«Los recursos de la Junta , que son de todos, deben ir primero a las necesidades de nuestra tierra ». Es una de las afirmaciones reiteradas este lunes por el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, para defender en las Cortes las cuentas de su departamento para 2027, con la «eficacia», «responsabilidad» y «cercanía» como principios «básicos», y con la «prioridad nacional» como eje vertebrador.«Porque detrás de las cifras, hay prioridades, hay decisiones y, sobre todo, hay un modelo de Comunidad que queremos impulsar durante esta legislatura», sostenía el dirigente de Vox, quien incidía en que «no se trata solo de exponer cuánto vamos a gastar, sino qué queremos cambiar, qué queremos mejorar y qué Castilla y León queremos construir con estos presupuestos». Y, subrayaba, hacerlo partiendo del acuerdo de gobierno firmado por su partido y el PP como base. Así, familias, protección de los niños y adolescentes y apoyo a los jóvenes son dos de los pilares que sustentarán la acción de unas cuentas que se elevan hasta los 457,6 millones de euros p ara un departamento de nueva creación, en el que otro de los ejes de acción será la desregulación, que se traduce en «simplificación» administrativa, que incluye como novedad una ley de mercado único que reconocerá como propia la validación de procedimientos de autorización de otras comunidades.En ese respaldo a las familias -en «todas las etapas»- incluía el «reducir el coste de tener hijos», con el mantenimiento de ayudas como el Bono Nacimiento (20 millones) y el Concilia (15 millones), junto al nuevo Infantil (16 millones), que además se unificará en una ayuda con con una solicitud conjunta con el ya destinado a la conciliación, anuncia Pollán, haciendo especial hincapié en el apoyo al medio rural. «Queremos una Castilla y León que defienda una política migratoria ordenada, responsable y respetuosa con la legalidad y que combata con determinación la inmigración irregular y las mafias que trafican con seres humanos», recalcaba en línea con la ya defendido anteriormente por Pollán. Así, apuntaba que entre las acciones se encuentra la reorientación de la política de cooperación al desarrollo, que se reducirá «al mínimo», de modo que pasará de los 6,6 millones de los últimos presupuestos aprobados a 2,7, lo que permite «liberar» cuatro millones para «reforzar» las políticas dirigidas a quienes «viven, trabajan forman una familia en la Comunidad». Y la cooperación que se mantenga, advertía, «priorizará» a los países que colaboren con Castilla y León en el retorno de menores con sus familias. Habrá cambios dirigidos «a garantizar» que los programas que se financien «vayan dirigidos a personas vulnerables en situación regular en España». «Ningún euro de los castellanos y leoneses financiará a entidades que participen en la promoción o financiación de la inmigración irregular», incidíaEn se sentido, reiteraba también que «dentro de la legalidad vigente», las ayudas de su departamento incluirán como requisitos un periodo mínimo «reforzado» de arraigo y empadronamiento y «vinculando el acceso» a la trayectoria de cotización y permanencia. «La p rioridad nacional la incluiremos en las bases reguladoras de cada línea de ayuda», insistía Pollán. Criterios homogéneosTambién para la valorar la vulnerabilidad, y con la idea clara de «proteger a quienes realmente necesitan el apoyo de los poderes públicos», avanzaba un nuevo decreto sobre informes de vunerabilidad, para que el modelo «sea homogéneo», pues, sostenía, «no es razonable que situación similares puedan recibir valoraciones diferentes en función del territorio», siempre además sobre la base de que «no existe mejor instrumento de inclusión y autonomía que un empleo digno ». En este capítulo garantizaba que «toda persona que cumpla los requisitos» recibirá la prestación que corresponda de la Renta Garantizada de Ciudadanía, pese a que, reconocía, baja la cuantía, pues la implantación del Ingreso Mínimo Vital «ha modificado drásticamente» el número de perceptores. La oposición censura que Vox y PP vean la protección «como una carga» y el Grupo Mixto carga contra la creación de más burocraciaUna ley «más moderna» y «plenamente adaptada» a la realidad de las nuevas adicciones, muchas sin sustancia o el perfeccionamiento de los protocolos de intervención y convivencia en los centros de menores conflictivos , «dotando a los profesionales de herramientas claras», con una partida «por primera vez» específica de 825.000 euros para la seguridad en estos espacios son otras de las acciones que contempla el presupuesto. Unas cuentas que en materia de jóvenes incluyen también la novedad del programa JOTACyL para la «retención y retorno» de este colectivo.Argumentos que no convencieron a la oposición. Desde el PSOE, María del Carmen Iglesias censura la «desprotección» generada al concebir la protección a los más vulnerables «como una carga» y denunciaba los, a su juicio, «recortes brutales» en esta materia. Mientras, desde el Grupo Mixto, Ángel Ceña (Soria ¡Ya!) cargaba especialmente con la falta de pasos dados en la desregulación: «Sabemos lo que cuesta la consejería, pero no sabemos de qué sirve. Ha creado burocracia para justificar su propia existencia». «Los recursos de la Junta , que son de todos, deben ir primero a las necesidades de nuestra tierra ». Es una de las afirmaciones reiteradas este lunes por el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, para defender en las Cortes las cuentas de su departamento para 2027, con la «eficacia», «responsabilidad» y «cercanía» como principios «básicos», y con la «prioridad nacional» como eje vertebrador.«Porque detrás de las cifras, hay prioridades, hay decisiones y, sobre todo, hay un modelo de Comunidad que queremos impulsar durante esta legislatura», sostenía el dirigente de Vox, quien incidía en que «no se trata solo de exponer cuánto vamos a gastar, sino qué queremos cambiar, qué queremos mejorar y qué Castilla y León queremos construir con estos presupuestos». Y, subrayaba, hacerlo partiendo del acuerdo de gobierno firmado por su partido y el PP como base. Así, familias, protección de los niños y adolescentes y apoyo a los jóvenes son dos de los pilares que sustentarán la acción de unas cuentas que se elevan hasta los 457,6 millones de euros p ara un departamento de nueva creación, en el que otro de los ejes de acción será la desregulación, que se traduce en «simplificación» administrativa, que incluye como novedad una ley de mercado único que reconocerá como propia la validación de procedimientos de autorización de otras comunidades.En ese respaldo a las familias -en «todas las etapas»- incluía el «reducir el coste de tener hijos», con el mantenimiento de ayudas como el Bono Nacimiento (20 millones) y el Concilia (15 millones), junto al nuevo Infantil (16 millones), que además se unificará en una ayuda con con una solicitud conjunta con el ya destinado a la conciliación, anuncia Pollán, haciendo especial hincapié en el apoyo al medio rural. «Queremos una Castilla y León que defienda una política migratoria ordenada, responsable y respetuosa con la legalidad y que combata con determinación la inmigración irregular y las mafias que trafican con seres humanos», recalcaba en línea con la ya defendido anteriormente por Pollán. Así, apuntaba que entre las acciones se encuentra la reorientación de la política de cooperación al desarrollo, que se reducirá «al mínimo», de modo que pasará de los 6,6 millones de los últimos presupuestos aprobados a 2,7, lo que permite «liberar» cuatro millones para «reforzar» las políticas dirigidas a quienes «viven, trabajan forman una familia en la Comunidad». Y la cooperación que se mantenga, advertía, «priorizará» a los países que colaboren con Castilla y León en el retorno de menores con sus familias. Habrá cambios dirigidos «a garantizar» que los programas que se financien «vayan dirigidos a personas vulnerables en situación regular en España». «Ningún euro de los castellanos y leoneses financiará a entidades que participen en la promoción o financiación de la inmigración irregular», incidíaEn se sentido, reiteraba también que «dentro de la legalidad vigente», las ayudas de su departamento incluirán como requisitos un periodo mínimo «reforzado» de arraigo y empadronamiento y «vinculando el acceso» a la trayectoria de cotización y permanencia. «La p rioridad nacional la incluiremos en las bases reguladoras de cada línea de ayuda», insistía Pollán. Criterios homogéneosTambién para la valorar la vulnerabilidad, y con la idea clara de «proteger a quienes realmente necesitan el apoyo de los poderes públicos», avanzaba un nuevo decreto sobre informes de vunerabilidad, para que el modelo «sea homogéneo», pues, sostenía, «no es razonable que situación similares puedan recibir valoraciones diferentes en función del territorio», siempre además sobre la base de que «no existe mejor instrumento de inclusión y autonomía que un empleo digno ». En este capítulo garantizaba que «toda persona que cumpla los requisitos» recibirá la prestación que corresponda de la Renta Garantizada de Ciudadanía, pese a que, reconocía, baja la cuantía, pues la implantación del Ingreso Mínimo Vital «ha modificado drásticamente» el número de perceptores. La oposición censura que Vox y PP vean la protección «como una carga» y el Grupo Mixto carga contra la creación de más burocraciaUna ley «más moderna» y «plenamente adaptada» a la realidad de las nuevas adicciones, muchas sin sustancia o el perfeccionamiento de los protocolos de intervención y convivencia en los centros de menores conflictivos , «dotando a los profesionales de herramientas claras», con una partida «por primera vez» específica de 825.000 euros para la seguridad en estos espacios son otras de las acciones que contempla el presupuesto. Unas cuentas que en materia de jóvenes incluyen también la novedad del programa JOTACyL para la «retención y retorno» de este colectivo.Argumentos que no convencieron a la oposición. Desde el PSOE, María del Carmen Iglesias censura la «desprotección» generada al concebir la protección a los más vulnerables «como una carga» y denunciaba los, a su juicio, «recortes brutales» en esta materia. Mientras, desde el Grupo Mixto, Ángel Ceña (Soria ¡Ya!) cargaba especialmente con la falta de pasos dados en la desregulación: «Sabemos lo que cuesta la consejería, pero no sabemos de qué sirve. Ha creado burocracia para justificar su propia existencia». «Los recursos de la Junta , que son de todos, deben ir primero a las necesidades de nuestra tierra ». Es una de las afirmaciones reiteradas este lunes por el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, para defender en las Cortes las cuentas de su departamento para 2027, con la «eficacia», «responsabilidad» y «cercanía» como principios «básicos», y con la «prioridad nacional» como eje vertebrador.«Porque detrás de las cifras, hay prioridades, hay decisiones y, sobre todo, hay un modelo de Comunidad que queremos impulsar durante esta legislatura», sostenía el dirigente de Vox, quien incidía en que «no se trata solo de exponer cuánto vamos a gastar, sino qué queremos cambiar, qué queremos mejorar y qué Castilla y León queremos construir con estos presupuestos». Y, subrayaba, hacerlo partiendo del acuerdo de gobierno firmado por su partido y el PP como base. Así, familias, protección de los niños y adolescentes y apoyo a los jóvenes son dos de los pilares que sustentarán la acción de unas cuentas que se elevan hasta los 457,6 millones de euros p ara un departamento de nueva creación, en el que otro de los ejes de acción será la desregulación, que se traduce en «simplificación» administrativa, que incluye como novedad una ley de mercado único que reconocerá como propia la validación de procedimientos de autorización de otras comunidades.En ese respaldo a las familias -en «todas las etapas»- incluía el «reducir el coste de tener hijos», con el mantenimiento de ayudas como el Bono Nacimiento (20 millones) y el Concilia (15 millones), junto al nuevo Infantil (16 millones), que además se unificará en una ayuda con con una solicitud conjunta con el ya destinado a la conciliación, anuncia Pollán, haciendo especial hincapié en el apoyo al medio rural. «Queremos una Castilla y León que defienda una política migratoria ordenada, responsable y respetuosa con la legalidad y que combata con determinación la inmigración irregular y las mafias que trafican con seres humanos», recalcaba en línea con la ya defendido anteriormente por Pollán. Así, apuntaba que entre las acciones se encuentra la reorientación de la política de cooperación al desarrollo, que se reducirá «al mínimo», de modo que pasará de los 6,6 millones de los últimos presupuestos aprobados a 2,7, lo que permite «liberar» cuatro millones para «reforzar» las políticas dirigidas a quienes «viven, trabajan forman una familia en la Comunidad». Y la cooperación que se mantenga, advertía, «priorizará» a los países que colaboren con Castilla y León en el retorno de menores con sus familias. Habrá cambios dirigidos «a garantizar» que los programas que se financien «vayan dirigidos a personas vulnerables en situación regular en España». «Ningún euro de los castellanos y leoneses financiará a entidades que participen en la promoción o financiación de la inmigración irregular», incidíaEn se sentido, reiteraba también que «dentro de la legalidad vigente», las ayudas de su departamento incluirán como requisitos un periodo mínimo «reforzado» de arraigo y empadronamiento y «vinculando el acceso» a la trayectoria de cotización y permanencia. «La p rioridad nacional la incluiremos en las bases reguladoras de cada línea de ayuda», insistía Pollán. Criterios homogéneosTambién para la valorar la vulnerabilidad, y con la idea clara de «proteger a quienes realmente necesitan el apoyo de los poderes públicos», avanzaba un nuevo decreto sobre informes de vunerabilidad, para que el modelo «sea homogéneo», pues, sostenía, «no es razonable que situación similares puedan recibir valoraciones diferentes en función del territorio», siempre además sobre la base de que «no existe mejor instrumento de inclusión y autonomía que un empleo digno ». En este capítulo garantizaba que «toda persona que cumpla los requisitos» recibirá la prestación que corresponda de la Renta Garantizada de Ciudadanía, pese a que, reconocía, baja la cuantía, pues la implantación del Ingreso Mínimo Vital «ha modificado drásticamente» el número de perceptores. La oposición censura que Vox y PP vean la protección «como una carga» y el Grupo Mixto carga contra la creación de más burocraciaUna ley «más moderna» y «plenamente adaptada» a la realidad de las nuevas adicciones, muchas sin sustancia o el perfeccionamiento de los protocolos de intervención y convivencia en los centros de menores conflictivos , «dotando a los profesionales de herramientas claras», con una partida «por primera vez» específica de 825.000 euros para la seguridad en estos espacios son otras de las acciones que contempla el presupuesto. Unas cuentas que en materia de jóvenes incluyen también la novedad del programa JOTACyL para la «retención y retorno» de este colectivo.Argumentos que no convencieron a la oposición. Desde el PSOE, María del Carmen Iglesias censura la «desprotección» generada al concebir la protección a los más vulnerables «como una carga» y denunciaba los, a su juicio, «recortes brutales» en esta materia. Mientras, desde el Grupo Mixto, Ángel Ceña (Soria ¡Ya!) cargaba especialmente con la falta de pasos dados en la desregulación: «Sabemos lo que cuesta la consejería, pero no sabemos de qué sirve. Ha creado burocracia para justificar su propia existencia». RSS de noticias de espana
Noticias Similares
