Es una de las medidas estrella de Marine Le Pen. Pese a la polémica suscitada durante la campaña presidencial de 2022, la líder de la extrema derecha en Francia insiste en aprobar una amplia reforma constitucional sobre la inmigración a través de un referéndum. La Agrupación Nacional presentó una propuesta de ley en este sentido en enero de 2024. La cuatro veces candidata a unas presidenciales (2012, 2017, 2022 y 2027) la activará en el caso de que gane los comicios del 18 de abril (primera vuelta) y 2 de mayo del año que viene (segunda). Según los últimos sondeos, ella parte como favorita de cara a la primera vuelta , pero los analistas coinciden en que serán unas elecciones inciertas y ajustadas.La reforma propuesta por los lepenistas genera controversia en el país vecino, tanto por su contenido como por la vía contemplada para modificar la carta magna. La dirigente nacionalista radical quiere inscribir en la Constitución medidas muy duras contra la inmigración, algunas de ellas contrarias a los principios de la Unión Europea. Como sabe que, si gana los comicios, no le resultará nada fácil conseguir una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional —fruto de la fragmentación del paisaje político galo— y aún menos en el Senado, quiere modificar profundamente la ley orgánica directamente a través de un referéndum e ignorando la posición de las dos cámaras.¿Propuesta inconstitucional?«Consistiría en una especie de doble golpe de Estado », advierte Jean-Eric Schoettl, consejero de Estado y que ejerció como secretario general del Consejo Constitucional entre 1997 y 2007, en declaraciones a ‘Le Monde’. La ley orgánica de 1958 incluye dos mecanismos para su reforma. Por un lado, el artículo 89 permite modificarla si dos tercios de los diputados y senadores se ponen de acuerdo sobre un mismo redactado y lo aprueban. Así sucedió con la introducción del derecho al aborto en marzo de 2024, la última reforma de la Constitución de la Quinta República. Por el otro, el artículo 11 da la opción al presidente de organizar un referéndum sobre «la organización de los poderes públicos y medidas sobre la política económica, social y medioambiental».Tanto Richard Ferrand , actual presidente del equivalente francés del Tribunal Constitucional, como su predecesor, Laurent Fabius, avisaron que una reforma como la que propone Le Pen no puede efectuarse a través del artículo 11, puesto que no incluye la inmigración en su perímetro. Sin embargo, la principal formación de la extrema derecha francesa ha desafiado esa advertencia. Desea cambiar en profundidad la carta magna convocando directamente un referéndum, pese al riesgo de que el Consejo Constitucional se oponga.«Prioridad nacional» y primacía del derecho francésSu reforma constitucional introduce la «prioridad nacional» para conseguir una vivienda o un empleo en el sector público y el privado. También prohíbe la regularización de las personas migrantes que hayan llegado al territorio galo de manera irregular, «salvo casos individuales aprobados por el Consejo de Ministros de forma excepcional». Exige la expulsión de las personas extranjeras que hayan cometido un delito. Además, suprime el derecho al suelo que permite pedir la nacionalidad gala a los hijos de padres extranjeros al cumplir 18 años, haber residido durante un tiempo determinado en el país y cumplir con otros criterios.Uno de los aspectos más contestados de su propuesta consiste en que establece la primacía del derecho francés por encima del europeo y otros tratados internacionales. Esta medida va en contra de uno de los principios fundamentales de la UE. Y si se convierte en una realidad, probablemente desembocaría en un pulso entre París y Bruselas, al igual que sucedió en un pasado reciente con la Hungría de Viktor Orbán o con la Polonia de los neoconservadores de Ley y Justicia.«Sin Francia, la UE dejaría de existir. Se tiraría un tiro en el pie si sancionase a nuestro país», advirtió Renaud Labaye, secretario general del grupo de Agrupación Nacional en el Parlamento. A pesar de haber moderado su discurso y apostado desde 2011 por una estrategia de ‘desdemonización’, el partido de Le Pen aspira a hacer realidad la mayoría de las históricas propuestas del lepenismo en materia migratoria a través de esta modificación de la carta magna.Demanda de participación ciudadanaDe hecho, confía en conseguir el apoyo de los electores gracias a la demanda que hay en Francia de una mayor participación ciudadana. Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, abrió varias veces la puerta a la celebración de un referéndum, probablemente acabará sus diez años en el Elíseo sin haber organizado ninguna consulta de este tipo. El último referéndum en el país vecino fue en 2005, cuando una mayoría de franceses rechazó la Constitución europea. Desde entonces, ningún jefe del Estado galo se atrevió a organizar una consulta de ese tipo. Pero ante la actual crisis de representación en la Quinta República, tanto Le Pen como sus rivales Bruno Retailleau (derecha tradicional), Édouard Philippe (centro-derecha), Gabriel Attal (centro) o Jean-Luc Mélenchon (afín a Sumar o Podemos) proponen celebrar un referéndum desde los primeros meses de su mandato. La idea de consultar al pueblo cotiza al alza en Francia. Y Le Pen quiere aprovecharlo para petrificar en la Constitución su mano dura contra la inmigración. Es una de las medidas estrella de Marine Le Pen. Pese a la polémica suscitada durante la campaña presidencial de 2022, la líder de la extrema derecha en Francia insiste en aprobar una amplia reforma constitucional sobre la inmigración a través de un referéndum. La Agrupación Nacional presentó una propuesta de ley en este sentido en enero de 2024. La cuatro veces candidata a unas presidenciales (2012, 2017, 2022 y 2027) la activará en el caso de que gane los comicios del 18 de abril (primera vuelta) y 2 de mayo del año que viene (segunda). Según los últimos sondeos, ella parte como favorita de cara a la primera vuelta , pero los analistas coinciden en que serán unas elecciones inciertas y ajustadas.La reforma propuesta por los lepenistas genera controversia en el país vecino, tanto por su contenido como por la vía contemplada para modificar la carta magna. La dirigente nacionalista radical quiere inscribir en la Constitución medidas muy duras contra la inmigración, algunas de ellas contrarias a los principios de la Unión Europea. Como sabe que, si gana los comicios, no le resultará nada fácil conseguir una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional —fruto de la fragmentación del paisaje político galo— y aún menos en el Senado, quiere modificar profundamente la ley orgánica directamente a través de un referéndum e ignorando la posición de las dos cámaras.¿Propuesta inconstitucional?«Consistiría en una especie de doble golpe de Estado », advierte Jean-Eric Schoettl, consejero de Estado y que ejerció como secretario general del Consejo Constitucional entre 1997 y 2007, en declaraciones a ‘Le Monde’. La ley orgánica de 1958 incluye dos mecanismos para su reforma. Por un lado, el artículo 89 permite modificarla si dos tercios de los diputados y senadores se ponen de acuerdo sobre un mismo redactado y lo aprueban. Así sucedió con la introducción del derecho al aborto en marzo de 2024, la última reforma de la Constitución de la Quinta República. Por el otro, el artículo 11 da la opción al presidente de organizar un referéndum sobre «la organización de los poderes públicos y medidas sobre la política económica, social y medioambiental».Tanto Richard Ferrand , actual presidente del equivalente francés del Tribunal Constitucional, como su predecesor, Laurent Fabius, avisaron que una reforma como la que propone Le Pen no puede efectuarse a través del artículo 11, puesto que no incluye la inmigración en su perímetro. Sin embargo, la principal formación de la extrema derecha francesa ha desafiado esa advertencia. Desea cambiar en profundidad la carta magna convocando directamente un referéndum, pese al riesgo de que el Consejo Constitucional se oponga.«Prioridad nacional» y primacía del derecho francésSu reforma constitucional introduce la «prioridad nacional» para conseguir una vivienda o un empleo en el sector público y el privado. También prohíbe la regularización de las personas migrantes que hayan llegado al territorio galo de manera irregular, «salvo casos individuales aprobados por el Consejo de Ministros de forma excepcional». Exige la expulsión de las personas extranjeras que hayan cometido un delito. Además, suprime el derecho al suelo que permite pedir la nacionalidad gala a los hijos de padres extranjeros al cumplir 18 años, haber residido durante un tiempo determinado en el país y cumplir con otros criterios.Uno de los aspectos más contestados de su propuesta consiste en que establece la primacía del derecho francés por encima del europeo y otros tratados internacionales. Esta medida va en contra de uno de los principios fundamentales de la UE. Y si se convierte en una realidad, probablemente desembocaría en un pulso entre París y Bruselas, al igual que sucedió en un pasado reciente con la Hungría de Viktor Orbán o con la Polonia de los neoconservadores de Ley y Justicia.«Sin Francia, la UE dejaría de existir. Se tiraría un tiro en el pie si sancionase a nuestro país», advirtió Renaud Labaye, secretario general del grupo de Agrupación Nacional en el Parlamento. A pesar de haber moderado su discurso y apostado desde 2011 por una estrategia de ‘desdemonización’, el partido de Le Pen aspira a hacer realidad la mayoría de las históricas propuestas del lepenismo en materia migratoria a través de esta modificación de la carta magna.Demanda de participación ciudadanaDe hecho, confía en conseguir el apoyo de los electores gracias a la demanda que hay en Francia de una mayor participación ciudadana. Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, abrió varias veces la puerta a la celebración de un referéndum, probablemente acabará sus diez años en el Elíseo sin haber organizado ninguna consulta de este tipo. El último referéndum en el país vecino fue en 2005, cuando una mayoría de franceses rechazó la Constitución europea. Desde entonces, ningún jefe del Estado galo se atrevió a organizar una consulta de ese tipo. Pero ante la actual crisis de representación en la Quinta República, tanto Le Pen como sus rivales Bruno Retailleau (derecha tradicional), Édouard Philippe (centro-derecha), Gabriel Attal (centro) o Jean-Luc Mélenchon (afín a Sumar o Podemos) proponen celebrar un referéndum desde los primeros meses de su mandato. La idea de consultar al pueblo cotiza al alza en Francia. Y Le Pen quiere aprovecharlo para petrificar en la Constitución su mano dura contra la inmigración. Es una de las medidas estrella de Marine Le Pen. Pese a la polémica suscitada durante la campaña presidencial de 2022, la líder de la extrema derecha en Francia insiste en aprobar una amplia reforma constitucional sobre la inmigración a través de un referéndum. La Agrupación Nacional presentó una propuesta de ley en este sentido en enero de 2024. La cuatro veces candidata a unas presidenciales (2012, 2017, 2022 y 2027) la activará en el caso de que gane los comicios del 18 de abril (primera vuelta) y 2 de mayo del año que viene (segunda). Según los últimos sondeos, ella parte como favorita de cara a la primera vuelta , pero los analistas coinciden en que serán unas elecciones inciertas y ajustadas.La reforma propuesta por los lepenistas genera controversia en el país vecino, tanto por su contenido como por la vía contemplada para modificar la carta magna. La dirigente nacionalista radical quiere inscribir en la Constitución medidas muy duras contra la inmigración, algunas de ellas contrarias a los principios de la Unión Europea. Como sabe que, si gana los comicios, no le resultará nada fácil conseguir una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional —fruto de la fragmentación del paisaje político galo— y aún menos en el Senado, quiere modificar profundamente la ley orgánica directamente a través de un referéndum e ignorando la posición de las dos cámaras.¿Propuesta inconstitucional?«Consistiría en una especie de doble golpe de Estado », advierte Jean-Eric Schoettl, consejero de Estado y que ejerció como secretario general del Consejo Constitucional entre 1997 y 2007, en declaraciones a ‘Le Monde’. La ley orgánica de 1958 incluye dos mecanismos para su reforma. Por un lado, el artículo 89 permite modificarla si dos tercios de los diputados y senadores se ponen de acuerdo sobre un mismo redactado y lo aprueban. Así sucedió con la introducción del derecho al aborto en marzo de 2024, la última reforma de la Constitución de la Quinta República. Por el otro, el artículo 11 da la opción al presidente de organizar un referéndum sobre «la organización de los poderes públicos y medidas sobre la política económica, social y medioambiental».Tanto Richard Ferrand , actual presidente del equivalente francés del Tribunal Constitucional, como su predecesor, Laurent Fabius, avisaron que una reforma como la que propone Le Pen no puede efectuarse a través del artículo 11, puesto que no incluye la inmigración en su perímetro. Sin embargo, la principal formación de la extrema derecha francesa ha desafiado esa advertencia. Desea cambiar en profundidad la carta magna convocando directamente un referéndum, pese al riesgo de que el Consejo Constitucional se oponga.«Prioridad nacional» y primacía del derecho francésSu reforma constitucional introduce la «prioridad nacional» para conseguir una vivienda o un empleo en el sector público y el privado. También prohíbe la regularización de las personas migrantes que hayan llegado al territorio galo de manera irregular, «salvo casos individuales aprobados por el Consejo de Ministros de forma excepcional». Exige la expulsión de las personas extranjeras que hayan cometido un delito. Además, suprime el derecho al suelo que permite pedir la nacionalidad gala a los hijos de padres extranjeros al cumplir 18 años, haber residido durante un tiempo determinado en el país y cumplir con otros criterios.Uno de los aspectos más contestados de su propuesta consiste en que establece la primacía del derecho francés por encima del europeo y otros tratados internacionales. Esta medida va en contra de uno de los principios fundamentales de la UE. Y si se convierte en una realidad, probablemente desembocaría en un pulso entre París y Bruselas, al igual que sucedió en un pasado reciente con la Hungría de Viktor Orbán o con la Polonia de los neoconservadores de Ley y Justicia.«Sin Francia, la UE dejaría de existir. Se tiraría un tiro en el pie si sancionase a nuestro país», advirtió Renaud Labaye, secretario general del grupo de Agrupación Nacional en el Parlamento. A pesar de haber moderado su discurso y apostado desde 2011 por una estrategia de ‘desdemonización’, el partido de Le Pen aspira a hacer realidad la mayoría de las históricas propuestas del lepenismo en materia migratoria a través de esta modificación de la carta magna.Demanda de participación ciudadanaDe hecho, confía en conseguir el apoyo de los electores gracias a la demanda que hay en Francia de una mayor participación ciudadana. Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, abrió varias veces la puerta a la celebración de un referéndum, probablemente acabará sus diez años en el Elíseo sin haber organizado ninguna consulta de este tipo. El último referéndum en el país vecino fue en 2005, cuando una mayoría de franceses rechazó la Constitución europea. Desde entonces, ningún jefe del Estado galo se atrevió a organizar una consulta de ese tipo. Pero ante la actual crisis de representación en la Quinta República, tanto Le Pen como sus rivales Bruno Retailleau (derecha tradicional), Édouard Philippe (centro-derecha), Gabriel Attal (centro) o Jean-Luc Mélenchon (afín a Sumar o Podemos) proponen celebrar un referéndum desde los primeros meses de su mandato. La idea de consultar al pueblo cotiza al alza en Francia. Y Le Pen quiere aprovecharlo para petrificar en la Constitución su mano dura contra la inmigración. RSS de noticias de internacional
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