La Policía Nacional ha detenido a 16 personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un chalé-prostíbulo de Móstoles. Los investigadores calculan que en el inmueble llegaron a convivir alrededor de una veintena de víctimas. Las cuatro mujeres que dirigían la red pertenecían a una misma familia y ejercían un sistema de control sobre las mujeres que, según la investigación, impedía que decidieran sobre los servicios sexuales que prestaban y las obligaba a permanecer disponibles durante todo el día. La organización estaba estructurada en distintos niveles. Las cuatro principales responsables dirigían el negocio y contaban con una persona de confianza y tres mujeres que ejercían la prostitución y que se encargaban de vigilar el funcionamiento del chalet y controlar a las demás. Según la Policía, estas últimas también suministraban sustancias estupefacientes a clientes y a víctimas con problemas de adicción, siempre bajo la autorización de las responsables. El entramado contaba además con dos hombres encargados de la seguridad, las cámaras de vigilancia, la publicidad de las mujeres y la comunicación con los clientes. Otros tres hombres, parejas de tres de las presuntas cabecillas, se encargaban de trasladar a las mujeres cuando se solicitaban servicios sexuales a domicilio. Las condiciones en las que vivían las mujeres constituye uno de los principales elementos de la investigación. Según pudo comprobar la Policía, las víctimas dormían hacinadas en literas en el sótano del chalet, un espacio acondicionado como alojamiento para reducir costes y maximizar los beneficios de la organización. La investigación apunta asimismo a que, una vez incorporadas al chalet, se les exigían prácticas sexuales adicionales y humillantes. Además, no podían escoger a sus clientes, debían permanecer disponibles las 24 horas del día, pagar por diversos gastos como la limpieza y no apagar nunca la luz. Asimismo, la organización presionaba a las víctimas para consumir o proporcionar sustancias estupefacientes a los clientes con el objetivo de aumentar los ingresos de la organización. La captación se producía, presuntamente, en contra de su voluntad y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las mujeres. Una vez dentro del establecimiento, la organización empleaba las cámaras de vigilancia y los engaños para que las víctimas aceptasen las condiciones que se les ofrecían. Los pagos de los servicios sexuales se efectuaban tanto en efectivo como a través de una plataforma de pago. Para dificultar los sistemas de rastreo la organización habría utilizado hasta cinco testaferros con los que ocultaba el dinero y evitaba que los ingresos apareciesen directamente vinculados a las cuatro mujeres que dirigían el entramado. La operación culminó con la detención y posterior puesta judicial de 16 personas a las que se les atribuye delitos de organización criminal; relacionados con prostitución, salud pública y blanqueo de capitales. En el registro efectuado en el inmueble se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, más de 800 euros en efectivo y cuatro teléfonos móviles, que la organización empleaba para la gestión de citas y envío de dinero. Además, la intervención policial permitió la liberación de una de sus víctimas. La Policía Nacional ha detenido a 16 personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un chalé-prostíbulo de Móstoles. Los investigadores calculan que en el inmueble llegaron a convivir alrededor de una veintena de víctimas. Las cuatro mujeres que dirigían la red pertenecían a una misma familia y ejercían un sistema de control sobre las mujeres que, según la investigación, impedía que decidieran sobre los servicios sexuales que prestaban y las obligaba a permanecer disponibles durante todo el día. La organización estaba estructurada en distintos niveles. Las cuatro principales responsables dirigían el negocio y contaban con una persona de confianza y tres mujeres que ejercían la prostitución y que se encargaban de vigilar el funcionamiento del chalet y controlar a las demás. Según la Policía, estas últimas también suministraban sustancias estupefacientes a clientes y a víctimas con problemas de adicción, siempre bajo la autorización de las responsables. El entramado contaba además con dos hombres encargados de la seguridad, las cámaras de vigilancia, la publicidad de las mujeres y la comunicación con los clientes. Otros tres hombres, parejas de tres de las presuntas cabecillas, se encargaban de trasladar a las mujeres cuando se solicitaban servicios sexuales a domicilio. Las condiciones en las que vivían las mujeres constituye uno de los principales elementos de la investigación. Según pudo comprobar la Policía, las víctimas dormían hacinadas en literas en el sótano del chalet, un espacio acondicionado como alojamiento para reducir costes y maximizar los beneficios de la organización. La investigación apunta asimismo a que, una vez incorporadas al chalet, se les exigían prácticas sexuales adicionales y humillantes. Además, no podían escoger a sus clientes, debían permanecer disponibles las 24 horas del día, pagar por diversos gastos como la limpieza y no apagar nunca la luz. Asimismo, la organización presionaba a las víctimas para consumir o proporcionar sustancias estupefacientes a los clientes con el objetivo de aumentar los ingresos de la organización. La captación se producía, presuntamente, en contra de su voluntad y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las mujeres. Una vez dentro del establecimiento, la organización empleaba las cámaras de vigilancia y los engaños para que las víctimas aceptasen las condiciones que se les ofrecían. Los pagos de los servicios sexuales se efectuaban tanto en efectivo como a través de una plataforma de pago. Para dificultar los sistemas de rastreo la organización habría utilizado hasta cinco testaferros con los que ocultaba el dinero y evitaba que los ingresos apareciesen directamente vinculados a las cuatro mujeres que dirigían el entramado. La operación culminó con la detención y posterior puesta judicial de 16 personas a las que se les atribuye delitos de organización criminal; relacionados con prostitución, salud pública y blanqueo de capitales. En el registro efectuado en el inmueble se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, más de 800 euros en efectivo y cuatro teléfonos móviles, que la organización empleaba para la gestión de citas y envío de dinero. Además, la intervención policial permitió la liberación de una de sus víctimas. La Policía Nacional ha detenido a 16 personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un chalé-prostíbulo de Móstoles. Los investigadores calculan que en el inmueble llegaron a convivir alrededor de una veintena de víctimas. Las cuatro mujeres que dirigían la red pertenecían a una misma familia y ejercían un sistema de control sobre las mujeres que, según la investigación, impedía que decidieran sobre los servicios sexuales que prestaban y las obligaba a permanecer disponibles durante todo el día. La organización estaba estructurada en distintos niveles. Las cuatro principales responsables dirigían el negocio y contaban con una persona de confianza y tres mujeres que ejercían la prostitución y que se encargaban de vigilar el funcionamiento del chalet y controlar a las demás. Según la Policía, estas últimas también suministraban sustancias estupefacientes a clientes y a víctimas con problemas de adicción, siempre bajo la autorización de las responsables. El entramado contaba además con dos hombres encargados de la seguridad, las cámaras de vigilancia, la publicidad de las mujeres y la comunicación con los clientes. Otros tres hombres, parejas de tres de las presuntas cabecillas, se encargaban de trasladar a las mujeres cuando se solicitaban servicios sexuales a domicilio. Las condiciones en las que vivían las mujeres constituye uno de los principales elementos de la investigación. Según pudo comprobar la Policía, las víctimas dormían hacinadas en literas en el sótano del chalet, un espacio acondicionado como alojamiento para reducir costes y maximizar los beneficios de la organización. La investigación apunta asimismo a que, una vez incorporadas al chalet, se les exigían prácticas sexuales adicionales y humillantes. Además, no podían escoger a sus clientes, debían permanecer disponibles las 24 horas del día, pagar por diversos gastos como la limpieza y no apagar nunca la luz. Asimismo, la organización presionaba a las víctimas para consumir o proporcionar sustancias estupefacientes a los clientes con el objetivo de aumentar los ingresos de la organización. La captación se producía, presuntamente, en contra de su voluntad y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las mujeres. Una vez dentro del establecimiento, la organización empleaba las cámaras de vigilancia y los engaños para que las víctimas aceptasen las condiciones que se les ofrecían. Los pagos de los servicios sexuales se efectuaban tanto en efectivo como a través de una plataforma de pago. Para dificultar los sistemas de rastreo la organización habría utilizado hasta cinco testaferros con los que ocultaba el dinero y evitaba que los ingresos apareciesen directamente vinculados a las cuatro mujeres que dirigían el entramado. La operación culminó con la detención y posterior puesta judicial de 16 personas a las que se les atribuye delitos de organización criminal; relacionados con prostitución, salud pública y blanqueo de capitales. En el registro efectuado en el inmueble se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, más de 800 euros en efectivo y cuatro teléfonos móviles, que la organización empleaba para la gestión de citas y envío de dinero. Además, la intervención policial permitió la liberación de una de sus víctimas. RSS de noticias de espana
Noticias Similares
