Ni fe ciega ni confianza institucional, sino puro y duro «voluntarismo arbitrario» político. En un auto judicial, el magistrado José Ignacio Vilaplana ha enviado al banquillo a 14 antiguos altos cargos socialistas y directivos de la Junta de Andalucía y a tres empresarios acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos en una pieza separada del caso de corrupción denominado Avales Propios de la Agencia IDEA, entidad pública salpicada también por el fraude de los ERE. Este nuevo frente estrecha el cerco sobre la gestión de los anteriores gobiernos del PSOE en Andalucía. El juez de la Sección de Instrucción Plaza número 6 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado un auto de apertura de juicio oral al que ha accedido ABC y que ha sido notificado este miércoles a las partes personadas en el proceso penal. La resolución analiza una maquinaria administrativa desbocada que presuntamente regaló 1,2 millones de euros de dinero público a la cooperativa sevillana Cofrutex sin controles, sin informes técnicos y sin que la propia empresa lo hubiera solicitado. El imputado de mayor rango es Francisco Vallejo Serrano, el que fuera consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009, quien salió de la prisión en julio de 2024 tras el borrado parcial de los delitos que hizo el Tribunal Constitucional a su condena firme por el caso ERE. La Fiscalía Anticorrupción pide para Vallejo siete años de prisión por malversación y 17 años de inhabilitación absoluta, al igual que para el resto de excargos. El acusado de mayor rango es el exconsejero Francisco Vallejo, para quien la Fiscalía reclama siete años de prisión por malversar dinero públicoPara asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas del presunto delito, el juez Vilaplana ha impuesto a cada uno de los 17 acusados una fianza individualizada de 1.688.322,20 euros en calidad de responsables penales y civiles directos. Esta suma responde al perjuicio total ocasionado a las arcas de la Junta de Andalucía, cuantificado en 1.266.241,65 euros, aplicando el incremento del tercio adicional que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.Asimismo, la cooperativa Cofrutex figura en el procedimiento como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, mientras que la entidad Zumos Vega SL —mercantil que adquirió la compañía— deberá responder por la cantidad de 131.472,45 euros en su condición de partícipe a título lucrativo de la supuesta malversación. El magistrado ha requerido la comparecencia personal de todos los encausados en la secretaría del juzgado los días 14 y 15 de julio de 2026, bajo el expreso apercibimiento legal de que su incomparecencia injustificada podrá derivar en su detención inmediata.El «arbitrario voluntarismo» de la Agencia IDEAEn una resolución de 23 páginas, el instructor del procedimiento describe un escenario de absoluta opacidad y ausencia de rigor en el consejo rector de la Agencia IDEA. Llega a la conclusión de que «en la concesión del aval objeto de autos mediaron razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo». Según detalla el texto, la adjudicación del aval público —que ascendió a 1,18 millones de euros, a los que se sumaron más de 86.000 euros en comisiones impagadas costeadas por los andaluces— se produjo «careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de esta ayuda», conculcando de forma flagrante la legalidad vigente.El escrito censura con dureza que los integrantes de la cúpula de la agencia pública concedieron la garantía millonaria «sin valoración alguna sobre el riesgo de concesión del aval, sobre la solvencia y viabilidad futura de la operación crediticia y de la propia empresa». Esta omisión flagrante de los deberes más básicos de control se ejecutó, según apunta el instructor, «muy probablemente, porque la misma no era viable». La cooperativa arrastraba una pesada deuda que terminó en quiebra y el balón de oxígeno institucional llegó al extremo injustificable de favorecer a una entidad que «ni tan siquiera había formalizado una solicitud de ayuda».El juez rebate con contundencia la estrategia de las defensas, que alegaron ausencia de dolo escudándose en una supuesta fe ciega en la dirección general de la agencia. Argumenta que, si el aval lo hubiesen garantizado los acusados con su propio patrimonio personal, «habrían sustituido su ‘confianza’ en el director general de dicha Agencia por la obtención de informes técnicos que permitieran respaldar la realidad y seriedad de la operación».Acusado el antiguo jefe del Gabinete Jurídico de la JuntaEl imputado de mayor relevancia en esta pieza es Francisco Vallejo Serrano, quien fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Fue condenado a siete años de prisión en 2019 por el procedimiento específico de los ERE , una pena que posteriormente fue parcialmente anulada por un Tribunal Constitucional controlado por magistrados nombrados a propuesta del PSOE, lo que le permitió salir de la cárcel sin cumplir su condena firme.Junto a él, le acompañarán en el banquillo como presuntos coautores de los citados delitos Jesús María Rodríguez Román (exviceconsejero de Innovación); Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos (ambos exdirectores generales de la Agencia IDEA); los siguientes exvocales del consejo rector de IDEA: Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo Galve, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero Ruiz, así como los antiguos directivos de la entidad pública Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio y José Antonio Ávila Quintana, que fue jefe de los servicios jurídicos de IDEA. Destaca la acusación contra Francisco del Río Muñoz , el que fuera fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante tres décadas (1982-2012) y amigo personal del expresidente andaluz, Manuel Chaves.En el ámbito empresarial, el proceso se dirige contra tres cooperadores necesarios de la supuesta trama: el presidente de Cofrutex, A.J.I.V., el gerente de la sociedad, L.A.V.F., y el asesor financiero de la cooperativa, M.J.Q.M.El letrado de la Junta exculpó a once ex altos cargosLa Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía (siete años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta para cada uno), argumentando que bajo los gobiernos del PSOE se contribuyó al « extravío definitivo de fondos públicos ». El Ministerio Público sostiene que el delito consistió en conceder una ayuda «arbitraria e injusta», «sin cumplir trámite alguno», carente de bases reguladoras o publicidad y sin velar por «el interés general», privando de estos fondos a empresas que cumplían la legalidad.Al margen del Ministerio Público, en la causa ejercen la acusación la propia Agencia IDEA, el PP andaluz —en calidad de acusación popular— y la Junta de Andalucía. No obstante, el papel de la representación legal de la propia administración autonómica ha estado envuelto en la polémica: el letrado de la Junta de Andalucía exculpó en su escrito de calificación a once de los 14 ex altos cargos socialistas en contra del criterio del actual Gobierno andaluz del PP, limitando su petición de cargos penales a solo seis de los encausados. Ni fe ciega ni confianza institucional, sino puro y duro «voluntarismo arbitrario» político. En un auto judicial, el magistrado José Ignacio Vilaplana ha enviado al banquillo a 14 antiguos altos cargos socialistas y directivos de la Junta de Andalucía y a tres empresarios acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos en una pieza separada del caso de corrupción denominado Avales Propios de la Agencia IDEA, entidad pública salpicada también por el fraude de los ERE. Este nuevo frente estrecha el cerco sobre la gestión de los anteriores gobiernos del PSOE en Andalucía. El juez de la Sección de Instrucción Plaza número 6 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado un auto de apertura de juicio oral al que ha accedido ABC y que ha sido notificado este miércoles a las partes personadas en el proceso penal. La resolución analiza una maquinaria administrativa desbocada que presuntamente regaló 1,2 millones de euros de dinero público a la cooperativa sevillana Cofrutex sin controles, sin informes técnicos y sin que la propia empresa lo hubiera solicitado. El imputado de mayor rango es Francisco Vallejo Serrano, el que fuera consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009, quien salió de la prisión en julio de 2024 tras el borrado parcial de los delitos que hizo el Tribunal Constitucional a su condena firme por el caso ERE. La Fiscalía Anticorrupción pide para Vallejo siete años de prisión por malversación y 17 años de inhabilitación absoluta, al igual que para el resto de excargos. El acusado de mayor rango es el exconsejero Francisco Vallejo, para quien la Fiscalía reclama siete años de prisión por malversar dinero públicoPara asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas del presunto delito, el juez Vilaplana ha impuesto a cada uno de los 17 acusados una fianza individualizada de 1.688.322,20 euros en calidad de responsables penales y civiles directos. Esta suma responde al perjuicio total ocasionado a las arcas de la Junta de Andalucía, cuantificado en 1.266.241,65 euros, aplicando el incremento del tercio adicional que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.Asimismo, la cooperativa Cofrutex figura en el procedimiento como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, mientras que la entidad Zumos Vega SL —mercantil que adquirió la compañía— deberá responder por la cantidad de 131.472,45 euros en su condición de partícipe a título lucrativo de la supuesta malversación. El magistrado ha requerido la comparecencia personal de todos los encausados en la secretaría del juzgado los días 14 y 15 de julio de 2026, bajo el expreso apercibimiento legal de que su incomparecencia injustificada podrá derivar en su detención inmediata.El «arbitrario voluntarismo» de la Agencia IDEAEn una resolución de 23 páginas, el instructor del procedimiento describe un escenario de absoluta opacidad y ausencia de rigor en el consejo rector de la Agencia IDEA. Llega a la conclusión de que «en la concesión del aval objeto de autos mediaron razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo». Según detalla el texto, la adjudicación del aval público —que ascendió a 1,18 millones de euros, a los que se sumaron más de 86.000 euros en comisiones impagadas costeadas por los andaluces— se produjo «careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de esta ayuda», conculcando de forma flagrante la legalidad vigente.El escrito censura con dureza que los integrantes de la cúpula de la agencia pública concedieron la garantía millonaria «sin valoración alguna sobre el riesgo de concesión del aval, sobre la solvencia y viabilidad futura de la operación crediticia y de la propia empresa». Esta omisión flagrante de los deberes más básicos de control se ejecutó, según apunta el instructor, «muy probablemente, porque la misma no era viable». La cooperativa arrastraba una pesada deuda que terminó en quiebra y el balón de oxígeno institucional llegó al extremo injustificable de favorecer a una entidad que «ni tan siquiera había formalizado una solicitud de ayuda».El juez rebate con contundencia la estrategia de las defensas, que alegaron ausencia de dolo escudándose en una supuesta fe ciega en la dirección general de la agencia. Argumenta que, si el aval lo hubiesen garantizado los acusados con su propio patrimonio personal, «habrían sustituido su ‘confianza’ en el director general de dicha Agencia por la obtención de informes técnicos que permitieran respaldar la realidad y seriedad de la operación».Acusado el antiguo jefe del Gabinete Jurídico de la JuntaEl imputado de mayor relevancia en esta pieza es Francisco Vallejo Serrano, quien fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Fue condenado a siete años de prisión en 2019 por el procedimiento específico de los ERE , una pena que posteriormente fue parcialmente anulada por un Tribunal Constitucional controlado por magistrados nombrados a propuesta del PSOE, lo que le permitió salir de la cárcel sin cumplir su condena firme.Junto a él, le acompañarán en el banquillo como presuntos coautores de los citados delitos Jesús María Rodríguez Román (exviceconsejero de Innovación); Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos (ambos exdirectores generales de la Agencia IDEA); los siguientes exvocales del consejo rector de IDEA: Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo Galve, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero Ruiz, así como los antiguos directivos de la entidad pública Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio y José Antonio Ávila Quintana, que fue jefe de los servicios jurídicos de IDEA. Destaca la acusación contra Francisco del Río Muñoz , el que fuera fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante tres décadas (1982-2012) y amigo personal del expresidente andaluz, Manuel Chaves.En el ámbito empresarial, el proceso se dirige contra tres cooperadores necesarios de la supuesta trama: el presidente de Cofrutex, A.J.I.V., el gerente de la sociedad, L.A.V.F., y el asesor financiero de la cooperativa, M.J.Q.M.El letrado de la Junta exculpó a once ex altos cargosLa Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía (siete años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta para cada uno), argumentando que bajo los gobiernos del PSOE se contribuyó al « extravío definitivo de fondos públicos ». El Ministerio Público sostiene que el delito consistió en conceder una ayuda «arbitraria e injusta», «sin cumplir trámite alguno», carente de bases reguladoras o publicidad y sin velar por «el interés general», privando de estos fondos a empresas que cumplían la legalidad.Al margen del Ministerio Público, en la causa ejercen la acusación la propia Agencia IDEA, el PP andaluz —en calidad de acusación popular— y la Junta de Andalucía. No obstante, el papel de la representación legal de la propia administración autonómica ha estado envuelto en la polémica: el letrado de la Junta de Andalucía exculpó en su escrito de calificación a once de los 14 ex altos cargos socialistas en contra del criterio del actual Gobierno andaluz del PP, limitando su petición de cargos penales a solo seis de los encausados. Ni fe ciega ni confianza institucional, sino puro y duro «voluntarismo arbitrario» político. En un auto judicial, el magistrado José Ignacio Vilaplana ha enviado al banquillo a 14 antiguos altos cargos socialistas y directivos de la Junta de Andalucía y a tres empresarios acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos en una pieza separada del caso de corrupción denominado Avales Propios de la Agencia IDEA, entidad pública salpicada también por el fraude de los ERE. Este nuevo frente estrecha el cerco sobre la gestión de los anteriores gobiernos del PSOE en Andalucía. El juez de la Sección de Instrucción Plaza número 6 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado un auto de apertura de juicio oral al que ha accedido ABC y que ha sido notificado este miércoles a las partes personadas en el proceso penal. La resolución analiza una maquinaria administrativa desbocada que presuntamente regaló 1,2 millones de euros de dinero público a la cooperativa sevillana Cofrutex sin controles, sin informes técnicos y sin que la propia empresa lo hubiera solicitado. El imputado de mayor rango es Francisco Vallejo Serrano, el que fuera consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009, quien salió de la prisión en julio de 2024 tras el borrado parcial de los delitos que hizo el Tribunal Constitucional a su condena firme por el caso ERE. La Fiscalía Anticorrupción pide para Vallejo siete años de prisión por malversación y 17 años de inhabilitación absoluta, al igual que para el resto de excargos. El acusado de mayor rango es el exconsejero Francisco Vallejo, para quien la Fiscalía reclama siete años de prisión por malversar dinero públicoPara asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas del presunto delito, el juez Vilaplana ha impuesto a cada uno de los 17 acusados una fianza individualizada de 1.688.322,20 euros en calidad de responsables penales y civiles directos. Esta suma responde al perjuicio total ocasionado a las arcas de la Junta de Andalucía, cuantificado en 1.266.241,65 euros, aplicando el incremento del tercio adicional que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.Asimismo, la cooperativa Cofrutex figura en el procedimiento como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, mientras que la entidad Zumos Vega SL —mercantil que adquirió la compañía— deberá responder por la cantidad de 131.472,45 euros en su condición de partícipe a título lucrativo de la supuesta malversación. El magistrado ha requerido la comparecencia personal de todos los encausados en la secretaría del juzgado los días 14 y 15 de julio de 2026, bajo el expreso apercibimiento legal de que su incomparecencia injustificada podrá derivar en su detención inmediata.El «arbitrario voluntarismo» de la Agencia IDEAEn una resolución de 23 páginas, el instructor del procedimiento describe un escenario de absoluta opacidad y ausencia de rigor en el consejo rector de la Agencia IDEA. Llega a la conclusión de que «en la concesión del aval objeto de autos mediaron razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo». Según detalla el texto, la adjudicación del aval público —que ascendió a 1,18 millones de euros, a los que se sumaron más de 86.000 euros en comisiones impagadas costeadas por los andaluces— se produjo «careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de esta ayuda», conculcando de forma flagrante la legalidad vigente.El escrito censura con dureza que los integrantes de la cúpula de la agencia pública concedieron la garantía millonaria «sin valoración alguna sobre el riesgo de concesión del aval, sobre la solvencia y viabilidad futura de la operación crediticia y de la propia empresa». Esta omisión flagrante de los deberes más básicos de control se ejecutó, según apunta el instructor, «muy probablemente, porque la misma no era viable». La cooperativa arrastraba una pesada deuda que terminó en quiebra y el balón de oxígeno institucional llegó al extremo injustificable de favorecer a una entidad que «ni tan siquiera había formalizado una solicitud de ayuda».El juez rebate con contundencia la estrategia de las defensas, que alegaron ausencia de dolo escudándose en una supuesta fe ciega en la dirección general de la agencia. Argumenta que, si el aval lo hubiesen garantizado los acusados con su propio patrimonio personal, «habrían sustituido su ‘confianza’ en el director general de dicha Agencia por la obtención de informes técnicos que permitieran respaldar la realidad y seriedad de la operación».Acusado el antiguo jefe del Gabinete Jurídico de la JuntaEl imputado de mayor relevancia en esta pieza es Francisco Vallejo Serrano, quien fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Fue condenado a siete años de prisión en 2019 por el procedimiento específico de los ERE , una pena que posteriormente fue parcialmente anulada por un Tribunal Constitucional controlado por magistrados nombrados a propuesta del PSOE, lo que le permitió salir de la cárcel sin cumplir su condena firme.Junto a él, le acompañarán en el banquillo como presuntos coautores de los citados delitos Jesús María Rodríguez Román (exviceconsejero de Innovación); Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos (ambos exdirectores generales de la Agencia IDEA); los siguientes exvocales del consejo rector de IDEA: Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo Galve, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero Ruiz, así como los antiguos directivos de la entidad pública Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio y José Antonio Ávila Quintana, que fue jefe de los servicios jurídicos de IDEA. Destaca la acusación contra Francisco del Río Muñoz , el que fuera fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante tres décadas (1982-2012) y amigo personal del expresidente andaluz, Manuel Chaves.En el ámbito empresarial, el proceso se dirige contra tres cooperadores necesarios de la supuesta trama: el presidente de Cofrutex, A.J.I.V., el gerente de la sociedad, L.A.V.F., y el asesor financiero de la cooperativa, M.J.Q.M.El letrado de la Junta exculpó a once ex altos cargosLa Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 98 años de prisión para los 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía (siete años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta para cada uno), argumentando que bajo los gobiernos del PSOE se contribuyó al « extravío definitivo de fondos públicos ». El Ministerio Público sostiene que el delito consistió en conceder una ayuda «arbitraria e injusta», «sin cumplir trámite alguno», carente de bases reguladoras o publicidad y sin velar por «el interés general», privando de estos fondos a empresas que cumplían la legalidad.Al margen del Ministerio Público, en la causa ejercen la acusación la propia Agencia IDEA, el PP andaluz —en calidad de acusación popular— y la Junta de Andalucía. No obstante, el papel de la representación legal de la propia administración autonómica ha estado envuelto en la polémica: el letrado de la Junta de Andalucía exculpó en su escrito de calificación a once de los 14 ex altos cargos socialistas en contra del criterio del actual Gobierno andaluz del PP, limitando su petición de cargos penales a solo seis de los encausados. RSS de noticias de espana/andalucia
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