La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo tiene una fecha límite: el 30 de septiembre. Ese día termina la prórroga concedida por el Ministerio para que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza que permita poner en marcha el proyecto. Y, a menos de un mes de que expire el plazo, el socio de Gobierno del PP, Vox, mantiene intacta su posición: no apoyará una Zona de Bajas Emisiones que considera innecesaria para Toledo . La vicealcaldesa, Inés Cañizares, va incluso un paso más allá y coloca la responsabilidad de sacar adelante la ordenanza en el PSOE.«La pelota está en manos del PSOE», sostiene Cañizares, que defiende que el PP debe negociar con los socialistas y no con Vox para desbloquear una medida que el Pleno rechazó y que puede comprometer la devolución de las ayudas recibidas por el Ayuntamiento. Su argumento es que la ZBE forma parte de uno de los proyectos impulsados por el anterior Gobierno municipal socialista y, por tanto, son los socialistas quienes deberían facilitar ahora con sus votos la aprobación de la ordenanza.El planteamiento de Vox choca frontalmente con el del alcalde, Carlos Velázquez, que esta semana ha vuelto a señalar la Zona de Bajas Emisiones como una de las asignaturas pendientes de la legislatura y ha mostrado su malestar porque sea precisamente su socio de Gobierno quien se oponga a la medida por las consecuencias económicas que puede tener para las arcas municipales.Cañizares no comparte ese planteamiento. «Nosotros seguimos en la misma cultura que hemos tenido desde el principio», explica. Para la vicealcaldesa, cualquier normativa que introduzca restricciones debe responder al principio de proporcionalidad. Y, a su juicio, ese requisito no se cumple en Toledo. «Implementar unas restricciones en una zona concreta de la ciudad sin una justificación me parece que no tiene ningún sentido», afirma. Vox cuestiona así que se pretenda implantar la ZBE simplemente porque existe una obligación legal, sin que, a su entender, exista una situación de contaminación que justifique las restricciones.«Implementar unas restricciones en una zona concreta de la ciudad sin una justificación me parece que no tiene ningún sentido» Inés Cañizares Vicealcaldesa de Toledo «No se trata de decir que hay que cumplir con una ley y con los ojos cerrados hay que cumplirla», señala. En su opinión, aprobar una ZBE únicamente para cumplir el expediente supondría crear una zona que, en la práctica, no respondería al objetivo que se persigue. «Hay que poner de postureo una zona de bajas emisiones que no va a ser zona de bajas emisiones. No lo entiendo», resume.La vicealcaldesa recuerda además que Vox votó en contra en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, mientras que el PP se abstuvo. Según su interpretación, el PP no ha mantenido históricamente una posición contraria a las ZBE como la de Vox, pero tampoco habría defendido entonces la implantación automática de estas zonas sin una serie de informes que justificasen su necesidad en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y ahí sitúa otra de sus objeciones: esos informes, asegura, no se han realizado en Toledo.«El PP nunca dijo que estaba en contra de las zonas de bajas emisiones, nunca lo dijo, se abstuvo porque consideraba precisamente que en las ciudades de más de 50.000 habitantes había que hacer una cantidad de informes para justificar la implantación de esa zona de bajas emisiones que aquí esa cantidad de informes no se han hecho», afirma. Cañizares propone otra forma de abordar la contaminación: utilizar las mediciones de calidad del aire para adoptar medidas cuando realmente sean necesarias . Pone como ejemplo los episodios provocados por los incendios forestales, cuando los dispositivos de medición permiten conocer la situación y lanzar recomendaciones a la población.«Si nosotros lo que queremos es disfrutar y gozar de una ciudad que tenga una calidad del aire buena, podemos utilizar eso para decir: un día que efectivamente hay mucha contaminación, pues reducir las emisiones», plantea. Toledo no presenta un problema de contaminación comparable al de otras ciudades. «A lo mejor hay más contaminación en la zona industrial del Polígono que en el Casco Histórico», afirma.Vox sí está dispuesto, según Cañizares, a proteger el Casco Histórico, pero no considera que eso deba traducirse necesariamente en una Zona de Bajas Emisiones. «Los toledanos no quieren una zona de bajas emisiones». Para Cañizares, esa percepción ciudadana debería ser tenida en cuenta del mismo modo que se escucha a los vecinos en otros procesos municipales.El problema es también económico. El equipo de Gobierno ha advertido de que el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver cerca de diez millones de euros si no cumple las condiciones asociadas a las ayudas recibidas. Cañizares rebaja la cifra de los diez millones y recuerda que, en cualquier caso, lo que estaría en juego es la devolución de la subvención. Pero precisamente ahí es donde sitúa su principal argumento político contra el PP: si la ayuda fue solicitada para desarrollar un proyecto de Zona de Bajas Emisiones, el Gobierno municipal actual debería haber tenido claro desde el principio cuál era el siguiente paso.«Cuando se ejecuta esa obra sabían cuál era la obligación siguiente, que es implementar esa zona de bajas emisiones», afirma. Y reprocha que nadie preguntara entonces a Vox si estaba de acuerdo con ejecutar la actuación vinculada a la posterior aprobación de la ordenanza.«Con quien debería negociar el Partido Popular la zona de bajas emisiones es con el PSOE, porque fue el grupo que comprometió la subvención» Inés Cañizares Vicealcaldesa de ToledoLa conclusión de la vicealcaldesa es tajante: «Con quien debería negociar el Partido Popular la zona de bajas emisiones» es con el PSOE, porque fue el grupo que, según su versión, comprometió la subvención.Cañizares vincula esta cuestión además con el discurso del PSOE sobre los proyectos desarrollados durante la actual legislatura con ayudas que fueron solicitadas por el anterior Gobierno socialista. «Uno de los proyectos de Milagros Tolón es la zona de bajas emisiones», sostiene. Por ello, plantea una suerte de devolución política del argumento: si el proyecto es del anterior Gobierno, que sean los socialistas quienes voten ahora a favor de culminarlo. «Pues ese proyecto de Milagros Tolón, como es suyo, votar a favor del proyecto de Milagros Tolón, que es implementar una zona de bajas emisiones. Y ya está», afirma.Argumenta que el PSOE cuenta con once concejales y el PP con nueve, mientras Vox aporta sus votos al equipo de Gobierno. La ordenanza necesita apoyos que el PP no tiene por sí solo y el rechazo de Vox en el último Pleno dejó al Gobierno municipal aislado junto a la oposición contraria a la propuesta. Cañizares, sin embargo, no interpreta esta situación como una ruptura del pacto de Gobierno. «Tenemos equipo de Gobierno, por supuesto, somos equipo de Gobierno y vamos de la mano en muchas cosas, pero en otras ni pensamos igual ni obramos igual», explica.Y es precisamente ahí donde sitúa la frontera de su posición. Vox no está dispuesto a aprobar una ordenanza que considera contraria a su criterio y a su postura política mantenida desde el principio. «Lo que no nos pueden es hacer pasar por las ruedas de molino por la culpa y la responsabilidad de otros», afirma. «Los principales responsables aquí son los socialistas», insiste. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo tiene una fecha límite: el 30 de septiembre. Ese día termina la prórroga concedida por el Ministerio para que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza que permita poner en marcha el proyecto. Y, a menos de un mes de que expire el plazo, el socio de Gobierno del PP, Vox, mantiene intacta su posición: no apoyará una Zona de Bajas Emisiones que considera innecesaria para Toledo . La vicealcaldesa, Inés Cañizares, va incluso un paso más allá y coloca la responsabilidad de sacar adelante la ordenanza en el PSOE.«La pelota está en manos del PSOE», sostiene Cañizares, que defiende que el PP debe negociar con los socialistas y no con Vox para desbloquear una medida que el Pleno rechazó y que puede comprometer la devolución de las ayudas recibidas por el Ayuntamiento. Su argumento es que la ZBE forma parte de uno de los proyectos impulsados por el anterior Gobierno municipal socialista y, por tanto, son los socialistas quienes deberían facilitar ahora con sus votos la aprobación de la ordenanza.El planteamiento de Vox choca frontalmente con el del alcalde, Carlos Velázquez, que esta semana ha vuelto a señalar la Zona de Bajas Emisiones como una de las asignaturas pendientes de la legislatura y ha mostrado su malestar porque sea precisamente su socio de Gobierno quien se oponga a la medida por las consecuencias económicas que puede tener para las arcas municipales.Cañizares no comparte ese planteamiento. «Nosotros seguimos en la misma cultura que hemos tenido desde el principio», explica. Para la vicealcaldesa, cualquier normativa que introduzca restricciones debe responder al principio de proporcionalidad. Y, a su juicio, ese requisito no se cumple en Toledo. «Implementar unas restricciones en una zona concreta de la ciudad sin una justificación me parece que no tiene ningún sentido», afirma. Vox cuestiona así que se pretenda implantar la ZBE simplemente porque existe una obligación legal, sin que, a su entender, exista una situación de contaminación que justifique las restricciones.«Implementar unas restricciones en una zona concreta de la ciudad sin una justificación me parece que no tiene ningún sentido» Inés Cañizares Vicealcaldesa de Toledo «No se trata de decir que hay que cumplir con una ley y con los ojos cerrados hay que cumplirla», señala. En su opinión, aprobar una ZBE únicamente para cumplir el expediente supondría crear una zona que, en la práctica, no respondería al objetivo que se persigue. «Hay que poner de postureo una zona de bajas emisiones que no va a ser zona de bajas emisiones. No lo entiendo», resume.La vicealcaldesa recuerda además que Vox votó en contra en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, mientras que el PP se abstuvo. Según su interpretación, el PP no ha mantenido históricamente una posición contraria a las ZBE como la de Vox, pero tampoco habría defendido entonces la implantación automática de estas zonas sin una serie de informes que justificasen su necesidad en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y ahí sitúa otra de sus objeciones: esos informes, asegura, no se han realizado en Toledo.«El PP nunca dijo que estaba en contra de las zonas de bajas emisiones, nunca lo dijo, se abstuvo porque consideraba precisamente que en las ciudades de más de 50.000 habitantes había que hacer una cantidad de informes para justificar la implantación de esa zona de bajas emisiones que aquí esa cantidad de informes no se han hecho», afirma. Cañizares propone otra forma de abordar la contaminación: utilizar las mediciones de calidad del aire para adoptar medidas cuando realmente sean necesarias . Pone como ejemplo los episodios provocados por los incendios forestales, cuando los dispositivos de medición permiten conocer la situación y lanzar recomendaciones a la población.«Si nosotros lo que queremos es disfrutar y gozar de una ciudad que tenga una calidad del aire buena, podemos utilizar eso para decir: un día que efectivamente hay mucha contaminación, pues reducir las emisiones», plantea. Toledo no presenta un problema de contaminación comparable al de otras ciudades. «A lo mejor hay más contaminación en la zona industrial del Polígono que en el Casco Histórico», afirma.Vox sí está dispuesto, según Cañizares, a proteger el Casco Histórico, pero no considera que eso deba traducirse necesariamente en una Zona de Bajas Emisiones. «Los toledanos no quieren una zona de bajas emisiones». Para Cañizares, esa percepción ciudadana debería ser tenida en cuenta del mismo modo que se escucha a los vecinos en otros procesos municipales.El problema es también económico. El equipo de Gobierno ha advertido de que el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver cerca de diez millones de euros si no cumple las condiciones asociadas a las ayudas recibidas. Cañizares rebaja la cifra de los diez millones y recuerda que, en cualquier caso, lo que estaría en juego es la devolución de la subvención. Pero precisamente ahí es donde sitúa su principal argumento político contra el PP: si la ayuda fue solicitada para desarrollar un proyecto de Zona de Bajas Emisiones, el Gobierno municipal actual debería haber tenido claro desde el principio cuál era el siguiente paso.«Cuando se ejecuta esa obra sabían cuál era la obligación siguiente, que es implementar esa zona de bajas emisiones», afirma. Y reprocha que nadie preguntara entonces a Vox si estaba de acuerdo con ejecutar la actuación vinculada a la posterior aprobación de la ordenanza.«Con quien debería negociar el Partido Popular la zona de bajas emisiones es con el PSOE, porque fue el grupo que comprometió la subvención» Inés Cañizares Vicealcaldesa de ToledoLa conclusión de la vicealcaldesa es tajante: «Con quien debería negociar el Partido Popular la zona de bajas emisiones» es con el PSOE, porque fue el grupo que, según su versión, comprometió la subvención.Cañizares vincula esta cuestión además con el discurso del PSOE sobre los proyectos desarrollados durante la actual legislatura con ayudas que fueron solicitadas por el anterior Gobierno socialista. «Uno de los proyectos de Milagros Tolón es la zona de bajas emisiones», sostiene. Por ello, plantea una suerte de devolución política del argumento: si el proyecto es del anterior Gobierno, que sean los socialistas quienes voten ahora a favor de culminarlo. «Pues ese proyecto de Milagros Tolón, como es suyo, votar a favor del proyecto de Milagros Tolón, que es implementar una zona de bajas emisiones. Y ya está», afirma.Argumenta que el PSOE cuenta con once concejales y el PP con nueve, mientras Vox aporta sus votos al equipo de Gobierno. La ordenanza necesita apoyos que el PP no tiene por sí solo y el rechazo de Vox en el último Pleno dejó al Gobierno municipal aislado junto a la oposición contraria a la propuesta. Cañizares, sin embargo, no interpreta esta situación como una ruptura del pacto de Gobierno. «Tenemos equipo de Gobierno, por supuesto, somos equipo de Gobierno y vamos de la mano en muchas cosas, pero en otras ni pensamos igual ni obramos igual», explica.Y es precisamente ahí donde sitúa la frontera de su posición. Vox no está dispuesto a aprobar una ordenanza que considera contraria a su criterio y a su postura política mantenida desde el principio. «Lo que no nos pueden es hacer pasar por las ruedas de molino por la culpa y la responsabilidad de otros», afirma. «Los principales responsables aquí son los socialistas», insiste. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo tiene una fecha límite: el 30 de septiembre. Ese día termina la prórroga concedida por el Ministerio para que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza que permita poner en marcha el proyecto. Y, a menos de un mes de que expire el plazo, el socio de Gobierno del PP, Vox, mantiene intacta su posición: no apoyará una Zona de Bajas Emisiones que considera innecesaria para Toledo . La vicealcaldesa, Inés Cañizares, va incluso un paso más allá y coloca la responsabilidad de sacar adelante la ordenanza en el PSOE.«La pelota está en manos del PSOE», sostiene Cañizares, que defiende que el PP debe negociar con los socialistas y no con Vox para desbloquear una medida que el Pleno rechazó y que puede comprometer la devolución de las ayudas recibidas por el Ayuntamiento. Su argumento es que la ZBE forma parte de uno de los proyectos impulsados por el anterior Gobierno municipal socialista y, por tanto, son los socialistas quienes deberían facilitar ahora con sus votos la aprobación de la ordenanza.El planteamiento de Vox choca frontalmente con el del alcalde, Carlos Velázquez, que esta semana ha vuelto a señalar la Zona de Bajas Emisiones como una de las asignaturas pendientes de la legislatura y ha mostrado su malestar porque sea precisamente su socio de Gobierno quien se oponga a la medida por las consecuencias económicas que puede tener para las arcas municipales.Cañizares no comparte ese planteamiento. «Nosotros seguimos en la misma cultura que hemos tenido desde el principio», explica. Para la vicealcaldesa, cualquier normativa que introduzca restricciones debe responder al principio de proporcionalidad. Y, a su juicio, ese requisito no se cumple en Toledo. «Implementar unas restricciones en una zona concreta de la ciudad sin una justificación me parece que no tiene ningún sentido», afirma. Vox cuestiona así que se pretenda implantar la ZBE simplemente porque existe una obligación legal, sin que, a su entender, exista una situación de contaminación que justifique las restricciones.«Implementar unas restricciones en una zona concreta de la ciudad sin una justificación me parece que no tiene ningún sentido» Inés Cañizares Vicealcaldesa de Toledo «No se trata de decir que hay que cumplir con una ley y con los ojos cerrados hay que cumplirla», señala. En su opinión, aprobar una ZBE únicamente para cumplir el expediente supondría crear una zona que, en la práctica, no respondería al objetivo que se persigue. «Hay que poner de postureo una zona de bajas emisiones que no va a ser zona de bajas emisiones. No lo entiendo», resume.La vicealcaldesa recuerda además que Vox votó en contra en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, mientras que el PP se abstuvo. Según su interpretación, el PP no ha mantenido históricamente una posición contraria a las ZBE como la de Vox, pero tampoco habría defendido entonces la implantación automática de estas zonas sin una serie de informes que justificasen su necesidad en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y ahí sitúa otra de sus objeciones: esos informes, asegura, no se han realizado en Toledo.«El PP nunca dijo que estaba en contra de las zonas de bajas emisiones, nunca lo dijo, se abstuvo porque consideraba precisamente que en las ciudades de más de 50.000 habitantes había que hacer una cantidad de informes para justificar la implantación de esa zona de bajas emisiones que aquí esa cantidad de informes no se han hecho», afirma. Cañizares propone otra forma de abordar la contaminación: utilizar las mediciones de calidad del aire para adoptar medidas cuando realmente sean necesarias . Pone como ejemplo los episodios provocados por los incendios forestales, cuando los dispositivos de medición permiten conocer la situación y lanzar recomendaciones a la población.«Si nosotros lo que queremos es disfrutar y gozar de una ciudad que tenga una calidad del aire buena, podemos utilizar eso para decir: un día que efectivamente hay mucha contaminación, pues reducir las emisiones», plantea. Toledo no presenta un problema de contaminación comparable al de otras ciudades. «A lo mejor hay más contaminación en la zona industrial del Polígono que en el Casco Histórico», afirma.Vox sí está dispuesto, según Cañizares, a proteger el Casco Histórico, pero no considera que eso deba traducirse necesariamente en una Zona de Bajas Emisiones. «Los toledanos no quieren una zona de bajas emisiones». Para Cañizares, esa percepción ciudadana debería ser tenida en cuenta del mismo modo que se escucha a los vecinos en otros procesos municipales.El problema es también económico. El equipo de Gobierno ha advertido de que el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver cerca de diez millones de euros si no cumple las condiciones asociadas a las ayudas recibidas. Cañizares rebaja la cifra de los diez millones y recuerda que, en cualquier caso, lo que estaría en juego es la devolución de la subvención. Pero precisamente ahí es donde sitúa su principal argumento político contra el PP: si la ayuda fue solicitada para desarrollar un proyecto de Zona de Bajas Emisiones, el Gobierno municipal actual debería haber tenido claro desde el principio cuál era el siguiente paso.«Cuando se ejecuta esa obra sabían cuál era la obligación siguiente, que es implementar esa zona de bajas emisiones», afirma. Y reprocha que nadie preguntara entonces a Vox si estaba de acuerdo con ejecutar la actuación vinculada a la posterior aprobación de la ordenanza.«Con quien debería negociar el Partido Popular la zona de bajas emisiones es con el PSOE, porque fue el grupo que comprometió la subvención» Inés Cañizares Vicealcaldesa de ToledoLa conclusión de la vicealcaldesa es tajante: «Con quien debería negociar el Partido Popular la zona de bajas emisiones» es con el PSOE, porque fue el grupo que, según su versión, comprometió la subvención.Cañizares vincula esta cuestión además con el discurso del PSOE sobre los proyectos desarrollados durante la actual legislatura con ayudas que fueron solicitadas por el anterior Gobierno socialista. «Uno de los proyectos de Milagros Tolón es la zona de bajas emisiones», sostiene. Por ello, plantea una suerte de devolución política del argumento: si el proyecto es del anterior Gobierno, que sean los socialistas quienes voten ahora a favor de culminarlo. «Pues ese proyecto de Milagros Tolón, como es suyo, votar a favor del proyecto de Milagros Tolón, que es implementar una zona de bajas emisiones. Y ya está», afirma.Argumenta que el PSOE cuenta con once concejales y el PP con nueve, mientras Vox aporta sus votos al equipo de Gobierno. La ordenanza necesita apoyos que el PP no tiene por sí solo y el rechazo de Vox en el último Pleno dejó al Gobierno municipal aislado junto a la oposición contraria a la propuesta. Cañizares, sin embargo, no interpreta esta situación como una ruptura del pacto de Gobierno. «Tenemos equipo de Gobierno, por supuesto, somos equipo de Gobierno y vamos de la mano en muchas cosas, pero en otras ni pensamos igual ni obramos igual», explica.Y es precisamente ahí donde sitúa la frontera de su posición. Vox no está dispuesto a aprobar una ordenanza que considera contraria a su criterio y a su postura política mantenida desde el principio. «Lo que no nos pueden es hacer pasar por las ruedas de molino por la culpa y la responsabilidad de otros», afirma. «Los principales responsables aquí son los socialistas», insiste. RSS de noticias de espana
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