«Nosotros tenemos a 200 (presos) dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos. Porque eso (sacar a los presos) lo tenemos aquí, como dirían los horteras, en el frontispicio. Y decimos, hostia, es el momento […]. Tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA. Con todo lo que eso quiere decir. Es la madre de todas las batallas. No descartamos que pueda ocurrir. Si es posible necesitamos seis años, y tal vez en esos seis años lo logremos». Son declaraciones textuales de Arnaldo Otegi el 20 de octubre de 2021, mientras EH Bildu negociaba el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 del Gobierno de coalición entonces integrado por el PSOE y Podemos. Cinco años después, solo 29 terroristas de ETA integrados a mediados de septiembre en las listas oficiales del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, afín a la línea marcada por EH Bildu ) continúan cumpliendo condena en régimen cerrado estricto, sin disfrutar de terceros grados, regímenes de control domiciliario ni salidas autorizadas a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.Aunque plataformas del entorno aberzale como Sare elevan el número de reclusos que continúan «sin pisar la calle», la labor de documentación realizada ofrece una rebaja de esta cifra por bajo de la treintena. El punto de inflexión que explica el vaciamiento tiene una fecha clave: el 1 de octubre de 2021, cuando se materializó el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco, una cesión ejecutada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de sus acuerdos de investidura con el PNV y EH Bildu. Más tarde, el 24 de marzo de 2023, el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska culminó el acercamiento de todos los reclusos etarras desde centros penitenciarios de toda España hacia las prisiones vascas y de Navarra, poniendo fin a más de tres décadas de política de dispersión. Con los presos ya reagrupados en las cárceles de Álava (Zaballa), Vizcaya (Basauri) y Guipúzcoa (primero en Martutene y actualmente en el nuevo centro de Zubieta), el Departamento de Justicia autonómico asumió la gestión de los centros penitenciarios vascos y el número de internos sujetos al régimen ordinario se ha reducido considerablemente. Si hace casi dos años Sare situaba en 140 el número de presos pendientes de ex carcelación o progresión de grado, en su última actualización la cifra había descendido a 29 nombres.La vía del artículo 100.2Hoy, la inmensa mayoría de los presos de ETA disfruta de algún tipo de régimen de vida fuera de su celda. Un tercio de ellos ni siquiera pernocta en prisión y cumple sus penas desde casa o bajo control telemático, alegando motivos de salud, edad o arraigo. En este grupo figuran condenados por crímenes de enorme impacto social, como Kepa Arronategi, implicado en el intento de asesinato de Don Juan Carlos en la inauguración del Guggenheim, que ingresó en 2020 en un psiquiátrico de Guipúzcoa; o Luis Mariñelarena y Diego Ugarte, autores del atentado que costó la vida al histórico del socialismo vasco Fernando Buesa y a su escolta, Jorge Díez Elorza. Entre los 63 reclusos restantes contabilizados por Etxerat que sí permanecen adscritos a un centro penitenciario del País Vasco, más de una decena cuentan ya con el tercer grado (régimen de semilibertad). Además, alrededor de una veintena tiene autorizado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este mecanismo, concebido como una medida excepcional para «flexibilizar» el cumplimiento de la condena del reo, permite que un interno en segundo grado (régimen cerrado) disfrute de condiciones propias del tercer grado, saliendo de prisión a diario o durante los fines de semana para trabajar, estudiar o realizar labores de voluntariado.La aplicación del 100.2 permite a antiguos líderes del aparato militar hacer vida en semilibertad mediante un «tercer grado encubierto»Para las asociaciones de víctimas, esta aplicación administrativa desvirtúa el cumplimiento de las penas. Tras conocerse este mes de octubre la concesión de esta medida a Besance Zugasti -condenado por el asesinato en 2001 del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia tras la colocación de una bomba en su vehículo-, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que «se utiliza el 100.2 como un tercer grado encubierto para seguir vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real y público», calificando la medida como «una política penitenciaria al servicio de la izquierda aberzale que se presenta como reinserción mientras se desprecia el derecho de las víctimas a la justicia».Antiguos jefes en semilibertadLa aplicación de terceros grados y del artículo 100.2 también ha permitido que antiguos dirigentes de ETA y autores de decenas de asesinatos salgan en la actualidad de prisión de forma cotidiana. Es el caso de Henri Parot, condenado por 39 asesinatos al frente del comando Argala y el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza; Jon Bienzobas, asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente; o Gadafi, condenado por 15 asesinatos -todos ellos en tercer grado-, entre ellos al niño de dos años Fabio Moreno en noviembre de 1991 con una bomba.Asimismo, disfrutan de la flexibilidad que otorga el artículo 100.2 exjefes del aparato militar y responsables de los comandos más sanguinarios de la organización. Entre ellos destaca Txeroki, el dirigente que dinamitó la tregua de 2006 ordenando el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas y responsable del asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton. También goza de este beneficio Anboto, líder del comando Madrid, condenada por ordenar, entre otros crímenes, el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo mediante una bomba lapa.En 2021, Sánchez cedió las competencias penitenciarias al gobierno vasco por sus acuerdos de investidura con el PNV y BilduJunto a ellos, el Gobierno vasco ha concedido esta vía a Kantauri, el cabecilla que dio las órdenes para secuestrar y ejecutar a Miguel Ángel Blanco; y a Olarra Guridi y su pareja, Ainhoa Mujika, que lideraron la cúpula militar de la banda a principios de los dos mil y responsables de los asesinatos del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero y del médico Antonio Muñoz Cariñanos. En situación de semilibertad también se encuentra Gorka Palacios, otro de los jefes militares de ETA condenado por el coche bomba que arrebató la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid en el año 2000.29 etarras sin pisar la calleFrente a ellos, el grupo de los 29 etarras que aún permanecen en régimen cerrado estricto y sin permisos de salida está integrado por 23 presos con delitos de sangre y seis condenados por atentados u otras actividades criminales. En este bloque continúan Francisco Javier García Gaztelu ‘Txapote’ y su pareja Irantzu Gallastegui ‘Amaia’, sentenciados a más de 500 y 132 años de prisión, respectivamente, por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y los crímenes de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Fernando Múgica y José Luis López de Lacalle. Siguen «sin pisar la calle», algo que denuncia y pide cambiar Sare, Íñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria, que acumulan penas superiores a los 4.300 años cada uno por la colocación de un furgoneta bomba contra la casa cuartel de Burgos en 2009 y los asesinatos del inspector de Policía Eduardo Puelles el mismo año y el del brigada del Ejército Luis Conde en 2008. Tampoco Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados a más de mil años por el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006 en el que murieron los dos ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palates. Junto a ellos restan integrantes del ‘comando Barcelona’ como Fernando García Jodrá e Iñaki Krutxaga; Beñat Aginagalde, asesino del exconcejal socialista Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría; o el exdirigente del ‘comando Vizcaya’ Arkaitz Goikoetxea, condenado por el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutio (Álava). «Nosotros tenemos a 200 (presos) dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos. Porque eso (sacar a los presos) lo tenemos aquí, como dirían los horteras, en el frontispicio. Y decimos, hostia, es el momento . Tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA. Con todo lo que eso quiere decir. Es la madre de todas las batallas. No descartamos que pueda ocurrir. Si es posible necesitamos seis años, y tal vez en esos seis años lo logremos». Son declaraciones textuales de Arnaldo Otegi el 20 de octubre de 2021, mientras EH Bildu negociaba el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 del Gobierno de coalición entonces integrado por el PSOE y Podemos. Cinco años después, solo 29 terroristas de ETA integrados a mediados de septiembre en las listas oficiales del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, afín a la línea marcada por EH Bildu ) continúan cumpliendo condena en régimen cerrado estricto, sin disfrutar de terceros grados, regímenes de control domiciliario ni salidas autorizadas a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.Aunque plataformas del entorno aberzale como Sare elevan el número de reclusos que continúan «sin pisar la calle», la labor de documentación realizada ofrece una rebaja de esta cifra por bajo de la treintena. El punto de inflexión que explica el vaciamiento tiene una fecha clave: el 1 de octubre de 2021, cuando se materializó el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco, una cesión ejecutada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de sus acuerdos de investidura con el PNV y EH Bildu. Más tarde, el 24 de marzo de 2023, el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska culminó el acercamiento de todos los reclusos etarras desde centros penitenciarios de toda España hacia las prisiones vascas y de Navarra, poniendo fin a más de tres décadas de política de dispersión. Con los presos ya reagrupados en las cárceles de Álava (Zaballa), Vizcaya (Basauri) y Guipúzcoa (primero en Martutene y actualmente en el nuevo centro de Zubieta), el Departamento de Justicia autonómico asumió la gestión de los centros penitenciarios vascos y el número de internos sujetos al régimen ordinario se ha reducido considerablemente. Si hace casi dos años Sare situaba en 140 el número de presos pendientes de ex carcelación o progresión de grado, en su última actualización la cifra había descendido a 29 nombres.La vía del artículo 100.2Hoy, la inmensa mayoría de los presos de ETA disfruta de algún tipo de régimen de vida fuera de su celda. Un tercio de ellos ni siquiera pernocta en prisión y cumple sus penas desde casa o bajo control telemático, alegando motivos de salud, edad o arraigo. En este grupo figuran condenados por crímenes de enorme impacto social, como Kepa Arronategi, implicado en el intento de asesinato de Don Juan Carlos en la inauguración del Guggenheim, que ingresó en 2020 en un psiquiátrico de Guipúzcoa; o Luis Mariñelarena y Diego Ugarte, autores del atentado que costó la vida al histórico del socialismo vasco Fernando Buesa y a su escolta, Jorge Díez Elorza. Entre los 63 reclusos restantes contabilizados por Etxerat que sí permanecen adscritos a un centro penitenciario del País Vasco, más de una decena cuentan ya con el tercer grado (régimen de semilibertad). Además, alrededor de una veintena tiene autorizado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este mecanismo, concebido como una medida excepcional para «flexibilizar» el cumplimiento de la condena del reo, permite que un interno en segundo grado (régimen cerrado) disfrute de condiciones propias del tercer grado, saliendo de prisión a diario o durante los fines de semana para trabajar, estudiar o realizar labores de voluntariado.La aplicación del 100.2 permite a antiguos líderes del aparato militar hacer vida en semilibertad mediante un «tercer grado encubierto»Para las asociaciones de víctimas, esta aplicación administrativa desvirtúa el cumplimiento de las penas. Tras conocerse este mes de octubre la concesión de esta medida a Besance Zugasti -condenado por el asesinato en 2001 del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia tras la colocación de una bomba en su vehículo-, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que «se utiliza el 100.2 como un tercer grado encubierto para seguir vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real y público», calificando la medida como «una política penitenciaria al servicio de la izquierda aberzale que se presenta como reinserción mientras se desprecia el derecho de las víctimas a la justicia».Antiguos jefes en semilibertadLa aplicación de terceros grados y del artículo 100.2 también ha permitido que antiguos dirigentes de ETA y autores de decenas de asesinatos salgan en la actualidad de prisión de forma cotidiana. Es el caso de Henri Parot, condenado por 39 asesinatos al frente del comando Argala y el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza; Jon Bienzobas, asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente; o Gadafi, condenado por 15 asesinatos -todos ellos en tercer grado-, entre ellos al niño de dos años Fabio Moreno en noviembre de 1991 con una bomba.Asimismo, disfrutan de la flexibilidad que otorga el artículo 100.2 exjefes del aparato militar y responsables de los comandos más sanguinarios de la organización. Entre ellos destaca Txeroki, el dirigente que dinamitó la tregua de 2006 ordenando el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas y responsable del asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton. También goza de este beneficio Anboto, líder del comando Madrid, condenada por ordenar, entre otros crímenes, el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo mediante una bomba lapa.En 2021, Sánchez cedió las competencias penitenciarias al gobierno vasco por sus acuerdos de investidura con el PNV y BilduJunto a ellos, el Gobierno vasco ha concedido esta vía a Kantauri, el cabecilla que dio las órdenes para secuestrar y ejecutar a Miguel Ángel Blanco; y a Olarra Guridi y su pareja, Ainhoa Mujika, que lideraron la cúpula militar de la banda a principios de los dos mil y responsables de los asesinatos del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero y del médico Antonio Muñoz Cariñanos. En situación de semilibertad también se encuentra Gorka Palacios, otro de los jefes militares de ETA condenado por el coche bomba que arrebató la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid en el año 2000.29 etarras sin pisar la calleFrente a ellos, el grupo de los 29 etarras que aún permanecen en régimen cerrado estricto y sin permisos de salida está integrado por 23 presos con delitos de sangre y seis condenados por atentados u otras actividades criminales. En este bloque continúan Francisco Javier García Gaztelu ‘Txapote’ y su pareja Irantzu Gallastegui ‘Amaia’, sentenciados a más de 500 y 132 años de prisión, respectivamente, por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y los crímenes de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Fernando Múgica y José Luis López de Lacalle. Siguen «sin pisar la calle», algo que denuncia y pide cambiar Sare, Íñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria, que acumulan penas superiores a los 4.300 años cada uno por la colocación de un furgoneta bomba contra la casa cuartel de Burgos en 2009 y los asesinatos del inspector de Policía Eduardo Puelles el mismo año y el del brigada del Ejército Luis Conde en 2008. Tampoco Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados a más de mil años por el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006 en el que murieron los dos ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palates. Junto a ellos restan integrantes del ‘comando Barcelona’ como Fernando García Jodrá e Iñaki Krutxaga; Beñat Aginagalde, asesino del exconcejal socialista Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría; o el exdirigente del ‘comando Vizcaya’ Arkaitz Goikoetxea, condenado por el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutio (Álava). «Nosotros tenemos a 200 (presos) dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos. Porque eso (sacar a los presos) lo tenemos aquí, como dirían los horteras, en el frontispicio. Y decimos, hostia, es el momento […]. Tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA. Con todo lo que eso quiere decir. Es la madre de todas las batallas. No descartamos que pueda ocurrir. Si es posible necesitamos seis años, y tal vez en esos seis años lo logremos». Son declaraciones textuales de Arnaldo Otegi el 20 de octubre de 2021, mientras EH Bildu negociaba el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 del Gobierno de coalición entonces integrado por el PSOE y Podemos. Cinco años después, solo 29 terroristas de ETA integrados a mediados de septiembre en las listas oficiales del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, afín a la línea marcada por EH Bildu ) continúan cumpliendo condena en régimen cerrado estricto, sin disfrutar de terceros grados, regímenes de control domiciliario ni salidas autorizadas a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.Aunque plataformas del entorno aberzale como Sare elevan el número de reclusos que continúan «sin pisar la calle», la labor de documentación realizada ofrece una rebaja de esta cifra por bajo de la treintena. El punto de inflexión que explica el vaciamiento tiene una fecha clave: el 1 de octubre de 2021, cuando se materializó el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco, una cesión ejecutada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de sus acuerdos de investidura con el PNV y EH Bildu. Más tarde, el 24 de marzo de 2023, el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska culminó el acercamiento de todos los reclusos etarras desde centros penitenciarios de toda España hacia las prisiones vascas y de Navarra, poniendo fin a más de tres décadas de política de dispersión. Con los presos ya reagrupados en las cárceles de Álava (Zaballa), Vizcaya (Basauri) y Guipúzcoa (primero en Martutene y actualmente en el nuevo centro de Zubieta), el Departamento de Justicia autonómico asumió la gestión de los centros penitenciarios vascos y el número de internos sujetos al régimen ordinario se ha reducido considerablemente. Si hace casi dos años Sare situaba en 140 el número de presos pendientes de ex carcelación o progresión de grado, en su última actualización la cifra había descendido a 29 nombres.La vía del artículo 100.2Hoy, la inmensa mayoría de los presos de ETA disfruta de algún tipo de régimen de vida fuera de su celda. Un tercio de ellos ni siquiera pernocta en prisión y cumple sus penas desde casa o bajo control telemático, alegando motivos de salud, edad o arraigo. En este grupo figuran condenados por crímenes de enorme impacto social, como Kepa Arronategi, implicado en el intento de asesinato de Don Juan Carlos en la inauguración del Guggenheim, que ingresó en 2020 en un psiquiátrico de Guipúzcoa; o Luis Mariñelarena y Diego Ugarte, autores del atentado que costó la vida al histórico del socialismo vasco Fernando Buesa y a su escolta, Jorge Díez Elorza. Entre los 63 reclusos restantes contabilizados por Etxerat que sí permanecen adscritos a un centro penitenciario del País Vasco, más de una decena cuentan ya con el tercer grado (régimen de semilibertad). Además, alrededor de una veintena tiene autorizado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este mecanismo, concebido como una medida excepcional para «flexibilizar» el cumplimiento de la condena del reo, permite que un interno en segundo grado (régimen cerrado) disfrute de condiciones propias del tercer grado, saliendo de prisión a diario o durante los fines de semana para trabajar, estudiar o realizar labores de voluntariado.La aplicación del 100.2 permite a antiguos líderes del aparato militar hacer vida en semilibertad mediante un «tercer grado encubierto»Para las asociaciones de víctimas, esta aplicación administrativa desvirtúa el cumplimiento de las penas. Tras conocerse este mes de octubre la concesión de esta medida a Besance Zugasti -condenado por el asesinato en 2001 del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia tras la colocación de una bomba en su vehículo-, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que «se utiliza el 100.2 como un tercer grado encubierto para seguir vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real y público», calificando la medida como «una política penitenciaria al servicio de la izquierda aberzale que se presenta como reinserción mientras se desprecia el derecho de las víctimas a la justicia».Antiguos jefes en semilibertadLa aplicación de terceros grados y del artículo 100.2 también ha permitido que antiguos dirigentes de ETA y autores de decenas de asesinatos salgan en la actualidad de prisión de forma cotidiana. Es el caso de Henri Parot, condenado por 39 asesinatos al frente del comando Argala y el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza; Jon Bienzobas, asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente; o Gadafi, condenado por 15 asesinatos -todos ellos en tercer grado-, entre ellos al niño de dos años Fabio Moreno en noviembre de 1991 con una bomba.Asimismo, disfrutan de la flexibilidad que otorga el artículo 100.2 exjefes del aparato militar y responsables de los comandos más sanguinarios de la organización. Entre ellos destaca Txeroki, el dirigente que dinamitó la tregua de 2006 ordenando el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas y responsable del asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton. También goza de este beneficio Anboto, líder del comando Madrid, condenada por ordenar, entre otros crímenes, el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo mediante una bomba lapa.En 2021, Sánchez cedió las competencias penitenciarias al gobierno vasco por sus acuerdos de investidura con el PNV y BilduJunto a ellos, el Gobierno vasco ha concedido esta vía a Kantauri, el cabecilla que dio las órdenes para secuestrar y ejecutar a Miguel Ángel Blanco; y a Olarra Guridi y su pareja, Ainhoa Mujika, que lideraron la cúpula militar de la banda a principios de los dos mil y responsables de los asesinatos del fiscal jefe de Andalucía Luis Portero y del médico Antonio Muñoz Cariñanos. En situación de semilibertad también se encuentra Gorka Palacios, otro de los jefes militares de ETA condenado por el coche bomba que arrebató la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid en el año 2000.29 etarras sin pisar la calleFrente a ellos, el grupo de los 29 etarras que aún permanecen en régimen cerrado estricto y sin permisos de salida está integrado por 23 presos con delitos de sangre y seis condenados por atentados u otras actividades criminales. En este bloque continúan Francisco Javier García Gaztelu ‘Txapote’ y su pareja Irantzu Gallastegui ‘Amaia’, sentenciados a más de 500 y 132 años de prisión, respectivamente, por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y los crímenes de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Fernando Múgica y José Luis López de Lacalle. Siguen «sin pisar la calle», algo que denuncia y pide cambiar Sare, Íñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria, que acumulan penas superiores a los 4.300 años cada uno por la colocación de un furgoneta bomba contra la casa cuartel de Burgos en 2009 y los asesinatos del inspector de Policía Eduardo Puelles el mismo año y el del brigada del Ejército Luis Conde en 2008. Tampoco Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados a más de mil años por el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006 en el que murieron los dos ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palates. Junto a ellos restan integrantes del ‘comando Barcelona’ como Fernando García Jodrá e Iñaki Krutxaga; Beñat Aginagalde, asesino del exconcejal socialista Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría; o el exdirigente del ‘comando Vizcaya’ Arkaitz Goikoetxea, condenado por el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutio (Álava). RSS de noticias de espana
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