y por su fuerte componente rural.Dentro de esa realidad, Tarancón aparece como el partido judicial con mayor crecimiento demográfico de la provincia. Entre las necesidades de ampliación planteadas por el TSJ figuran una nueva plaza en este partido judicial y otra en el Tribunal de Instancia de Cuenca.La falta de personal lastró el estreno de los nuevos órganos de violencia de género La atención judicial a la violencia de género ocupa también un espacio destacado en la memoria. Durante 2025 se consideró prioritaria la creación de una segunda plaza especializada en Toledo y de nuevas plazas en Guadalajara y Ciudad Real. Las tres entraron en funcionamiento el 2 de enero de 2026, mientras que la sección especializada de Ciudad Real extendió su ámbito a los partidos judiciales de Almagro, Puertollano y Valdepeñas. La puesta en marcha, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. En Toledo, la nueva plaza comenzó a funcionar sin funcionarios titulares, una carencia que llegó a paralizar la incoación de procedimientos. En Ciudad Real, la elevada carga que ya soportaba el servicio de tramitación penal obligó a establecer rotaciones de personal para atender la nueva organización. La memoria precisa que estos problemas fueron posteriormente afrontados con refuerzos concedidos por el Ministerio durante 2026. A las necesidades estrictamente judiciales se suman las de los equipos que atienden a las víctimas. El caso más significativo aparece en Guadalajara, donde la memoria califica de «grave y crítico» el problema generado por la falta de psicólogos y trabajadores sociales. En enero de 2026 no estaba cubierta ninguna de las tres plazas existentes, una situación que había provocado la suspensión de pruebas preconstituidas y que podía generar, según advierte el TSJ, riesgo de revictimización, especialmente en menores y víctimas de delitos sexuales. La propia memoria concluye que las situaciones de «colapso operativo» detectadas en violencia sobre la mujer están «en vía de superación» gracias a los refuerzos concedidos en 2026, aunque advierte de que determinadas carencias, como la falta de psicólogos, no pueden considerarse admisibles ni siquiera en un escenario de recursos escasos. RSS de noticias de espana
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