La Plataforma de Afectados por la Ocupación muestra su profunda preocupación y rechazo ante las medidas de los dos reales decretos-ley que se han aprobado en el Consejo de Ministros y que se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados. Estas medidas para prorrogar o blindar la prohibición de desahucios legitiman la okupación.Su portavoz, Ricardo Bravo, ha apuntado que el primer decreto defendido por el PSOE y que intentará que aprueben PNV y Junts «legaliza la okupación». Critica que «no se valora si se ha cometido un delito al entrar en una vivienda, sino si se es vulnerable».Desde el colectivo se advierte que, bajo el falso prisma de proteger a los vulnerables, estas decisiones gubernamentales no hacen sino blindar de facto el negocio de las mafias okupas y de aquellos perfiles que ocupan u hostigan viviendas de grandes tenedores.La Plataforma señala la absoluta falta de seguridad jurídica y el abandono institucional que sufren los bloques okupados, mientras miles de vecinos tienen que convivir en ellos. Casos recientes aparecidos en los medios de comunicación reflejan cómo la tensión en torno a inmuebles de grandes tenedores se enquista sin solución pese a los graves problemas de convivencia; buena muestra de ello son situaciones críticas como la sufrida por los vecinos del bloque de la calle Pablo Iglesias, en Badalona, donde las fincas afectadas por ocupaciones conflictivas destapan el infierno diario de los residentes legales, o los prolongados litigios en bloques de grandes tenedores y de la Sareb en municipios como Fuenlabrada o Arroyo de la Encomienda.«El 93% de todos nuestros afectados por la okupación vecinal era por las mafias. Si ahora paralizan los desahucios hasta 2030, se puede decir que hoy se legaliza la okupación».Con respecto al decreto que ha defendido Sumar y que propone la renovación automática de los alquileres, «esto supondría el fin del mercado del alquiler en España. Se va a retraer de tal forma que desaparecerán y aumentará aún más la problemática».Desde la organización se recalca que, si el sistema de bienestar social tuviera recursos suficientes, tanto económicos como habitacionales, no sería necesario aprobar decretos parche antidesahucios; el verdadero problema se deriva de una nefasta política de vivienda que, año tras año, nos ha llevado a situaciones extremas. Trasladar la carga social y el coste de la emergencia habitacional a los hombros de terceros es inaceptable en nuestra sociedad, con el agravante de enviar un mensaje de impunidad a quienes ocupan de forma irregular.Asimismo, desde la Plataforma se confía firmemente en que no salgan adelante estos dos decretos para no perjudicar el estatus de protección y los avances ganados para los pequeños propietarios tras la derogación de los anteriores decretos de este año, evitando dar marcha atrás en un equilibrio legal que costó demasiado esfuerzo conseguir para las familias trabajadoras con una o dos viviendas.«Mientras se negocian decretos que amenazan con impedir los desahucios indefinidamente en pisos en manos de grandes tenedores —dando alas indirectamente a que se normalicen o legalicen de facto ocupaciones prolongadas—, miles de propietarios y comunidades de vecinos afectados por la okupación vecinal a grandes tenedores continúan sufriendo un auténtico calvario ante la pasividad del Estado. Si existen familias en situación de vulnerabilidad , son los servicios sociales y las administraciones públicas quienes deben dotar de soluciones habitacionales con presupuestos propios y recursos reales, y no obligar a la sociedad civil a soportar una carga que ampara a los infractores», denuncia Ricardo Bravo.«Si se acaba con los desahucios, en el momento en que se paralicen se debe actuar de oficio para compensar al propietario. Y ahora mismo sólo el 7% de nuestros afectados recibió compensaciones de las comunidades autónomas. El Gobierno no aprueba presupuestos y no da partidas a las regiones para que cumplan con la ley», critica. «No hay dinero ni recursos habitacionales y es el propietario el que carga con la asistencia de las personas vulnerables».Principales advertencias y reivindicaciones de la Plataforma:Riesgo de blanqueo y legalización de ocupaciones: Prohibir los desalojos en grandes tenedores sin distinguir la casuística alimenta la falsa creencia de que ocupar inmuebles corporativos o de fondos carece de consecuencias, abriendo la puerta a que se consolide la situación de los okupas.Inversión real en bienestar social y vivienda pública: Exigen que el Estado asuma su responsabilidad presupuestaria y dote de parques públicos de vivienda y recursos asistenciales suficientes, erradicando la dependencia de decretos antidesahucios que privatizan la asistencia social.Ataque frontal a las mafias y al fraude: Las medidas que paralizan desahucios en grandes carteras inmobiliarias sin distinguir entre delincuentes y vulnerables reales solo consiguen engrasar la maquinaria de redes organizadas que mercantilizan con viviendas ajenas.Recuperación urgente de la seguridad jurídica: Se exige al Ejecutivo una normativa equilibrada que garantice el derecho fundamental a la propiedad privada, proteja de manera real a los ciudadanos frente a la indefensión y agilice los desahucios de forma inmediata.La Plataforma de Afectados por la Okupación reitera su disposición al diálogo con todos los grupos e instituciones, pero advierte que mantendrá una postura firme de denuncia pública ante cualquier resolución del Consejo de Ministros que suponga un ataque directo a los derechos de los propietarios y a la legalidad vigente. La Plataforma de Afectados por la Ocupación muestra su profunda preocupación y rechazo ante las medidas de los dos reales decretos-ley que se han aprobado en el Consejo de Ministros y que se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados. Estas medidas para prorrogar o blindar la prohibición de desahucios legitiman la okupación.Su portavoz, Ricardo Bravo, ha apuntado que el primer decreto defendido por el PSOE y que intentará que aprueben PNV y Junts «legaliza la okupación». Critica que «no se valora si se ha cometido un delito al entrar en una vivienda, sino si se es vulnerable».Desde el colectivo se advierte que, bajo el falso prisma de proteger a los vulnerables, estas decisiones gubernamentales no hacen sino blindar de facto el negocio de las mafias okupas y de aquellos perfiles que ocupan u hostigan viviendas de grandes tenedores.La Plataforma señala la absoluta falta de seguridad jurídica y el abandono institucional que sufren los bloques okupados, mientras miles de vecinos tienen que convivir en ellos. Casos recientes aparecidos en los medios de comunicación reflejan cómo la tensión en torno a inmuebles de grandes tenedores se enquista sin solución pese a los graves problemas de convivencia; buena muestra de ello son situaciones críticas como la sufrida por los vecinos del bloque de la calle Pablo Iglesias, en Badalona, donde las fincas afectadas por ocupaciones conflictivas destapan el infierno diario de los residentes legales, o los prolongados litigios en bloques de grandes tenedores y de la Sareb en municipios como Fuenlabrada o Arroyo de la Encomienda.«El 93% de todos nuestros afectados por la okupación vecinal era por las mafias. Si ahora paralizan los desahucios hasta 2030, se puede decir que hoy se legaliza la okupación».Con respecto al decreto que ha defendido Sumar y que propone la renovación automática de los alquileres, «esto supondría el fin del mercado del alquiler en España. Se va a retraer de tal forma que desaparecerán y aumentará aún más la problemática».Desde la organización se recalca que, si el sistema de bienestar social tuviera recursos suficientes, tanto económicos como habitacionales, no sería necesario aprobar decretos parche antidesahucios; el verdadero problema se deriva de una nefasta política de vivienda que, año tras año, nos ha llevado a situaciones extremas. Trasladar la carga social y el coste de la emergencia habitacional a los hombros de terceros es inaceptable en nuestra sociedad, con el agravante de enviar un mensaje de impunidad a quienes ocupan de forma irregular.Asimismo, desde la Plataforma se confía firmemente en que no salgan adelante estos dos decretos para no perjudicar el estatus de protección y los avances ganados para los pequeños propietarios tras la derogación de los anteriores decretos de este año, evitando dar marcha atrás en un equilibrio legal que costó demasiado esfuerzo conseguir para las familias trabajadoras con una o dos viviendas.«Mientras se negocian decretos que amenazan con impedir los desahucios indefinidamente en pisos en manos de grandes tenedores —dando alas indirectamente a que se normalicen o legalicen de facto ocupaciones prolongadas—, miles de propietarios y comunidades de vecinos afectados por la okupación vecinal a grandes tenedores continúan sufriendo un auténtico calvario ante la pasividad del Estado. Si existen familias en situación de vulnerabilidad , son los servicios sociales y las administraciones públicas quienes deben dotar de soluciones habitacionales con presupuestos propios y recursos reales, y no obligar a la sociedad civil a soportar una carga que ampara a los infractores», denuncia Ricardo Bravo.«Si se acaba con los desahucios, en el momento en que se paralicen se debe actuar de oficio para compensar al propietario. Y ahora mismo sólo el 7% de nuestros afectados recibió compensaciones de las comunidades autónomas. El Gobierno no aprueba presupuestos y no da partidas a las regiones para que cumplan con la ley», critica. «No hay dinero ni recursos habitacionales y es el propietario el que carga con la asistencia de las personas vulnerables».Principales advertencias y reivindicaciones de la Plataforma:Riesgo de blanqueo y legalización de ocupaciones: Prohibir los desalojos en grandes tenedores sin distinguir la casuística alimenta la falsa creencia de que ocupar inmuebles corporativos o de fondos carece de consecuencias, abriendo la puerta a que se consolide la situación de los okupas.Inversión real en bienestar social y vivienda pública: Exigen que el Estado asuma su responsabilidad presupuestaria y dote de parques públicos de vivienda y recursos asistenciales suficientes, erradicando la dependencia de decretos antidesahucios que privatizan la asistencia social.Ataque frontal a las mafias y al fraude: Las medidas que paralizan desahucios en grandes carteras inmobiliarias sin distinguir entre delincuentes y vulnerables reales solo consiguen engrasar la maquinaria de redes organizadas que mercantilizan con viviendas ajenas.Recuperación urgente de la seguridad jurídica: Se exige al Ejecutivo una normativa equilibrada que garantice el derecho fundamental a la propiedad privada, proteja de manera real a los ciudadanos frente a la indefensión y agilice los desahucios de forma inmediata.La Plataforma de Afectados por la Okupación reitera su disposición al diálogo con todos los grupos e instituciones, pero advierte que mantendrá una postura firme de denuncia pública ante cualquier resolución del Consejo de Ministros que suponga un ataque directo a los derechos de los propietarios y a la legalidad vigente. La Plataforma de Afectados por la Ocupación muestra su profunda preocupación y rechazo ante las medidas de los dos reales decretos-ley que se han aprobado en el Consejo de Ministros y que se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados. Estas medidas para prorrogar o blindar la prohibición de desahucios legitiman la okupación.Su portavoz, Ricardo Bravo, ha apuntado que el primer decreto defendido por el PSOE y que intentará que aprueben PNV y Junts «legaliza la okupación». Critica que «no se valora si se ha cometido un delito al entrar en una vivienda, sino si se es vulnerable».Desde el colectivo se advierte que, bajo el falso prisma de proteger a los vulnerables, estas decisiones gubernamentales no hacen sino blindar de facto el negocio de las mafias okupas y de aquellos perfiles que ocupan u hostigan viviendas de grandes tenedores.La Plataforma señala la absoluta falta de seguridad jurídica y el abandono institucional que sufren los bloques okupados, mientras miles de vecinos tienen que convivir en ellos. Casos recientes aparecidos en los medios de comunicación reflejan cómo la tensión en torno a inmuebles de grandes tenedores se enquista sin solución pese a los graves problemas de convivencia; buena muestra de ello son situaciones críticas como la sufrida por los vecinos del bloque de la calle Pablo Iglesias, en Badalona, donde las fincas afectadas por ocupaciones conflictivas destapan el infierno diario de los residentes legales, o los prolongados litigios en bloques de grandes tenedores y de la Sareb en municipios como Fuenlabrada o Arroyo de la Encomienda.«El 93% de todos nuestros afectados por la okupación vecinal era por las mafias. Si ahora paralizan los desahucios hasta 2030, se puede decir que hoy se legaliza la okupación».Con respecto al decreto que ha defendido Sumar y que propone la renovación automática de los alquileres, «esto supondría el fin del mercado del alquiler en España. Se va a retraer de tal forma que desaparecerán y aumentará aún más la problemática».Desde la organización se recalca que, si el sistema de bienestar social tuviera recursos suficientes, tanto económicos como habitacionales, no sería necesario aprobar decretos parche antidesahucios; el verdadero problema se deriva de una nefasta política de vivienda que, año tras año, nos ha llevado a situaciones extremas. Trasladar la carga social y el coste de la emergencia habitacional a los hombros de terceros es inaceptable en nuestra sociedad, con el agravante de enviar un mensaje de impunidad a quienes ocupan de forma irregular.Asimismo, desde la Plataforma se confía firmemente en que no salgan adelante estos dos decretos para no perjudicar el estatus de protección y los avances ganados para los pequeños propietarios tras la derogación de los anteriores decretos de este año, evitando dar marcha atrás en un equilibrio legal que costó demasiado esfuerzo conseguir para las familias trabajadoras con una o dos viviendas.«Mientras se negocian decretos que amenazan con impedir los desahucios indefinidamente en pisos en manos de grandes tenedores —dando alas indirectamente a que se normalicen o legalicen de facto ocupaciones prolongadas—, miles de propietarios y comunidades de vecinos afectados por la okupación vecinal a grandes tenedores continúan sufriendo un auténtico calvario ante la pasividad del Estado. Si existen familias en situación de vulnerabilidad , son los servicios sociales y las administraciones públicas quienes deben dotar de soluciones habitacionales con presupuestos propios y recursos reales, y no obligar a la sociedad civil a soportar una carga que ampara a los infractores», denuncia Ricardo Bravo.«Si se acaba con los desahucios, en el momento en que se paralicen se debe actuar de oficio para compensar al propietario. Y ahora mismo sólo el 7% de nuestros afectados recibió compensaciones de las comunidades autónomas. El Gobierno no aprueba presupuestos y no da partidas a las regiones para que cumplan con la ley», critica. «No hay dinero ni recursos habitacionales y es el propietario el que carga con la asistencia de las personas vulnerables».Principales advertencias y reivindicaciones de la Plataforma:Riesgo de blanqueo y legalización de ocupaciones: Prohibir los desalojos en grandes tenedores sin distinguir la casuística alimenta la falsa creencia de que ocupar inmuebles corporativos o de fondos carece de consecuencias, abriendo la puerta a que se consolide la situación de los okupas.Inversión real en bienestar social y vivienda pública: Exigen que el Estado asuma su responsabilidad presupuestaria y dote de parques públicos de vivienda y recursos asistenciales suficientes, erradicando la dependencia de decretos antidesahucios que privatizan la asistencia social.Ataque frontal a las mafias y al fraude: Las medidas que paralizan desahucios en grandes carteras inmobiliarias sin distinguir entre delincuentes y vulnerables reales solo consiguen engrasar la maquinaria de redes organizadas que mercantilizan con viviendas ajenas.Recuperación urgente de la seguridad jurídica: Se exige al Ejecutivo una normativa equilibrada que garantice el derecho fundamental a la propiedad privada, proteja de manera real a los ciudadanos frente a la indefensión y agilice los desahucios de forma inmediata.La Plataforma de Afectados por la Okupación reitera su disposición al diálogo con todos los grupos e instituciones, pero advierte que mantendrá una postura firme de denuncia pública ante cualquier resolución del Consejo de Ministros que suponga un ataque directo a los derechos de los propietarios y a la legalidad vigente. 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