La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha anunciado que ha dado su autorización para que el Gobierno de Pedro Sánchez entregue ayudas por un valor de 1.500 millones de euros a los agricultores andaluces y extremeños para compensar los daños que sufrieron en las inundaciones de este invierno. La decisión ha sido anunciada como un trámite aislado, pero ha llamado la atención porque se ha aprobado en plena campaña electoral en Andalucía, lo que contradice la legislación española.Las ayudas de Estado están rigurosamente controladas en la Unión Europea y la persona encargada de autorizarlas o de considerarlas ilegales es precisamente el comisario de Competencia, que es uno de los cargos que ostenta la antigua vicepresidenta del Gobierno español. En la nota de prensa, Ribera afirma que ha tomado esta decisión porque «la agricultura desempeña un papel crucial en la economía y la sociedad de la UE» y «con esta decisión, la Comisión demuestra una vez más que está dispuesta a autorizar rápidamente el apoyo a los agricultores afectados por desastres naturales». La responsable europea insiste además en que «la creciente frecuencia de desastres naturales, como las inundaciones, representa una amenaza significativa para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, las medidas compensatorias son fundamentales para proteger al sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo».En la sala de prensa, la decisión ha suscitado algunos comentarios por parte de periodistas de varios países acerca de la oportunidad de presentar esta decisión en plena campaña electoral andaluza. La Comisión no ha querido precisar en qué momento España presentó la solicitud para que estas ayudas fueran autorizadas y se ha limitado a decir que según las reglas europeas la decisión del ejecutivo comunitario se ha de producir en un plazo máximo de dos meses. A la pregunta directa de si no podía considerarse como una interferencia electoral, el portavoz del ramo, Ricardo Cardoso, ha negado este extremo diciendo que «la Comisión toma sus decisiones basándose en la ley y siguiendo los plazos adecuados».Noticia relacionada general No No Albares asegura que Delcy Rodríguez entrará en España «con toda normalidad» Enrique SerbetoTeóricamente, los casos en los que los gobiernos nacionales tienen que hacer frente a las consecuencias de catástrofes naturales no necesitan estrictamente que sean autorizados como ayudas públicas, ya que entran directamente dentro de las previsiones del Tratado. Y, de hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez no pidió en su día autorización para distribuir ninguna ayuda en otros casos, como el de la riada de Valencia. En este último caso, la negociación con Bruselas se limitó a la posibilidad de utilizar fondos estructurales para la reconstrucción de las zonas más afectadas. La UE también entregó ayudas directas del fondo de solidaridad europeo. En el caso de Andalucía, sin embargo, es el Gobierno el que ha decidido atribuir 1.500 millones de euros para ayudas a los afectados y según la ley electoral debería haberse abstenido de anunciarlo durante la campaña, de acuerdo con la ley electoral. Puede gestionar las crisis, pero no puede convertirlo en campaña electoral. Y menos respecto a unos sucesos que tuvieron lugar entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de este año y no se justifica que se anuncie ahora y no dentro de diez días, cuando haya concluido la campaña, dado que el plan aprobado por la Comisión estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.De acuerdo con la solicitud del Gobierno, los fenómenos meteorológicos afectaron a una superficie de más de 100.000 km 2 (lo que representa más del 20 % del territorio español) en Andalucía y Extremadura, y provocaron la destrucción de cultivos, daños materiales en bienes y medios de producción, y mayores costes de explotación.Según la Comisión, el plan del Gobierno «tiene como objetivo prevenir el cierre de explotaciones agrícolas y preservar la producción agraria. Proporcionará a los beneficiarios apoyo financiero rápido para restaurar la capacidad de producción de las explotaciones afectadas. La ayuda adoptará la forma de subvenciones directas que cubrirán hasta el 100 % de los costes elegibles, que incluyen daños materiales y pérdida de ingresos derivados de la destrucción total o parcial de productos agrícolas o de bienes de producción agraria». La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha anunciado que ha dado su autorización para que el Gobierno de Pedro Sánchez entregue ayudas por un valor de 1.500 millones de euros a los agricultores andaluces y extremeños para compensar los daños que sufrieron en las inundaciones de este invierno. La decisión ha sido anunciada como un trámite aislado, pero ha llamado la atención porque se ha aprobado en plena campaña electoral en Andalucía, lo que contradice la legislación española.Las ayudas de Estado están rigurosamente controladas en la Unión Europea y la persona encargada de autorizarlas o de considerarlas ilegales es precisamente el comisario de Competencia, que es uno de los cargos que ostenta la antigua vicepresidenta del Gobierno español. En la nota de prensa, Ribera afirma que ha tomado esta decisión porque «la agricultura desempeña un papel crucial en la economía y la sociedad de la UE» y «con esta decisión, la Comisión demuestra una vez más que está dispuesta a autorizar rápidamente el apoyo a los agricultores afectados por desastres naturales». La responsable europea insiste además en que «la creciente frecuencia de desastres naturales, como las inundaciones, representa una amenaza significativa para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, las medidas compensatorias son fundamentales para proteger al sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo».En la sala de prensa, la decisión ha suscitado algunos comentarios por parte de periodistas de varios países acerca de la oportunidad de presentar esta decisión en plena campaña electoral andaluza. La Comisión no ha querido precisar en qué momento España presentó la solicitud para que estas ayudas fueran autorizadas y se ha limitado a decir que según las reglas europeas la decisión del ejecutivo comunitario se ha de producir en un plazo máximo de dos meses. A la pregunta directa de si no podía considerarse como una interferencia electoral, el portavoz del ramo, Ricardo Cardoso, ha negado este extremo diciendo que «la Comisión toma sus decisiones basándose en la ley y siguiendo los plazos adecuados».Noticia relacionada general No No Albares asegura que Delcy Rodríguez entrará en España «con toda normalidad» Enrique SerbetoTeóricamente, los casos en los que los gobiernos nacionales tienen que hacer frente a las consecuencias de catástrofes naturales no necesitan estrictamente que sean autorizados como ayudas públicas, ya que entran directamente dentro de las previsiones del Tratado. Y, de hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez no pidió en su día autorización para distribuir ninguna ayuda en otros casos, como el de la riada de Valencia. En este último caso, la negociación con Bruselas se limitó a la posibilidad de utilizar fondos estructurales para la reconstrucción de las zonas más afectadas. La UE también entregó ayudas directas del fondo de solidaridad europeo. En el caso de Andalucía, sin embargo, es el Gobierno el que ha decidido atribuir 1.500 millones de euros para ayudas a los afectados y según la ley electoral debería haberse abstenido de anunciarlo durante la campaña, de acuerdo con la ley electoral. Puede gestionar las crisis, pero no puede convertirlo en campaña electoral. Y menos respecto a unos sucesos que tuvieron lugar entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de este año y no se justifica que se anuncie ahora y no dentro de diez días, cuando haya concluido la campaña, dado que el plan aprobado por la Comisión estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.De acuerdo con la solicitud del Gobierno, los fenómenos meteorológicos afectaron a una superficie de más de 100.000 km 2 (lo que representa más del 20 % del territorio español) en Andalucía y Extremadura, y provocaron la destrucción de cultivos, daños materiales en bienes y medios de producción, y mayores costes de explotación.Según la Comisión, el plan del Gobierno «tiene como objetivo prevenir el cierre de explotaciones agrícolas y preservar la producción agraria. Proporcionará a los beneficiarios apoyo financiero rápido para restaurar la capacidad de producción de las explotaciones afectadas. La ayuda adoptará la forma de subvenciones directas que cubrirán hasta el 100 % de los costes elegibles, que incluyen daños materiales y pérdida de ingresos derivados de la destrucción total o parcial de productos agrícolas o de bienes de producción agraria». La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha anunciado que ha dado su autorización para que el Gobierno de Pedro Sánchez entregue ayudas por un valor de 1.500 millones de euros a los agricultores andaluces y extremeños para compensar los daños que sufrieron en las inundaciones de este invierno. La decisión ha sido anunciada como un trámite aislado, pero ha llamado la atención porque se ha aprobado en plena campaña electoral en Andalucía, lo que contradice la legislación española.Las ayudas de Estado están rigurosamente controladas en la Unión Europea y la persona encargada de autorizarlas o de considerarlas ilegales es precisamente el comisario de Competencia, que es uno de los cargos que ostenta la antigua vicepresidenta del Gobierno español. En la nota de prensa, Ribera afirma que ha tomado esta decisión porque «la agricultura desempeña un papel crucial en la economía y la sociedad de la UE» y «con esta decisión, la Comisión demuestra una vez más que está dispuesta a autorizar rápidamente el apoyo a los agricultores afectados por desastres naturales». La responsable europea insiste además en que «la creciente frecuencia de desastres naturales, como las inundaciones, representa una amenaza significativa para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, las medidas compensatorias son fundamentales para proteger al sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo».En la sala de prensa, la decisión ha suscitado algunos comentarios por parte de periodistas de varios países acerca de la oportunidad de presentar esta decisión en plena campaña electoral andaluza. La Comisión no ha querido precisar en qué momento España presentó la solicitud para que estas ayudas fueran autorizadas y se ha limitado a decir que según las reglas europeas la decisión del ejecutivo comunitario se ha de producir en un plazo máximo de dos meses. A la pregunta directa de si no podía considerarse como una interferencia electoral, el portavoz del ramo, Ricardo Cardoso, ha negado este extremo diciendo que «la Comisión toma sus decisiones basándose en la ley y siguiendo los plazos adecuados».Noticia relacionada general No No Albares asegura que Delcy Rodríguez entrará en España «con toda normalidad» Enrique SerbetoTeóricamente, los casos en los que los gobiernos nacionales tienen que hacer frente a las consecuencias de catástrofes naturales no necesitan estrictamente que sean autorizados como ayudas públicas, ya que entran directamente dentro de las previsiones del Tratado. Y, de hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez no pidió en su día autorización para distribuir ninguna ayuda en otros casos, como el de la riada de Valencia. En este último caso, la negociación con Bruselas se limitó a la posibilidad de utilizar fondos estructurales para la reconstrucción de las zonas más afectadas. La UE también entregó ayudas directas del fondo de solidaridad europeo. En el caso de Andalucía, sin embargo, es el Gobierno el que ha decidido atribuir 1.500 millones de euros para ayudas a los afectados y según la ley electoral debería haberse abstenido de anunciarlo durante la campaña, de acuerdo con la ley electoral. Puede gestionar las crisis, pero no puede convertirlo en campaña electoral. Y menos respecto a unos sucesos que tuvieron lugar entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de este año y no se justifica que se anuncie ahora y no dentro de diez días, cuando haya concluido la campaña, dado que el plan aprobado por la Comisión estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.De acuerdo con la solicitud del Gobierno, los fenómenos meteorológicos afectaron a una superficie de más de 100.000 km 2 (lo que representa más del 20 % del territorio español) en Andalucía y Extremadura, y provocaron la destrucción de cultivos, daños materiales en bienes y medios de producción, y mayores costes de explotación.Según la Comisión, el plan del Gobierno «tiene como objetivo prevenir el cierre de explotaciones agrícolas y preservar la producción agraria. Proporcionará a los beneficiarios apoyo financiero rápido para restaurar la capacidad de producción de las explotaciones afectadas. La ayuda adoptará la forma de subvenciones directas que cubrirán hasta el 100 % de los costes elegibles, que incluyen daños materiales y pérdida de ingresos derivados de la destrucción total o parcial de productos agrícolas o de bienes de producción agraria». RSS de noticias de espana
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