La fecha no pudo estar mejor elegida, aunque nadie lo hubiese previsto. El V Congreso Nacional de Vivienda de la APCE ha arrancado este miércoles en Barcelona en plena «tormenta perfecta»: con los decretos del Gobierno recién recuperados tras su derogación parlamentaria y la vivienda instalada en el centro del debate público y de la próxima campaña electoral. «No escogimos la fecha adrede», ha bromeado Xavier Vilajoana, presidente de la asociación que agrupa a promotores y constructores en España, en la apertura de un congreso que ha arrancado con mano tendida del sector a las administracoines, pero también con una buena reprimenda.Vilajoana ha sido rotundo al denunciar la «utilización del sufrimiento de quienes no pueden acceder a una vivienda para hacer política» y ha reclamado que los partidos lleguen a las elecciones del 29 de noviembre con posiciones capaces de alumbrar una suerte de pacto de Estado en la materia, un pacto de mínimos para abordar lo que en los pasillos del congreso, y de manera general en la sociedad, ya se aborda como el «problema de la vivienda».El presidente de los promotores ha querido combatir de entrada la imagen de una patronal preocupada únicamente por sus intereses empresariales. La APCE, ha sostenido, también está interesada en que «a los ciudadanos les vaya bien». Desde esa premisa ha dirigido su reproche más severo a quienes, a su juicio, aprovechan situaciones dolorosas para obtener rédito político. «Es vergonzoso», ha insistido, antes de pedir responsabilidad y cuestionar a quienes hablan de vivienda sin haber construido ninguna. Vilajoana ha situado el problema en el desfase entre las necesidades residenciales y la capacidad de construir. «Hay que corregir las disfunciones actuales», ha argumentado, pero también mirar al futuro para evitar que dentro de dos años el sector y las familias se encuentren en el mismo punto. La aspiración de los promotores, ha recordado, es que la vivienda deje de ser un instrumento de disputa electoral y se convierta en terreno de acuerdo. Por parte de los privados, ha asegurado, no faltará disposición.La exigencia de estabilidad ha llegado acompañada de una demanda concreta: «Las administraciones no pueden bajar al vestuario y cambiar las reglas a mitad del partido», una inseguridad jurídica, propiciada por »más de cuarenta cambios legislativos en los últimos años sin una evaluación suficiente de sus resultados». «Una forma de legislar mediante prueba y error» en la que, ha ironizado, «predomina el error». El llamamiento ha alcanzado también a los ayuntamientos, por su responsabilidad en la concesión de licencias o recalificación de suelos, precisamente en una ciudad, Barcelona, que ha sido punta de lanza de las políticas regulatorias en España.Directamente interpelada, y por parte del Gobierno, Sandoval ha recogido esa apelación al trabajo conjunto. «Por separado este reto no lo superaremos», ha afirmado. La representante del Ministerio ha defendido los dos decretos aprobados de nuevo este martes como medidas necesarias para una «mayoría social», pero también apelando al contenido dirigido a los promotores. «Se ha hablado mucho de la protección de los hogares», ha señalado, «pero los textos incluyen también una parte importante destinada a estimular la oferta». Ha destacado la reducción del IVA al 4% para la vivienda protegida permanente, el tipo del 10% para determinadas actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler y las líneas de avales del ICO para la promoción. Sandoval ha descrito un país que, tras el exceso constructor anterior a 2008, frenó su producción residencial mientras seguía creciendo en economía, empleo y población, hasta llegar a la situación actual, donde cada año se crean unos 200.000 hogares pero solo se terminan unas 90.000 viviendas. De ahí, ha insistido, la necesidad de actuar simultáneamente en la protección de las personas y en la construcción.De alguna manera, la apertura del congreso ha servido para constatar la distancia que existe entre sector y unas administraciones volcadas en unas soluciones sobre las que discrepan totalmente -el caso de Barcelona y de la Generalitat es paradigmático-, pero asumiendo ambas partes que sin la colaboración entre unos y otros la incorporación al mercado de un caudal suficiente de VPO o de viviendas de alquiler, por ejemplo, no será posible. Más agilidad administrativa, disponibilidad de suelo, garantía de rentabilidad mínima, mayor participación de las entidades financieras privadas en las promociones público-privados son algunas de las soluciones puestas ya encima de la mesa en el arranque de unas jornadas en que, prácticamente, podrían ser el arranque de una campaña electoral con esta materia en el eje. La fecha no pudo estar mejor elegida, aunque nadie lo hubiese previsto. El V Congreso Nacional de Vivienda de la APCE ha arrancado este miércoles en Barcelona en plena «tormenta perfecta»: con los decretos del Gobierno recién recuperados tras su derogación parlamentaria y la vivienda instalada en el centro del debate público y de la próxima campaña electoral. «No escogimos la fecha adrede», ha bromeado Xavier Vilajoana, presidente de la asociación que agrupa a promotores y constructores en España, en la apertura de un congreso que ha arrancado con mano tendida del sector a las administracoines, pero también con una buena reprimenda.Vilajoana ha sido rotundo al denunciar la «utilización del sufrimiento de quienes no pueden acceder a una vivienda para hacer política» y ha reclamado que los partidos lleguen a las elecciones del 29 de noviembre con posiciones capaces de alumbrar una suerte de pacto de Estado en la materia, un pacto de mínimos para abordar lo que en los pasillos del congreso, y de manera general en la sociedad, ya se aborda como el «problema de la vivienda».El presidente de los promotores ha querido combatir de entrada la imagen de una patronal preocupada únicamente por sus intereses empresariales. La APCE, ha sostenido, también está interesada en que «a los ciudadanos les vaya bien». Desde esa premisa ha dirigido su reproche más severo a quienes, a su juicio, aprovechan situaciones dolorosas para obtener rédito político. «Es vergonzoso», ha insistido, antes de pedir responsabilidad y cuestionar a quienes hablan de vivienda sin haber construido ninguna. Vilajoana ha situado el problema en el desfase entre las necesidades residenciales y la capacidad de construir. «Hay que corregir las disfunciones actuales», ha argumentado, pero también mirar al futuro para evitar que dentro de dos años el sector y las familias se encuentren en el mismo punto. La aspiración de los promotores, ha recordado, es que la vivienda deje de ser un instrumento de disputa electoral y se convierta en terreno de acuerdo. Por parte de los privados, ha asegurado, no faltará disposición.La exigencia de estabilidad ha llegado acompañada de una demanda concreta: «Las administraciones no pueden bajar al vestuario y cambiar las reglas a mitad del partido», una inseguridad jurídica, propiciada por »más de cuarenta cambios legislativos en los últimos años sin una evaluación suficiente de sus resultados». «Una forma de legislar mediante prueba y error» en la que, ha ironizado, «predomina el error». El llamamiento ha alcanzado también a los ayuntamientos, por su responsabilidad en la concesión de licencias o recalificación de suelos, precisamente en una ciudad, Barcelona, que ha sido punta de lanza de las políticas regulatorias en España.Directamente interpelada, y por parte del Gobierno, Sandoval ha recogido esa apelación al trabajo conjunto. «Por separado este reto no lo superaremos», ha afirmado. La representante del Ministerio ha defendido los dos decretos aprobados de nuevo este martes como medidas necesarias para una «mayoría social», pero también apelando al contenido dirigido a los promotores. «Se ha hablado mucho de la protección de los hogares», ha señalado, «pero los textos incluyen también una parte importante destinada a estimular la oferta». Ha destacado la reducción del IVA al 4% para la vivienda protegida permanente, el tipo del 10% para determinadas actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler y las líneas de avales del ICO para la promoción. Sandoval ha descrito un país que, tras el exceso constructor anterior a 2008, frenó su producción residencial mientras seguía creciendo en economía, empleo y población, hasta llegar a la situación actual, donde cada año se crean unos 200.000 hogares pero solo se terminan unas 90.000 viviendas. De ahí, ha insistido, la necesidad de actuar simultáneamente en la protección de las personas y en la construcción.De alguna manera, la apertura del congreso ha servido para constatar la distancia que existe entre sector y unas administraciones volcadas en unas soluciones sobre las que discrepan totalmente -el caso de Barcelona y de la Generalitat es paradigmático-, pero asumiendo ambas partes que sin la colaboración entre unos y otros la incorporación al mercado de un caudal suficiente de VPO o de viviendas de alquiler, por ejemplo, no será posible. Más agilidad administrativa, disponibilidad de suelo, garantía de rentabilidad mínima, mayor participación de las entidades financieras privadas en las promociones público-privados son algunas de las soluciones puestas ya encima de la mesa en el arranque de unas jornadas en que, prácticamente, podrían ser el arranque de una campaña electoral con esta materia en el eje. La fecha no pudo estar mejor elegida, aunque nadie lo hubiese previsto. El V Congreso Nacional de Vivienda de la APCE ha arrancado este miércoles en Barcelona en plena «tormenta perfecta»: con los decretos del Gobierno recién recuperados tras su derogación parlamentaria y la vivienda instalada en el centro del debate público y de la próxima campaña electoral. «No escogimos la fecha adrede», ha bromeado Xavier Vilajoana, presidente de la asociación que agrupa a promotores y constructores en España, en la apertura de un congreso que ha arrancado con mano tendida del sector a las administracoines, pero también con una buena reprimenda.Vilajoana ha sido rotundo al denunciar la «utilización del sufrimiento de quienes no pueden acceder a una vivienda para hacer política» y ha reclamado que los partidos lleguen a las elecciones del 29 de noviembre con posiciones capaces de alumbrar una suerte de pacto de Estado en la materia, un pacto de mínimos para abordar lo que en los pasillos del congreso, y de manera general en la sociedad, ya se aborda como el «problema de la vivienda».El presidente de los promotores ha querido combatir de entrada la imagen de una patronal preocupada únicamente por sus intereses empresariales. La APCE, ha sostenido, también está interesada en que «a los ciudadanos les vaya bien». Desde esa premisa ha dirigido su reproche más severo a quienes, a su juicio, aprovechan situaciones dolorosas para obtener rédito político. «Es vergonzoso», ha insistido, antes de pedir responsabilidad y cuestionar a quienes hablan de vivienda sin haber construido ninguna. Vilajoana ha situado el problema en el desfase entre las necesidades residenciales y la capacidad de construir. «Hay que corregir las disfunciones actuales», ha argumentado, pero también mirar al futuro para evitar que dentro de dos años el sector y las familias se encuentren en el mismo punto. La aspiración de los promotores, ha recordado, es que la vivienda deje de ser un instrumento de disputa electoral y se convierta en terreno de acuerdo. Por parte de los privados, ha asegurado, no faltará disposición.La exigencia de estabilidad ha llegado acompañada de una demanda concreta: «Las administraciones no pueden bajar al vestuario y cambiar las reglas a mitad del partido», una inseguridad jurídica, propiciada por »más de cuarenta cambios legislativos en los últimos años sin una evaluación suficiente de sus resultados». «Una forma de legislar mediante prueba y error» en la que, ha ironizado, «predomina el error». El llamamiento ha alcanzado también a los ayuntamientos, por su responsabilidad en la concesión de licencias o recalificación de suelos, precisamente en una ciudad, Barcelona, que ha sido punta de lanza de las políticas regulatorias en España.Directamente interpelada, y por parte del Gobierno, Sandoval ha recogido esa apelación al trabajo conjunto. «Por separado este reto no lo superaremos», ha afirmado. La representante del Ministerio ha defendido los dos decretos aprobados de nuevo este martes como medidas necesarias para una «mayoría social», pero también apelando al contenido dirigido a los promotores. «Se ha hablado mucho de la protección de los hogares», ha señalado, «pero los textos incluyen también una parte importante destinada a estimular la oferta». Ha destacado la reducción del IVA al 4% para la vivienda protegida permanente, el tipo del 10% para determinadas actuaciones de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler y las líneas de avales del ICO para la promoción. Sandoval ha descrito un país que, tras el exceso constructor anterior a 2008, frenó su producción residencial mientras seguía creciendo en economía, empleo y población, hasta llegar a la situación actual, donde cada año se crean unos 200.000 hogares pero solo se terminan unas 90.000 viviendas. De ahí, ha insistido, la necesidad de actuar simultáneamente en la protección de las personas y en la construcción.De alguna manera, la apertura del congreso ha servido para constatar la distancia que existe entre sector y unas administraciones volcadas en unas soluciones sobre las que discrepan totalmente -el caso de Barcelona y de la Generalitat es paradigmático-, pero asumiendo ambas partes que sin la colaboración entre unos y otros la incorporación al mercado de un caudal suficiente de VPO o de viviendas de alquiler, por ejemplo, no será posible. Más agilidad administrativa, disponibilidad de suelo, garantía de rentabilidad mínima, mayor participación de las entidades financieras privadas en las promociones público-privados son algunas de las soluciones puestas ya encima de la mesa en el arranque de unas jornadas en que, prácticamente, podrían ser el arranque de una campaña electoral con esta materia en el eje. RSS de noticias de economia
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