La caída de los dos decretos sobre vivienda devuelve la legislatura al lugar en la que empezó: los siete votos de Junts. Los diputados de Carles Puigdemont fueron imprescindibles para que Pedro Sánchez alcanzara la Moncloa en noviembre de 2023, condicionaron la elección de la Mesa del Congreso (los pinganillos) y la aprobación de la ley de Amnistía (de inconstitucional a imprescindible), así como la política migratoria (para traspasarla a Cataluña) y otras decisiones de calado. Pero nunca hubo presupuestos.El pacto de Bruselas nació para que Sánchez siguiera en la Moncloa y Puigdemont pudiera volver a España, pero, una vez conseguido el segundo de los objetivos -volverá de Bélgica en las próximas semanas gracias a la decisión del Tribunal Constitucional-, el coste de seguir siendo socio del PSOE penalizaba más que alejarse de la izquierda, en la que nunca ha militado Junts. La competencia de Aliança, en Cataluña, solo ha hecho que reforzar este giro táctico. Desde entonces, el Gobierno conserva el poder, que no es poco, pero no dispone de la mayoría que hizo posible la investidura y, ahora, ha caído en la cuenta de que el Congreso es mayoritariamente de derechas. Es decir, no tiene ni el control del Boletín Oficial del Estado (BOE). El fracaso con los dos decretos leyes no abre una crisis nueva, confirma la debilidad artimética de Sánchez y su imposibilidad de construir una mayoría estable. Mayoría imposible sin los siete diputados de Puigdemont.Junts se ha alineado con el PP -que tiene mayoría absoluta en el Senado y la mayoría de las comunidades autónomas- y Vox en el Congreso. No es algo nuevo. Ni un accidente puntual. Los tres partidos han tumbado diversas iniciativas del Gobierno, sobre todo bien en materia económica o temas sociales, donde Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no están tan lejos y les une más de lo que les separa.El Gobierno conserva el poder pero no dispone de la mayoría de la investidura y, ahora, ha caído en la cuenta de que el Congreso es mayoritariamente de derechasLos siete diputados de Junts en la Cámara Baja, liderados por Míriam Nogueras, han votado en los últimos meses contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y contra el decreto ómnibus del Ejecutivo que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables y el mantenimiento de las garantías frente a los cortes de suministros básicos. También han rechazado el gravamen temporal a las grandes energéticas.Solo mientras los mensajeros de la Moncloa, incluido el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, viajaron a Ginebra (Suiza) se pudo mantener la ficción de una «una mayoría progresista» en el Congreso, en palabras de Sánchez cuando salió de ver al Rey, a finales de agosto de 2023, para confirmar que se presentaría a la investidura. Pero esta imaginaria mayoría no ha servido ni para aprobar unos Presupuestos del Estado. La legislatura finalizará, por primera vez, sin unas cuentas. A pesar de que la Constitución obliga al Gobierno a presentarlas ante la Cámara Baja.Tres años después, los mismos siete diputados que hicieron presidente a Sánchez siguen decidiendo la agenda política de España. La imposibilidad de llegar a pactos de Estado entre el PP y el PSOE sitúa a Junts en el eje de la política. Los siete de Puigdemont deciden qué se aprueba y qué no en el Congreso. La diferencia con 2023 es que ahora lo hacen después de haber roto el pacto que los unía al PSOE y cuando la amnistía está en su fase final de aplicación, lo que deja a Puigdemont sin incentivos.La legislatura empezó en sus manos. Y fenecerá siendo protagonista principal. La caída de los dos decretos leyes de vivienda demuestra que, cuando se acerca el periodo electoral, la agenda política en España sigue dependiendo de quien se fue del país en 2017 y, poco después, se convirtió en fugado de la Justicia española. El funcionamiento del Congreso y la endiablada aritmética permitió a Sánchez ser investido, pero nunca le entregó una mayoría propia para gobernar. La caída de los dos decretos sobre vivienda devuelve la legislatura al lugar en la que empezó: los siete votos de Junts. Los diputados de Carles Puigdemont fueron imprescindibles para que Pedro Sánchez alcanzara la Moncloa en noviembre de 2023, condicionaron la elección de la Mesa del Congreso (los pinganillos) y la aprobación de la ley de Amnistía (de inconstitucional a imprescindible), así como la política migratoria (para traspasarla a Cataluña) y otras decisiones de calado. Pero nunca hubo presupuestos.El pacto de Bruselas nació para que Sánchez siguiera en la Moncloa y Puigdemont pudiera volver a España, pero, una vez conseguido el segundo de los objetivos -volverá de Bélgica en las próximas semanas gracias a la decisión del Tribunal Constitucional-, el coste de seguir siendo socio del PSOE penalizaba más que alejarse de la izquierda, en la que nunca ha militado Junts. La competencia de Aliança, en Cataluña, solo ha hecho que reforzar este giro táctico. Desde entonces, el Gobierno conserva el poder, que no es poco, pero no dispone de la mayoría que hizo posible la investidura y, ahora, ha caído en la cuenta de que el Congreso es mayoritariamente de derechas. Es decir, no tiene ni el control del Boletín Oficial del Estado (BOE). El fracaso con los dos decretos leyes no abre una crisis nueva, confirma la debilidad artimética de Sánchez y su imposibilidad de construir una mayoría estable. Mayoría imposible sin los siete diputados de Puigdemont.Junts se ha alineado con el PP -que tiene mayoría absoluta en el Senado y la mayoría de las comunidades autónomas- y Vox en el Congreso. No es algo nuevo. Ni un accidente puntual. Los tres partidos han tumbado diversas iniciativas del Gobierno, sobre todo bien en materia económica o temas sociales, donde Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no están tan lejos y les une más de lo que les separa.El Gobierno conserva el poder pero no dispone de la mayoría de la investidura y, ahora, ha caído en la cuenta de que el Congreso es mayoritariamente de derechasLos siete diputados de Junts en la Cámara Baja, liderados por Míriam Nogueras, han votado en los últimos meses contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y contra el decreto ómnibus del Ejecutivo que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables y el mantenimiento de las garantías frente a los cortes de suministros básicos. También han rechazado el gravamen temporal a las grandes energéticas.Solo mientras los mensajeros de la Moncloa, incluido el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, viajaron a Ginebra (Suiza) se pudo mantener la ficción de una «una mayoría progresista» en el Congreso, en palabras de Sánchez cuando salió de ver al Rey, a finales de agosto de 2023, para confirmar que se presentaría a la investidura. Pero esta imaginaria mayoría no ha servido ni para aprobar unos Presupuestos del Estado. La legislatura finalizará, por primera vez, sin unas cuentas. A pesar de que la Constitución obliga al Gobierno a presentarlas ante la Cámara Baja.Tres años después, los mismos siete diputados que hicieron presidente a Sánchez siguen decidiendo la agenda política de España. La imposibilidad de llegar a pactos de Estado entre el PP y el PSOE sitúa a Junts en el eje de la política. Los siete de Puigdemont deciden qué se aprueba y qué no en el Congreso. La diferencia con 2023 es que ahora lo hacen después de haber roto el pacto que los unía al PSOE y cuando la amnistía está en su fase final de aplicación, lo que deja a Puigdemont sin incentivos.La legislatura empezó en sus manos. Y fenecerá siendo protagonista principal. La caída de los dos decretos leyes de vivienda demuestra que, cuando se acerca el periodo electoral, la agenda política en España sigue dependiendo de quien se fue del país en 2017 y, poco después, se convirtió en fugado de la Justicia española. El funcionamiento del Congreso y la endiablada aritmética permitió a Sánchez ser investido, pero nunca le entregó una mayoría propia para gobernar. La caída de los dos decretos sobre vivienda devuelve la legislatura al lugar en la que empezó: los siete votos de Junts. Los diputados de Carles Puigdemont fueron imprescindibles para que Pedro Sánchez alcanzara la Moncloa en noviembre de 2023, condicionaron la elección de la Mesa del Congreso (los pinganillos) y la aprobación de la ley de Amnistía (de inconstitucional a imprescindible), así como la política migratoria (para traspasarla a Cataluña) y otras decisiones de calado. Pero nunca hubo presupuestos.El pacto de Bruselas nació para que Sánchez siguiera en la Moncloa y Puigdemont pudiera volver a España, pero, una vez conseguido el segundo de los objetivos -volverá de Bélgica en las próximas semanas gracias a la decisión del Tribunal Constitucional-, el coste de seguir siendo socio del PSOE penalizaba más que alejarse de la izquierda, en la que nunca ha militado Junts. La competencia de Aliança, en Cataluña, solo ha hecho que reforzar este giro táctico. Desde entonces, el Gobierno conserva el poder, que no es poco, pero no dispone de la mayoría que hizo posible la investidura y, ahora, ha caído en la cuenta de que el Congreso es mayoritariamente de derechas. Es decir, no tiene ni el control del Boletín Oficial del Estado (BOE). El fracaso con los dos decretos leyes no abre una crisis nueva, confirma la debilidad artimética de Sánchez y su imposibilidad de construir una mayoría estable. Mayoría imposible sin los siete diputados de Puigdemont.Junts se ha alineado con el PP -que tiene mayoría absoluta en el Senado y la mayoría de las comunidades autónomas- y Vox en el Congreso. No es algo nuevo. Ni un accidente puntual. Los tres partidos han tumbado diversas iniciativas del Gobierno, sobre todo bien en materia económica o temas sociales, donde Puigdemont, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no están tan lejos y les une más de lo que les separa.El Gobierno conserva el poder pero no dispone de la mayoría de la investidura y, ahora, ha caído en la cuenta de que el Congreso es mayoritariamente de derechasLos siete diputados de Junts en la Cámara Baja, liderados por Míriam Nogueras, han votado en los últimos meses contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y contra el decreto ómnibus del Ejecutivo que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables y el mantenimiento de las garantías frente a los cortes de suministros básicos. También han rechazado el gravamen temporal a las grandes energéticas.Solo mientras los mensajeros de la Moncloa, incluido el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, viajaron a Ginebra (Suiza) se pudo mantener la ficción de una «una mayoría progresista» en el Congreso, en palabras de Sánchez cuando salió de ver al Rey, a finales de agosto de 2023, para confirmar que se presentaría a la investidura. Pero esta imaginaria mayoría no ha servido ni para aprobar unos Presupuestos del Estado. La legislatura finalizará, por primera vez, sin unas cuentas. A pesar de que la Constitución obliga al Gobierno a presentarlas ante la Cámara Baja.Tres años después, los mismos siete diputados que hicieron presidente a Sánchez siguen decidiendo la agenda política de España. La imposibilidad de llegar a pactos de Estado entre el PP y el PSOE sitúa a Junts en el eje de la política. Los siete de Puigdemont deciden qué se aprueba y qué no en el Congreso. La diferencia con 2023 es que ahora lo hacen después de haber roto el pacto que los unía al PSOE y cuando la amnistía está en su fase final de aplicación, lo que deja a Puigdemont sin incentivos.La legislatura empezó en sus manos. Y fenecerá siendo protagonista principal. La caída de los dos decretos leyes de vivienda demuestra que, cuando se acerca el periodo electoral, la agenda política en España sigue dependiendo de quien se fue del país en 2017 y, poco después, se convirtió en fugado de la Justicia española. El funcionamiento del Congreso y la endiablada aritmética permitió a Sánchez ser investido, pero nunca le entregó una mayoría propia para gobernar. RSS de noticias de espana
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