El Gobierno y el PSOE asisten noqueados a la cascada de causas judiciales que les sepultan en la recta final de la legislatura. La falta de viabilidad aritmética —con varios socios que piden abiertamente un adelanto electoral— y el debate político instalado en los tribunales les arrojan a un laberinto sin salida para el que desde Moncloa han decidido utilizar un peligroso atajo: la impugnación del sistema. En el Ejecutivo han optado por abonarse a las teorías de la conspiración para huir de los escándalos de corrupción que les acechan. Desde la mujer y el hermano del presidente, que se sienta en el banquillo desde este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz; pasando por el caso mascarillas, pendiente de sentencia al exministro José Luis Ábalos; hasta la causa por financiación irregular del PSOE.Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, esta semana ha sido otro auto el que ha hecho tambalear los cimientos del partido, la irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz en busca de documentación que acredite pagos para financiar una cloaca creada para desmontar y obstaculizar los procesamientos judiciales que cercaban al presidente del Gobierno. Vuelve Leire Díez. Una trama, según el juez Santiago Pedraz, dirigida por el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, que utilizó la estructura del PSOE y arrancó durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer. El miércoles, después del impacto de ver a la Guardia Civil durante más de 16 horas requiriendo información en la sede federal del partido, la reacción súbita fue salir a la defensiva. Lo hicieron alentando la tesis de la persecución judicial , para tratar de contrarrestar la gravedad de los hechos investigados. Una trama contra altas instituciones del Estado, financiada desde el partido para perseguir a jueces, fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tal como informó ABC, en el partido ya se reconocían «conspiranoicos con tanta sincronización» en las investigaciones. Desde el Consejo de Ministros trataban de contenerse y se limitaban a señalar que se estaban produciendo demasiadas «coincidencias». En privado, no obstante, sí había cargos que hablaban abiertamente de un «golpe en toda regla».Noticia relacionada general No No El PSOE abona la tesis de la conspiración judicial: «Un golpe en toda regla» Ainhoa MartínezEl salto cualitativo se produjo este jueves. El Gobierno ha pasado de defender estas tesis en la interna del partido, para calmar los ánimos de los suyos y tratar de mantener prietas las filas de la militancia, a hacerlo públicamente con el consiguiente riesgo que esto supone la salud democrática. Si la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, llamaba el martes desde la mesa del Consejo de Ministros a no pronunciarse sobre procesos abiertos, el titular de Transportes, Óscar Puente, no dudó en dar voz a las más bajas pasiones desde los pasillos del Congreso. El ministro denunció que se están utilizando métodos «no democráticos» para «derribar» al Gobierno, por la acumulación de causas que cercan al Ejecutivo. Las últimas, las relativas a Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión «en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en información privilegiada o acciones para derribar un Gobierno».Para hacer tal aseveración, Puente aseguró que un medio de comunicación publicó, «pese a que la causa era secreta», que se iba a producir la entrada de la UCO en la sede del PSOE antes de que se produjera. «Y sabemos que esa noticia estaba redactada más de 12 horas antes de la intervención», señaló. «Esta publicación fue utilizada por el PP en la sesión de control al Gobierno», siguió relatando, lo que —a su juicio— «habla de cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno no en las urnas, sino con otras mañas y otras herramientas». El ministro también se dedicó a dictar sentencia sobre los casos que investigan a la mujer y el hermano de Sánchez que, en su opinión, «no se sostienen» y restó gravedad a la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero. «Estoy un poco atónito, porque Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes del mundo, incluidos los españoles», dijo, calificándole de «ciudadano particular» y recordando que no está sometido a las obligaciones de un cargo público desde que dejó el Gobierno en 2011.El Gobierno vuelve a asumir el discurso del ‘lawfare’ que había desechado para combatir la investigación contra ZapateroEn el Gobierno tratan de recalcular la estrategia, tras un nuevo golpe, pero lo hacen abonándose a las tesis del ‘lawfare’ que habían desechado apenas hace unos días cuando trascendió el sumario sobre el expresidente Zapatero. Lo cual deja en evidencia lo errático de la hoja de ruta. Este caso, sin embargo, es más sensible, porque ubica el nodo de la corrupción en el mismo centro del poder socialista, en la sede de Ferraz, durante la etapa de Sánchez al frente de la Secretaría General y por los desmanes de quien fuera su hombre de confianza en el partido, Santos Cerdán, tras la salida de Ábalos. En Moncloa, no obstante, respiraron tranquilos cuando supieron que la causa no afectaba a la financiación del PSOE, cuya causa también está abierta en la Audiencia Nacional y recientemente se prorrogó el secreto de las actuaciones. El Gobierno y el PSOE asisten noqueados a la cascada de causas judiciales que les sepultan en la recta final de la legislatura. La falta de viabilidad aritmética —con varios socios que piden abiertamente un adelanto electoral— y el debate político instalado en los tribunales les arrojan a un laberinto sin salida para el que desde Moncloa han decidido utilizar un peligroso atajo: la impugnación del sistema. En el Ejecutivo han optado por abonarse a las teorías de la conspiración para huir de los escándalos de corrupción que les acechan. Desde la mujer y el hermano del presidente, que se sienta en el banquillo desde este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz; pasando por el caso mascarillas, pendiente de sentencia al exministro José Luis Ábalos; hasta la causa por financiación irregular del PSOE.Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, esta semana ha sido otro auto el que ha hecho tambalear los cimientos del partido, la irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz en busca de documentación que acredite pagos para financiar una cloaca creada para desmontar y obstaculizar los procesamientos judiciales que cercaban al presidente del Gobierno. Vuelve Leire Díez. Una trama, según el juez Santiago Pedraz, dirigida por el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, que utilizó la estructura del PSOE y arrancó durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer. El miércoles, después del impacto de ver a la Guardia Civil durante más de 16 horas requiriendo información en la sede federal del partido, la reacción súbita fue salir a la defensiva. Lo hicieron alentando la tesis de la persecución judicial , para tratar de contrarrestar la gravedad de los hechos investigados. Una trama contra altas instituciones del Estado, financiada desde el partido para perseguir a jueces, fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tal como informó ABC, en el partido ya se reconocían «conspiranoicos con tanta sincronización» en las investigaciones. Desde el Consejo de Ministros trataban de contenerse y se limitaban a señalar que se estaban produciendo demasiadas «coincidencias». En privado, no obstante, sí había cargos que hablaban abiertamente de un «golpe en toda regla».Noticia relacionada general No No El PSOE abona la tesis de la conspiración judicial: «Un golpe en toda regla» Ainhoa MartínezEl salto cualitativo se produjo este jueves. El Gobierno ha pasado de defender estas tesis en la interna del partido, para calmar los ánimos de los suyos y tratar de mantener prietas las filas de la militancia, a hacerlo públicamente con el consiguiente riesgo que esto supone la salud democrática. Si la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, llamaba el martes desde la mesa del Consejo de Ministros a no pronunciarse sobre procesos abiertos, el titular de Transportes, Óscar Puente, no dudó en dar voz a las más bajas pasiones desde los pasillos del Congreso. El ministro denunció que se están utilizando métodos «no democráticos» para «derribar» al Gobierno, por la acumulación de causas que cercan al Ejecutivo. Las últimas, las relativas a Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión «en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en información privilegiada o acciones para derribar un Gobierno».Para hacer tal aseveración, Puente aseguró que un medio de comunicación publicó, «pese a que la causa era secreta», que se iba a producir la entrada de la UCO en la sede del PSOE antes de que se produjera. «Y sabemos que esa noticia estaba redactada más de 12 horas antes de la intervención», señaló. «Esta publicación fue utilizada por el PP en la sesión de control al Gobierno», siguió relatando, lo que —a su juicio— «habla de cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno no en las urnas, sino con otras mañas y otras herramientas». El ministro también se dedicó a dictar sentencia sobre los casos que investigan a la mujer y el hermano de Sánchez que, en su opinión, «no se sostienen» y restó gravedad a la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero. «Estoy un poco atónito, porque Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes del mundo, incluidos los españoles», dijo, calificándole de «ciudadano particular» y recordando que no está sometido a las obligaciones de un cargo público desde que dejó el Gobierno en 2011.El Gobierno vuelve a asumir el discurso del ‘lawfare’ que había desechado para combatir la investigación contra ZapateroEn el Gobierno tratan de recalcular la estrategia, tras un nuevo golpe, pero lo hacen abonándose a las tesis del ‘lawfare’ que habían desechado apenas hace unos días cuando trascendió el sumario sobre el expresidente Zapatero. Lo cual deja en evidencia lo errático de la hoja de ruta. Este caso, sin embargo, es más sensible, porque ubica el nodo de la corrupción en el mismo centro del poder socialista, en la sede de Ferraz, durante la etapa de Sánchez al frente de la Secretaría General y por los desmanes de quien fuera su hombre de confianza en el partido, Santos Cerdán, tras la salida de Ábalos. En Moncloa, no obstante, respiraron tranquilos cuando supieron que la causa no afectaba a la financiación del PSOE, cuya causa también está abierta en la Audiencia Nacional y recientemente se prorrogó el secreto de las actuaciones. El Gobierno y el PSOE asisten noqueados a la cascada de causas judiciales que les sepultan en la recta final de la legislatura. La falta de viabilidad aritmética —con varios socios que piden abiertamente un adelanto electoral— y el debate político instalado en los tribunales les arrojan a un laberinto sin salida para el que desde Moncloa han decidido utilizar un peligroso atajo: la impugnación del sistema. En el Ejecutivo han optado por abonarse a las teorías de la conspiración para huir de los escándalos de corrupción que les acechan. Desde la mujer y el hermano del presidente, que se sienta en el banquillo desde este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz; pasando por el caso mascarillas, pendiente de sentencia al exministro José Luis Ábalos; hasta la causa por financiación irregular del PSOE.Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, esta semana ha sido otro auto el que ha hecho tambalear los cimientos del partido, la irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz en busca de documentación que acredite pagos para financiar una cloaca creada para desmontar y obstaculizar los procesamientos judiciales que cercaban al presidente del Gobierno. Vuelve Leire Díez. Una trama, según el juez Santiago Pedraz, dirigida por el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, que utilizó la estructura del PSOE y arrancó durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer. El miércoles, después del impacto de ver a la Guardia Civil durante más de 16 horas requiriendo información en la sede federal del partido, la reacción súbita fue salir a la defensiva. Lo hicieron alentando la tesis de la persecución judicial , para tratar de contrarrestar la gravedad de los hechos investigados. Una trama contra altas instituciones del Estado, financiada desde el partido para perseguir a jueces, fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tal como informó ABC, en el partido ya se reconocían «conspiranoicos con tanta sincronización» en las investigaciones. Desde el Consejo de Ministros trataban de contenerse y se limitaban a señalar que se estaban produciendo demasiadas «coincidencias». En privado, no obstante, sí había cargos que hablaban abiertamente de un «golpe en toda regla».Noticia relacionada general No No El PSOE abona la tesis de la conspiración judicial: «Un golpe en toda regla» Ainhoa MartínezEl salto cualitativo se produjo este jueves. El Gobierno ha pasado de defender estas tesis en la interna del partido, para calmar los ánimos de los suyos y tratar de mantener prietas las filas de la militancia, a hacerlo públicamente con el consiguiente riesgo que esto supone la salud democrática. Si la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, llamaba el martes desde la mesa del Consejo de Ministros a no pronunciarse sobre procesos abiertos, el titular de Transportes, Óscar Puente, no dudó en dar voz a las más bajas pasiones desde los pasillos del Congreso. El ministro denunció que se están utilizando métodos «no democráticos» para «derribar» al Gobierno, por la acumulación de causas que cercan al Ejecutivo. Las últimas, las relativas a Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión «en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en información privilegiada o acciones para derribar un Gobierno».Para hacer tal aseveración, Puente aseguró que un medio de comunicación publicó, «pese a que la causa era secreta», que se iba a producir la entrada de la UCO en la sede del PSOE antes de que se produjera. «Y sabemos que esa noticia estaba redactada más de 12 horas antes de la intervención», señaló. «Esta publicación fue utilizada por el PP en la sesión de control al Gobierno», siguió relatando, lo que —a su juicio— «habla de cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno no en las urnas, sino con otras mañas y otras herramientas». El ministro también se dedicó a dictar sentencia sobre los casos que investigan a la mujer y el hermano de Sánchez que, en su opinión, «no se sostienen» y restó gravedad a la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero. «Estoy un poco atónito, porque Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes del mundo, incluidos los españoles», dijo, calificándole de «ciudadano particular» y recordando que no está sometido a las obligaciones de un cargo público desde que dejó el Gobierno en 2011.El Gobierno vuelve a asumir el discurso del ‘lawfare’ que había desechado para combatir la investigación contra ZapateroEn el Gobierno tratan de recalcular la estrategia, tras un nuevo golpe, pero lo hacen abonándose a las tesis del ‘lawfare’ que habían desechado apenas hace unos días cuando trascendió el sumario sobre el expresidente Zapatero. Lo cual deja en evidencia lo errático de la hoja de ruta. Este caso, sin embargo, es más sensible, porque ubica el nodo de la corrupción en el mismo centro del poder socialista, en la sede de Ferraz, durante la etapa de Sánchez al frente de la Secretaría General y por los desmanes de quien fuera su hombre de confianza en el partido, Santos Cerdán, tras la salida de Ábalos. En Moncloa, no obstante, respiraron tranquilos cuando supieron que la causa no afectaba a la financiación del PSOE, cuya causa también está abierta en la Audiencia Nacional y recientemente se prorrogó el secreto de las actuaciones. RSS de noticias de espana
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