A las dificultades que el Gobierno tiene para aprobar nuevas leyes en el Congreso por falta de apoyo de sus socios se suman las que está teniendo para desarrollar plenamente las normas aprobadas en la anterior legislatura —de 2019 a 2023—. Cerca de una veintena de ellas siguen pendientes de reglamentos o planes previstos para su ejecución, incumpliendo los plazos que fijan las propias leyes, e incrementando un atasco legislativo de difícil solución. La presente legislatura encara su último año — Pedro Sánchez hace balance al cierre de este curso político este martes— con la incógnita de cuándo serán las elecciones generales. En Moncloa repiten insistentemente que serán en 2027, pero la mayoría de partidos se preparan para la primera parte del año y no ya para el verano, lo que acorta los tiempos.Sánchez y otros ministros han insistido en muchas ocasiones en que más allá del número de leyes que consiguen aprobar —conscientes de su debilidad—, pondrían todo su empeño en «desarrollar todas las legislaciones aprobadas» en los primeros años de Gobierno. Así lo dijo también el presidente en diciembre de 2024, durante su balance navideño. Reconoció entonces que la cantidad legislativa era inferior en esta legislatura, pero puso el foco en el desarrollo de las leyes ya aprobadas. Lo que ocurre es que un análisis de estas normas pone de manifiesto la tarea pendiente —y acumulada—. En el grupo parlamentario popular que dirige Ester Muñoz en el Congreso denuncian la situación, exigiendo por escrito al Ejecutivo que explique los motivos del incumplimiento de muchas normas aprobadas entre 2020 y 2023.El elenco es amplio y afecta a muchos sectores. Ahora que el drama de los incendios acapara de nuevo toda la atención, es llamativo que aún no se haya regulado el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático previsto en la ley 7/2021. Esa norma se aprobó hace ya cinco años, pero el desarrollo reglamentario que debe establecer las reglas del órgano consultivo —y que cada año tendría que emitir un informe con las conclusiones y llevarlo al Congreso— sigue pendiente. En cuanto a infraestructuras y especialmente el servicio ferroviario, la oposición también denuncia que continúa sin desarrollarse una parte de la ley 26/2022, que afecta al contenido del estudio de viabilidad y que se introdujo en el artículo 5 de otra ley de 2015. Lo que decía esa norma es que el sector ferroviario debía realizar un estudio de viabilidad —que al final es una herramienta para tomar decisiones— analizando la conveniencia de iniciar una nueva actuación ferroviaria antes de iniciar el estudio informativo —de elevado coste—.En materia económica, son varias leyes las que también siguen pendientes de su desarrollo reglamentario: la ley de creación y crecimiento de empresas de 2022; la ley de fomento de ecosistema de empresas emergentes, del mismo año; y tampoco hay noticias tres años después del grupo de trabajo que debía proponer el diseño institucional de la cooperación financiera española para el desarrollo sostenible y que según la propia ley de 2023, debía estar listo en seis meses. También en el área económica, siguen pendientes los principales instrumentos definidos por la ley de 2023 de empleo, como la Agencia Española de Empleo o la Oficina de Análisis de Empleo que la disposición adicional tercera mandaba constituir en un año como máximo.En materia educativa continúan sin regularse las condiciones de colaboración de empresas equiparadas en el Sistema de Formación Profesional, que es lo que exige la ley orgánica 3/2022; y tampoco se ha aprobado la Estrategia General para el Desarrollo de la Orientación Profesional prevista en el artículo 97. Nunca se llegó a aprobar la Estrategia de Internacionalización del Sistema Universitario (ley orgánica 2/2023), y siguen en el limbo muchos aspectos relacionados con la Ley del Deporte. La oposición insiste en que el desarrollo de esta norma es «mínimo». Tampoco ha llegado aún el desarrollo reglamentario de un etiquetado en alfabeto braille y otros formatos que garanticen la accesibilidad universal —estaba previsto en una disposición adicional de la ley 4/2022 sobre consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica—; y no se ha creado el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva dentro del Real Patronato sobre Discapacidad, cuando su desarrollo reglamentario estaba recogido en la ley 6/2022. Ya van cinco años desde que se aprobó la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, y el Ejecutivo —denuncia el PP— sigue sin aprobar la incorporación a la Seguridad Social de las personas designadas como acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Los casos rozan la veintena y el PP, como primer partido de la oposición, reitera su denuncia sobre la incapacidad del Gobierno, no ya de legislar sin apoyos parlamentarios, sino de cumplir y desarrollar la legislación que se aprobó hace años. A las dificultades que el Gobierno tiene para aprobar nuevas leyes en el Congreso por falta de apoyo de sus socios se suman las que está teniendo para desarrollar plenamente las normas aprobadas en la anterior legislatura —de 2019 a 2023—. Cerca de una veintena de ellas siguen pendientes de reglamentos o planes previstos para su ejecución, incumpliendo los plazos que fijan las propias leyes, e incrementando un atasco legislativo de difícil solución. La presente legislatura encara su último año — Pedro Sánchez hace balance al cierre de este curso político este martes— con la incógnita de cuándo serán las elecciones generales. En Moncloa repiten insistentemente que serán en 2027, pero la mayoría de partidos se preparan para la primera parte del año y no ya para el verano, lo que acorta los tiempos.Sánchez y otros ministros han insistido en muchas ocasiones en que más allá del número de leyes que consiguen aprobar —conscientes de su debilidad—, pondrían todo su empeño en «desarrollar todas las legislaciones aprobadas» en los primeros años de Gobierno. Así lo dijo también el presidente en diciembre de 2024, durante su balance navideño. Reconoció entonces que la cantidad legislativa era inferior en esta legislatura, pero puso el foco en el desarrollo de las leyes ya aprobadas. Lo que ocurre es que un análisis de estas normas pone de manifiesto la tarea pendiente —y acumulada—. En el grupo parlamentario popular que dirige Ester Muñoz en el Congreso denuncian la situación, exigiendo por escrito al Ejecutivo que explique los motivos del incumplimiento de muchas normas aprobadas entre 2020 y 2023.El elenco es amplio y afecta a muchos sectores. Ahora que el drama de los incendios acapara de nuevo toda la atención, es llamativo que aún no se haya regulado el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático previsto en la ley 7/2021. Esa norma se aprobó hace ya cinco años, pero el desarrollo reglamentario que debe establecer las reglas del órgano consultivo —y que cada año tendría que emitir un informe con las conclusiones y llevarlo al Congreso— sigue pendiente. En cuanto a infraestructuras y especialmente el servicio ferroviario, la oposición también denuncia que continúa sin desarrollarse una parte de la ley 26/2022, que afecta al contenido del estudio de viabilidad y que se introdujo en el artículo 5 de otra ley de 2015. Lo que decía esa norma es que el sector ferroviario debía realizar un estudio de viabilidad —que al final es una herramienta para tomar decisiones— analizando la conveniencia de iniciar una nueva actuación ferroviaria antes de iniciar el estudio informativo —de elevado coste—.En materia económica, son varias leyes las que también siguen pendientes de su desarrollo reglamentario: la ley de creación y crecimiento de empresas de 2022; la ley de fomento de ecosistema de empresas emergentes, del mismo año; y tampoco hay noticias tres años después del grupo de trabajo que debía proponer el diseño institucional de la cooperación financiera española para el desarrollo sostenible y que según la propia ley de 2023, debía estar listo en seis meses. También en el área económica, siguen pendientes los principales instrumentos definidos por la ley de 2023 de empleo, como la Agencia Española de Empleo o la Oficina de Análisis de Empleo que la disposición adicional tercera mandaba constituir en un año como máximo.En materia educativa continúan sin regularse las condiciones de colaboración de empresas equiparadas en el Sistema de Formación Profesional, que es lo que exige la ley orgánica 3/2022; y tampoco se ha aprobado la Estrategia General para el Desarrollo de la Orientación Profesional prevista en el artículo 97. Nunca se llegó a aprobar la Estrategia de Internacionalización del Sistema Universitario (ley orgánica 2/2023), y siguen en el limbo muchos aspectos relacionados con la Ley del Deporte. La oposición insiste en que el desarrollo de esta norma es «mínimo». Tampoco ha llegado aún el desarrollo reglamentario de un etiquetado en alfabeto braille y otros formatos que garanticen la accesibilidad universal —estaba previsto en una disposición adicional de la ley 4/2022 sobre consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica—; y no se ha creado el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva dentro del Real Patronato sobre Discapacidad, cuando su desarrollo reglamentario estaba recogido en la ley 6/2022. Ya van cinco años desde que se aprobó la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, y el Ejecutivo —denuncia el PP— sigue sin aprobar la incorporación a la Seguridad Social de las personas designadas como acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Los casos rozan la veintena y el PP, como primer partido de la oposición, reitera su denuncia sobre la incapacidad del Gobierno, no ya de legislar sin apoyos parlamentarios, sino de cumplir y desarrollar la legislación que se aprobó hace años. A las dificultades que el Gobierno tiene para aprobar nuevas leyes en el Congreso por falta de apoyo de sus socios se suman las que está teniendo para desarrollar plenamente las normas aprobadas en la anterior legislatura —de 2019 a 2023—. Cerca de una veintena de ellas siguen pendientes de reglamentos o planes previstos para su ejecución, incumpliendo los plazos que fijan las propias leyes, e incrementando un atasco legislativo de difícil solución. La presente legislatura encara su último año — Pedro Sánchez hace balance al cierre de este curso político este martes— con la incógnita de cuándo serán las elecciones generales. En Moncloa repiten insistentemente que serán en 2027, pero la mayoría de partidos se preparan para la primera parte del año y no ya para el verano, lo que acorta los tiempos.Sánchez y otros ministros han insistido en muchas ocasiones en que más allá del número de leyes que consiguen aprobar —conscientes de su debilidad—, pondrían todo su empeño en «desarrollar todas las legislaciones aprobadas» en los primeros años de Gobierno. Así lo dijo también el presidente en diciembre de 2024, durante su balance navideño. Reconoció entonces que la cantidad legislativa era inferior en esta legislatura, pero puso el foco en el desarrollo de las leyes ya aprobadas. Lo que ocurre es que un análisis de estas normas pone de manifiesto la tarea pendiente —y acumulada—. En el grupo parlamentario popular que dirige Ester Muñoz en el Congreso denuncian la situación, exigiendo por escrito al Ejecutivo que explique los motivos del incumplimiento de muchas normas aprobadas entre 2020 y 2023.El elenco es amplio y afecta a muchos sectores. Ahora que el drama de los incendios acapara de nuevo toda la atención, es llamativo que aún no se haya regulado el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático previsto en la ley 7/2021. Esa norma se aprobó hace ya cinco años, pero el desarrollo reglamentario que debe establecer las reglas del órgano consultivo —y que cada año tendría que emitir un informe con las conclusiones y llevarlo al Congreso— sigue pendiente. En cuanto a infraestructuras y especialmente el servicio ferroviario, la oposición también denuncia que continúa sin desarrollarse una parte de la ley 26/2022, que afecta al contenido del estudio de viabilidad y que se introdujo en el artículo 5 de otra ley de 2015. Lo que decía esa norma es que el sector ferroviario debía realizar un estudio de viabilidad —que al final es una herramienta para tomar decisiones— analizando la conveniencia de iniciar una nueva actuación ferroviaria antes de iniciar el estudio informativo —de elevado coste—.En materia económica, son varias leyes las que también siguen pendientes de su desarrollo reglamentario: la ley de creación y crecimiento de empresas de 2022; la ley de fomento de ecosistema de empresas emergentes, del mismo año; y tampoco hay noticias tres años después del grupo de trabajo que debía proponer el diseño institucional de la cooperación financiera española para el desarrollo sostenible y que según la propia ley de 2023, debía estar listo en seis meses. También en el área económica, siguen pendientes los principales instrumentos definidos por la ley de 2023 de empleo, como la Agencia Española de Empleo o la Oficina de Análisis de Empleo que la disposición adicional tercera mandaba constituir en un año como máximo.En materia educativa continúan sin regularse las condiciones de colaboración de empresas equiparadas en el Sistema de Formación Profesional, que es lo que exige la ley orgánica 3/2022; y tampoco se ha aprobado la Estrategia General para el Desarrollo de la Orientación Profesional prevista en el artículo 97. Nunca se llegó a aprobar la Estrategia de Internacionalización del Sistema Universitario (ley orgánica 2/2023), y siguen en el limbo muchos aspectos relacionados con la Ley del Deporte. La oposición insiste en que el desarrollo de esta norma es «mínimo». Tampoco ha llegado aún el desarrollo reglamentario de un etiquetado en alfabeto braille y otros formatos que garanticen la accesibilidad universal —estaba previsto en una disposición adicional de la ley 4/2022 sobre consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica—; y no se ha creado el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva dentro del Real Patronato sobre Discapacidad, cuando su desarrollo reglamentario estaba recogido en la ley 6/2022. Ya van cinco años desde que se aprobó la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, y el Ejecutivo —denuncia el PP— sigue sin aprobar la incorporación a la Seguridad Social de las personas designadas como acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Los casos rozan la veintena y el PP, como primer partido de la oposición, reitera su denuncia sobre la incapacidad del Gobierno, no ya de legislar sin apoyos parlamentarios, sino de cumplir y desarrollar la legislación que se aprobó hace años. RSS de noticias de espana
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