Calma tensa, más tensa que calma . De tal calibre que estrecha el lazo, atenaza la garganta y bloquea las palabras. La llegada masiva de migrantes a Ceuta origina y reproduce retos que se van desarrollando y escalando a medida que transcurren las horas, los días y las semanas. La grave crisis registrada en la ciudad autónoma se inició con esa entrada de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos y la muerte de un centenar que se quedaron en el intento. Después de ajustar la frontera y coser esa herida, ahora se empiezan a sentir, con rabia y dolor, las secuelas de ese episodio.Tras la ola, la resaca. Ahora mismo hay «un millar aproximadamente» de menores extranjeros no acompañados acogidos por las instituciones de la localidad, amén de jóvenes escondidos para no ser devueltos a Marruecos. Ceuta no tiene capacidad ni recursos para hacer frente a tal desafío (la sobreocupación ronda el 3.000% pues hay espacio para 29), por lo que de momento lo afronta de manera eventual. Ya el Gobierno ha tenido que anunciar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para financiar la atención en estos días.Dispone de 15 días para reubicar a esos menores por todo el territorio, lo que determina la ley, que obliga a las comunidades a acoger a estos chicos de forma «vinculante y solidaria». Una acción necesaria en un contexto extraordinariamente complejo, pues los recursos autonómicos están al límite y muchas administraciones rechazan sobrecargar el sistema, especialmente en los lugares donde Vox aprieta al Partido Popular para denegar la entrada de más migrantes en sus regiones.Andalucía, en tensiónA ello se le une un Ejecutivo maniatado por sus acuerdos de investidura, que en el último reparto excluyó a Cataluña y País Vasco por razones de interés político mientras que multiplica la responsabilidad de los espacios gobernados por los populares. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado que Pedro Sánchez «traslada las consecuencias de su nefasta política» migratoria y exterior «a las comunidades autónomas del PP». Se pregunta si en el mismo «van a excluir también por razones políticas a Cataluña y País Vasco». Andalucía aguarda las instrucciones desde Moncloa con desconfianza , pues teme que tendrá que asumir (por ley) un elevado número de jóvenes migrantes con su capacidad de acogida al límite y los recursos agotados. Prácticamente, a pulmón. La comunidad cuenta con 224 centros de protección de menores (más de un treintena exclusivamente para Menas), y ya están colapsados con más de 2.600 acogidos. El Gobierno estableció hace poco más de un mes que su capacidad ordinaria es de 3.009 plazas, por delante de Cataluña (2.829) y Madrid (2.471). La cuantía total de la nación es de 17.081.En la Junta no se pronuncian sobre ello. Aún es pronto. Así es. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno, en la misma Ceuta, entienden que habrá una redistribución pero de momento no han recibido ninguna información. Nadie se atreve siquiera a hablar, analizar o aventurar al ser una cuestión especialmente compleja, pues se trata de una crisis humanitaria, pero también política.Nueva situación política tras la entrada de VoxLos acuerdos de Gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía introducen nuevas variables. El pacto incluye el rechazo a ampliar plazas para la acogida de menas y aboga por trabajar para su repatriación. Este nuevo ‘envío’ provocará un choque entre PP y Vox, y en la anterior colisión, por este mismo motivo, se quebraron las alianzas autonómicas entre los partidos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovechará para azuzar este enfrentamiento y, por cuestiones de agenda política, es probable que dilate el asunto lo máximo posible para enlazarlo con el inicio del curso a finales de agosto: hay elecciones municipales y generales a la vista.Este martes, dos ministros ya avanzaron la estrategia socialista. Elma Saiz, de Inclusión, apelaba «a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular» para dar atención a esos menores. El de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, les pide que «estén a la altura y sean solidarias». «Ojalá todas las CCAA estén a la altura y sean solidarias con estos menores y con la ciudadanía ceutí. Es política de país». «Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar», ha respondido Ezcurra (PP).La Junta tiene la intuición, cuando no la certeza, de que la región será el principal destino marcado por Sánchez para acoger al mayor número de migrantes. El precedente es ilustrativo. En la anterior crisis ubicada en Canarias le asignaron la mayor cuantía, 667 (de 3.975 niños y niñas), más que Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). Y más que Cataluña (30, de manera voluntaria) y País Vasco (0).Andalucía, la que más recibeHasta hace un par de meses, la administración autonómica aceptaba a regañadientes este «reparto» con criterios «subjetivos», «sin diálogo ni consenso», que trata a los menas «como paquetes de Amazon». Lo hacía por ley y por cuestiones solidarias, y su gran demanda era mayor financiación nacional para aumentar los recursos. Pero ahora la legislatura es bien diferente, con un pacto con los de Abascal que recoge la «oposición frontal y rechazo expreso al reparto de inmigrantes ilegales» (mayores y menores de edad) impulsado por el Gobierno de España. «No se financiará la apertura de nuevos centros de menores extranjeros no acompañados y se trabajará en la devolución de los menores no acompañados a sus países de origen y con sus familia».No obstante, ese mismo punto en el acuerdo destaca que la Junta «cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas». Se espera una procelosa batalla entre la ley y el relato. Y también entre lo económico, lo político y lo social. La protección de estos adolescentes (de 7 a 18 años en Ceuta) supone una inversión estatal que el pasado año fue de 230 millones, a lo que deben sumarse las aportaciones de las comunidades. El coste medio de mantenimiento de una plaza residencial tutelada para un menor ronda entre los 120 y 150 euros diarios,Aunque no sea reconocida como tal, Andalucía es frontera sur de España y Europa, puerta de entrada al continente desde África. Este mismo verano se ha comprobado una vez la mayor afluencia propia de la temporada estival, especialmente en la ruta mediterránea y con desembarco en Almería. Llegadas que han agravado ese colapso en centros y recursos de la región. Calma tensa, más tensa que calma . De tal calibre que estrecha el lazo, atenaza la garganta y bloquea las palabras. La llegada masiva de migrantes a Ceuta origina y reproduce retos que se van desarrollando y escalando a medida que transcurren las horas, los días y las semanas. La grave crisis registrada en la ciudad autónoma se inició con esa entrada de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos y la muerte de un centenar que se quedaron en el intento. Después de ajustar la frontera y coser esa herida, ahora se empiezan a sentir, con rabia y dolor, las secuelas de ese episodio.Tras la ola, la resaca. Ahora mismo hay «un millar aproximadamente» de menores extranjeros no acompañados acogidos por las instituciones de la localidad, amén de jóvenes escondidos para no ser devueltos a Marruecos. Ceuta no tiene capacidad ni recursos para hacer frente a tal desafío (la sobreocupación ronda el 3.000% pues hay espacio para 29), por lo que de momento lo afronta de manera eventual. Ya el Gobierno ha tenido que anunciar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para financiar la atención en estos días.Dispone de 15 días para reubicar a esos menores por todo el territorio, lo que determina la ley, que obliga a las comunidades a acoger a estos chicos de forma «vinculante y solidaria». Una acción necesaria en un contexto extraordinariamente complejo, pues los recursos autonómicos están al límite y muchas administraciones rechazan sobrecargar el sistema, especialmente en los lugares donde Vox aprieta al Partido Popular para denegar la entrada de más migrantes en sus regiones.Andalucía, en tensiónA ello se le une un Ejecutivo maniatado por sus acuerdos de investidura, que en el último reparto excluyó a Cataluña y País Vasco por razones de interés político mientras que multiplica la responsabilidad de los espacios gobernados por los populares. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado que Pedro Sánchez «traslada las consecuencias de su nefasta política» migratoria y exterior «a las comunidades autónomas del PP». Se pregunta si en el mismo «van a excluir también por razones políticas a Cataluña y País Vasco». Andalucía aguarda las instrucciones desde Moncloa con desconfianza , pues teme que tendrá que asumir (por ley) un elevado número de jóvenes migrantes con su capacidad de acogida al límite y los recursos agotados. Prácticamente, a pulmón. La comunidad cuenta con 224 centros de protección de menores (más de un treintena exclusivamente para Menas), y ya están colapsados con más de 2.600 acogidos. El Gobierno estableció hace poco más de un mes que su capacidad ordinaria es de 3.009 plazas, por delante de Cataluña (2.829) y Madrid (2.471). La cuantía total de la nación es de 17.081.En la Junta no se pronuncian sobre ello. Aún es pronto. Así es. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno, en la misma Ceuta, entienden que habrá una redistribución pero de momento no han recibido ninguna información. Nadie se atreve siquiera a hablar, analizar o aventurar al ser una cuestión especialmente compleja, pues se trata de una crisis humanitaria, pero también política.Nueva situación política tras la entrada de VoxLos acuerdos de Gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía introducen nuevas variables. El pacto incluye el rechazo a ampliar plazas para la acogida de menas y aboga por trabajar para su repatriación. Este nuevo ‘envío’ provocará un choque entre PP y Vox, y en la anterior colisión, por este mismo motivo, se quebraron las alianzas autonómicas entre los partidos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovechará para azuzar este enfrentamiento y, por cuestiones de agenda política, es probable que dilate el asunto lo máximo posible para enlazarlo con el inicio del curso a finales de agosto: hay elecciones municipales y generales a la vista.Este martes, dos ministros ya avanzaron la estrategia socialista. Elma Saiz, de Inclusión, apelaba «a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular» para dar atención a esos menores. El de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, les pide que «estén a la altura y sean solidarias». «Ojalá todas las CCAA estén a la altura y sean solidarias con estos menores y con la ciudadanía ceutí. Es política de país». «Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar», ha respondido Ezcurra (PP).La Junta tiene la intuición, cuando no la certeza, de que la región será el principal destino marcado por Sánchez para acoger al mayor número de migrantes. El precedente es ilustrativo. En la anterior crisis ubicada en Canarias le asignaron la mayor cuantía, 667 (de 3.975 niños y niñas), más que Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). Y más que Cataluña (30, de manera voluntaria) y País Vasco (0).Andalucía, la que más recibeHasta hace un par de meses, la administración autonómica aceptaba a regañadientes este «reparto» con criterios «subjetivos», «sin diálogo ni consenso», que trata a los menas «como paquetes de Amazon». Lo hacía por ley y por cuestiones solidarias, y su gran demanda era mayor financiación nacional para aumentar los recursos. Pero ahora la legislatura es bien diferente, con un pacto con los de Abascal que recoge la «oposición frontal y rechazo expreso al reparto de inmigrantes ilegales» (mayores y menores de edad) impulsado por el Gobierno de España. «No se financiará la apertura de nuevos centros de menores extranjeros no acompañados y se trabajará en la devolución de los menores no acompañados a sus países de origen y con sus familia».No obstante, ese mismo punto en el acuerdo destaca que la Junta «cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas». Se espera una procelosa batalla entre la ley y el relato. Y también entre lo económico, lo político y lo social. La protección de estos adolescentes (de 7 a 18 años en Ceuta) supone una inversión estatal que el pasado año fue de 230 millones, a lo que deben sumarse las aportaciones de las comunidades. El coste medio de mantenimiento de una plaza residencial tutelada para un menor ronda entre los 120 y 150 euros diarios,Aunque no sea reconocida como tal, Andalucía es frontera sur de España y Europa, puerta de entrada al continente desde África. Este mismo verano se ha comprobado una vez la mayor afluencia propia de la temporada estival, especialmente en la ruta mediterránea y con desembarco en Almería. Llegadas que han agravado ese colapso en centros y recursos de la región. Calma tensa, más tensa que calma . De tal calibre que estrecha el lazo, atenaza la garganta y bloquea las palabras. La llegada masiva de migrantes a Ceuta origina y reproduce retos que se van desarrollando y escalando a medida que transcurren las horas, los días y las semanas. La grave crisis registrada en la ciudad autónoma se inició con esa entrada de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos y la muerte de un centenar que se quedaron en el intento. Después de ajustar la frontera y coser esa herida, ahora se empiezan a sentir, con rabia y dolor, las secuelas de ese episodio.Tras la ola, la resaca. Ahora mismo hay «un millar aproximadamente» de menores extranjeros no acompañados acogidos por las instituciones de la localidad, amén de jóvenes escondidos para no ser devueltos a Marruecos. Ceuta no tiene capacidad ni recursos para hacer frente a tal desafío (la sobreocupación ronda el 3.000% pues hay espacio para 29), por lo que de momento lo afronta de manera eventual. Ya el Gobierno ha tenido que anunciar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para financiar la atención en estos días.Dispone de 15 días para reubicar a esos menores por todo el territorio, lo que determina la ley, que obliga a las comunidades a acoger a estos chicos de forma «vinculante y solidaria». Una acción necesaria en un contexto extraordinariamente complejo, pues los recursos autonómicos están al límite y muchas administraciones rechazan sobrecargar el sistema, especialmente en los lugares donde Vox aprieta al Partido Popular para denegar la entrada de más migrantes en sus regiones.Andalucía, en tensiónA ello se le une un Ejecutivo maniatado por sus acuerdos de investidura, que en el último reparto excluyó a Cataluña y País Vasco por razones de interés político mientras que multiplica la responsabilidad de los espacios gobernados por los populares. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado que Pedro Sánchez «traslada las consecuencias de su nefasta política» migratoria y exterior «a las comunidades autónomas del PP». Se pregunta si en el mismo «van a excluir también por razones políticas a Cataluña y País Vasco». Andalucía aguarda las instrucciones desde Moncloa con desconfianza , pues teme que tendrá que asumir (por ley) un elevado número de jóvenes migrantes con su capacidad de acogida al límite y los recursos agotados. Prácticamente, a pulmón. La comunidad cuenta con 224 centros de protección de menores (más de un treintena exclusivamente para Menas), y ya están colapsados con más de 2.600 acogidos. El Gobierno estableció hace poco más de un mes que su capacidad ordinaria es de 3.009 plazas, por delante de Cataluña (2.829) y Madrid (2.471). La cuantía total de la nación es de 17.081.En la Junta no se pronuncian sobre ello. Aún es pronto. Así es. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno, en la misma Ceuta, entienden que habrá una redistribución pero de momento no han recibido ninguna información. Nadie se atreve siquiera a hablar, analizar o aventurar al ser una cuestión especialmente compleja, pues se trata de una crisis humanitaria, pero también política.Nueva situación política tras la entrada de VoxLos acuerdos de Gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía introducen nuevas variables. El pacto incluye el rechazo a ampliar plazas para la acogida de menas y aboga por trabajar para su repatriación. Este nuevo ‘envío’ provocará un choque entre PP y Vox, y en la anterior colisión, por este mismo motivo, se quebraron las alianzas autonómicas entre los partidos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprovechará para azuzar este enfrentamiento y, por cuestiones de agenda política, es probable que dilate el asunto lo máximo posible para enlazarlo con el inicio del curso a finales de agosto: hay elecciones municipales y generales a la vista.Este martes, dos ministros ya avanzaron la estrategia socialista. Elma Saiz, de Inclusión, apelaba «a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular» para dar atención a esos menores. El de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, les pide que «estén a la altura y sean solidarias». «Ojalá todas las CCAA estén a la altura y sean solidarias con estos menores y con la ciudadanía ceutí. Es política de país». «Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar», ha respondido Ezcurra (PP).La Junta tiene la intuición, cuando no la certeza, de que la región será el principal destino marcado por Sánchez para acoger al mayor número de migrantes. El precedente es ilustrativo. En la anterior crisis ubicada en Canarias le asignaron la mayor cuantía, 667 (de 3.975 niños y niñas), más que Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). Y más que Cataluña (30, de manera voluntaria) y País Vasco (0).Andalucía, la que más recibeHasta hace un par de meses, la administración autonómica aceptaba a regañadientes este «reparto» con criterios «subjetivos», «sin diálogo ni consenso», que trata a los menas «como paquetes de Amazon». Lo hacía por ley y por cuestiones solidarias, y su gran demanda era mayor financiación nacional para aumentar los recursos. Pero ahora la legislatura es bien diferente, con un pacto con los de Abascal que recoge la «oposición frontal y rechazo expreso al reparto de inmigrantes ilegales» (mayores y menores de edad) impulsado por el Gobierno de España. «No se financiará la apertura de nuevos centros de menores extranjeros no acompañados y se trabajará en la devolución de los menores no acompañados a sus países de origen y con sus familia».No obstante, ese mismo punto en el acuerdo destaca que la Junta «cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas». Se espera una procelosa batalla entre la ley y el relato. Y también entre lo económico, lo político y lo social. La protección de estos adolescentes (de 7 a 18 años en Ceuta) supone una inversión estatal que el pasado año fue de 230 millones, a lo que deben sumarse las aportaciones de las comunidades. El coste medio de mantenimiento de una plaza residencial tutelada para un menor ronda entre los 120 y 150 euros diarios,Aunque no sea reconocida como tal, Andalucía es frontera sur de España y Europa, puerta de entrada al continente desde África. Este mismo verano se ha comprobado una vez la mayor afluencia propia de la temporada estival, especialmente en la ruta mediterránea y con desembarco en Almería. Llegadas que han agravado ese colapso en centros y recursos de la región. RSS de noticias de espana/andalucia
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